El sábado casi a las seis de la tarde, sin hacer ningún alarde, el Consejo de Salubridad (@DeSalubridad), quien es la máxima autoridad de Salud durante esta pandemia otorgado por la Constitución de México, lanzó un tuit y publicó en su página un documento que será clave para determinar quién vive y quién muere en estos tiempos de COVID-19. Así de plano.
TODO ES NEGOCIO EN TAMAULIPAS:
Aunque sólo haya emitido 11 tuits y sea seguido por apenas 377 personas (hasta donde escribí esto el domingo por la tarde) el Consejo publicó el documento “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”.
El CSG comparte la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, coordinada por los doctores María de Jesus Medina y Cesar Palacios González del Comité de Ética del Consejo, para hacer frente a la pandemia de COVID-19. csg.gob.mx/descargas/pdf/…
¿Qué es? Se trata del manual que entrará en operación en el país si la atención hospitalaria de México se “sobrepasa” o “está cerca de ser sobrepasada”, algo que todos tememos y ya hemos visto en otros países, particularmente, en Italia. Algo que el mismo presidente teme y por eso llegó ya, lo dijo ayer, a un acuerdo sin precedente reciente con hospitales privados que cederán al gobierno -mediante un acuerdo- la mitad de sus camas disponibles, unas 3 mil. Funsalud ya había dicho que lo harían con un precio “a costo” sin ganar dinero (aunque la atención en un hospital privado vs. el IMSS es 50% más caro).
El documento creado por los doctores María de Jesús Medina y César Palacios González del Comité de Ética del Consejo son 11 páginas de terror… supongo que necesario, pero no por eso menos doloroso.
Y es que argumentan, llegado el caso, bajo qué criterios y con qué procedimiento se decidiría darle a una persona, y no a otra que lo necesite, un ventilador mecánico para respirar, por ejemplo.
En resumen, se van a crear, por hospital, un “Equipo de Triaje”, que, como su nombre lo indica se encargará de escoger a quién se le darían los recursos de medicina crítica en cierto momento. No serán decisión de los doctores tratantes para quitarles “angustia moral”. El triaje se realizará por triadas (valga la aparente redundancia): dos expertos internistas o urgenciólogos -un médico o médica y un enfermero(a) – y una persona administrativa. Jamás me gustaría tener este trabajo.
Este equipo que decidirá sobre las vidas de otras personas podrían incluso trabajar a distancia estudiando expedientes de las personas que tienen más probabilidades de sobrevivir con base a ciertos criterios y mediante la medición de puntos: entre menos puntos, mayores posibilidades de vivir y por tanto, recibir apoyo crítico. Pero se suman puntos si la persona tiene condiciones de salud preexistentes, por ejemplo. Cada caso se debe reevaluar diario y tomar decisiones en ese sentido.
Hay un principio dolorosísimo que se expone en la emergencia: “la vida-por-completarse”, donde se favorece a los jóvenes por sobre las personas mayores.
Lo dicen clarito: “Casos como el siguiente: Paciente A de 80 años necesita de un ventilador, paciente B de 20 años necesita de un ventilador. Si paciente A recibe el ventilador ella vivirá 7 años más, si paciente B recibe el ventilador ella vivirá 65 años más. Se tiene que introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad vidas-por-completarse.”
Si hay empates, se preferirá a mujeres por sobre hombres porque ellos resultan ser los más afectados por la pandemia hasta ahora. Si nada desempata, lo dejarán… ¡al azar!: “por ejemplo, lanzar una moneda”.
Se pueden apelar las decisiones, que se informarán a pacientes y familias, pero con base a que los puntos fueron mal calculados, solamente. Todos los procesos deben ser documentados. Ya me imagino la ola de amparos que vendrán después. Como bien dijo José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, las pandemias también tienen sus flancos de Derecho.
Son claros al decir que hay criterios que NO deben ser tomados en cuenta: “características como afiliación política, religión, ser cabeza de familia, valor social percibido, nacionalidad o estatus migratorio, género, raza, preferencia sexual o discapacidad NO deben ser tomadas en cuenta al asignar medicina crítica (…) En principio, la edad biológica o tener una discapacidad no son de por sí características que excluyan a pacientes de recibir cuidados críticos. Es un error que ha de evitarse a toda costa asumir que tener cualquier discapacidad es sinónimo de tener una prognosis médica desfavorecedora, o de tener mala salud”, dice el documento. Uff, qué importante es que seleccionen bien a este grupo de especialistas que decidirán eso.
La pagina 9, en el punto 3.2 plantea el escenario más difícil y doloroso: lo que se debe hacer cuando los pacientes no reciben medicina crítica (aunque deben seguirles suministrando tratamiento médico para manejo de síntomas):
“Proveer soporte psicológico requiere que los recursos materiales existan para acompañar lo mejor posible al paciente en el proceso de muerte y facilitar, considerando las condiciones de precaución para evitar contagios, que pueda darse la despedida entre paciente y familiares. Cuando no sea posible, por cuestiones sanitarias, que los familiares estén presentes se debe de recurrir a la tecnología, por ejemplo, llamadas o videollamadas”.
“Proveer soporte psicológico requiere que los recursos materiales existan para acompañar lo mejor posible al paciente en el proceso de muerte y facilitar, considerando las condiciones de precaución para evitar contagios, que pueda darse la despedida entre paciente y familiares. Cuando no sea posible, por cuestiones sanitarias, que los familiares estén presentes se debe de recurrir a la tecnología, por ejemplo, llamadas o videollamadas”.
Ojalá no lleguemos hasta este escenario tan difícil para todos. Por eso #QuédenseEnCasa, en serio. Cuídense. ¿O necesitamos que nos impongan algo con multas, incluso un ‘toque de queda’? ¡Espero que no!
Lo cierto es que, en situaciones de emergencia, el derecho a la salud es… hasta donde los recursos nos alcancen.
Fuente.-Katia D’Artigues es una periodista política y activista por los derechos de las personas con discapacidad.
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