El confinamiento disminuye de forma notable el riesgo de que un acusado pendiente de juicio se dé a la fuga.
Con ese argumento, la Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad a los tres acusados que aún permanecían en prisión provisional en un caso de corrupción policial ligado al tráfico de drogas en el puerto de Barcelona. El coronavirus ha obligado a aplazar la vista oral, que debía comenzar este mismo mes. Los jueces concluyen que alargar la estancia en prisión de esos tres acusados podría resultar excesivo.
Los abogados están tratando de emplear el decreto de alarma -que limita de forma severa los movimientos de los ciudadanos- como arma jurídica para solicitar la libertad de sus clientes. Pero topan casi siempre con la oposición firme de la Fiscalía y, en la mayoría de casos, de los jueces, quienes argumentan que el riesgo de fuga -uno de los criterios para dictar una prisión preventiva- no se ve disminuido por las restricciones. La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, ha abierto una nueva vía en el caso Romeo, que debía llevar al banquillo de los acusados a 32 personas -entre ellos dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía- pero que se ha aplazado. El tribunal ha atendido los argumentos del abogado penalista Carles Monguilod.
“La extensión de la pandemia ha provocado en la práctica casi un cierre de fronteras y una limitación de movimientos no solo en el ámbito geográfico interno”. Una situación que ha “reducido de forma muy significativa el riesgo de fuga”, añade el auto judicial, al que ha accedido EL PAÍS. Los magistrados sustituyen la prisión por otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y el “control telefónico diario a través de un teléfono fijo por parte de los Mossos”. Ese control telefónico, añaden, durará hasta que finalice el estado de alarma, momento en el que los acusados deberán comparecer dos veces por semana en el juzgado.
Las presentaciones ante el juzgado son una de las medidas cautelares más habituales, pero fuentes judiciales admiten que en las últimas semanas se han sustituido por otros controles telemáticos. Más allá de estas medidas, las causas en las que hay presos preventivos -como en el caso Romeo- son uno de los pocos ámbitos de la justicia que se mantiene activo con el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno.
Este lunes debía comenzar, en la Audiencia de Barcelona, el juicio contra 32 miembros de una organización que trató de introducir grandes cantidades de cocaína en el puerto de Barcelona. En la cúspide de ese entramado hay dos inspectores de Policía de Barcelona que debían combatir precisamente el narcotráfico y acabaron sumándose a él: Calixto M. y Francisco Ll. Ambos se encargaban de proporcionar información a los traficantes para hacer su trabajo de forma segura, aunque al final, las conversaciones grabadas en el interior de sus vehículos acabaron con la detención de todos ellos. La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Calixto M., inspector en activo, y otros 13 para Francisco Ll., jubilado.
La suspensión del juicio forzada por el coronavirus es otro de los argumentos que atiende el tribunal para conceder la libertad. La “complejidad intrínseca” de la causa y la cargada agenda del juzgado hacen pensar que no se reanudará hasta finales de este año o principios del siguiente, admite el auto. Para cuando se celebrara, dice sobre uno de los acusados, “llevaría prácticamente tres años privado de libertad”. Pese a “la gravedad de las penas” que solicita el ministerio público, los magistrados creen que mantenerlo en prisión sería “excesivo”.
Fuente.-Diario Español/
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