Un juzgado federal condenó a 25 años de cárcel a tres agentes de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR), acusados de plagiar a una persona y "sembrarle" droga, con el fin de extorsionarla con 400 mil pesos.
El Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en esta capital halló culpables a Jericó Israel Pérez Hernández, Kristian Gilberto Paz Sampedro y Gibrán Jorge Orozco Mendoza del delito de privación ilegal de la libertad con el propósito de ejecutar la extorsión agravada.
Al dictar sentencia en la causa penal 82/2013, María del Pilar Argueta, secretaria en funciones de juez, también les impuso el pago de una multa de 4 mil días de salario, equivalentes a 259 mil 40 pesos, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Se trata de un caso investigado y consignado por la Visitaduría General de la PGR, que se remonta al 2 de septiembre de 2013.
La mañana de ese día, indican los datos obtenidos, la víctima conducía un carro Astra cuando fue interceptado en la Calle de Costa Rica, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por un taxi y una Suburban blanca.
Una de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública grabó el momento en que los ahora sentenciados bajan de los vehículos, con sus uniformes y chalecos oficiales, y obligan a la víctima a descender de su unidad.
Enseguida la someten, le tapan la cabeza y se la llevan en la Suburban al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Delegación Álvaro Obregón.
El plagiado fue ingresado por la puerta trasera del COE y, aunque no fue registrado oficialmente, los policías procedieron a tomarle las huellas digitales y luego lo fotografiaron con bolsas de cocaína y mariguana que estaban en una mesa.
"Todo esto es tuyo", le dijeron los agentes, según el testimonio del retenido, quien fue internado en los separos del COE y nunca lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal.
La PGR asegura que Pérez, Paz y Orozco llamaron a los familiares de la víctima para pedirle el dinero o de lo contrario se iría a la cárcel, acusado de poseer droga.
"Necesitamos 400 mil pesos para quitarles el problema", le dijeron los agentes a la esposa de la víctima, cuando acudió al COE.
La mujer no quiso un arreglo y presentó la denuncia ante la Visitaduría General, autoridad que la noche del mismo día acudió al sitio donde estaba el detenido y lo interrogó. Éste manifestó la exigencia de dinero de los policías.
Según el expediente, en su declaración, los uniformados no acreditaron la legalidad de la detención, el origen de la investigación de la que era objeto la víctima ni la razón por la que no fue registrado su ingreso al COE.
Tampoco justificaron la inexistencia de un examen de integridad física ni el motivo por el cual no se había puesto a disposición del MP.
Esa misma noche, los tres elementos de la PFM fueron detenidos y desde entonces se encuentran presos en el Penal Federal de Hermosillo, Sonora.
Por segunda ocasión consecutiva, un juez federal sujetó a juicio a 10 ex agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la PGR, por haber indicios de que "sembraron" un arma de fuego a Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber.
Después de que un tribunal unitario cancelara la formal prisión a los ex policías y ordenara reponer el procedimiento, el juez federal Raúl Angulo Garfias revisó el expediente y nuevamente determinó abrirles el proceso.
"A nivel probable, cada uno de los participantes llevó a cabo un reparto funcional, con la finalidad de simular la existencia de la prueba material de un delito que en el caso lo fue el arma de fuego hallada en el interior del vehículo BMW, pues mientras unas personas funcionaban como distractores de la persona buscada, otro estuvo en posibilidad de colocar el arma en el interior del vehículo en que posteriormente fue hallada", se lee en el fallo del juez.
El titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal les dictó a los 10 acusados la formal prisión por simular la existencia de pruebas materiales de delito para inculpar a alguien, un delito previsto en el artículo 248 Bis del Código Penal Federal.
Esto implica que continuarán procesados Marco Antonio Carreón García, Luis Nicasio Díaz Elizalde, Juan Carlos Mayorga Pérez, Juan José Castelán Vargas, Ramón Castillón Hernández, Elizabeth Garrido Castro, Alma Rosa Victal Linares, Jaime Pérez García, Óscar Chávez Ornelas y Óscar Gregorio García López.
No obstante, los agentes continuarán en libertad porque el delito imputado no es grave y tienen derecho a la libertad provisional.
En su fallo, el juez también dictó la libertad a Carreón García, Díaz Elizalde, Mayorga Pérez y Garrido Castro, por perder los indicios de un hecho delictivo, un delito contra la administración de justicia.
Los policías hoy están sujetos a juicio porque el pasado 7 de septiembre interceptaron a Pablo Díez Gargari en San Jerónimo, para cumplimentarle una orden de localización y presentación, es decir, para llevarlo a declarar por la fuerza ante la Procuraduría General de la República.
El mandato ministerial contra el abogado de Infraiber, fue girado en una averiguación previa iniciada por el supuesto espionaje telefónico a los directivos de OHL-México.
Los entonces agentes de la PFM expusieron en el parte informativo que el litigante había sido retenido con una pistola Llama CALIBRE .38 Súper 7, con su cargador y 7 cartuchos.
Poco después, se reveló el video de una cámara de circuito cerrado donde se observa que un agente se acerca al vehículo de Díez Gargari y se introduce por la ventana del conductor, para "sembrar" el arma.
Después de que un tribunal unitario cancelara la formal prisión a los ex policías y ordenara reponer el procedimiento, el juez federal Raúl Angulo Garfias revisó el expediente y nuevamente determinó abrirles el proceso.
"A nivel probable, cada uno de los participantes llevó a cabo un reparto funcional, con la finalidad de simular la existencia de la prueba material de un delito que en el caso lo fue el arma de fuego hallada en el interior del vehículo BMW, pues mientras unas personas funcionaban como distractores de la persona buscada, otro estuvo en posibilidad de colocar el arma en el interior del vehículo en que posteriormente fue hallada", se lee en el fallo del juez.
El titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal les dictó a los 10 acusados la formal prisión por simular la existencia de pruebas materiales de delito para inculpar a alguien, un delito previsto en el artículo 248 Bis del Código Penal Federal.
Esto implica que continuarán procesados Marco Antonio Carreón García, Luis Nicasio Díaz Elizalde, Juan Carlos Mayorga Pérez, Juan José Castelán Vargas, Ramón Castillón Hernández, Elizabeth Garrido Castro, Alma Rosa Victal Linares, Jaime Pérez García, Óscar Chávez Ornelas y Óscar Gregorio García López.
No obstante, los agentes continuarán en libertad porque el delito imputado no es grave y tienen derecho a la libertad provisional.
En su fallo, el juez también dictó la libertad a Carreón García, Díaz Elizalde, Mayorga Pérez y Garrido Castro, por perder los indicios de un hecho delictivo, un delito contra la administración de justicia.
Los policías hoy están sujetos a juicio porque el pasado 7 de septiembre interceptaron a Pablo Díez Gargari en San Jerónimo, para cumplimentarle una orden de localización y presentación, es decir, para llevarlo a declarar por la fuerza ante la Procuraduría General de la República.
El mandato ministerial contra el abogado de Infraiber, fue girado en una averiguación previa iniciada por el supuesto espionaje telefónico a los directivos de OHL-México.
Los entonces agentes de la PFM expusieron en el parte informativo que el litigante había sido retenido con una pistola Llama CALIBRE .38 Súper 7, con su cargador y 7 cartuchos.
Poco después, se reveló el video de una cámara de circuito cerrado donde se observa que un agente se acerca al vehículo de Díez Gargari y se introduce por la ventana del conductor, para "sembrar" el arma.
Fuente.-
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