La encargada de una Agencia del Ministerio Público creyó que nadie se daría cuenta si robaba objetos de un inmueble, el cual estaba asegurado desde 2013 por la Procuraduría capitalina.
Era una casa de citas en el 21 de Versalles, Colonia Juárez, en Cuauhtémoc, deshabilitada tras un operativo de la Fiscalía de Trata de Personas, donde fueron detenidas 3 personas y rescatadas 4 víctimas de explotación sexual.
Casi 3 años más tarde, Alicia Érika Molina Carranza, responsable de Agencia en Iztapalapa-8, obtuvo un juego de llaves y entró al lugar.
Según la causa penal 119/2016, la abogada sustrajo, durante varios días, mesas, sillones; aparatos electrónicos, lámparas, adornos y hasta las mesas de masaje.
Presuntamente lo hizo haciéndose pasar por la autoridad encargada de llevar los objetos al área de Bienes Asegurados, en el "Búnker" de la PGJ.
Sin embargo, en la Fiscalía de Trata se enteraron de lo sucedido y posteriormente se inició una investigación que condujo hasta la agente del MP.
Del apartamento 101 sacó los muebles usando un camión de mudanza y con la ayuda de por lo menos cinco personas, las cuales son indagadas para precisar si sabían o no del ilícito.
El inmueble estaba propuesto para la Ley de Extinción de Dominio, pero la propietaria peleaba porque se lo regresaran, bajo el argumento que desconocía las actividades de sus inquilinos.
Fue en noviembre de 2013 cuando agentes de Investigación llegaron al departamento, en el cual se ofrecía el sexoservicio bajo el nombre de Spa Cristal.
En su momento, la Fiscal Antitrata, Juana Camila Bautista, dio a conocer que ahí se llevaba a cabo una pasarela donde los clientes elegían con quién tener relaciones.
Los encargados y administradores, Adriana Gabriel Torres; Daniel Maceda González y Tomás Durán fueron arrestados.
Mientras tanto, la agente del MP imputada por robo fue capturada el lunes pasado afuera de la Coordinación Territorial Iztapalapa-8, en la Colonia Lomas de San Lorenzo.
Como había un mandamiento judicial en su contra, la mujer, de 42 años de edad, fue trasladada al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.
Informes de la PGJ precisaron que la abogada llevaba poco más de un año en su puesto; antes había estado en Iztapalapa-9, donde algunos de sus subordinados se quejaron por malos tratos.
Asuntos Internos también inició una indagatoria paralela, donde se buscaría si hubo algún otro servidor público involucrado.
La orden de aprehensión se cumplimentó sin que la MP pudiera evadirse, pues se montó un operativo afuera de su centro de trabajo.
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