Aprovechando que la noche caía sobre la Ciudad de México, el lunes 21 de junio de 2021, pasadas las 20:00 horas, un grupo de nueve personas armadas, entre ellas algunas mujeres, todos portando uniformes de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano que perteneció a la exProcuraduría General de la República (PGR), llevaron a cabo un operativo.
Como si fueran a cumplimentar la aprehensión de un capo del crimen organizado, y empleando el uso de la fuerza y la brutalidad que los caracteriza, allanaron el domicilio de Héctor Ávila Bribiesca, donde el objetivo, por orden del juez 36 de lo Familiar de la CDMX, Edgar Enrique Vasconcelos, fue sustraer sin importar las consecuencias y a como diera lugar, a las dos niñas que bajo su cuidado por orden del mismo magistrado tenía Héctor, quien al intentar impedir que se llevaran a sus pequeñas, a las que identificaremos como “N” y “P”, de 3 y 6 años, fue golpeado junto a su mamá, quien también trató de evitar que les arrebataran a sus nietas, quienes vestidas con sus pijamas fueron sacadas del domicilio sin la presencia de algún actuario que avalara la diligencia.
Héctor cuenta a Crónica que nunca pensó que las autoridades, en este caso, un juez que lleva procesos de problemas familiares donde se realizan juicios por la custodia de menores, “ordene acciones policiales de esta magnitud, (lo que fue captado en videos y de los que Crónica tiene copia) para sacar a dos niñas de su hogar como si fueran criminales, enviaron a un grupo de personas armadas, llegaron, derribaron la puerta de la entrada a patadas, nos golpearon y solo se limitaron a decir que fue por orden de un juez, me aventaron un papel arrugado para que me informara de esta acción y se llevaron a mis hijas en un auto particular con placas RBZ259C, que no portaba logotipos de alguna dependencia oficial”.
Este diario recurrió al Registro Nacional de Vehículos y constató que el auto en cuestión, con placas RBZ259C de uso particular es un Aveo marca Chevrolet de color Blanco, (actualmente presenta un color plata) cuatro puertas, que fue emplacado el 6 de mayo del 2020 en el estado de Morelos y no pertenece a ninguna dependencia del gobierno.
Asimismo, la gente que cumplimentó el operativo de sustracción de las niñas actuó de forma ilegal, ya que la diligencia era competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por lo que esto apunta que la autoridad capitalina fue desplazada de su función y tal vez nunca informada de este procedimiento.
Héctor refiere que en ningún momento el juzgado 36 de lo Familiar le notificó el motivo y por qué irían por las niñas. “Creo que para procedimientos de este tipo además de avisar deben hacerse a horas más accesibles y no en la noche, como lo hicieron, con ese abuso de autoridad y agresión. En la entrada del edificio hay vigilancia, no respetaron la solicitud de informar el motivo de su presencia y por el número de gente anularon a quienes cuidan el acceso del lugar. Sin avisar el motivo y una vez que estuvieron afuera del departamento sólo gritaron ‘abra’, yo por supuesto les solicite que se me informa el motivo, no abrí y sin más comenzaron a golpear la puerta hasta que la derribaron”.
Asimismo, relata que una vez adentro del departamento “nos golpearon a mi mamá y a mí cuando vimos que iban por mis hijas, a las que envolvieron en unas cobijas y a pesar de que tratamos de impedirlo uno de ellos expresó que fue por orden de un juez. No conformes con agredirnos y llevarse a mis niñas, también se robaron cosas. A mis hijas se las llevaron en un auto que no portaba logotipos de ninguna dependencia oficial”.
En el mismo tenor, Héctor señala que una vez pasado este turbio episodio “acudí al juzgado con mi abogado para solicitar una explicación por lo ocurrido y me entero que le entregaron a mis hijas a mi exesposa, y sus familiares, quienes las amedrentan, firmaron como testigos de ello, se las llevaron a un lugar donde no están seguras, donde están los personas a las que denuncie y donde mis niñas sufren maltrato, esto es increíble, uno acude a la autoridad por ayuda y ahora yo resulto ser el culpable, ya que aunque yo demandé a mi exmujer por maltrato, les dan a mis niñas a su familia, y a mí, sin una explicación clara, me dictan una orden de restricción en la que no puedo ver ni hablar con mis hijas, desgraciadamente esta es la ley y la autoridad que nos protege”.
Afectado emocionalmente al desconocer la situación en la que se encuentran sus pequeñas, a más de un mes de haber sido sustraídas de su domicilio, Héctor cuenta que “desde finales de 2019 comenzó el proceso de separación con mi exesposa Patricia, al haber diferencias por las acciones de ella y su familia, con problemas por abuso de alcohol, drogas y fiestas, por lo que nos separamos y ella se quedó con mis hijas y le pedí que me dejara seguir conviviendo con ellas, y en un acuerdo de palabra así sucedió durante cuatro meses, tiempo en el que según le contó su hija mayor, las encerraban a ella y a su hermana menor con un perro si se portaban mal”.
Héctor subraya que un día su hija mayor le dijo con lágrimas que ya no quería irse con su mamá, pero tenía que cumplir con el acuerdo con su exmujer. Sin embargo, refiere que “un día mi exesposa llega y me dice que ya no podía cuidar a las niñas, que su papás le dijeron que ya no querían que las niñas estuvieran con ellos. Ella me las deja y a partir de ese momento yo inicio un proceso legal, recurro a los juzgados para que me asesoren y me ayuden para tener la custodia de mis hijas, era todo lo que pedía”.
Asimismo, señala que con las pruebas que recabó para reforzar sus argumentos del maltrato del que fueron víctimas sus hijas y el descuido por parte de la mamá, él continuó con el proceso por la custodia, “las presenté al juez, quien le dictó medidas precautorias a mi exesposa, en la que ni ella ni ninguno de sus familiares podrían acercarse a mis niñas a menos de 500 metros. A mí me asignan un código Águila por si en algún momento sucediera alguna cosa o que se quisieran llevar a las niñas cuando las llevara a la escuela o si ella cambiaba de parecer, lo que ocurrió, ya que de la nada ahora ella quería la custodia de mis hijas cuando me había dicho que ya no las podía atender ni tenerlas”.
A partir de ese momento comenzó el proceso legal por la custodia, tiempo en el que he estado presentando pruebas, le solicité al juez de lo familiar, Edgar Enrique Vasconcelos, que le realizaran exámenes con peritos a mi hija mayor para que corroborara que dice la verdad del maltrato que sufre cuando está con la familia de su mamá, le presenté pruebas de un perito y me dijo que no, que esas no eran evidencias oficiales, ya que el perito no pertenece a la fiscalía, y nunca se la quiso hacer. También cuando demande penalmente a mí exesposa por maltrato a mis hijas, también demandé a su hermano Javier, por la misma causa, solicité al juez que ordenara les hicieran exámenes psicológicos y toxicológicos, ya que hay antecedentes de alcohol y drogas, y tampoco quiso proceder con esta última prueba”.
A más de un mes desde el día en que le arrebataron a sus niñas, Héctor asegura que se mantiene firme y decidido a sacar adelante el proceso de custodia de sus niñas, ya que las pruebas para ello las tiene.
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