En septiembre del año pasado, un par de habitantes de Ario de Rosales, Michoacán, decidieron acabar con el asedio criminal, por lo que convocaron a las comunidades para levantarse en armas bajo el nombre de Pueblos Unidos.
Líderes de ese movimiento civil armado, que se extendió a tres municipios más (Nuevo Urecho, Taretan y Salvador Escalante) y recientemente a Pátzcuaro, aseguran que lo único que quieren es vivir en paz y hacer “una limpia” para sacar a los criminales de su estado.
Renato Santos, un habitante de Ario de Rosales, se unió a este grupo, aunque no sabe usar un arma porque toda la vida se ha dedicado al campo, para protegerse de los grupos criminales que, junto con su hermano, lo secuestraron y dice, de puro milagro no lo mataron.
“Nosotros nos estamos levantando en armas por esa razón. El gobierno no tiene que venir a quitarnos las armas porque entonces con qué nos vamos a defender. Al contrario, el gobierno debería de traer aquí gente autorizada para ello, cosa que no está haciendo”, recrimina Renato, ante la amenaza de las autoridades de desarmarlos.
Por un lado, los habitantes de estos municipios, eran literalmente cazados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y por otro, por Cárteles Unidos.
Renato Santos tiene 62 años y nunca se casó, porque dice, su prioridad ha sido atender a sus padres que viven en el municipio de La Huacana, donde opera y controla el poder criminal y político Miguel Ángel Gallegos Godoy.
Migueladas, como es apodado, es el lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio de la Tierra Caliente, que colinda con la zona fría de Ario de Rosales.
Renato es jornalero recolector de resina y cortador de aguacate. Un día, junto con su hermano, cruzó la línea que divide Ario de Rosales con La Huacana para comprar despensa y medicamentos para su madre cuando fueron interceptados por policías.
“Nos echaron a la patrulla y nos entregaron con los sicarios (del CJNG) en el cerro; nos vedan, nos amarran las manos y nos golpean. Mi hermano todavía sigue enfermo y yo tampoco ando muy bien, me desviaron la columna”, narra Renato.
En la barricada de Pueblos Unidos instalada a escasos metros de donde los policías de La Huacana y el CJNG tienen una base de operaciones, Renato cuenta que cualquier persona que intenta pasar a La Huacana, es detenida, golpeada, secuestrada, robada y muchas de las veces desaparecida.
“Así como a mí a otras personas que se dedican al campo, los golpearon también”, dice Renato, quien porta una escopeta que no sabe utilizar.
“Agarramos de aquí un taxi que nos llevaba a la Huacana; llevábamos como 14 mil pesos; nos robaron todo el dinero; no nos entregaron ni las carteras, solamente nuestras credenciales nos dieron y ya”, explica.
Recuerda que los mismos policías los empezaron a golpear y “nos aventaron a una patrulla como animales y allá (en La Huacana) igual en otra camioneta”. Entre empujones, les dijeron que les iban a quitar la vida “y nos golpeaban; nos trataban peor que a un animal”.
El mensaje de los criminales todavía lo tiene presente: decían que no querían gente de aquí (Ario de Rosales); ni hombres ni mujeres en La Huacana, porque nos iban a matar”. Renato alcanzó a percibir que los policías los habían llevado a unos campos de cultivo de droga, donde los tuvieron todo un día.
“Nos destaparon poquito para según ellos demostrarnos de qué viven. Había mucha gente trabajando: hombres, mujeres y hasta niños y viejitos”, detalla. A las 24 horas de haber sido privados de su libertad, Renato y su hermano fueron trasladados a esa frontera intermunicipal y dejados a la deriva.
“Esto que nos hacen a la gente es una injusticia y yo quisiera pedir que el gobierno haga algo, porque aquí la gente ya no puede con estas personas”, insiste.
Renato Santos se dice afortunado en haber sobrevivido junto con su hermano, porque no todas las personas que caen en manos del crimen organizado lo logran.
“Siempre me gritaba que me iba a morir, diciéndome perro, diciéndome mil majaderías; me decían bandido. Yo pensé que no iba a regresar a mi casa, ni vivo ni muerto”, revela.
El campesino insiste que el único delito que han cometido –para el CJNG– es haber nacido en el municipio de Ario de Rosales. “Si a eso se le puede decir delito”, ironiza.
El tesoro de Ario de Rosales
Ario de Rosales es uno de los principales municipios productores de aguacate en el mundo. Hasta el año pasado, las hectáreas sembradas en ese lugar, casi alcanzaron las 20 mil, con una producción arriba de las 190 mil toneladas de “oro verde”, con un valor aproximado de 6 mil millones de pesos, según la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán.
Esa producción, en su mayoría para exportación, se vio afectada por el robo del aguacate mientras era trasladado a los empaques de Uruapan.
Los jornaleros, también fueron víctimas de extorsión y tenían que entregar la mitad de su sueldo semanal a los diferentes grupos y organizaciones criminales.
Irma Moreno Martínez actual alcaldesa de Ario de Rosales y reelecta por tres años más, explica a Animal Político, que a diario salen de ese municipio, más de 150 tráileres de aguacate, con cerca de 10 toneladas cada uno, listos para ser empacados y exportados.
Explicó que en ocasiones, parte de esas cargas eran robadas por el crimen organizado para ser vendidas en la clandestinidad.
Moreno Martínez afirma que a raíz del levantamiento en armas de Pueblos Unidos, se acabaron los robos de esos camiones cargados con fruta y se empezó a recuperar la economía.
“Sigue fluyendo el tema del aguacate; ellos (productores y jornaleros) no tienen problemas; siguen exportando; siguen sacando su producto. Ahora están ellos a cargo de sus comunidades; todo sigue avanzado y era lo que ellos querían”, sostuvo.
Contrario a lo que han declarado las autoridades de seguridad estatales, Irma Moreno, señala que en Pueblos Unidos, no ve criminales, sino campesinos, jornaleros y agricultores que defienden sus comunidades del asedio y yugo criminal.
“La gente de aquí es noble, sencilla, trabajadora y en realidad nos dedicamos a otra cosa; solo a trabajar”, agrega.
Explica que si bien fue sorpresivo para ella como autoridad el movimiento civil armado, hasta este momento han podido trabajar en coordinación con el ayuntamiento. El estado le retiró los elementos policiales que le habían asignado para la seguridad de ese municipio, mediante convenio y solo se quedó con los 36 municipales.
Cuenta que junto con los pobladores, ha pedido el apoyo de la Guardia Nacional para que los respalde en tareas de seguridad. La inseguridad y la afectación a la industria aguacatera, también se registró en Salvador Escalante, otro de los más grandes productores y exportadores de este producto.
A ese lugar, también tuvo que extenderse Pueblos Unidos y frenar la violencia, asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones y robo de aguacate.
Ya operan en Pátzcuaro
“Somos gente que llegamos de Tierra Caliente”… así es como se presentaba un sujeto que cada semana le cobraba cuota a los comerciantes del municipio de Pátzcuaro, para dejarlos trabajar.
Los robos y extorsiones son algunos de los delitos que más se cometen en ese “Pueblo Mágico” en el estado de Michoacán, aceptan funcionarios del ayuntamiento.
Eso derivó en que algunas de las víctimas pidieron el apoyo de la organización Pueblos Unidos, al no confiar en las autoridades locales, estatales o federales.
El pasado 17 de julio, una nutrida caravana de gente armada irrumpió en el municipio e inició sus recorridos por las calles y avenidas de la cabecera municipal.
Más de 25 camionetas con hombres que asomaban los fusiles de asalto llamaban la atención de los habitantes y causaron por momentos miedo entre la población.
Ese sábado, ese grupo de civiles armados, logró lo que las autoridades policiales no pudieron hacer: atrapar a uno de los jefes de plaza, encargados de las extorsiones.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego de que el afectado presentó su denuncia ante el agente del Ministerio Público.
Desde ese momento, cuenta uno de los comandantes de Pueblos Unidos, inició la limpia de delincuentes para recobrar la paz y tranquilidad.
“Nosotros no somos de ningún cártel, ni autodefensas; somos pueblos que se unieron para hacer el trabajo que las autoridades no han hecho”, señala.
El mando civil armado aclara que no están peleados con las autoridades y por el contrario, buscan que haya coordinación y en algún momento poder dejar las armas.
“Somos campesinos, agricultores, ciudadanos normales que ya no queremos vivir bajo el yugo de la delincuencia”, menciona.
Señala que Pueblos Unidos es financiado por cada uno de los integrantes de ese movimiento; mientras unos patrullan, otros se van a trabajar y se turnan todos los días.
En Pátzcuaro hay desplegados unos 250 integrantes de Pueblos Unidos; sin embargo por ser una ciudad turística no se colocarán barricadas, solo patrullajes por las colonias.
“Les decimos a los delincuentes que hay en Pátzcuaro, que mejor se vayan, pues la limpia ha llegado”, dice el representante de esa lucha civil armada.
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