La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó al fundador de Empresarios por la 4T, el regiomontano Javier Garza Calderón, un contrato por 17.9 millones de dólares, unos 365 millones de pesos.
El contrato se asignó en dólares y sin licitación de por medio a Sistemas de Energía Internacional (Seisa) para la modernización de las hidroeléctricas Minas y Encanto.
Seisa es una empresa de Grupo Gentor, del cual es parte Garza Calderón, quien fundó Empresarios por la 4T.
Esta agrupación busca respaldar los proyectos del Gobierno de la denominada Cuarta Transformación.
Para la hidroeléctrica Minas, el monto considerado es de 10 millones 854 mil dólares y para el proyecto de Encanto es de 7 millones 133 mil dólares, lo que, en conjunto, equivale a 365 millones de pesos.
El procedimiento de adjudicación directa fue publicado en el micrositio de la CFE el 1 de septiembre y el fallo fue declarado el pasado martes 13.
La firma Voith Hydro tendrá una participación conjunta en el proyecto de repotenciación y modernización.
El sitio de Empresarios por la 4T se presenta como una asociación que busca impulsar a las Mipymes.
"(Es) una asociación civil que surge bajo la iniciativa y auspicio del Lic. José Javier Garza Calderón, como respuesta a 36 años de corrupción e impunidad", señala en su sitio.
"E4T tiene como visión", agrega, "ser la Asociación Empresarial más grande y de mayor representación del País en favor de la Cuarta Transformación de México en apoyo al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador".
Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, dijo que la E4T promueve a las Pymes en las cadenas de suministro de la industria, siempre y cuando estén alineadas con el poder.
"Si no están alineadas con la ideología y con la agenda del Presidente López Obrador, quedan excluidas", afirmó.
"Es como generar una nueva élite de empresarios conectados al poder, pero que no deja de ser una falsa acción por las Mipymes", advirtió Moreno, "porque está condicionada más a cuestiones políticas que a mérito técnico o económico".
Agregó que para recibir una adjudicación directa o estar beneficiado de las compras o proyectos públicos en coparticipación con el sector privado, hay que estar conectado de una manera política.
"(Esta situación) no permite la crítica e, incluso, la optimización de costos", señaló.
"No sabemos si ese costo de 17 millones (de dólares) sean la mejor oferta para hacer rendir bien el dinero público, cuestión que está consagrada en la Constitución".
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