Las 195 estaciones del metro de la capital mexicana se han convertido en los últimos cuatro años en una especie de triángulo de las Bermudas. En sus entrañas han desaparecido al menos 153 personas. Solo durante el año pasado y en lo que va de este, se abrieron 43 investigaciones por usuarios que fueron vistos por última vez en las instalaciones de este transporte público, según informa a EL PAÍS la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ). El 65% de esas investigaciones se cerraron rápidamente cuando los supuestos desaparecidos volvieron a aparecer.
El otro 35% implica, sin embargo, que, al menos, 15 usuarios no han vuelto a ser vistos y se han sumado a la lista de los 138 que desaparecieron en la red de metro mexicana entre 2015 y 2017.
“Me duele pensar que podía haber sido parte de las estadísticas de desaparición”. A pesar de que ya han pasado algunos días, Graciela tiene miedo. El pasado domingo 13 de enero esta mexicana de 30 años volvía a su casa por la tarde tras llevar a su hija a rehabilitación cuando cinco hombres y una mujer la rodearon en las escaleras dentro de una estación de metro e intentaron, sin éxito, llevársela, según cuenta. Incluso recuerda que escuchó cómo le ponían un precio: “Por esta te dan 20”.
Tras un forcejeo, Graciela pudo huir y subirse a un vagón. “Pienso en aquellas personas que no pudieron escapar y que ahora recordamos como un número más en las tablas de la Secretaría de Seguridad Pública”, dice. El suceso ocurrió en Chabacano, una estación cercana al centro histórico de la capital y por la que pasan cientos de personas al día para acceder a alguna de las tres líneas con las que conecta.
El metro de Ciudad de México fue uno de los pocos que implementaron la política de separar vagones exclusivos para mujeres con el fin de evitar el alto número de denuncias por acoso sexual que enfrentaba. Además, es uno de los más poblados. Jorge Gaviño, que fue director del Sistema de Transporte Colectivo (ente a cargo del servicio), calculó en 2017 que el sistema mexicano transportaba 5,5 millones de usuarios al día. El segundo más saturado del mundo, solo por detrás del de Nueva Delhi, en India. En diciembre de ese mismo año, el portal mexicano Big Data publicó que la Procuraduría había informado, a través de una solicitud de información, de la desaparición de 138 personas dentro del suburbano capitalino entre 2015 y 2017.
“Lo peor es que te dicen que como hay mucha gente eso no puede pasar ahí”, comenta Graciela cuando recuerda que al contar en sus redes sociales lo que le pasó, muchos se burlaron de ella y la tildaron de mentirosa. Ella está convencida de que no se trató de un intento de robo, sino de secuestro. “En ningún momento quisieron quitarme el celular o la bolsa, pero sí tuvieron la intención de jalarme”, asegura. Si bien las autoridades del transporte tomaron conocimiento de lo sucedido, tras el suceso solo dos policías custodian el lugar a diario.
A pesar de que hay 3.417 cámaras de la red del Centro de Cómputo del Gobierno de Ciudad de México dentro de las instalaciones del subterráneo, no se ha podido determinar qué fue lo que ocurrió ese domingo, ni tampoco lo que pasó con los 153 usuarios que entraron a una estación de metro y desaparecieron. Además de la videovigilancia de la ciudad, el metro cuenta con su propio sistema de grabación. "Se está trabajando para lograr una integración y trabajo en conjunto entre el Metro y el C5 [el centro de control de la ciudad]”, ha admitido una portavoz de la nueva Administración de la ciudad.
“Las cámaras, desgraciadamente, no cubren todas las estaciones como para que podamos hacer un seguimiento. Se sigue investigando porque no se ha dado con lo que sucedió [en el caso de Graciela]”, admite una portavoz de la Procuraduría. El problema fundamental que enfrenta el órgano judicial capitalino, según explica, radica en que, a pesar de tener conocimiento de varios casos de supuesto secuestro, no han podido iniciar una investigación correspondiente porque no existe ninguna denuncia oficial por secuestro o intento de secuestro dentro del metro. Hasta que eso no suceda, no podrán determinar si existe una banda criminal detrás de las desapariciones o no, asegura la portavoz de la Procuraduría. “Le pedimos a aquellos que hayan sido víctimas de hechos así que lo denuncien”, solicita.
Con el alto nivel de impunidad que rodea a la justicia mexicana, denunciar cualquier delito se ha convertido en un desafío. Ese es el caso de Graciela, que optó por no acudir al Ministerio Público porque no quería que quedaran sus datos registrados. “Tuve una mala experiencia con eso hace unos años”. Tras denunciar un robo, la familia del asaltante consiguió sus datos y fue a su casa a pedirle que retirara la denuncia.
fuente.-Diario Español/
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