Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, las cuentas por cobrar de los proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) crecieron como la espuma. La situación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lejos de mejorar, se ha profundizado.
En el último año de EPN (2018), la deuda de la petrolera cerró en 149 mil 843 millones de pesos. En el primer año de AMLO (2019) creció a 208 mil 34 millones, un incremento de 38.8% de un año para otro, según consta en los reportes financieros de la empresa.
Aunque para el primer trimestre de este año la Empresa Productiva del Estado, que encabeza Octavio Romero Oropeza, registra una reducción respecto al cierre de 2019, el pasivo sigue siendo alto, pues se sitúa en 180 mil 535 millones de pesos.
El panorama se saldar deudas con sus proveedores se torna más complicado con un desplome de los precios del petróleo, sus altas pérdidas netas, que alcanzaron los 562.2 mil millones y sus otros compromisos financieros.
No obstante, Romero Oropeza aseguró el pasado 18 de marzo que no tiene pendiente el pago de facturas vencidas de 2019 ni de años anteriores, y que se garantiza el pago a sus proveedores y contratistas, para lo cual, si es necesario, se cuenta con “una línea de crédito adicional” por 539 millones de dólares, dentro del programa de cadenas productivas de Nacional Financiera (Nafinsa).
¿CÓMO SE LLEGÓ A ESOS NIVELES?
El gran aumento de la deuda con proveedores comenzó desde la llegada de Peña Nieto a la Presidencia. Tenía como primer director de Pemex a Emilio Lozoya Austin, quien ahora enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht y está en la espera de su extradición a México, después de haber sido capturado por la justicia española.
En 2013, este pasivo con proveedores y contratistas creció a 106 mil 745 millones de pesos, luego de que la administración de Felipe Calderón la dejará en 61 mil 513 millones, es decir, esta cuenta aumentó 73.5%.
Así siguió su tendencia durante la gestión de Lozoya Austin, pues en 2014 fue de 116 mil 178 millones de pesos y en 2015 se disparó a 167 mil 315 millones.
En la segunda mitad de ese año, proveedores y contratistas ya empezaban a demandar sus pagos, pues muchas pequeñas y medianas empresas estaban siendo afectadas. La Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo denunció en ese entonces que los retrasos comenzaron con 30 días, hasta que de pronto ya mejor ni les daban fecha.
En febrero de 2016, Lozoya dijo adiós a Pemex y le dejó la bomba a José Antonio González Anaya, quien pudo reducir un poco la deuda de 2015: la puso en 151 mil 160 millones en 2016 y en 2017 en 139 mil 955 millones.
En 2016, González Anaya tuvo echar mano de la Banca de Desarrollo para pagar los adeudos, contratando líneas de crédito con Nafinsa, Banobras y Bancomext, lo que le iba permitir saldar las cuentas con 85% de las empresas, de las 1,300 a las que le debía Pemex.
Para el último año de EPN, ya con otro director, Carlos Treviño, volvió a crecer ligeramente, para llegar a los 149 mil 843 millones.
NO LO PROVOCÓ, PERO HAY MALA GESTIÓN
Para Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, la Empresa Productiva del Estado ha cometido muchos errores, que repercuten no sólo en su salud financiera, sino también en toda la industria.
“No les han pagado a muchísimas empresas en México y en el exterior, esta parte es muy importante, porque siempre se había asumido que Pemex, al final del día, pagará lo que tenga que pagar”
Indicó que esta situación de que la petrolera nacional se atrase en pagos no es exclusiva de este gobierno. Pero lo que antes hacía el gobierno es que daba facilidades, pues las compañías podían ir a Nafinsa o Banobras y aplicar un factoraje.
El factoraje es básicamente que Nacional Financiera daba el dinero contra recibos futuros de pago. Obviamente eso aseguraba la liquidez de las empresas para que continuaran operaciones y, al final del día, era el gobierno pagando al gobierno. “Básicamente así es como funcionaba”, sintetiza el experto.
“¿Qué hace esta administración? Aquí si lo puedo decir con toda responsabilidad, pero también con total certeza: no tenían ni idea de que se trataba ese tipo de programas, de los cuales sí se abusó, hay que decirlo, pero esta administración no lo entendió y prohibió esa práctica”.
El problema es que en el momento en que Pemex deja de pagar por los problemas de liquidez, pues tiene un arrastre en toda la cadena, ya que las empresas se quedan varios meses sin haber cobrado.
“Esto es lo que empieza a devastar todo el sector de energía, especialmente el petrolero, en lugares como Campeche, Tabasco, Veracruz, la parte de Tamaulipas. En ese sentido, ha sido una muy mala gestión financiera”, apunta.
UN PROBLEMA FISCAL
En una presentación realizada a inversionistas en marzo de este año, Pemex aseguró que, si en la última década no hubiera tenido un régimen fiscal confiscatorio, sus estados financieros reflejarían resultados positivos.
Resaltó que en las últimas tres décadas los ingresos petroleros han aportado al país 29.8 billones de pesos.
“Pemex crea valor para el país y opera con niveles de rentabilidad superiores al promedio de la industria, pero el régimen tributario que tiene genera, en términos contables, pérdidas netas”. Reconoce, sin embargo, que esta carga excesiva permitió el financiamiento del presupuesto público.
El 28 de abril pasado, en un acta del Consejo de Administración de Pemex, la petrolera dejó ver en sus consideraciones finales que el Covid-19 y el exceso de oferta de crudo en el mercado harán que considere la revisión y evaluación de sus metas para 2020 y los años subsecuentes.
Por los bajos precios de la Mezcla Mexicana de Exportación vislumbra una importante reducción en sus ingresos, lo que afectará a las contribuciones fiscales.
En general, el impacto en la economía que se espera este año implica también una caída en la recaudación de impuestos, lo que reducirá la posibilidad de que el gobierno pueda transferir fondos públicos adicionales para apoyar la operación de Pemex.
Fuente.-@ptcervantes/
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