A prácticamente un año de su creación, la Guardia Nacional no solamente no está consolidada, sino que se ve débil e incluso da señales de estar infiltrada por grupos criminales, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que recurrir al despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y también para enfrentar el escenario de conflictividad social que se avecina por la crisis económica generada por el coronavirus COVID-19, consideró el especialista Eduardo Guerrero.
En entrevista con Expansión Política, el consultor en seguridad señaló que el acuerdo publicado por el primer mandatario el lunes 11 de mayo, para facultar a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública de manera continua hasta 2024, ya se esperaba cuando se aprobó la reforma que dio origen a la Guardia Nacional. Por ello, argumentó Guerrero, lo relevante no es si se militarizará al país o no, pues eso ya quedó claro desde que se conformó este nuevo cuerpo de seguridad.
El también analista político consideró que lo importante del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación es por qué el presidente decidió desplegar a las Fuerzas Armadas justo cuando aún no concluye la emergencia sanitaria. A su juicio, esto responde a la debilidad de la Guardia Nacional para enfrentar "el conflicto postcovid" que se avecina.
"Tiene que ver con el escenario que está previendo el presidente para los próximos meses, debido a la recesión económica que se viene encima y a la agudización de problemas de conflictividad social que habrá por el desempleo que se está generando masivamente. Me parece que vamos a tener problemas graves de movilización, de protestas, de saqueos, bloqueos viales o carreteros", sostuvo.
De acuerdo con información de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), hasta ahora la Guardia Nacional está conformada por una fuerza operativa de 85,091 elementos. Para finales de 2020 se prevé reclutar a otros 21,170, y para 2021, a 7,660.
Para Guerrero, el haber facultado a las Fuerzas Armadas para contribuir en tareas de seguridad pública responde a la debilidad que hasta ahora muestra la Guardia Nacional, no por su número de efectivos, sino por su conducta.
"Se han difundido eventos que muestran que la Guardia Nacional no solo no se ha consolidado, sino que está penetrada en varios estados por el crimen organizado; (sus elementos) se han corrompido, además, han tenido reuniones con presuntos huachicoleros, y se han difundido videos donde elementos pedían dinero al crimen organizado para dejarlo en paz", dijo.
Desde su perspectiva, las Fuerzas Armadas sí deberían ser utilizadas para tareas de seguridad, pero en lo que corresponde a enfrentar a cárteles o mafias locales como 'Los Ardillos', 'Los Rojos', 'Guerreros Unidos' y 'Los Ciclones' —que han demostrado poseer un fuerte armamento—, pero sin dejar de fortalecer tanto a las policías municipales como a las estatales.
Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación porque las Fuerzas Armadas se encarguen de tareas de seguridad pública, debido a que se corre el riesgo de que violen derechos humanos. Para Guerrero, hasta ahora no se puede señalar a López Obrador de violentar estos derechos con los cuerpos del Estado, porque no se ha usado a los militares para responder agresiones ni de la población ni del crimen organizado.
Recordó que en redes sociales circulan videos en los que se ve cómo se agrede a elementos de las Fuerzas Armadas, sin que estos respondan, por lo que hasta ahora hay un bajo nivel de letalidad y en gran medida responde a que este gobierno ha pedido prudencia a los militares, aunque incluso pueda costarles la vida.
"Si ahora van a usar al Ejército para contener movilizaciones o desbloquear carreteras, podemos confiar, por lo que se ha mostrado hasta ahorita, que esto no va a atraer masivamente abusos; obviamente, siempre hay riesgos de que se salgan de control, pero hasta ahora el Ejército y la Guardia actúan muy supervisadamente y con una línea muy clara de que no vayan a disparar, que no respondan con fuego", destacó.
Para Guerrero, la pandemia ha propiciado que, con el Estado ocupado en atender la emergencia sanitaria y las afectaciones económicas, el crimen se sienta a sus anchas.
Consideró que muestra de ello es que se ha visto a integrantes del crimen en supuestos actos de filantropía, al entregar despensas en varias entidades del país, así como en convoyes que por lo menos desde 2015 no se veían. Antes, dijo, circulaban de noche o de manera discreta.
Se ve a un crimen organizado muy cómodo, que sabe que (sus miembros) están seguros, se sienten quizá con la protección del gobierno federal y que, además, están extendiendo su presencia en varias zonas del país y esto es consecuencia de la política de no agresión".
Guerrero advirtió que es equivocado pensar que los militares no serán agredidos si no agreden. En cambio, sostuvo, esto genera que los grupos criminales se empoderen más y se extiendan territorialmente, y envía el mensaje a la población de que ellos son los verdaderos gobernantes.
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