La bancada del PAN en el Senado propuso una reforma para modificar el modelo de seguridad policial y permitir que la Federación pueda intervenir en los estados y hasta disolver sus corporaciones.
El proyecto contempla mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de Gobierno.
"Se implementarán esquemas de evaluación, intervención, interdicción, subrogación y disolución de instituciones de seguridad pública de una entidad o de un municipio cuando no satisfagan los estándares mínimos determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública", refiere el documento.
Según la propuesta, que será llevada hoy a la tribuna, el estado o municipio intervenido deberá mantener a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública.
Eso incluirá fondos y aportaciones federales que podrán ser retenidas y resignadas de acuerdo a la redistribución de funciones.
La iniciativa contempla mecanismos de control legislativo para la disolución de una institución de seguridad pública y también de administración penitenciaria.
"En los casos de instituciones municipales y locales, la ratificación de la decisión del Instituto Nacional de Seguridad Pública será de los Congresos estatales", se indica.
"Mientras que la intervención de la Federación en una entidad o la disolución de una institución federal, corresponderá al Senado de la República".
Con los cambios constitucionales, el PAN busca la integración de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un Instituto Nacional de Seguridad y otro de Ciencias Forenses, así como las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de Gobierno.
El proyecto contempla mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de Gobierno.
"Se implementarán esquemas de evaluación, intervención, interdicción, subrogación y disolución de instituciones de seguridad pública de una entidad o de un municipio cuando no satisfagan los estándares mínimos determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública", refiere el documento.
Según la propuesta, que será llevada hoy a la tribuna, el estado o municipio intervenido deberá mantener a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública.
Eso incluirá fondos y aportaciones federales que podrán ser retenidas y resignadas de acuerdo a la redistribución de funciones.
La iniciativa contempla mecanismos de control legislativo para la disolución de una institución de seguridad pública y también de administración penitenciaria.
"En los casos de instituciones municipales y locales, la ratificación de la decisión del Instituto Nacional de Seguridad Pública será de los Congresos estatales", se indica.
"Mientras que la intervención de la Federación en una entidad o la disolución de una institución federal, corresponderá al Senado de la República".
Con los cambios constitucionales, el PAN busca la integración de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un Instituto Nacional de Seguridad y otro de Ciencias Forenses, así como las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de Gobierno.
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