La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) efectuó visitas de supervisión a 77 centros penitenciarios del país y en 51 constató la presencia de bebés, niños y niñas que viven tras las rejas con sus madres.
De acuerdo con esta revisión que se efectuó el año pasado, en todos estos centros penitenciarios no se cuenta con apoyos para que estos niños y niñas crezcan y se desarrollen en condiciones óptimas.
Estas cárceles mexicanas no están adecuadas físicamente para alojar a los hijos de las reclusas que nacieron en el momento de estar presas o que se embarazaron estando en prisión.
Asimismo, la mayoría de los establecimientos visitados no cuentan con atención médica para la atención de los menores que viven con las reclusas y tampoco hay acceso para que tengan acceso a los servicios de guardería y de educación básica mientras permanecen en esos lugares.
Pese al reconocimiento oficial en estos 51 centros penitenciarios de niños y niñas, no existe una cifra exacta de los niños que viven con sus madres reclusas dentro de las prisiones mexicanas, sin embargo, la Fundación Reinserta mencionó que hay cerca de 400 menores de edad dentro de las prisiones de todo el país.
Bajo esta lógica, el Senado de la República pedirá al gobierno federal y al gobierno de las entidades federativas que, a través de las instancias correspondientes, se garanticen los derechos humanos y garantías individuales de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios.
El punto de acuerdo explica que en México algunos de los centros penitenciarios femeniles permiten a sus reclusas vivir junto con sus hijos, aunque sólo pueden permanecer en prisión aquellos niños que nacieron en el momento en que su madre ya estaba presa o que se haya embarazado estando en prisión.
Esta práctica da lugar a que estos niños se conviertan en un grupo vulnerable, ya que sus vidas no pueden desarrollarse en condiciones de igualdad respecto de aquellos niños cuyos padres viven en libertad.
Son un grupo vulnerable porque la vida de un niño en prisión cambia en todos los aspectos y la situación en la que se encuentran dificulta que puedan tener un desarrollo integral, pues atentan contra sus derechos humanos y garantías individuales establecidas en nuestra Constitución.
La estancia en las prisiones para los menores se permite hasta determinada edad, dependiendo de cada establecimiento, generalmente oscila entre los seis meses y los seis años de edad, sin embargo, el estudio observó que en algunos establecimientos pueden permanecer hasta los 8 y 12 años de edad.
El punto de acuerdo recuerda que el Código Federal de Procedimientos Penales establece que los centros penitenciarios deberán contar con reglamentos que regulen las normas que deben respetar las reclusas, días de visita y tiempo en que pueden vivir con sus hijos al interior del penal.
En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su Artículo 3 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño […]”. México es parte de la Convención desde 1990, año en que la ratificó ante la comunidad internacional.
“Es de gran importancia atender cuanto antes la situación de este grupo de niños en situación de vulnerabilidad, para hacer valer sus derechos humanos y garantías individuales que el Estado mexicano les concede. Para ello, es necesario identificar el número exacto de niñas y niños que viven en los centros de readaptación social, así como su situación, a fin de crear políticas públicas que permitan su desarrollo integral”, concluye el punto de acuerdo.
Fuente.-LaSillaRota
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