Los contratos adjudicados directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la construcción de la barda perimetral, nivelación de piso y la pista 6 del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) registraron irregularidades y se prestan a opacidad.
Así concluye el informe de la Policía Federal que derivó de la investigación sobre la posible comisión de delitos, de alto impacto, en la construcción del NAIM mediante la compra irregular de materiales para la obra y la adjudicación de contratos sin cumplir con las leyes en la materia.
De acuerdo con el informe, la Sedena recibió diversos contratos y convenios por adjudicación directa, tales como el de construcción de la barda perimetral, la nivelación de piso y la pista 6.
Dichos contratos, indica el documento del que EL UNIVERSAL tiene copia y corroboró su autenticidad, fueron firmados por Raúl González Apaolaza, ex director general de obra del NAIM y ex funcionario de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y se estableció que las facturas originales comprobatorias de los recursos ejercidos para los efectos legales y fiscales, quedarían bajo la guarda y custodia de la propia Sedena.
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Además, la Policía Federal señaló en su investigación que el GACM le reportó que intencionalmente omitió facturar 50% de los materiales comprados entre Sedena y los sindicatos, razón por la que la institución recomendó auditar todos los contratos que fueron adjudicados directamente a la Defensa Nacional, como el de la construcción de la barda perimetral, nivelación de piso y la pista 6.
La policía encargada de la indagatoria revisó los informes realizados durante el ejercicio 2017 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la construcción del NAIM, documentos en los que se detectó un daño patrimonial por más de 20 mil millones de pesos por la cotización a sobreprecio de los trabajos contratados con la Sedena.
La Auditoría Superior de la Federación también revisó el convenio específico de colaboración para la construcción del proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el NAIM.
En el informe, emitido el 18 de octubre de 2018, la Auditoría determinó 13 observaciones, de las cuales una fue solventada por GACM, dos generaron recomendaciones, una más promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, y nueve generaron pliegos de observaciones.
Por ejemplo, la ASF dio cuenta de que el GACM acreditó que la Sedena ejecutó trabajos en la construcción del NAIM de junio a diciembre de 2017 sin haber formalizado el convenio correspondiente ni contar con un programa de ejecución actualizado.
Aunque el GACM se comprometió a llevar un control más oportuno para formalizar y realizar los convenios y programas de ejecución, al rendir su informe, la ASF señaló que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no acreditó la formalización de los convenios con Sedena.
“En la revisión del convenio específico de colaboración para la construcción del proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el NAIM, se constató que la entidad fiscalizada, por conducto de la residencia de obra, autorizó la comprobación de 38,098.9 miles de pesos del concepto númeroNAICMASF-01B ‘Suministro y colocación de carpeta asfáltica PG64-22 de 6 cm colocada en caliente por medios mecánicos…”.
Sin que se cerciorara de que las cotizaciones presentadas acreditaran que el costo propuesto por la Sedena estuviera dentro de los valores de mercado, ya que en obras similares en donde se ejecutaron conceptos iguales se encuentran costos de hasta $200.97 por m² inferior al ofertado”, destacó la Auditoría Superior.
Por ello, calculó un daño al erario, a través del Fideicomiso del NAIM, por 38 millones 98 mil 914.40 pesos.
En el mismo supuesto está la autorización de un pago por 21 millones 999 mil 251.7 pesos por el trazo y nivelación, terraplén con tezontle y sub-base 60.0 cm, pues en obras similares en el NAIM, en donde ejecutaron conceptos iguales, se encuentran precios de hasta $12.31 m², $189.19 m³ y $310.5 m³ menores a los ofertados por la Sedena.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal (Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) por un monto de 21,999,251.70 pesos (veintiún millones novecientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y un pesos 70/100 m.n. ), por los pagos realizados en los conceptos de trazo y nivelación, terraplén con tezontle y sub-base 60.0 cm, sin que se cerciorara de que las cotizaciones presentadas acreditaran el costo propuesto por la Sedena”, precisó.
La promoción de responsabilidad sancionatoria emitida por la ASF fue para que el Órgano Interno de Control de GACM inicie una investigación o, en su caso, el procedimiento administrativo que corresponda, porque los servidores públicos no constataron que la Sedena contaba con la capacidad “técnica, material y humana para ejecutar de manera directa las obras, ya que los trabajos que se realizaron a través de diversos proveedores ajenos a la dependencia excedieron el porcentaje de 51% establecido legalmente para efectuar trabajos con terceros; ya que las cotizaciones realizadas representaron 79.6% del importe ejercido por $2,913,007,993.01 en el Convenio Específico de Colaboración formalizado entre el GACM y la Sedena”, indicó el organismo.
A consulta de EL UNIVERSAL, la Sedena dijo que no emitirá postura alguna sobre la investigación de la Policía Federal, debido a que ninguna autoridad le ha requerido por los señalamientos contenidos en el informe que se remitió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la ASF y la Procuraduría General de la República (PGR).
EL UNIVERSAL informó que las pesquisas de la Policía Federal señalaron un posible desvío de recursos por más de 17 mil 500 millones de pesos para beneficiar a sindicatos y empresas vinculadas principalmente con Raúl González Apaolaza, quien también fue titular de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM.
Por ello, la Policía Federal recomendó investigar los atrasos en la obra ocasionados por la dirección a cargo de Apaolaza y la Dirección Corporativa Jurídica por la elaboración de contratos extremadamente prolongados y subcontratos con posible conflicto de interés.
Debido a que las contrataciones involucran a diversos funcionarios, la Policía Federal revisó además las declaraciones patrimoniales de Carlos Noriega, ex director general de administración de GACM, de quien señaló que se debe auditar la adquisición de un inmueble por más de 4 millones de pesos y también la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño en la dirección del GACM, a quien no se le vinculó con los desvíos.
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