La Secretaría de Marina (Semar) informó este jueves la detención de nueve personas y el aseguramiento de tres embarcaciones, una de las cuales transportaba más de 2 toneladas de cocaína, durante diferentes acciones en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
De acuerdo con la dependencia, el cargamento confiscado equivale a más de 4 mil 300 dosis de droga con valor estimado de 561 millones 87 mil 500 pesos, además de combustible y “carga ilícita”.
A través de un video en redes sociales, Semar registró los operativos que llevó a cabo con el apoyo de una patrulla oceánica, un helicóptero y dos aviones.
En la primera acción, a 155 millas náuticas, personal naval observó una embarcación menor con tres personas a bordo que transportaba 16 bidones y cubitanque con un total de mil 550 litros de combustible.
Posteriormente, a 200 millas náuticas al suroeste, detectó otro bote con otras tres personas a bordo en el que fueron hallados 2 mil 190 kilos de cocaína, cuatro bidones y un cubitanque con un total de 450 litros de combustible.
La tercera acción, indicó, ocurrió a 103 millas náuticas al sur, donde también fueron detenidas tres personas en una embarcación menor con una carga de 26 bidones y un cubitanque con un total aproximado de mil 420 litros de combustible.
Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron trasladados a Mazatlán, Sinaloa, para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal.
Con música de un grupo norteño y comida, el Secretario de Planeación y Presupuesto estatal, René Vargas Pineda, armó su fiesta en las oficinas del Palacio de Gobierno con motivo de su cumpleaños.
La pachanga se realizó en horas de trabajo este jueves y fue difundida en las redes sociales por los invitados.
El funcionario fue felicitado a través de un mensaje en Facebook por la Gobernadora Evelyn Salgado.
En los videos se muestra a René Vargas cantando con el grupo norteño la canción Sin Fortuna, del compositor guerrerense fallecido Gerardo Reyes.
Al fondo hay varios escritorios donde un grupo de personas, al parecer trabajadores, se sirve comida.
En las oficinas gubernamentales fueron colgadas varias cortinas multicolores en honor al festejado.
Abundio González Reyes, militante de Morena, quien también canta con los norteños, subió a sus redes los videos de la fiesta que se realizó en el edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno.
En mayo de 2024, otro funcionario del Gobierno de Evelyn Salgado que armó su fiesta de cumpleaños en Palacio de Gobierno y en horas de trabajo fue el Secretario del Bienestar, Pablo Gordillo.
El hijo del gobernador Durazo es amigo íntimo del hijo del dueño de una megaempresa china fabricante de gorras que hasta cotiza en la Bolsa de Hong Kong. El hijo del gobernador convenció a su amigo y llevó a la empresa china a Sonora. El gobernador le dio a la empresa china todas las facilidades porque crearía 7 mil empleos y en la inauguración hasta orgulloso se mostró de las gestiones de su hijo.
Hasta ahí todo podría justificarse: el hijo ayuda a su papá a que le vaya bien al estado.
Pero la historia se complica. Se pasa de los incentivos económicos al franco conflicto de interés:
El gobernador le otorga a la empresa china un terreno de 150 hectáreas, con valor de 360 millones de pesos. El gobernador dictamina que esas 150 hectáreas van a ser Recinto Fiscal Estratégico, es decir, una zona libre de impuestos. Las 150 hectáreas están a menos de dos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, puerta de entrada para vender sus gorras. Las 150 hectáreas eran de ejidatarios. Para dárselas a la empresa china, los ejidatarios pasaron sus tierras a un fideicomiso. El fideicomiso lo maneja el hijo del gobernador.
La cosa se va poniendo francamente truculenta conforme aparecen más detalles:
El administrador único y gerente en dos filiales mexicanas de la empresa china es el secretario de Bienestar de Sonora. Ese secretario es socio del hijo del gobernador en cuatro empresas. Esas cuatro empresas fueron fundadas justo después de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales y se sabía que el papá iba a estar en su gabinete.
El gobernador se llama Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad de López Obrador. Su hijo es Alfonso Durazo Chávez. Su socio y secretario de Bienestar del gobierno del papá es Fernando Rojo de la Vega. La empresa china se llama Mainland Headwear. El amigo chino del hijo del gobernador y director ejecutivo de la empresa se llama Alexander Ngan. El terreno está en la fronteriza Agua Prieta, Sonora.
Después de que esta trama se dio a conocer en Latinus la noche del martes, el secretario de Bienestar emitió una larga carta en la que después de que insulta, no desmiente nada. Dice que las 150 hectáreas no son del gobierno, sino que los ejidatarios las dieron en comodato a la empresa china. Omite decir que el que maneja el fideicomiso con esos terrenos es ni más ni menos que el hijo del gobernador. Dice que los incentivos dados a la empresa china son los que se dan a cualquier inversión en Sonora. Pero en Sonora sólo existen tres Recintos Fiscales Estratégicos (en todo el país hay 135). Por cierto, en toda su carta, el secretario jamás rechaza el señalamiento de que él es el administrador único de la empresa china.
La respuesta del gobierno sonorense queda aún más desdibujada porque reveló nuevos datos escandalosos sobre el caso, que complementan lo que se publicó antier en Latinus:
El documento en el que los ejidatarios ceden sus terrenos está en inglés y en español. Pero dice cosas distintas en cada idioma. En inglés aparece un nuevo nombre: otro Durazo. El fideicomisario sustituto es Carlos Sergio Durazo Ordiales, sobrino del gobernador. Hijo de su hermano Conrado Durazo. Carlos Sergio fue detenido por tráfico de drogas en 2013, según medios locales. Está casado con María Guadalupe Amavizca Moreno, agente fiscal de Agua Prieta. O sea que el sobrino del gobernador también es beneficiario del proyecto y su esposa es la autoridad encargada de regular y vigilar el Recinto Fiscal Estratégico que el gobernador regaló al consorcio chino.
Se pone peor:
¿Los verdaderos administradores de Mainland Headwear en México son los Durazo, y su secretario de Bienestar es solo un prestanombres? Ahí van unos datos. El secretario de Bienestar, que aparece como administrador único y gerente en dos filiales mexicanas de la empresa china, tiene una sociedad que se llama Potenciadora Patrimonial de México. Ahí ha recibido depósitos de cientos de miles de pesos por parte de Inmobiliaria Alta Sierra, una sociedad con la que la familia Durazo maneja sus propiedades. O sea que el secretario de Bienestar no sólo ha sido beneficiado por Durazo con posiciones políticas sino también remunerado directamente por aparentes servicios que presta al gobernador y su familia.
Esto no termina ahí:
Los socios de las filiales en México de la empresa china son Julio Rodolfo Amavizca Espinoza y José Eduardo González Platas. Ellos son socios del despacho PDEA Abogados. El socio director de ese despacho es Luis Pérez de Acha, cuñado del gobernador Durazo.
Nada de esto fue transparentado por el gobierno de Sonora cuando anunció con bombo y platillo la inversión china en Agua Prieta.
Lo que no dijo Loret:
Basado en la información proporcionada por Carlos Loret en EL UNIVERSAL,el gobernador estaría violando varias leyes y posiblemente cometiendo diversos delitos. A continuación, se detallan las principales infracciones y delitos que podrían estar ocurriendo:
Conflicto de interés
El caso descrito presenta múltiples situaciones de conflicto de interés, lo cual viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Específicamente:
El gobernador Alfonso Durazo otorga beneficios extraordinarios a una empresa vinculada a su hijo.
El secretario de Bienestar de Sonora, Fernando Rojo de la Vega, es administrador de filiales de la empresa beneficiada y socio del hijo del gobernador.
El hijo del gobernador maneja el fideicomiso de los terrenos cedidos a la empresa.
Estas acciones podrían constituir faltas administrativas graves según la ley mencionada.
Tráfico de influencias
Las gestiones realizadas por el hijo del gobernador para traer la inversión china y los beneficios otorgados por su padre podrían considerarse tráfico de influencias.
Uso indebido de atribuciones y facultades
El otorgamiento de un terreno valorado en 360 millones de pesos y la designación de un Recinto Fiscal Estratégico podrían constituir un uso indebido de las facultades del gobernador para beneficiar a intereses privados.
Enriquecimiento ilícito
Los pagos recibidos por el secretario de Bienestar a través de su empresa Potenciadora Patrimonial de México, provenientes de una inmobiliaria vinculada a los Durazo, podrían investigarse como posible enriquecimiento ilícito.
Violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica
Los beneficios extraordinarios otorgados a Mainland Headwear podrían considerarse prácticas monopólicas al dar ventajas indebidas a una empresa sobre sus competidores.
Posibles violaciones a leyes aduaneras y fiscales
La creación de un Recinto Fiscal Estratégico en la frontera podría implicar violaciones a regulaciones aduaneras y fiscales si no se siguieron los procedimientos adecuados.
Violaciones a la Ley Agraria
La transferencia de tierras ejidales a un fideicomiso manejado por particulares podría violar disposiciones de la Ley Agraria sobre el manejo de este tipo de propiedades.
Incumplimiento de obligaciones de transparencia
La falta de transparencia en el anuncio de la inversión y los beneficios otorgados viola leyes de transparencia y acceso a la información pública.
Una investigación exhaustiva, en el hipotético caso de la vigencia del estado de derechos,permitiria a las autoridades competentes determinar si efectivamente se cometieron estos delitos y violaciones a la ley.
El Gobierno de San Luis Potosí,el que encabeza Ricardo Gallardo Carmona,quien fue indiciado en informes del ejercito y estuvo 11 meses en prision en 2015, atribuyó una disminución de 35 por ciento en homicidios dolosos en el estado, a la estrategia de seguridad conjunta con la Federación.
El Gobernador Ricardo Gallardo se reunió ayer con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y en el escurrieron triunfalismo inexacto, por lo que confirmron que mantendrán las estrategias de seguridad planteadas de la mano de la Federación para mantener a la baja ese y otros delitos.
La declaración del Gobierno de San Luis Potosí sobre la disminución del 35% en homicidios dolosos y su atribución a la estrategia de seguridad conjunta con la Federación merece un análisis riguroso y contrastado con la realidad.
Análisis de la declaración
Si bien es cierto que SLP registra una disminución en homicidios que no debe escamotearse, aunque solo representa la ausencia de “pugnas narcas”,mas que acciones del gobierno,es importante contextualizar estas cifras y examinar la situación general de seguridad en el estado.
Reducción de homicidios: Según los datos disponibles, San Luis Potosí cerró el año 2024 con 444 víctimas de homicidio doloso, lo que efectivamente representa una disminución respecto a años anteriores, si atendemos las cifras publicadas por Astrolabio.
La incidencia en el lustro fue así: 2020, 732; 2021, 740; 2022, 648; 2023, 505; y 2024, 444.
Contraste con la realidad: Impunidad y otros delitos
A pesar de la reducción en homicidios,donde 444 sigue siendo escandaloso,es crucial examinar otros aspectos de la seguridad y justicia en el estado:
Índice de impunidad: El estudio Hallazgos 2023 de México Evalúa reveló que la impunidad en San Luis Potosí alcanzó el 94.76% en 2023,ligeramente arriba de la de Tamaulipas,94.73%. Esto significa que más de 9 de cada 10 delitos quedan sin resolver, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia general del sistema de justicia.
Otros delitos: La extorsión y la desaparición han mostrado un aumento en sus índices de impunidad a nivel nacional. La extorsión pasó de un 96.4% a un 98.36% de impunidad, mientras que la desaparición aumentó de 96.5% a 99.51%.
Carga de trabajo en el sistema judicial: El sistema judicial de San Luis Potosí enfrenta desafíos significativos. Según México Evalúa, las fiscalías del estado manejan un promedio de 310 carpetas de investigación por fiscal, un aumento considerable respecto a las 181 en 2022. Esta sobrecarga puede afectar la calidad de las investigaciones y contribuir a la alta tasa de impunidad.
Perspectivas y desafíos
La reunión entre el Gobernador Ricardo Gallardo y el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch que ha fallado garrafalmente en el encargo, apremia que dejen de usar las cifras de manera segada,para manipular mediaticamente al conglomerado de ciudadanos y no solo se limite a una reducción de homicidios,gracias a la ausencia de pleitos narcos, sino también la impunidad generalizada y otros delitos que afectan a la población.
Una y otra vez ,el gobierno “mañoso” de Morena y Americo Villarreal Anaya ,se ha desgañitado en Tamaulipas usando el dinero del publico para pagar a aquellos que propalan que “estamos en la media nacional, que las carreteras son seguras o que disminuyeron los delitos históricamente”, pero los ciudadanos siguen padeciendo el tableteo de la metralletas,los levantones que terminan en ejecuciones y ya son mas de 13 mil o la “guerra de monstruos que pelean en sus moustros”, sin que se entienda, salvo en la complicidad, porque habiendo tanto militar o policias,la cosa no mejora, porque la cosa empeora todos los dias.
Y es que los ciudadanos deben de saber ,que aquella guerra que iniciaron los “Escorpiones Morenos” del Cartel del Golfo, con el “reventón” a un reten militar,el de la “Y” de San Fernando,la madrugada de aquel 30 de abril de 2023, que se prolongo al área rural de Mendez o Carboneras y mas alla, que ya cumplió años en 2024,pero va por el segundo en 2025.
Pero esa misma “Guerra de bandos de la misma banda” que polarizo al CDG en alianzas de “METROS-ZVE VS ESCORPIONES” ,atizada por la salida de prision en libertad condicional de Alfredo Cardenas Martinez,alias EL “CONTADOR”,quien como ya se sabe le apostó a MORENA y AMERICO,ya traspaso la frontera de Rio Bravo donde finaliza el control de Matamoros y amenaza poco a poco a Reynosa en las inmediaciones del “Campanario”,donde un dia si y otro también, los “Escorpiones y metros del Cartel del Golfo en Reynosa,se mueren por matarse”.
De acuerdo a la informacion en redes de @FuriaNegra77,ya avanzaron hasta la Colonia Juarez:
Asegurados vehículos con blindaje tipo monstruo sobre la carretera #Reynosa a #SanFernando altura Ejido Plan del Alazán y Periquitos. Hubo incursiones armadas con camionetas blindadas con el foquito verde hasta la colonia Benito Juárez. No se ha confirmado la cantidad de muertos.
“…Un fuerte enfrentamiento entre células del crimen organizado en la zona sur rural del municipio dejó un vehículo tipo “monstruo” incendiado en medio de la carretera Reynosa-San Fernando, en el kilómetro 57, por el ejido Plan del Alazán.
Los enfrentamientos ocurrieron desde las 01:00 horas en el ejido vecino, Periquitos, donde los sicarios usaron de todo tipo de armamento, sembrando el terror entre los habitantes de las comunidades rurales aledañas.
Al amanecer, la pesada unidad, de blindaje artesanal, quedó atravesada, dejando sin paso la vía de San Fernando a Reynosa.
El tráfico se detuvo alrededor de las 2:30 horas hasta las 9:30 horas, cuando acudieron bomberos locales a apagar el fuego.
Además del personal de Protección Civil acudieron patrullas de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano para blindar la zona y permitir las maniobras de una grúa para retirar el “monstruo” y reactivar la circulación.
“Se reporta obstrucción de vialidad en carretera San Fernando-Reynosa, a la altura del kilómetro 57 de Reynosa, derivado del incendio de vehículo. Tome precauciones”, reportó la Vocería de Seguridad Pública en su cuenta de X.
El mensaje fue publicado sin dar mayores detalles ni alertar a la población de la situación de alta peligrosidad que vivían los habitantes de la zona rural del sur de Reynosa.
Las autoridades no informaron si hubo víctimas en el enfrentamiento, o si encontraron cuerpos tirados, pero en redes sociales usuarios aseguraban que vehículos de civiles ajenos a los hechos resultaron dañados.
La narcoguerra se reactivó desde anoche, al registrarse enfrentamientos en la colonia El Campanario, en el sureste de Reynosa.
El reporte de daños colaterales no ha sido confirmado por las autoridades.
En esta zona rural de Reynosa-San Fernando, y en colindancias con Río Bravo y Valle Hermoso, desde hace dos años las células criminales de los Escorpiones de Matamoros buscan desplazar de la plaza a los Zetas-Vieja Escuela (ZVE), que tienen apoyo de los Metros de Reynosa….”
El gobernador y sus malos oficios
La implicación del gobernado,su gabinete y la policia con alcances al ejercito,esta mas que clara y una serie de enlaces ponen en entredicho sus acciones a las que se le puede atribuir el que se haya perpetuado la guerra.
El Poder Judicial Federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecer una disculpa pública a la familia del joven irapuatense Salvador Cárdenas, quien fue víctima de desaparición forzada en marzo de 2017 a manos de militares de un regimiento adscrito a la XII Región Militar con sede en dicha ciudad y días después fue encontrado asesinado a balazos.
Las fuerzas castrenses realizaban patrullajes en zonas aledañas a los ductos de Pemex, en pleno apogeo del robo de combustible o “huachicol” en el estado, e incurrieron en abusos y violaciones a derechos humanos, como ocurrió con Salvador y su familia.
Desaparición forzada,ejecución extrajudicial e impunidad Militar
El caso de Salvador Cárdenas revela varias injusticias y aspectos de impunidad relacionados con el Ejército mexicano:
Salvador Cárdenas, un joven de 19 años, fue detenido arbitrariamente por militares en Irapuato en marzo de 2017.
Fue víctima de desaparición forzada por parte de elementos del Ejército.
Su cuerpo fue encontrado una semana después con un disparo en la cabeza, lo que sugiere una ejecución extrajudicial.
Encubrimiento e impunidad inicial
Las autoridades militares negaron repetidamente tener información sobre el paradero de Salvador.
Se negó su detención cuando la familia lo buscó en instalaciones militares.
Hubo intentos de intimidación a la familia para que no presentara una denuncia.
Obstrucción de la justicia
La Sedena impugnó y cuestionó constantemente las resoluciones judiciales, alargando el proceso por años.
Se cuestionó la autoridad de la jueza para investigar los hechos.
Militares interfirieron indebidamente en la investigación al “tomar declaraciones” de testigos.
Reconocimiento tardío de responsabilidad
Tomó 6 años y múltiples instancias judiciales para que finalmente se ordenara a la Sedena ofrecer una disculpa pública.
La sentencia final llegó hasta diciembre de 2023, casi 7 años después de los hechos.
Falta de rendición de cuentas individual
A pesar de la sentencia, no se menciona que se haya procesado penalmente a ningún militar involucrado directamente en la desaparición y muerte de Salvador.
La investigación para imputar a los responsables directos aún continúa, lo que refleja la lentitud del proceso.
Contexto de abusos sistemáticos
El caso ocurrió en un contexto de operativos militares contra el robo de combustible, donde se cometieron otros abusos y violaciones a derechos humanos.
La sentencia revela que en ese periodo el Ejército no puso a disposición de la Fiscalía a ninguna persona detenida en esos operativos, lo que sugiere un patrón de actuación irregular.
Este caso ilustra cómo, a pesar de existir mecanismos judiciales para buscar justicia, la impunidad del Ejército se mantiene a través de tácticas dilatorias, negación de responsabilidad y obstaculización de las investigaciones. Aunque finalmente hubo un reconocimiento institucional, la falta de consecuencias individuales para los perpetradores directos perpetúa un ciclo de impunidad.
La sentencia
La sentencia muestra incluso que según informes oficiales, entre fines de 2016 y octubre de 2017 la Sedena realizaba la Operación Jabalí contra el robo de combustible en Guanajuato, con aseguramientos de vehículos y contenedores de combustible, así como reportes de ubicación de diversas tomas clandestinas. Pero el Ejército no puso a disposición de la Fiscalía a una sola persona como detenida por estos operativos.
En la resolución que ordena el cumplimiento de la disculpa pública por parte de la Sedena, se establece que se realice el sábado 18 de enero en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, “por tratarse de una plaza pública en la capital del estado con gran valor histórico y cultural, con el fin de que el acto sea visible y significativo y acorde a la gravedad de los hechos materia de disculpa pública”.
Alhóndiga de Granaditas. Sitio de la disculpa. Foto: INAH.
Para llevarla a cabo se estableció que “la máxima autoridad de la XII Zona Militar y del 8º. Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento deberán reconocer públicamente la responsabilidad de dicha institución, por la violación a los derechos derivada de su incomunicación, detención arbitraria, desaparición y muerte”.
La disculpa debe nombrar a Salvador y a su madre en calidad de víctimas, “por los graves daños causados; reconocer la dignidad de éste como persona y ratificar la voluntad de que no volverán a ocurrir ese tipo de hechos”.
De esta sentencia fue notificado el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, a quien se le requirió ordenar a sus subalternos y tomar las medidas necesarias para que se acate su cumplimiento.
En octubre del año pasado asumió como comandante de la XII Región Militar el general Maximiliano Cruz Ramos, a quien le corresponderá ofrecer la disculpa. Además, deben estar presentes funcionarios federales y responsables de la función de seguridad pública en el estado.
Esta resolución, contenida en la sentencia de la causa 241/2017 del Juzgado Noveno de Distrito de Irapuato, a cargo de la jueza Karla Macías Lovera, quedó firme tras ser ratificada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, luego de una serie de impugnaciones y recursos por parte de la Sedena que finalmente fueron desechados.
La jueza Macías Lovera emitió sentencia por este caso en contra de militares que la tarde del 17 de marzo de 2017 detuvieron en Irapuato a Salvador mientras éste caminaba por una calle de su comunidad acompañado de sus primos, mismos que alcanzaron a correr cuando los soldados los interceptaron sin motivo aparente.
Su familia denunció su desaparición al día siguiente ante las autoridades y lo buscó, incluso en las sedes militares, donde negaron saber del muchacho de 19 años, que en el momento de ser detenido se dirigía con sus primos a recoger a su novia para ir a un baile.
El cuerpo de Salvador fue encontrado el 24 de marzo en una carretera cercana. Había sido asesinado de un disparo en la cabeza.
La jueza atendió el caso expuesto por familiares de Salvador que denunciaron su desaparición forzada e interpusieron un amparo, determinando la responsabilidad de militares, por lo que ordenó la reparación integral del daño, dentro de la cual figura la disculpa pública.
Cruz Ramos. Hablará por la Sedena. Foto: Juan Carlos Cruz.
Karla Macías ha emitido varias sentencias en materia de desaparición y contra abusos cometidos por militares, que incluyen el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en la década de los 70 y en el que determinó que se trató de una acción cometida durante un periodo de “terrorismo de Estado” y que debe de investigarse a los más altos mandos de Sedena de ese entonces.
También impuso multas en 2018 al entonces secretario de Marina, Francisco Soberón, por no informar sobre casos de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo que llegaron hasta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y al propio titular de Sedena, Salvador Cienfuegos, cuando esta instancia omitió presentar a un testigo durante el desahogo de un proceso judicial.
“Córrele, que te van a cuerear”
Salvador formaba parte de una familia con dos hijos. Su padre fue migrante para trabajar en Estados Unidos por varios años y luego se dedicó a sembrar la tierra y a criar animales, junto con su madre.
Sonriente, conversador, gustoso de los bailes y las “cascaritas” de futbol, Salvador era estimado por quienes lo conocían en su comunidad, donde desde niño aprendió labores agrícolas.
Se quedó en ella para dedicarse de lleno a ayudar a sus padres en el cultivo y el cuidado de los borregos, luego de dejar inconclusos sus estudios de preparatoria (en contra de la voluntad de sus padres) y de intentar una sola vez entrar a Estados Unidos, sin conseguirlo.
Salvador se dirigía de su casa en El Llanito, alrededor de las 6 de la tarde del 17 de marzo junto con sus dos primos a bordo de una motocicleta, con rumbo a la vecina localidad de la Calera, comunidad ubicada a pie de la carretera federal Irapuato-León.
El muchacho, que cumplía 20 años al día siguiente, iba a recoger a su novia a la Calera, para luego dirigirse a un baile. Nunca llegó a esos dos destinos, puesto que dos jeeps con soldados los alcanzaron cuando se detuvieron en la moto para que uno de los primos fuera tras unos sembradíos a orinar.
Huachicol. Clausura de ducto. Foto: Miguel Dimayuga.
Cuando volvió, vio cómo soldados, que portaban unas tablas, interrogaban y golpeaban a Salvador, así que corrió para ponerse a salvo. Se metió por un río, escuchó a uno de los soldados gritar “¡tírale!”, luego oyó varios disparos, pero pudo ponerse a salvo. “¡Córrele, que te van a cuerear!” fue uno de los gritos que los primos y otros vecinos de la zona escucharon aquella noche.
Avisados de lo ocurrido, los padres de Salvador lo estuvieron buscando por el rumbo durante la noche y madrugada del día siguiente. Le chiflaron “por si acaso los ‘sardos’ (soldados) lo habían tirado por ahí” (según los testimonios recabados) y acudieron al Centro de reinserción social y a instalaciones militares, donde les dijeron que no sabían nada y que no se encontraba retenido en esos lugares.
“Los sardos le dijeron a la quejosa que si metía demanda le iba a ir muy mal porque la acusación que les estaba haciendo era muy grave”, dice una de las sentencias.
En el amparo resuelto a favor de las víctimas (Salvador y su familia) la jueza determinó que los militares fueron responsables de la privación ilegal de la libertad, la incomunicación y la desaparición forzada de Salvador, cuyo cuerpo fue hallado el 24 de marzo (apenas una semana después) en la carretera de cuota Irapuato-Salamanca, entre la maleza a espaldas de las instalaciones de una empresa, con una herida de proyectil en el cráneo.
Aunque no fue sino hasta el 6 de abril cuando la entonces Procuraduría (actual Fiscalía general del estado), en respuesta a un requerimiento de la jueza, confirmó que en el Servicio Forense había un cuerpo que habían recuperado de la carretera y que correspondía a las señas de Salvador, posteriormente identificado por su familia.
Tanto las autoridades de la XII Región Militar como del 8º Regimiento sostuvieron todo el tiempo que no tuvieron que ver con la detención y desaparición de Salvador, pero hubo varios testimonios y otras pruebas demostraron lo contrario.
Incluso, coordenadas geográficas obtenidas a través de ubicar el teléfono celular de Salvador correspondieron a una zona de la ciudad de Guanajuato donde se ubica un destacamento militar, detrás de una unidad deportiva.
En su sentencia de amparo, la jueza asentó que se pudo corroborar que militares incluso acudieron a “tomar declaraciones” de algunos testigos del caso, cuya identidad fue protegida, por lo que violaron el propio Código de Justicia Militar.
Además de solicitar sábanas de llamadas y videograbaciones de algunos sitios ubicados dentro de las coordenadas encontradas por el teléfono de Salvador, el Juzgado Noveno requirió informes y efectuó diligencias de búsqueda ante diversas instancias militares y civiles; pidió informes incluso a Pemex por la cercanía con ductos, así como a empresas particulares de la zona, entre otros actos.
Aunque falló en favor de la familia de Salvador, la sentencia de la jueza fue revocada en 2021 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en Guanajuato, que resolvió reponer todo el proceso y que la jueza solicitara a las autoridades militares y a otras involucradas (Fiscalía, Comisión de Búsqueda) los informes necesarios sobre su actuación en el caso.
La Sedena, una vez más, negó que los soldados estuvieran involucrados en la desaparición, cuestionó la autoridad de la jueza para realizar la investigación sobre estos hechos y dijo que la denunciante (la madre de Salvador) no había acreditado su parentesco.
Así, este proceso llevó a una primera sentencia en 2018, que fue impugnada por la Sedena y que seis años después terminó con la ratificación de lo resuelto por la jueza, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal, en diciembre pasado.
Incluso, el caso fue remitido a la Suprema Corte, que rechazó llevarlo y lo devolvió al Tribunal Colegiado.
Dentro del desahogo del juicio de amparo, la jueza solicitó informes a diversas autoridades, así como ordenó diligencias. Uno de los rastros contundentes lo representó el teléfono celular de Salvador, que permaneció encendido y cuya ubicación después de su desaparición fue señalada en puntos donde se encuentran instalaciones militares en Irapuato.
No obstante, la investigación sobre la desaparición forzada de Salvador continúa, puesto que la sentencia ordena a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR concluir hasta que logre la imputación a todos los responsables de su desaparición.
