La Secretaría de la Defensa Nacional inicia una reorganización administrativa y operativa y como parte de ella la Guardia Nacional será la “tercera fuerza armada” del país, revela un documento interno de la Sedena fechado el pasado 4 de mayo, el cual ya preveía lo que el presidente López Obrador anunció después: realizar dicho cambio mediante una reforma constitucional. Así –advierten expertos– no sólo se anularían los recursos de inconstitucionalidad que enfrenta la propuesta del Ejecutivo para militarizar la seguridad pública, sino que, de plano, se abandonaría por tiempo indefinido el carácter supeditado de la GN a la autoridad civil.
En Chiapas, habitantes de Pantelhó catean casas; detienen a presuntos delincuentes; queman negocios, domicilios y autos; y obligan al repliegue de los militares y las fuerzas estatales. En Magdalena de Kino, Sonora, facciones rivales del Cártel de Sinaloa se enfrentan para controlar territorios, queman casas, destruyen negocios… En Tamaulipas los cárteles y bandas armadas que controlan varias zonas del estado se dan el lujo de anunciar treguas “para generar la paz”. Y en Michoacán, el Cártel de Jalisco Nueva Generación reanuda su ofensiva en Tepalcatepec con ataques simultáneos, pese al despliegue del Ejército, de las policías estatal y municipal y de la Guardia Nacional (GN).
Con un despliegue de prácticamente 100 mil efectivos en 222 coordinaciones regionales en todo el país (99 mil 946, según el Informe de Seguridad del pasado 21 de julio) y la misión de encabezar el combate a la delincuencia y pacificar al país antes de que concluya el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la GN y su consolidación van a contrarreloj y sin resultados que avalen el gasto que se ha hecho en su formación.
Mientras las cifras de violencia, homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas siguen al alza, López Obrador hizo dos anuncios inesperados y, según expertos, inconstitucionales: le dará a la GN una partida extra de 50 mil millones de pesos y construirá 234 cuarteles más para esta corporación, que se sumarán a los 266 originalmente planeados, buscando tener 500 instalaciones de este tipo al final del sexenio.
Estas decisiones, aunadas a otros anuncios presidenciales relacionados con la GN y su futuro inmediato –como el de incorporarla a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y darle a dicha secretaría el control operativo de la institución– configuran escenarios de “fragilidad” y “trampas jurídicas”, según expertos, porque el presidente sabe que si en 2024 su partido pierde la Presidencia, la corporación podría ser borrada de un plumazo.
Aun más; un documento elaborado por la Sedena y difundido desde la VII Región Militar el pasado 4 de mayo revela que la secretaría entrará a una fase de reorganización en la que la GN pasará a ser la “tercera fuerza armada” de la institución, por encima de la Fuerza Aérea.
El documento “Reorganización de la Sedena” anticipa dos etapas de transformaciones administrativas y operativas. La llegada de la GN como tercera fuerza armada se prevé en la segunda fase de los cambios, entre los que destacan la creación de un Estado Mayor Conjunto, de una Comandancia del Ejército en el Primer Cuerpo del Ejército –con sede en la Ciudad de México–, interacción con el Comando Norte, diseño de la Visión Estratégica Mutua México-Estados Unidos y la creación de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.
El texto señala que en la segunda etapa se incorporará a la GN “como fuerza armada” y recuerda que “la Sedena ya ejerce la coordinación operativa” de la corporación. La incorporación se proyecta en dos etapas; la primera, en 2021, prevé “presentar al presidente el proyecto de iniciativa de reforma constitucional, remitir el proyecto a la Cámara de Diputados, cabildeo en el Congreso y promulgación de la reforma constitucional”.
La segunda etapa, que deberá cumplirse en 2022, plantea “publicar la legislación secundaria, materializar las adecuaciones orgánicas y administrativas y revista de entrada de la Guardia Nacional como fuerza armada adscrita a la Sedena”.
***Fragmento del reportaje publicado en la edición 2335 del semanario Proceso./
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