Qué triste es que la desaparición de personas se convierta en parte del paisaje cotidiano de toda una nación, con 128 millones de habitantes como la nuestra.
Ninguna autoridad busca empatía con cientos de miles de padres, hijos, hermanos, esposos y familiares de decenas de miles de desaparecidos. Aunado a los huérfanos y viudas de otros cientos de miles de muertos en la infame guerra contra el crimen organizado, que han quedado en el total desamparo, el país se convirtió en un rincón del mundo donde reina la tristeza y desolación.
¿Qué pasará con ello? Pasarán al olvido.
Pero estas son las frías cifras de un completo abandono de mexicanos que mueren de angustia cotidiana. Entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, se tenían registradas 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en México de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, de acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.
Recibimos hace unas semanas una investigación titulada “Hallazgos y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México”, elaborada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández, donde se resalta que, en el periodo de 2006 a mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, Estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, CDMX con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan el 71.8% del total de las registradas.
Además, a partir de 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, se incrementó la desaparición de personas en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en la cual, además de los agentes públicos federales, estatales y municipales, la delincuencia organizada se sumó como actor perpetrador central de las desapariciones.
Tras la investigación que realizó el Comité de la ONU, en una visita al país, el organismo formuló una serie de recomendaciones para el Estado Mexicano, entre las que se encuentran asegurar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.
Estas son cifras, como dije, frías y sin el menor sentimiento de responsabilidad o de empatía.
Un pueblo no puede seguir sufriendo el embate de la delincuencia, ni la indiferencia de su gobierno.
Estos resultados estadísticos tienen un solo origen: la impunidad y el gobierno es el responsable de una impartición de justicia rápida y expedita contra todos aquellos que ofendan a la sociedad.
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