La inclusión a última hora de un agregado al dictamen de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas para obligar a los
empresarios a presentar su declaración patrimonial y de intereses fue “una
maniobra” del gobierno federal “para meter al orden” a la cúpula
patronal y que dejara de insistir en que se aprobara en sus términos la llamada ley
3 de 3, sostuvo el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.
Dijo que fue el propio consejero jurídico de la
Presidencia de la República, Humberto Castillejos, quién redactó el documento
con los cambios al artículo 32 de esa Ley General de Responsabilidades que
luego llevó ante el pleno del Senado, la madrugada del pasado jueves 16, el
senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca, a petición del PRI.
“
”
“Hay que defender al Congreso”, dijo Barbosa y recalcó
que no puede aceptarse que Castillejos, quién redactó la reserva al artículo 32
y una docena más, a sabiendas de que era inconstitucional –con el fin de que
personas físicas y morales sean también sujetas a las obligaciones impuestas en
el Sistema Nacional Anticorrupción– ahora acuse al poder legislativo de
excederse y de violar la Carta Magna.
El perredista aseguró que Castillejos estuvo en el Senado
durante la aprobación de ésta y no es creíble que hubiera dejado pasar una
modificación de esa naturaleza, luego de que revisaba cada uno de los proyectos
de dictamen que se presentaron.
Por separado, el coordinador de los senadores del PAN,
Fernando Herrera, responsabilizó también al PRI y al PVEM de los errores en la
aprobación de ese artículo 32 y lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto
haya vetado sólo ese numeral y no el artículo 29, pese al reclamo encia de los
grupos de la sociedad civil y de las organizaciones empresariales, como la
Confederación Patronal de la República Mexicana, de que se modificara, a fin de
que funcionarios, legisladores, jueces y ministros de la Corte, deban hacer
públicas sus tres declaraciones.
Al respecto, el presidente de la Comisión Anticorrupción
y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, y el presidente de Puntos
Constitucionales, el priísta Enrique Burgos, rechazaron la acusación de
Barbosa. “Se trata de una ocurrencia”, comentó el primero y ambos
sostuvieron que se dejó pasar en sus términos el controvertido artículo 32,
porque a la hora en que se presentó estaban muy cansados, además de que la
mayoría de los senadores lo avalaron.
“
”
“Se le pasó al PRI, pero también al PAN y a PRD, porque
todos lo votaron”, recalcó Burgos, y aseguró que “no hubo mala fe contra
los empresarios” y quizá por la hora, “por el agotamiento, por el
cansancio”, es que se votó con la cuestionada redacción, ahora vetada por el
Ejecutivo.
Igualmente, el senador Escudero sostuvo que ni él ni el
priísta Raúl Cervantes redactaron ni revisaron las reservas que llevó al pleno
el senador Cárdenas Fonseca –el suplente de la fallecida Mónica Arriola
Gordillo– porque fue a las dos y media de la madrugada y a todos les pareció
que tenía sentido incluir a los empresarios.“Muchos de los senadores imaginamos
que estaban bien redactados”.
El coordinador Barbosa, en entrevista aparte, resaltó que
desde un principio tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) participaron de lleno en las negociaciones de la llamada ley 3 de
3y protestaron al final, cuando se dieron cuenta que el dictamen presentado
por el senador Escudero presentaba una versión light de las
normas anticorupción.
Recordó que Coparmex y CCE hicieron pública su exigencia
de que se retomara en sus términos la 3 de 3 y fue entonces
cuando desde el gobierno federal y por conducto del consejero jurídico les
dieron “un gancho” para“meterlos al orden y obligarlos a sentarse a
negociar”, para “hacerles saber que son ricos porque el gobierno lo ha permitido.
Barbosa agregó que ojalá la cúpula empresarial salga de
nuevo a marchar, en protesta porque el veto presidencial no incluyó el artículo
29 .
Fuente.-
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