“Se concluye fehacientemente que V1 fue víctima de una desaparición forzada por parte de elementos de SEMAR, con la anuencia y posible participación de personal policial de las FSPE de Guanajuato”, afirma el documento. La Marina, por su parte, rechazó la recomendación, acusó a la CNDH de incumplir con sus propias leyes y dijo que las capturas de video incluidas en el informe “no son suficientes para acreditar” que su personal detuvo y desapareció a la víctima.
La CNDH emitió un comunicado informando sobre la recomendación, que estaba colgada en su página web. Horas después, sin embargo, este desapareció de la página, aunque desde la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra alegaron que se trataba de un problema tecnológico que estaban solventando.
Para sustentar la acusación, la CNDH se apoya en tres elementos. El primero, la declaración de una testigo que llamó a la madre de la víctima para advertirle de que los marinos querían detener a su hijo. Según la madre, esta persona le aseguró que el joven “había intentado evitar ser detenido, por lo que corrió y al saltar una barda o cerca, se había lastimado una de sus piernas ya que se lesionó con una varilla metálica”.
El segundo son los videos de la gasolinera ubicada junto al lugar de los hechos. En ellos se observa dos vehículos pick up con la leyenda “Marina” en el lateral ocupados por hombres vestidos con ropa táctica, similar a la que utilizan los elementos de la Armada.
“Las personas uniformadas que aparecen en las imágenes, tanto a bordo de vehículos como desplazándose a nivel de calle, así como las que se aproximaron a V1 y evitaron que saltara la cerca de la Gasolinera 1, portaban uniformes percibidos en diversos tonos color gris verdoso, estampado con patrón pixelado tipo camuflaje y lo que comúnmente se conoce como equipo táctico (probablemente casco, botas y chaleco antibalas), así como armas largas. Las características de esta vestimenta coinciden con las de los uniformes y equipo táctico empleados por los elementos de la SEMAR”, dice la recomendación.
En capturas de estas grabaciones adjuntas a la recomendación se observa cómo una persona trata de escapar saltando una valla pero es interceptada por uniformados que se lo llevan, tal y como la testigo había referido. También aparecen dos vehículos de la policía estatal, que negó haber estado presente en el lugar hasta que la CNDH hizo alusión al video. Entonces, los oficiales cambiaron su versión y aseguraron que sí llegaron a la zona pero que no actuaron porque los marinos les dijeron que lo tenían todo controlado.
El tercero es el informe de investigación del 29 de noviembre de 2018 suscrito por elementos policiales de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGJ de Guanajuato, en el que entrevistan a varios vecinos que aseguran que los marinos “ingresaron a distintos inmuebles”.
Con estos elementos la CNDH establece que los elementos navales detuvieron arbitrariamente al joven (no hay registro de orden judicial para el arresto o conducta en flagrancia) y lo desaparecieron. También, que la policía estatal actuó de forma negligente por acción o por omisión y que no hubo voluntad alguna de investigar, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no quiso hacerse cargo del caso.
Por ello, pide a la Semar que identifique a los elementos que viajaban en las dos patrullas ya que, por el momento, sigue sin saber quiénes eran los uniformados. También advierte la necesidad de investigar la cadena de mando. A Semar y al estado de Guanajuato les pide colaboración con las investigaciones, que se busque a la víctima y se le entregue, viva o muerta, a sus familiares, y que se pague una indemnización. Por último, reclama a la FGR que agote las posibilidades de investigar.
En todo momento la Marina negó que sus elementos estuviesen en ese lugar y, sobre todo, que se llevasen a la víctima. Según señala la recomendación, durante las investigaciones la Armada se limitó a asegurar que no tenía constancia de que su personal hubiese participado en los hechos. Cuando en octubre de 2019 la CNDH le requirió las bitácoras de los patrullajes de aquel día no volvió a contestar.
Tras hacerse pública la recomendación, Semar anunció que no la acepta y argumentó que su Órgano Interno de Control descartó que sus elementos hubiesen cometido ilícito alguno. Que la FGR no hubiese aceptado el caso es también un argumento para sustentar esta versión.
En su respuesta también negó que las capturas de los videos en los que aparecen vehículos con la inscripción “Marina” y hombres uniformados como marinos sea prueba suficiente de que sus elementos estuviesen allá. “De las imágenes plasmadas en la recomendación, si bien se puede evidenciar la presencia de personas con las características similares a los vehículos y vestimenta táctica utilizada por los elementos navales, no se puede argumentar que hubo una participación directa en la detención de la víctima, debido a que no se cuenta con elementos de prueba contundentes que permitan verificar el momento exacto en el que la víctima fue probablemente detenida y posteriormente subida a alguna de las unidades con las características anteriormente descritas”, dijo Semar en un comunicado.
Por último, la Semar aseguró que la CNDH incumple su propia ley al no haber identificado a los presuntos perpetradores. De hecho, el artículo 31 dice que las quejas serán admitidas siempre y cuando pueda identificarse a posteriori a los funcionarios responsables de las violaciones a los Derechos Humanos. Y en este caso es imposible ya que la institución a la que pertenecen niegan que estuviesen allí.
El mismo año de Nuevo Laredo
La recomendación llega en un contexto en el que el papel de la Marina en 2018 es cuestionado por su posible participación en la desaparición de al menos 47 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los sucesos de Guanajuato recogidos por la CNDH tienen lugar apenas cinco meses después de que 265 elementos navales fueran retirados de la ciudad fronteriza y acuartelados en la Ciudad de México debido a los señalamientos en su contra. Semar nunca dio información sobre las investigaciones internas o los destinos que se dio a aquellos hombres señalados por graves violaciones a los Derechos Humanos.
UN CRIMINAL ORGANIZADO Y UN MARINO MULTIASESINO ANDAN LIBRES:
En este caso, la desaparición se produjo cuando los marinos llevaban apenas 15 días desplegados en Guanajuato. A finales de octubre, los primeros elementos llegaron a Salamanca y Apaseo el Alto, donde se estableció su base de operaciones. Su objetivo, según se publicó en aquel momento, era combatir la violencia y reforzar la vigilancia en infraestructuras clave como la refinería. Aunque el operativo inició cuando Enrique Peña Nieto todavía era presidente, el empleo de la Marina en labores de seguridad pública y prevención del huachicol se mantuvo con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, que no ordenó la retirada de los marinos hasta finales de 2019.
La CNDH también señaló a Marina por las desapariciones de Nuevo Laredo. En la recomendación 36VG/2020 acusó a la Armada de ser responsable de la ausencia de al menos 27 personas, de las que 12 aparecieron muertas. La FGR incrementó el número de posibles víctimas a 47, que se investigan en 34 carpetas y por las que 30 elementos están en prisión. En aquel caso la Semar sí aceptó el informe de la CNDH. De hecho, el pasado 13 de julio se celebró un acto público en el que Marina pidió perdón por lo sucedido. Hace tres años, cuando aquellas desapariciones se produjeron y los familiares comenzaron a denunciar su respuesta fue la misma que ahora en Guanajuato: negar que esos vehículos con la leyenda “Marina” en un costado y con hombres vestidos como marinos fueran sus elementos.
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