Monitor Michoacán, un pequeño portal de noticias de una ciudad de 150.000 habitantes, ha sido el medio más afectado por la violencia contra la prensa en México en lo que va de año. Solo en 43 días su fundador, Armando Linares, y otro de sus integrantes, Roberto Toledo, han sido asesinados impunemente. Sus muertes evidencian a gritos las condiciones de inseguridad que viven los periodistas a nivel local y la ausencia de garantías para ejercer la profesión en el Estado de Michoacán.
Ni 24 horas del asesinato habían pasado cuando, de acuerdo con el testimonio de varios reporteros, un hombre armado ha amenazado a la prensa que estaba cubriendo el velorio y les ha obligado a abandonar la funeraria. “Nos ha dicho que teníamos dos minutos para irnos o íbamos a valer”, ha narrado Edgar Ledesma de Milenio.
Miguel Martínez, periodista de Imagen TV, ha contado lo mismo. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, ha desmentido tales afirmaciones y sostiene la versión de que el sepelio transcurrió en calma, de acuerdo a un hermano del fallecido. Las amenazas que denuncian los reporteros sucedieron pese a que la Fiscalía local había establecido un dispositivo de seguridad para proteger a la familia de Linares. “Cuando salimos había más sujetos que estaban parados de manera amenazante y nos gritaron: Ya grabaron y vieron lo que querían ver. Ni nos graben, ni volteen a vernos. Nos subimos al vehículo y nos fuimos. Fue muy rápido”, ha señalado Ledesma.
El subdirector de Monitor Michoacán, Joel Vera, ha anunciado el cierre del medio, que se especializaba en denunciar la corrupción, la violencia y los vínculos de la política con el narcotráfico. “A nuestra audiencia, quién es la más importante pues fueron quienes nos dieron la confianza para mantenerlos informados, les hacemos de su conocimiento que daremos por concluidas las labores periodísticas realizadas a través de Monitor Michoacán”, ha expresado en un comunicado. “Ya nada más quedo yo. No tengo ánimos”, asegura. “Los otros dos [reporteros] se fueron, no quieren trabajar”, asegura a este diario. Armando Linares y Joel Vera eran la columna vertebral del portal de noticias.
El asesinato de Linares es el octavo crimen contra la prensa en México en lo que va de año. Casi el mismo número que el total de comunicadores asesinados que hubo en todo 2021, de acuerdo con la organización Artículo 19. El pasado 31 de enero, Linares apareció en un video donde denunciaba el asesinato de su compañero, horas después de que fuera acribillado en las oficinas del periódico, a manos de dos sicarios. EL PAÍS tuvo acceso a las imágenes del homicidio en las que se muestra cómo dos hombres interceptan a Toledo en la puerta de entrada antes de abrir fuego contra él y huir. “Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos llevó hoy a la muerte de uno de nuestros compañeros (...) Nosotros no estamos armados, nuestra única defensa es una pluma”, declaró Linares aquella vez. Un mes y medio después, el director del medio ha sido acribillado en la puerta de su casa con el mismo modus operandi: dos pistoleros le dispararon a quemarropa y huyeron en moto. Ocho balazos acabaron con su vida. También ocho balazos mataron a Roberto Toledo. En ninguno de los casos han sido detenidos los autores materiales. Mucho menos, los intelectuales. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación de acuerdo al Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos contra Periodistas para dar seguimiento al caso.
El equipo de Monitor Michoacán había denunciado en varias instancias las amenazas recibidas por su labor periodística. Llegaron a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno federal. “Nosotros ya teníamos una denuncia en la Fiscalía del Estado por ataques a la libertad de expresión. Armando recibió amenazas de que ya no criticara a la Fiscalía ni al Gobierno municipal. Habíamos afectado intereses privados como los de las constructoras que desviaron miles de millones de pesos [en obras del Ayuntamiento]”, apuntaba Vera en una entrevista con este periódico. El subdirector y otro reportero se acogieron al mecanismo de protección de periodistas, Linares optó por no hacerlo y dejó de escribir sobre temas políticos. Sus últimos artículos hablaban de la mariposa Monarca. Entrar a dicho mecanismo supone en muchos casos abandonar el lugar de residencia y renunciar a la fuente de ingresos con la que los reporteros mantienen a sus familias. “[Armando Linares] decidió no entrar al mecanismo porque no funciona y como él dijo varias veces, tenía desconfianza en las autoridades de seguridad. No confiaba en la Fiscalía ni en la policía estatal ni en la policía municipal”, señala Dalia Martínez, directora del periódico El Sol de Morelia.
El 31 de enero, Armando Linares condenaba el asesinato de su compañero, Roberto Toledo.En la actualidad unos 700 periodistas están bajo el resguardo de esta figura de protección, que pueden obtener de las autoridades estatales o de las federales. Sin embargo, es frecuente que las amenazas provengan de las propias autoridades. En 2020, según datos de Artículo 19, de 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios públicos y de ellos, en 188 casos se trataba de presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicación social; 144 eran policías y 11 de ellos, militares. “No hay funcionarios que den un seguimiento serio ni con las familias ni con los afectados”, agrega Martínez. A este problema se suman la falta de recursos y la ausencia de capacitación de las autoridades. “Lo único que tienen los periodistas que yo conozco ―y que están en el mecanismo― es que van acompañados de dos guardaespaldas. Eso no es suficiente”, remata la periodista. Dalia Martínez cuenta que ante esa falta de apoyo, muchas veces son los propios colegas los que ayudan económicamente a las familias de los asesinados.
Mientras tanto, el Gobierno de López Obrador sigue en la mira por su tensa relación con la prensa y su rechazo a las críticas recibidas desde instituciones internacionales como el Parlamento Europeo. El mandatario ha descartado que en los asesinatos de periodistas durante su Gobierno haya funcionarios involucrados. “Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos, elementos para señalar como responsables a servidores públicos, esto es muy importante porque si no los del Parlamento Europeo que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro Gobierno como lo hacen los periodistas mercenarios de México y de otras partes del mundo”, ha asegurado. Hace unas semanas el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Ejecutivo a que reconociera la crisis de violencia que atraviesa el periodismo en México y a que no se ataque a los comunicadores desde Palacio Nacional. Este jueves el presidente ha prometido ofrecer información detallada sobre las investigaciones de los asesinatos contra la prensa.
Un día antes, decenas de periodistas se manifestaron con pancartas y proclamas en Morelia, la capital del Estado. Unos 30 integrantes de los medios de comunicación irrumpieron en el Congreso estatal para exigir el fin de la violencia que desangra a la profesión. “Gobierno pacifista, no mata periodistas”, gritaban reporteros, fotógrafos y camarógrafos. “Ni con balas de metrallas. La prensa no se calla” y “No se mata la verdad matando periodistas”. Tristemente, en esta ocasión y ante la inacción de las autoridades, el asesinato de Armando Linares y la desaparición de Monitor Michoacán reflejan todo lo contrario. Sí se mata la verdad matando periodistas.
Fuente.-Almudena Barragan/Diario Español/
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