Un tribunal federal suspendió la condena de tres años de prisión y la reaprehensión de Marco Antonio Martínez Tirado, contratista de equipos de espionaje de la Secretaría de Marina, en un caso de defraudación fiscal de más de 80 millones de pesos.
El Sexto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, a cargo del Magistrado Luis Pérez de la Fuente, acordó la suspensión de plano, luego de que el empresario presentara un amparo directo contra la sentencia condenatoria, según constancias judiciales a las que se tuvo acceso.
OTRA BOLA DE TRANSAS EN UNIFORMES DE DECENTES:
La Secretaría de Hacienda puso en la mira a Martínez Tirado por su relación con el hermano del Contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, quien fuera jefe de ayudantes de Francisco Saynez, titular de la Marina con Felipe Calderón.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló en su denuncia que entre 2010 y 2014 Jesús Marcial Martínez Pastelín recibió más de 222 millones de pesos de Martínez Tirado y Humberto Cervantes Pacheco, ambos proveedores de telas militares, equipos de radiocomunicación y de entrenamiento para la Marina.
LOS DOS EJERCITOS DE TIERRA Y MAR ENLODADOS:
Con base en esa información, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) formuló una querella contra Martínez Tirado por una presunta defraudación fiscal de 80 millones 242 mil 724 pesos, correspondiente al año 2010.
La PFF estableció que el empresario registró depósitos bancarios por 402 millones 173 mil 924 pesos y declaró ingresos al fisco por sólo 936 mil 181 pesos. Esta acusación lo llevó a estar preso en el Reclusorio Norte en 2016, pero pronto obtuvo la libertad provisional.
Sin embargo, la defensa de Martínez Tirado, que encabeza Antonio López Ramírez, dijo a Grupo REFORMA que la autoridad imputó a su cliente el delito en forma incorrecta e ilegal.
El litigante señaló que los depósitos en realidad rebasaron apenas los 10 millones de pesos, pero la PFF sumó depósitos y retiros en forma indiscriminada, considerándolos ingresos acumulables que debían pagar una contribución y sin atender que algunos capitales podrían ser préstamos, deuda o inversión.
Indicó que la acusación carece de un dictamen técnico contable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), un requisito que la misma Suprema Corte de Justicia ha establecido como obligatorio en una jurisprudencia.
López Ramírez aseguró que la PFF sólo presentó una opinión contable y además la elaboró sin tener a la vista las declaraciones fiscales del sentenciado.
Pero lo que el litigante considera como más grave es la inexistencia de un procedimiento de comprobación fiscal del SAT, previo a que el empresario fuera denunciado ante la PGR, un requisito esencial que impone la norma para proceder contra este tipo de delitos.
El Magistrado condenó en segunda instancia a Martínez Tirado pasando por alto este requisito y justificando la validez de la acusación, con base en un procedimiento fiscal previsto en una norma que la Corte ya declaró inconstitucional desde hace varios años.
Este apartado es el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación, que en el pasado permitía a la autoridad hacendaria solicitar a terceros los documentos fiscales de los contribuyentes, sin que fuera considerado un procedimiento de comprobación.
Cuando Martínez Tirado fue condenado en segunda instancia, el juez de la causa le dio un plazo de cinco días para internarse voluntariamente al Reclusorio Norte o, de lo contrario, ordenaría su reaprehensión.
El empresario presentó un amparo que al final le fue negado por Cuarto Tribunal Colegiado Penal. Ahora se sabe que presentó un amparo contra la condena y consiguió una suspensión que evita su recaptura.
Fuente.-(imagen/twitter)
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