Sin consenso en el bloque mayoritario, Morena busca incluir en la ley el concepto de "cobranza legada", que obliga a los trabajadores que deseen solicitar un crédito de nómina a firmar un contrato en el que autorizan a su patrón a disponer de su salario y realizar, a su nombre, el pago de éste.
La minuta que tiene su origen en una iniciativa presentada en 2018 por los senadores Miguel Haces y Miguel Ángel Navarro, adiciona un capítulo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, titulado "Del Crédito de Nómina con Cobranza Legada".
El capítulo, que consta de 18 artículos, establece que los empleados que deseen adquirir un crédito de nómina deberán firmar un convenio de cumplimiento de pago con la institución de crédito que, entre otras cosas, deberá especificar las tasas de interés y las comisiones máximas que las personas acreditadas deberán pagar.
La iniciativa establece que estos convenios no podrán ser celebrados por sindicatos, cámaras de comercio u otras instancias de buena fe y tampoco podrán comparecer cuando éstos se suscriban.
El trabajador deberá también facultar a su patrón para disponer de su salario y realizar a su nombre el pago del crédito, ya sea en una sola exhibición o a través de parcialidades.
De acuerdo con la propuesta, esto se llevará a cabo con la firma de un contrato llamado "libranza".
Las únicas fuentes de pago serán el salario de los empleados, las percepciones extraordinarias de carácter laboral y las indemnizaciones de igual naturaleza y éstos deberán verse reflejados en los comprobantes que con motivo de sus percepciones recibe el trabajador.
Con ello, la Comisión de Hacienda eliminó las pensiones y las rentas vitalicias como fuentes de pago.
En la justificación de motivos refieren que los créditos de nómina se desarrollan sin ningún tipo de control, lo que no genera incertidumbre en el sector y abusos en perjuicio de los trabajadores, sus intereses y su patrimonio.
La iniciativa establece que las entidades financieras que pretendan otorgar créditos de nómina con cobranza delegada quedarán sujetas a la ley, además de que la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros será la encargada de llevar un registro de los agentes promotores de este tipo de préstamos a partir de la información que proporcionen los acreditantes.
El dictamen fue aprobado por la Comisión de Hacienda el martes pasado con el voto en contra de la Oposición; se esperaba que ayer fuera votado por el pleno, pero sólo subió a primera lectura.
En marzo pasado, el morenista Alejandro Carvajal se pronunció en contra de la regulación de los créditos de nómina, pues afirmó que afectará el salario de las y los trabajadores y acusó que la iniciativa respondía a la cartera vencida y moratoria que aumentó en la pandemia.
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