La primera, qué mano elegirá El Bronco para que -como él lo dijo- “se la mochen”. Sin duda no sería con la que toma las riendas de su corcel ‘Tornado’.
Y la segunda, el nombre del cirujano que será el responsable de darle cumplimiento a su promesa de campaña en 2018.
Y es que nadie olvida la propuesta que el entonces candidato independiente hizo en el debate presidencial de aquel 22 de abril, frente a sus rivales Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala.
Lo cierto es que el nuevo gobernador Samuel García asestó un contundente golpe político al cumplir, en apenas seis meses de gobierno, su promesa de campaña de que iría con todo para desenmascarar la corrupción de su antecesor y ponerlo tras las rejas.
Fue una operación impecablemente implementada, con el mayor sigilo, sin filtraciones, que trastocó desde el mediodía la agenda, no solo de Nuevo León, sino de México.
Las acusaciones que inicialmente pesan sobre El Bronco se ubican en el caso de las Broncofirmas y de La Red Facturera de El Bronco, investigaciones publicadas entre 2018 y 2020 en Código Magenta, y denunciadas oficialmente ante la fiscalía electoral -con documentos aportados por este medio- por el entonces diputado local emecista, Samuel García.
Se trató de dos investigaciones en las que se exhibieron los domicilios de familias humildes que habrían sido utilizadas para lavar 17 millones de pesos, en un intento por ser dispersados en tarjetas de prepago, con las que pagarían sus servicios de levantamiento de firmas ciudadanas.
Ése fue el monto inicial empleado para esa operación, que le garantizaría al entonces gobernador de Nuevo León, su pase como candidato presidencial independiente.
El epicentro del delito se ubicó en una firma facturera, ATTAR 2715, con domicilio en Puebla, y que fue la empresa que terminó blanqueando los dineros de dudosa procedencia, que se presumían extraídos de las arcas de la Tesorería de Nuevo León.
Es la misma facturera que la Unidad de Inteligencia Financiera ligó al empresario Billy Álvarez, quien también empleó sus servicios para lavar los dineros que se extraían ilegalmente de la Cooperativa Cruz Azul.
La detención y reclusión de El Bronco, en el penal Dos de Apodaca, se da apenas unos días después de que el gobierno emecista de Nuevo León anunció el congelamiento de cuentas de dos Secretarios del gabinete anterior: Manuel Vital, Secretario de Desarrollo Sustentable y María de los Ángeles Errisúriz, Secretaria de Educación.
La presunción es que, al igual que sucedió con la Estafa Maestra, algunos colaboradores de Jaime Rodríguez Calderón podrían ser invitados a acogerse al criterio de oportunidad, para aportar información sobre el destino de los dineros cuestionados.
Algo similar a lo que sucedió con Emilio Zebadúa, quien aportó detalles de las maquinaciones financieras que mantienen en prisión a Rosario Robles, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, trascendió que los presuntos delitos que le serán imputados a El Bronco podrían ir más allá de las simples acusaciones electorales.
Se conoce que, en distintas instancias del gobierno de la Cuarta Transformación, existen expedientes de presunta corrupción de gobierno de El Bronco que totalizarían posibles desvíos por unos dos mil 900 millones de pesos.
La cifra es mil 100 millones de pesos menor a los cuatro mil millones de pesos, denunciados también esta semana por el gobernador Samuel García, en supuestos contratos inflados de la empresa TSN.
Esa es la corporación propiedad de Eduardo Vázquez, a quien el actual gobernador emecista llama “el proveedor favorito” de El Bronco.
La presunta investigación incluiría la compra por parte de personajes afines a Jaime Rodríguez Calderón, de por lo menos una docena de ranchos ganaderos y agrícolas localizados en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, algunos de los cuales habrían sido liquidados en efectivo.
Por ahora, las pesquisas -además de la detención de Jaime Rodríguez Calderón- se centran en su secretario de Gobierno, Manuel González, su operador de confianza.
Y también en el tesorero del gobierno anterior, Carlos Garza Ibarra, quien todavía despacha como Secretario de Finanzas en el gobierno emecista de Samuel García.
De hecho, en la denuncia promovida en su momento por el entonces diputado local, el nombre de su actual Secretario de Finanzas aparece en la lista de funcionarios a los que se les exigía un proceso sancionador.
Fue Carlos Garza el mismo tesorero que, en su momento, documentó los presuntos desvíos del antecesor de El Bronco -Rodrigo Medina de la Cruz- quien fue detenido en enero del 2017 y fue recluido solo por unas horas en el Penal del Topo Chico. Una detención para la foto.
Dice el viejo refrán que “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”. Y sin duda esta sabia sentencia la debió estar recordando El Bronco, en las horas en las que transcurrió su primera noche tras las rejas de un Penal Dos de Apodaca que él mismo remodeló, sin sospechar que muy pronto él sería uno de sus internos.
fuente.-
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