Cuando Andrés Manuel López Obrador eligió que Juntos Haremos Historia sería su lema de campaña, pocos imaginaron que una de las formas en que esto se materializaría sería convirtiéndose en la administración que ha dado más contratos por dedazo desde que tenemos registros. En 2020, el Gobierno Federal rompió récords en dos cifras clave:
El porcentaje de contratos entregados por vía de la adjudicación directa llegó a 80.3% del total.
Los recursos entregados por este mecanismo alcanzaron 189,488 millones de pesos (42.2% del total) y representaron más dinero que el entregado mediante licitaciones públicas.
Además, al analizar de forma detallada la información pública, resulta que la explicación de que este incremento en las adjudicaciones directas se debe principalmente a la pandemia de coronavirus resulta ser absolutamente falsa.
Los datos finales de 2020 (que provienen de las bases oficiales de la Secretaría de Hacienda) muestran que, de los 137,809 contratos reportados durante el 2020, 110,629 se entregaron por adjudicación directa, es decir el 80.3%. La invitación a cuando menos 3 personas, que también es un mecanismo discrecional dado que la invitación a participar dentro del proceso es realizada por la propia autoridad, se utilizó en 7,549 contratos, el 5.5% del total. En contraste, la licitación pública, que de acuerdo con la Constitución debería de ser el principal mecanismo de compra y contratación, sólo representó el 11.2% del total de contratos otorgados durante el 2020, con 15,379 contratos.
El punto más alto de las adjudicaciones directas durante la última década había sido en 2019, durante el primer año de gobierno de López Obrador, cuando alcanzaron 78.1%. La cifra de 2020 supera su propia marca y coloca al año que acaba de concluir como aquel en el que las adjudicaciones directas se usaron con mayor intensidad desde que tenemos registro. En el mismo sentido, las licitaciones públicas han tocado su punto más bajo, pues la única cifra cercana a los niveles de 2020 se vio en 2017, cuando llegó a 12.6% del total.
Al analizar los montos contratados, estamos ante una realidad totalmente inédita: según COMPRANET, en 2020 se otorgaron 449,022 millones de pesos (mdp) en contratos. La mayor parte de estos recursos fueron asignados por adjudicación directa. A través de este mecanismo se repartieron 189,488 mdp (42.2% del total).
Este resultado contrasta significativamente con los años anteriores, pues a pesar de que las adjudicaciones directas siempre han sido usadas intensivamente por parte del gobierno, nunca habían entregado más recursos que las licitaciones públicas en su conjunto. La tendencia a la baja en el uso de las licitaciones públicas ya se había dado desde 2019, con una clara disminución con respecto a otros años, pero, como puede observarse con claridad en la siguiente gráfica, 2020 es el único punto en todos los datos en que las adjudicaciones directas las superaron.
Tanto los gobiernos anteriores como éste justificaban las adjudicaciones directas diciendo que sólo eran usadas en contrataciones relativamente pequeñas y su importancia era menor, mientras que la licitación pública seguía siendo la herramienta con la que se asignaba la mayor parte de los recursos. La realidad es que esto no es así.
Las cifras sin precedente de 2020 se han querido justificar por la pandemia del coronavirus, señalando que obligó a la compra de grandes cantidades de equipo médico y medicinas de manera inmediata.
No es el caso. Y no lo es, según «sus propios datos» de COMPRANET. Si se toman las compras públicas separando entre los diferentes bienes y servicios que el gobierno contrató y se comparan las cantidades que se les destinaron a través de adjudicaciones directas en 2019 y en 2020, podemos identificar si las compras relacionadas con la pandemia efectivamente explican la mayor parte del incremento.
En efecto, las asignaciones directas en los rubros referidos a «Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio» y a «Equipo e instrumental médico y de laboratorio» se elevaron de 33,597 mdp a 51,971 mdp (54.6%). Pero, las compras por la pandemia no son, ni de lejos, la principal explicación en el incremento de las adjudicaciones directas en 2020. Éstas sólo explican el 27% del aumento en 2020. El 73% del incremento en el dinero otorgado a través de adjudicaciones directas en 2020 no tiene que ver con rubros dedicados a la atención de la crisis sanitaria por el coronavirus.
La categoría que explica la mayor parte del salto es la «Obra pública en bienes propios» (que engloba las propiedades de las instituciones públicas), que, en conjunto con la categoría «Obra pública en bienes de dominio público» (en la que se consideran todas las obras realizadas en bienes que los habitantes pueden usar sin más restricciones que las establecidas en las leyes, como playas, caminos, puentes, etc.) suman $41,234 mdp, una cifra $38,475 mdp superior a la de 2019 (un incremento de 1,394%). El mensaje es elocuente: la principal explicación en el aumento de las adjudicaciones directas en 2020 son las obras de esta administración. Y si buscamos cuál es el contrato individual más importante dentro de estas categorías, encontraremos un nombre conocido: el Tren Maya, que en un solo contrato por $25,849 mdp entregó una adjudicación directa a ICA Constructora SA de CV. Este contrato en sí mismo representa 83.5% del monto adjudicado en la categoría que ocupa el primer lugar.
Conceptos con más recursos adjudicados directamente en 2020, comparados con 2019
Una vez que hemos desmontado esta fabricación gubernamental, podemos seguir explorando cuáles son otros de los conceptos en los que en 2020 se utilizó la adjudicación directa como el mecanismo favorito de compra pública. Para identificarlos, se requiere considerar cuánto dinero se pagó en cada rubro mediante adjudicaciones directas e identificar qué porcentaje representa del total de contratos en dicha categoría.
Haciendo esta operación, encontraremos que los equipos e instrumentales médicos, así como los productos químicos y farmacéuticos, efectivamente aparecen entre las primeras 10 categorías, con 93.7% y 62.6% de los recursos destinados a ellos dados mediante adjudicación directa. Sin embargo, ni son la posición más importante ni son la única categoría en los que la adjudicación directa se usa de manera preponderante. El 96.2% de las compras de mobiliario, equipo educacional y recreativo, por ejemplo, se hicieron por adjudicación directa. Igualmente, el 65.3% de lo que se gastó en servicios oficiales fue dado de esta manera. De entre todos, tal vez uno de los rubros más llamativos es el que ocupa la tercera posición: el 88.8% del presupuesto que se ha entregado en contratos de comunicación social y publicidad del Gobierno Federal se ha dado por adjudicación directa.
El caso de los servicios de comunicación social y publicidad es uno de los ejemplos de los efectos perversos del uso y abuso de la adjudicación directa. Cuando, en lugar de haber procesos de competencia o reglas de asignación claras, lo que prevalece es la incertidumbre, se generan incentivos perversos en términos de la línea informativa y editorial de los medios.
De los 1,447 contratos de publicidad que el gobierno dio en 2020, 1,366 fueron por adjudicación directa, es decir, 94.4% del total. Si se consideran las 10 empresas que más dinero recibieron por comunicación social en 2020, encontraremos que en el 100% de los casos todos los recursos y contratos se entregaron por adjudicación directa.
Otra manera de observar el abuso de las adjudicaciones directas es a través del uso de este mecanismo en las dependencias de gobierno. En efecto, las instituciones de salud aparecen entre las 10 instituciones que han entregado mayores montos por adjudicación directa. Pero, aún cuando tuvieron un incremento en sus adjudicaciones directas como consecuencia de la pandemia, estas cifras no son la principal explicación del incremento generalizado en su uso. Por el contrario, el principal problema es que el resto de instituciones públicas mantienen el uso generalizado de este mecanismo. En el listado de las 10 instituciones que mayores montos han entregado se encuentran FONATUR, BANOBRAS, Diconsa, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
El problema con el uso generalizado de las adjudicaciones directas no sólo es que aplicarlas a diestra y siniestra vulnera la ley, sino que al continuar utilizándolas como el mecanismo con el que la gran mayoría de instituciones del Estado mexicano contratan, quedan como buenos deseos la supuesta lucha en contra de la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias, el compadrazgo, la simulación, el desvío de recursos o el desperdicio del erario al comprar o contratar bienes y servicios a sobreprecio. Una buena parte de los escándalos de corrupción que han aparecido en estos dos años de gobierno encuentran su explicación precisamente en las contrataciones públicas.
Las reacciones del gobierno ante el continuo señalamiento que hemos realizado y seguiremos haciendo desde MCCI en este tema han sido confusas. En algunas ocasiones, el presidente se ha lanzado a asegurar que no existe ningún problema en que 8 de cada 10 contratos se entreguen por adjudicación directa, pues ellos no son iguales a quienes en otro momento se aprovecharon de estos mecanismos. En otros momentos, desde la Secretaría de la Función Pública se han tratado de desacreditar nuestros análisis que, paradójicamente, parten de información generada por el propio gobierno. A la vez, en algunos foros la propia titular de esta dependencia se ha comprometido a disminuir las adjudicaciones directas. Las señales hacia delante son, por decir lo menos, contradictorias.
Sea como fuere, las cifras y los resultados hablan por si mismos: el 2020 pasará a la historia como aquel en el que el gobierno mexicano se superó a sí mismo y entregó más contratos por dedazo que nunca antes en la historia.
fuente.-Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad/
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