La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que nuestro País sigue atravesando por una crisis de desaparición forzada que afecta a más de 90 mil personas, una condición que sigue flagelando a Tamaulipas bajo la gestión del panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,pues ya duplico la cifra heredada de sus antecesores de poco mas de 5 mil víctimas, ya sobrepasa las 12 mil y se dirige rumbo triplicarlas.
UNA BARBARIE:
Al inaugurar las jornadas de discusión "El Poder Judicial de la Federación y la desaparición de personas", aseveró que dicha crisis es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia.
"Estamos próximos a conmemorar, como cada 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, recordando que persiste esta grave violación de los derechos humanos", admitió.
la realidad tamaulipas:
"La crisis de desaparición forzada por la que atraviesa nuestro País y que afecta a más de 90 mil, sí, 90 mil 600 personas, es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia como uno de los ejes fundamentales de la gobernanza".
Por medio de un videomensaje, Sánchez Cordero subrayó que esta crisis se evidenció desde 2009 a través de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Caso de Rosendo Radilla Pacheco.
La funcionaria advirtió que las desapariciones, especialmente las forzadas, además de suponer la violación en múltiples derechos humanos, tienen la particularidad de ser un delito permanente o continuo.
Es decir, abundó la Secretaria, que la acción contraria a la ley es ininterrumpida mientras que no se encuentre a la persona desaparecida.
"Se trata de una situación que, además de perjudicar directamente a la víctima y a sus familiares o allegados, deteriora todo el tejido social. No solamente desaparecen personas, sino historias y esperanzas", expuso.
"Además de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las actividades de procuración e impartición de justicia. El Estado debe garantizar los derechos humanos para que sean las instituciones que lo conforman quienes prevengan, atiendan y resuelvan dicha problemática".
Sánchez Cordero admitió que el Estado mexicano también debe garantizar el pleno acceso a la justicia, reconstruir el tejido social desde sus cimientos y hacer lo necesario para que familiares y allegados de las víctimas participen tanto en la formulación como en la instrumentación de políticas y acciones de búsqueda y localización.
"Las personas juzgadoras al impartir justicia inciden en la prevención, sanción y combate a la impunidad de este delito, pero también en las acciones de búsqueda, atención y reparación integral del daño que se causa", agregó.
"Un ejemplo es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligatoriedad, por parte de las autoridades mexicanas, para acatar las acciones urgentes del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas urgentes".
Con las acciones urgentes del Comité, añadió la Secretaria, el Estado mexicano por primera ocasión apresura la búsqueda de personas desaparecidas, la verdad y la justicia que, insistió, son fundamentales para las víctimas y para la sociedad.
Recordó que desde 2011 se incorporó al orden constitucional la obligación de todas las autoridades a ajustar su actuación al contenido de los tratados internacionales de derechos humanos, procurando y favoreciendo la protección más amplia de las personas.
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