“Antes se oía que [los grupos del crimen organizado] andaban por allá, en el cerro, pero nunca habían entrado así”, dice Trinidad frente al palacio de gobierno de Jalisco; es originario de Huejotitlán, en el municipio de Teocaltiche, una región que colinda con Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.
Él, junto con un centenar de sus vecinos, llegó a Guadalajara para pedir al gobernador Enrique Alfaro mayor presencia de fuerzas de seguridad en la zona.
“Nosotros lo que queremos es más presencia de la policía estatal, del Ejército, de la Guardia Nacional, que pongan una base en El Rosario para que anden siempre por ahí, porque no queremos que nos pase como en Los Saucitos”, dice.
Trinidad se refiere a los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que han desplazado a por lo menos 700 personas de las comunidades de El Saucito, Rancho Santo, Rancho Mayor, Aguatinta y Los Pocitos, también en Teocaltiche.
El gobierno de Jalisco sólo reconoce un enfrentamiento en El Saucito, el viernes 7 de mayo y, según el coordinador del gabinete de seguridad local, Ricardo Sánchez Beruben, se trata de hechos aislados, pero las personas desplazadas señalan que el martes 4 de mayo un comando irrumpió en esa comunidad para llevarse a tres hombres que continúan desaparecidos y que desde el 5 de mayo comenzaron los choques armados.
Más que lo común
En opinión del director del departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez, quien además encabeza el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición de Personas, la violencia en Jalisco y en otros estados de la región es más que la común que produce el crimen organizado.
Por su magnitud, dice Ramírez, sus motivaciones y los efectos que produce, es más propia de un conflicto armado, de una situación de guerra, de contextos en los que operan grupos terro ristas armados y se dan prácticas de asesinato en masa, de exterminio y genocidio.
“Los datos y evidencias sobre homicidios dolosos, masacres, desaparición de personas y fosas clandestinas, métodos brutales de asesinato y destrucción de cuerpos, así como desplazamiento de pobladores que viene registrando Jalisco y algunos estados circunvecinos, configuran un solo patrón de violencia masiva que ha llegado a niveles de destrucción insospechados”, subraya.
La información recabada por el comité en distintas bases de datos, indica que en 2020, año marcado por la pandemia, en Jalisco se cometieron 43 masacres, se localizaron 499 fosas clandestinas, desaparecieron mil 568 personas y se cometieron mil 754 homicidios dolosos.
El académico afirma que la dinámica de violencia es generada por organizaciones criminales como el CJNG, que cuentan con ejércitos privados de un número indeterminado de combatientes, muchas veces reclutados por la fuerza.
“Poseen cuantiosos recursos financieros, control total o parcial de cuerpos policiacos municipales, inciden en la opinión pública con el asesinato o amenaza a periodistas y medios.
“Están diversificando su actividad criminal más allá del tráfico de drogas y están enfrascados en una guerra contra otras organizaciones delictivas, contra los agentes del estado que no han claudicado en su lucha y contra la población civil, todo esto con la complicidad activa, la anuencia, la indiferencia o la impotencia en general de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno”, indica el académico.
“Tenemos que tomar acciones”
Tras participar en el homenaje luctuoso a los hermanos González Moreno, privados de la libertad por un comando que el 7 de mayo los sacó de su casa y los asesinó para dejar sus cuerpos abandonados en una carretera, Abraham Calva, un joven músico, considera que es imposible sentirse seguro en la ciudad.
“Como decimos en la música: esto va in crescendo, y lo más triste es que da la sensación de que se va a poner peor, ojalá pudiéramos decir que este es el último caso, pero se ve difícil. Como sociedad tenemos que empezar a tomar acciones”, destaca.
El caso de los hermanos movilizó a toda la estructura de la Universidad de Guadalajara —de la que uno era alumno— para exigir justicia. Más de 10 mil personas se manifestaron en las calles el 11 de mayo, y apenas dos días después de la movilización, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG, Javier Armenta, divulgó otro caso similar en Twitter.
“Pedimos tu apoyo para localizar a Jesús y Abraham [Covarrubias Martínez], además de ser miembros de la comunidad también fueron privados de la libertad dentro de su casa”, apunta.
Aunque su desaparición fue el 15 de marzo, en Tonalá, el asunto apenas se ha hecho público debido al temor de la familia.
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