Una penosa confrontación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos en el pais,pone a relieve la "escasa coordinación" que existe entre ambas dependencias, pues de acuerdo a lo publicado ayer por "Elefante Blanco",la FGR afirma que en "La Bartolina", en Matamoros, la considerada mayor fosa clandestina del pais,entre 9 grandes sitios de exterminio y bajo jurisdicción criminal de Alfredo Cardenas alias El Contador y/o Mataprimos" del Cartel del Golfo, fueron encontrados 67 kilos de restos humanos y no 500, como lo dio a conocer la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas con informacion de Karla Quintana titular de la CNB y que consta en VIDEO.
Tras reunirse el pasado martes 17 con la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, el coletivo lanzó un comunicado donde pidieron transparencia a las instituciones frente a esta “lamentable contradicción”.
Lo expresado por la FGR pone en entredicho la información proporcionada por la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, quien sostiene que en los últimos cinco años se habrían encontrado más de media tonelada de restos.
Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre hallazgos ni tampoco sobre personas identificadas.
Hasta ahora en el lugar solo ha realizado búsquedas el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos.
Rosa, integrante de este grupo, señaló que actualmente no se busca sino que lo que se hace es procesar los restos que se encuentran. Y que, para ello, la FGR exige que quienes participen en las labores tengan una carpeta de investigación vinculada al predio.
Familias de desaparecidos regresarán el lunes a La Bartolina
Después de que un grupo de activistas llegase al predio la semana pasada y se encontrase con la prohibición de incursionar por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en esta ocasión acudirán con el apoyo de las autoridades.
Por un lado estarán los colectivos 10 de marzo, Buscadoras de Córdoba y Colectivo de Periodistas Desplazados. Por otro, también realizarán diligencias en la zona Madres Unidas por Nuestros Hijos, el colectivo de San Fernando que lleva trabajando el área desde que fue descubierta en 2016.
Ambas estarán acompañadas por la FGR, que es quien mantiene asegurado el predio.
“Esperamos encontrar a alguno de nuestros familiares. Eso es lo que queremos, encontrarles para darles cristiana sepultura”, dijo Delia Quiroa, del colectivo 10 de marzo. Quiroa busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa, Tamaulipas, en 2014.
Tras el intento de acceder a La Bartolina de la semana pasada, el lunes instalaron un plantón a las puertas de la FGR, en la Ciudad de México.
Su objetivo era lograr el permiso para supervisar los trabajos que se están desarrollando en la zona y tener la certeza de que el área será asegurada, ya que consideran que no hay suficiente vigilancia. Por último, piden que se procesen todos los restos que han sido encontrados.
En la mañana del martes, cuando apenas transcurrían 12 horas de la protesta, las activistas mantuvieron una reunión con FGR donde acordaron la visita del lunes. Según Quiroa, este fue el motivo del fin del plantón.
Tras las desavenencias de la semana pasada, Quiroa acudió ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que es quien dirige la investigación sobre su hermano. Esta, a su vez, solicitó el permiso a la FGR para poder acudir al predio, lo que fue aceptado. Así que, por primera vez, este grupo podrá estar en La Bartolina con el beneplácito de las autoridades.
En la jornada también estarán presentes las integrantes de Madres Unidas por Nuestros Hijos. Rosa, que busca a su hija Dulce Yamellí González desde mayo de 2012, explicó que el predio se abrirá progresivamente a colectivos de búsqueda que soliciten estar presentes a través de la FGR.
Animal Político quiso conocer la opinión de FGR pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
La Bartolina cobró notoriedad en los últimos meses a pesar de ser un predio conocido por las autoridades desde 2016 y que la FGR trabaja desde hace tres años. En un primer momento se hizo público que ahí hubo un campo de exterminio del que se habían retirado al menos media tonelada de restos.
Posteriormente, Quiroa hizo público un comunicado en el que se dirigía al cartel del Golfo, quien presuntamente opera en esa zona, para pedirle una tregua para permitir el acceso. Sin embargo, ahí ya se estaban desarrollando trabajos desde hacía años, aunque no siempre con la celeridad que desean las familias.
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