David Saucedo, consultor en seguridad, explicó en ‘Aristegui en Vivo’ que, la detención en Zapopan del suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, miembros de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, ocurrió en territorio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación que comanda Nemesio Oseguera alias el «Mencho» , que no brindo protección a su aliado.
La lectura de Saucedo que tambien habla del reciente suceso donde 30 sicarios del mismo CJNG dejaron en ridiculo al gobierno ,deja entrever que, si a los familiares de Iván Archivaldo los levantan en pleno Zapopan, en casa del CJNG, no es un “golpe de suerte” del Estado, sino huele a entrega, traición o limpieza interna de alto nivel.
El “santuario” CJNG y la caída incómoda
Zapopan no es territorio neutral: es zona bajo control del CJNG, el mismo grupo que, según informes de inteligencia y análisis de Saucedo, cerró una alianza con Los Chapitos para meter hombres, armas y municiones a la guerra contra la facción del Mayo.
En ese pacto, los sinaloenses cedieron rutas, plazas y facilidades para el trasiego, mientras el CJNG se comprometía a poner músculo y fuego; con ese contexto, que el suegro y el cuñado de Iván caigan justo ahí, sin “anillo de seguridad”, suena menos a accidente y más a mensaje con remitente.
Traición del aliado incómodo
Saucedo lo dice con diplomacia, pero el subtexto es brutal: si la plaza es CJNG y los familiares de Iván vivían ahí bajo su sombra protectora, que los agarren sin un solo gesto de cobertura tiene “todas las características de ser una traición” del propio aliado.
El supuesto garante de seguridad se convierte, de pronto, en ausente sospechoso: el cártel que debía cerrar el perímetro abre la puerta, apaga las cámaras y deja el paso libre al operativo, como si la lealtad tuviera fecha de caducidad y número de expediente.
La otra opción menos probable: fuego amigo
Saucedo no se queda solo en el “los entregó el Mencho”; también plantea la posibilidad de una entrega pactada desde dentro de Sinaloa, un reacomodo clásico: sacrificar a gente del primer círculo para bajar la presión y reordenar la estructura.
El Cártel de Sinaloa, recuerda, ha hecho de la traición y la delación una especie de manual de supervivencia: de los Beltrán Leyva al vicentillo colaborando con autoridades, entregar piezas propias para salvar al tablero no es excepción, es modus operandi.
Traición como sistema operativo
En la lógica que describe Saucedo, no hay honor entre narcos, hay administración de traiciones: unas se pactan para negociar sentencias, otras detonan guerras civiles, pero todas sirven para ajustar cuentas con gobiernos, rivales o socios que ya estorban.
La captura del suegro y el cuñado de Iván aparece así como síntoma de algo más grande: o el CJNG cobró la factura y dejó de cuidar a Los Chapitos, o alguien dentro de Chapiza decidió que era hora de ofrecer cabezas familiares en la mesa de negociación.
CJNG, Chapitos y la paz rota
El detalle incómodo es que esta alianza CJNG–Chapitos, vendida implícitamente como estrategia de fuerza, termina pareciéndose a un abrazo de oso: el socio que te presta armas también es el que puede soltar tu seguridad en el momento exacto para que te caiga el Estado encima.
Así, la detención en Zapopan funciona como aviso: en la narcopolítica que traza Saucedo, la “protección” del CJNG no es blindaje, es crédito; y cuando se acaba el plazo, la moneda de pago pueden ser, sin pudor, el suegro y el cuñado del jefe.
Si el presidente norteamericano Donald Trump cruzó la frontera del ataque militar armado para ir a Venezuela tras Nicolás Maduro, su presidente en funciones… ¿acaso alguien cree que el inquilino de la Casa Blanca la está pensando dos veces para hacer una operación similar en México para venir a detener al ex presidente Andrés Manuel López Obrador o al menos a alguno de sus hijos, probadamente ligados a actividades del crimen organizado, para depositarlos también en las cortes de Nueva York?
Que no se equivoque la presidenta Claudia Sheinbaum en su fiebre ideológica de izquierda al leer equivocadamente el sorpresivo ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, que arrojó la captura del presidente Maduro y de su esposa, quienes ya están a disposición de las mismas cortes judiciales de Nueva York que procesan hoy a Joaquín “El Chapo” Guzmán o a Ismael “El Mayo” Zambada.
El mensaje desde Washington -portaviones y misiles de por medio- es “América para los americanos”. Con todos los intereses que eso implica. Petróleo venezolano incluido, que hasta hace unos días abastecía el 30 por ciento de las necesidades energéticas de China.
La captura de Maduro acabó por ser un desenlace de soberbia política. El dictador venezolano jamás creyó que Donald Trump se atrevería a ir hasta su resguardada residencia presidencial para capturarlo. Le abrieron la puerta para una salida sin perder la libertad. Pero Maduro decía que negociaba su asilo con tres países. Trump entendió que el venezolano estaba jugando a comprar tiempo para prepararse. Pactaba alianzas con Moscú, al mismo tiempo que con China. Se sentía protegido e invencible, sin tener en cuenta que todas las potencias tienen intereses que canjear. A Putin le importa más Ucrania que Venezuela. Y China siempre elegiría tener la esperanza de recuperar Taiwán por encima de Venezuela.
El sacudimiento político de ayer, en Caracas, envió a México y a su presidenta tres claros mensajes.
I.- EL GRAN DEBUT DE LA “DON-ROE”
Lo que es importante de esta captura es que Donald Trump está confirmando -después de recuperar ideológicamente para “la derecha” a Argentina, Bolivia, Chile, Honduras y Perú- que la prioridad de Estados Unidos está hoy en América. Volver a la antigua Doctrina Monroe que creó vastos intereses en el continente y luego se desvaneció. Y Venezuela es sólo el comienzo fuera de las urnas, a punta de misiles. La “Lista Marco” incluye meter en cintura a México, Colombia, Cuba y Nicaragua, los cuatro grandes pendientes incluidos en ese rescate de la “Doctrina Don-Roe”. El mandatario que lo lea diferente, correrá la misma suerte de Maduro.
II.- “O LO HACES TÚ, O LO HAGO YO”
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene que encerrar en un clóset sus filias y sus fobias ideológicas. Cortarle el teléfono a su mentor de Palenque. El pragmatismo frente a la realidad se impone. Sobrevivir o morir. Y al que lo dude, el presidente Trump envió ayer una dura advertencia a la inquilina de Palacio Nacional, en la que volvía a insistir en que ella estaba obligada a enfrentar a los cárteles mexicanos. Ya lo dijo antes, pero en el contexto de la captura de Maduro tiene olor de edén.
En el contexto de la captura de Maduro, la advertencia del Presidente Trump no puede ser más clara. “O te armas de valor y lo haces tú, mi buena Claudia, o lo hago yo con mis tropas. Ya te diste cuenta que las movilicé frente a Venezuela. Y cuando nadie me creía, capturé al desafiante mandatario. ¿Qué no haré con México con el que tengo más de 3 mil kilómetros de frontera?”.
La inquilina de Palacio Nacional tendrá que enviar, en cuestión de días, su respuesta bajo alguien de confianza. Nada de imitar a Maduro comprando tiempo. En ese espacio vendrá el ajuste de cuentas con el presidente colombiano Gustavo Petro. Y Seguridad Nacional, Defensa, Marina y Guardia Nacional tendrán que entregar en México resultados contundentes y expeditos sobre la captura de prominentes capos.
III.- “VOY A DEFENDER MIS INTERESES”
El tercer mensaje se liga con la advertencia del presidente Donald Trump de que va a Venezuela, con las petroleras norteamericanas, a rescatar la mayor reserva de crudo en el mundo. Esos intereses son intereses para justificar el golpe de ayer en la madrugada.
Extrapolando con México, el monopolio de Pemex tiene adeudos que superan los 100 mil millones de dólares. No hay con qué pagar. ¿A quién le debemos mayormente?: A corporaciones petroleras, inversionistas, bancos y a empresarios norteamericanos. Además, ya están aquí invertidos, en suelo mexicano, más de 600 mil millones de dólares en los 35 años del Libre Comercio. Pero el Cuarta Transformación abusó de la cancelación en contratos de energía, incumplió con las inversiones de la apertura petrolera que llegaron desde Norteamérica, sin dejar a un lado el espinoso y controvertido caso de la cancelación de proyectos con gran inversión extranjera -como Constellation Brands, en Baja California, y Vulkan Materials, en el Caribe mexicano-. La manipulación de la elección del Poder Judicial fue la puntilla.
En pocas palabras, si como ya pasó en Venezuela no se respetan los acuerdos y el gobierno de Maduro se fue a refugiar a los brazos de China -el enemigo- nada será diferente en México, donde existen no sólo cientos de miles de millones de dólares en inversiones directas, sino también en cadenas de suministro que Estados Unidos no está dispuesto a perder.
Al final del día, todos los caminos conducen a Palenque. Después de ver, primero, la condena de la presidenta Claudia Sheinbaum y mucho más tarde la de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Hoy estamos en el lado perdedor de la Historia, jugando con una soberanía que no existe, invocando una dignidad que no se tiene.
Por lo pronto, ayer se cerró el día con una nueva acusación contra Maduro mientras volaba a Nueva York. En esa denuncia se le señala que vendía pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México. La acusación incluye la revelación de que aeropuertos mexicanos eran utilizados por vuelos oficiales del gobierno venezolano para transportar ahí el dinero de la droga que iba a Estados Unidos. Maduro autorizaba aviones privados a los que protegía con cobertura diplomática. Con eso evadían la revisión de las aeronaves en territorio mexicano. Eso se presume que ya lo aportaron, desde Nueva York, “El Chapo” y “El Mayo”. Eso, y sólo eso, coloca a las familias López Obrador y López Beltrán como cómplices. Y en el paquete van tres personajes más. Como Audomaro Martínez, Adan Augusto López y Mario Delgado, además de al menos, tres gobernadores.
¿Será la ruta de la Casa Blanca un acuerdo con la inquilina de Palacio Nacional sobre los temas que de verdad importan en Washington, como cooperar codo a codo para liberar territorios mexicanos en manos del narco?
¿O será el punto de presión para negociar con López Obrador, hijos, amigos y cómplices, una salida consensuada -la que Maduro no aceptó- y se van todos o algunos fuera de México para gestar, ya sin recursos, la caída decorosa de Morena y la desaparición de la Cuarta Transformación?
Eso lo sabremos desde el Departamento de Estado norteamericano, donde el secretario Marco Rubio -quien dio el mejor discurso de captura ayer en Mar-a-Lago- ya está cerrando el expediente de la detención de Maduro y preparando la estrategia sobre Colombia, con lo que se tendrán sobradas evidencias para colocar a México en la ruta o de un gran arreglo o de una descomunal colisión. Que se den por enterados.
Hay demandas que nacen muertas, y hay otras que rugen como locomotoras judiciales: esta es de las segundas. Este lunes 5 de enero, los sobrevivientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca no solo acudirán a la FGR con sus heridas aún frescas —van también con un expediente que huele a pólvora legal. Un documento cargado de irregularidades técnicas, omisiones dolosas y nombres con apellidos navales que aun visten uniforme de gala.
Porque sí, detrás del siniestro que cobró 14 vidas y dejó decenas de heridos, hay más que durmientes podridos y trenes reciclados de los años 70: hay decisiones políticas con uniforme blanco y charreteras doradas manchadas por la transa.
Raymundo Pedro Morales, hoy Secretario de Marina y ayer encargado de esta joya ferroviaria, aseguró que “los rieles estaban en buen estado”. Pero los vagones no opinan lo mismo. Ni los cuerpos. Ni los peritos que, de seguro, tendrán que leer su propio parte técnica con un nudo en la garganta (y otro legal en el cuello).
El despacho Vega Mac Gregor Arellano, debutante con pedigrí penalero, encabeza la ofensiva con precisión quirúrgica. Fundado por abogados que se movieron entre firmas con historia de pólvora y poder —Regino, Coello Trejo, Ruiz Durán—, parece haber encontrado su primer caso grande: un tren cargado no de pasajeros, sino de evidencias. Los nombres sobran, pero los contratos faltan… o peor aún, aparecen firmados por personal que jamás pisó las vías.
La FGR ya abrió carpeta; la Presidenta Sheinbaum, mientras tanto, improvisó un soldador de emergencia con 30 mil pesos de “apoyo inicial” para las víctimas, como si el dolor pudiera pagarse con un cheque breve. La cifra, simbólica y ofensiva a la vez, revela una prisa política por tapar los huecos… de las vías y del relato.
Lo que viene es una avalancha jurídica que apunta al corazón de un proyecto concebido como emblema sexenal: un tren que debía unir océanos, pero que hoy divide responsabilidades. Y si este caso llega a juicio —como parece—, habrá que recordar que nada pesa más que la negligencia cuando lleva uniforme oficial. Ahí donde el acero se torció, también lo hizo la cadena de mando.
Y en esa curvatura fatal, los abogados huelen la victoria: no por venganza, sino porque la ley, por una vez, va en el mismo sentido que el sentido común.
Un deslinde que nadie quiere firmar
En este punto, el escenario se bifurca: o el Estado se aferra a su narrativa de impecabilidad técnica —y arrastra el proceso entre amparos, peritajes y silencios administrativos—, o da un giro inédito en la historia reciente y asume su responsabilidad. Porque si el gobierno, en voz de la Secretaría de Marina o la Presidencia misma, reconociera los yerros en la ejecución, supervisión o rehabilitación de la Línea Z, el juicio no tendría por qué prolongarse. La admisión de culpa allanaría el camino hacia una reparación integral en favor de las víctimas, sin que la justicia tenga que avanzar a paso de vía muerta.
Sería un acto jurídico histórico y, paradójicamente, rentable políticamente: abreviar el proceso, evitar el desgaste institucional y reparar a los afectados con legitimidad moral y no con dádivas de emergencia. Pero claro, eso implicaría desmontar la defensa más vieja del poder: la de que todo fue “un lamentable accidente”.
Y en un país donde hasta los trenes descentralizados terminan descarrilando por decisiones centralizadas, reconocer la culpa podría ser el primer acto de gobierno verdaderamente revolucionario,humanista y transformador.
El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que estará pendiente de “si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional”, por lo que aseguro que responderá “más tarde”, cuando sepa “lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump”, aunque advirtió que si llega a ser detenido por fuerzas estadounidenses “desatarán al jaguar popular”.
Esto, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Petro de “fabricar cocaína” y lo amenazó con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó a Maduro.
Ya sin romanticismos
Hay hombres que creen que la historia se escribe con gritos y no con actos. Vociferan al pueblo como si el eco fuera ejército, y creen que invocar al jaguar popular o al pueblo bravo los hace inmunes al karma. Pero el cerebro no perdona tanta serotonina desperdiciada en escenas de ego: llega el momento en que hasta las neuronas dicen “bájale tres rayitas”.
Noriega lo comprobó en el 89, armado de micrófono y testosterona política. “¡Vengan por mí!”, rugió. Y fueron por él. Ahora, décadas después, otro mandatario tropical decide desafiar al imperio con la misma receta de exceso dopaminérgico. Lo suyo no es política, es bioquímica del delirio: dopamina alta, corteza prefrontal baja, y un cóctel de adrenalina que anula el sentido de riesgo.
Desde la neuropsiquiatría, ese momento se llama reprobación emocional: el sujeto, sumergido en su propia euforia de poder, suspende el examen de autocrítica. Su amígdala celebra una revolución mientras el córtex queda en huelga. El resultado: un cerebro en modo gladiador, sin estrategia. Puede inspirar al pueblo unos minutos, pero al Estado le deja el síndrome post-bocón: exceso de drama y déficit de juicio.
Porque al final, ningún rugido impune dura cuando se acaban los neurotransmisores. El pueblo —ese jaguar que invocan con tanta pasión— no siempre llega a defenderlos. A veces llega a comérselos.
El artículo de hoy de Ernestina Godoy,en El Universal, es una pieza de propaganda política escrita con traje de fiscal de la Republica, que confunde lírica bolivariana con análisis jurídico y desdibuja la frontera entre opinión militante y obligación de imparcialidad institucional. Aun envuelto en imágenes románticas de “Nuestra América”, incurre en acusaciones de secuestro sin abundar en evidencias,sesgos, simplificaciones históricas y afirmaciones fácticas discutibles.
Romance de una fiscal enamorada del Bolívar de bronce
Ernestina abre su texto como quien escribe una carta de amor a un continente herido: nombra “la ilegal y abusiva invasión estadounidense a Venezuela” y el “secuestro” de Nicolás Maduro con la misma solemnidad con que Bolívar invocaba al destino de los pueblos, como si cada bomba fuera un latido oscuro en el pecho de América. En su prosa, el Libertador se alza como un amante inmaculado de la soberanía, mientras la Doctrina Monroe aparece como el villano celoso que, por dos siglos, ha perseguido y castigado cualquier intento de autonomía latinoamericana.
En esa escenografía sentimental, Maduro no es jefe de Estado cuestionado por violaciones a derechos humanos y destrucción institucional, sino héroe trágico arrebatado de su pueblo en la madrugada, figura martirizada que permite a la autora desplegar un relato de épica antiimperialista casi sin fisuras.
El resultado es un texto que seduce con palabras grandes —libertad, destino, hermandad, justicia— pero que renuncia deliberadamente a los matices incómodos: la complejidad de la crisis venezolana, las responsabilidades internas del régimen y el debate internacional sobre la legalidad de una operación contra un mandatario acusado de narcotráfico y corrupción.
Donde termina la toga y empieza el panfleto
Godoy firma como Fiscal General de la República, no como columnista independiente, y eso modifica radicalmente el estándar que debería exigirse a su pluma. Un fiscal general, por mandato constitucional, está obligado a la objetividad, a ponderar pruebas y contextos, no a proclamar culpables o inocentes en clave romántica ni a dictar sentencia moral sobre gobiernos extranjeros sin precisar fuentes, datos o bases jurídicas.
El texto incurre en tres confusiones graves para alguien en ese cargo:
Presenta su interpretación ideológica como verdad oficial, al calificar la operación en Venezuela como “invasión” y “secuestro” sin aportar un análisis jurídico ni citar resoluciones, tratados o dictámenes que respalden esas categorías.
Habla en nombre de “Nuestra América” como si la Fiscalía fuese vocería política de un proyecto bolivariano regional, desdibujando la neutralidad que se espera de una institución encargada de investigar delitos incluso cuando los cometen aliados del gobierno en turno.
Utiliza una retórica que prejuzga la legitimidad de actores internacionales y locales (“títeres”, “grupos apátridas locales”), expresiones que difícilmente son compatibles con la prudencia diplomática y la mesura institucional que debe observar una fiscalía federal.
Sesgos, imprecisiones y silencios interesados
Bajo el tono apasionado se esconden varios problemas de rigor:
La autora atribuye a la Doctrina Monroe “más de 50 intervenciones militares en Latinoamérica” sin precisar períodos, definiciones operativas ni fuentes históricas, cifras que en un texto periodístico mínimamente profesional deberían delimitarse y documentarse.
Reduce la crisis venezolana a “asedio económico impuesto por los Estados Unidos” y a maniobras de inteligencia, omitiendo la responsabilidad del gobierno de Maduro en la destrucción del Estado de derecho, hiperinflación, represión y éxodo masivo, ampliamente documentados por instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Presenta la cita de Bolívar sobre “los Estados Unidos parecen destinados a plagar la América de miserias” como profecía autocumplida que explica todo, sin reconocer que el propio proyecto bolivariano generó conflictos internos, caudillismos y guerras civiles que no pueden achacarse únicamente al imperio del norte.
Más que un análisis, el artículo es un alegato de parte: romantiza la unidad latinoamericana, demoniza en bloque a Estados Unidos y borra los matices de una historia donde también los gobiernos “bolivarianos” han cometido graves abusos en nombre de la soberanía.
Un periodista tendría el deber de incomodar a todos los poderes; una fiscal que escribe como periodista sin quitarse la toga termina usando la narrativa de la justicia para proteger políticamente a unos y condenar moralmente a otros sin el contrapeso de la evidencia.
El daño de la retórica dolosa
La retórica de Godoy no solo es sesgada; es potencialmente dolosa en términos democráticos. Al equiparar cualquier acción contra Maduro con una agresión imperial que repite dos siglos de opresión, descalifica de antemano cualquier discusión sobre responsabilidad penal, corrupción o crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como si toda crítica al régimen fuera automáticamente un acto colonial.
Además, al invocar la justicia como “reina de las virtudes republicanas” mientras encubre con eufemismos el autoritarismo chavista, la autora prostituye la palabra justicia: la convierte en escudo ideológico, no en principio universal aplicable también a las víctimas del régimen venezolano. Esta torsión del lenguaje, hecha desde la cúspide de la Fiscalía, normaliza la idea de que la ley es maleable al interés geopolítico del gobierno en turno y no un referente común, lo que en cualquier democracia madura debería encender alarmas.
Cómo se habría escrito como periodista
Un texto periodístico sobre el mismo tema, sin renunciar a una mirada crítica sobre Estados Unidos, tendría que:
Reconocer y documentar la historia de intervenciones norteamericanas en la región, pero también señalar responsabilidades de las élites latinoamericanas y de los gobiernos “antiimperialistas” en la reproducción de la violencia y el autoritarismo.
Diferenciar el relato bolivariano romántico de los hechos verificables, citando documentos, fechas, tratados, investigaciones académicas y voces diversas, no solo la épica de un solo bando.
Explicar con transparencia desde qué lugar habla la autora: si escribe como militante bolivariana, como funcionaria del Estado mexicano o como periodista de opinión, y someterse al escrutinio que cada rol exige.
Al no hacerlo, Ernestina Godoy se equivoca doblemente: escribe con el corazón de activista y el estilo de panfleto, pero firma con el sello de la Fiscalía General de la República, comprometiendo la imagen de imparcialidad que su cargo exige y utilizando el prestigio de la justicia mexicana para legitimar, sin matices, la narrativa de un régimen extranjero profundamente cuestionado.
Deberes legales de objetividad e imparcialidad
Aunque no basta con que firme “como fiscal” para que automáticamente haya delito; sí se abre un campo claro de posibles responsabilidades administrativas y, en ciertos escenarios extremos, penales. Todo depende de si su intervención pública se vincula con el ejercicio del cargo y si genera un beneficio político indebido o afecta la objetividad que la ley le exige.
Las leyes que regulan a la Fiscalía General establecen que la persona titular debe actuar con legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Al usar su investidura para emitir juicios políticos sobre un conflicto internacional, puede vulnerar esos principios y exponerse a responsabilidad por no conducirse con la neutralidad que el estatuto orgánico ordena.
Faltas administrativas posibles
Aun si no se configura un delito, su conducta sí puede encuadrar como falta administrativa grave:
Abuso de funciones / conflicto de interés: utilizar el cargo y la firma institucional para intervenir en un asunto de carácter político‐internacional que no forma parte de una investigación penal a su cargo.
Uso indebido de información o recursos: si emplea canales oficiales, imagen institucional o recursos humanos/técnicos de la FGR para difundir una postura partidista o ideológica.
Estas faltas pueden derivar en sanciones como suspensión, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de sanciones económicas.
Delitos que podrían configurarse en casos extremos
En escenarios más graves (por ejemplo, si se demostrara coordinación con un gobierno extranjero, beneficio personal o daño concreto al interés público), su conducta podría analizarse a la luz de figuras del Código Penal Federal:
Ejercicio ilícito de servicio público: cuando un servidor público utiliza su cargo para fines distintos a los previstos en la ley o incumple deberes esenciales de su función.
Abuso de autoridad o ejercicio abusivo de funciones: si se acredita que aprovechó indebidamente su posición para obtener un beneficio político, influir en decisiones de otros órganos o afectar derechos de terceros.
No hay, por ahora, un tipo penal específico que castigue “opinar de política exterior”, pero sí un marco de responsabilidad amplio para el uso indebido del cargo y la vulneración del deber de objetividad que pesa, de manera especialmente estricta, sobre quien encabeza la Fiscalía General de la República.
En Tamaulipas, donde la política Morena se mezcla con el crimen organizado en medio de pólvora, rezos y contratos a narcos, dicen que ahora si, que Héctor Joel Villegas, alias El Calabazo, quien ha fingido por mas de 3 años como Secretario General del Gobierno «mañoso» del fichado por narcopolitico, Américo Villarreal Anaya,ya decidió soltar el hueso antes de que se lo arranquen de cuajo.
Resulta ,que quien aun funge de segundo de abordo y mano derecha de la mano chueca, ya habría optado por resignarse a una consensuada y graciosa huida, justo cuando los reflectores del norte iluminan demasiado su figura y se abultan las carpetas del otro lado del Río,como mero saldo de borrar la linea entre funcionario y malandro.
El «Calabazo», ha sido aliado indiscutible del crimen organizado desde antes,durante y después de que fue nombrado en el cargo desde San Pedro de las ejecuciones N.L,por Perla Sharaza Mc Donald,viuda de Sergio Carmona, extinto «Rey del Huachicol» que antes de morir congregó a la elite Morenista en su residencia de valor calculado de 70 millones de pesos en San Pedro Garza García y en la que el Calabazo se destaca en icónica foto,donde casi todos pasaron a conformar un club sin visa.
El funcionario a quien en julio de 2023 el Cartel del Golfo de Cesar Morfin Morfin Morfin,alias «primito» ,quiso matar en una emboscada carretera ,lo terminó volcando en sus brazos,implorando por su vida aunque en el camino pusiera en riesgo las vidas de los ciudadanos como el mejor ejemplo del gobierno criminalmente permisivo, tóxico y letal de Tamaulipas.
Fundado en el trafico de Huachicol,El «Calabazo» paso de traficarlo en la Aduana de Reynosa donde el administrador era Julio Carmona,hermano del patrocinador oficial de Americo Villarreal ,y de ahi directo a alcalde de partido patito en Rio Bravo,financiado por el mismo crimen organizado, de donde salio para ser el segundo de abordo de Américo Villarreal Anaya,en Octubre de 2022,lo que le valió la portada de el periódico ElNorte,tras su nombramiento.
De hecho, los mismos informes que Américo soltó contra viejos enemigos panistas acaban salpicando a su propio escudero: los millones que acusa de “quebranto” parecen tener más vueltas que los tambos en los retenes de la frontera.
En los pasillos de Victoria susurran que la renuncia en puerta de El Calabazo no se dio por exceso de ética, sino por déficit de garantías. La línea es simple,El Calabazo esta mas cerca del fusil del narco que de la placa de autoridad y lo más prudente es agarrar camino. Y si el diccionario político de Morena nos hablará de “relevo institucional”, sera solo para encubrir la caída.
Mientras tanto, el gobernador Américo Villarreal con quien comparte carpetas,se quedará con el tablero convulso y sin su complice más leal, quien a decir del mismo trascendido, se despide del poder, pero no cambia de búnker.
En Coatzacoalcos, colonia Puerto México, un comando entró a un salón de fiestas y le descargó una decena de tiros a un hombre de unos 35 años frente a niños, pastel y globos.
De acuerdo con los reportes policiales, este ataque ocurrió ayer domingo 4 de enero alrededor de las 16:00 horas, cuando sujetos fuertemente armados ingresaron de manera violenta al inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc, esquina con Carlos Gómez, justo cuando en el lugar se desarrollaba un convivio con familias y menores de edad presentes.
La víctima se dedicaba a la compraventa de vehículos y viajaba seguido al puerto; terminó en el piso del salón, mientras los invitados corrían entre gritos y llanto para no estrenar el año como estadística.
Policía municipal, Fiscalía y periciales repitieron el libreto: acordonar, Semefo, carpeta de investigación por homicidio doloso, y listo, Coatzacoalcos estrena su primer asesinato del 2026 como si fuera trámite administrativo.
Sur de Veracruz: año nuevo, mismos muertos
Apenas van unos días del año y Veracruz ya acumula ataques armados, multihomicidios y cuerpos regados en municipios clave, del corredor interoceánico a la costa petrolera.
Las autoridades hablan de operativos y “coordinación”, pero en la práctica el mensaje es otro: en el sur del estado la vida vale menos que un espectacular del megaproyecto y el plomo sigue marcando la agenda.
Autoridades investigan el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un rancho ubicado sobre la carretera Acayucan–Salina Cruz, en la comunidad de Aguilera, municipio de Sayula de Alemán, al sur del estado.
Carnicería con pedigrí político
En el rancho “Monte Cristo”, comunidad de Aguilera, localizaron cuatro cuerpos con huellas de violencia extrema y presunta decapitación, tirados como si fueran desecho en plena Transístmica.
Entre las víctimas está Héctor Velázquez Díaz, hijo del exregidor Héctor Velázquez Vázquez, asesinado en 2020, es decir: en Sayula matar a la clase política ya casi es tradición familiar.
Policía estatal, Guardia Nacional y ministeriales hicieron lo de siempre: acordonar, levantar casquillos, prometer investigaciones y dejar al sur de Veracruz con otro multihomicidio archivado en la normalidad.
Sayula: corredor interoceánico, autopista del plomo
Sayula de Alemán está plantado en la ruta del corredor interoceánico: al proyecto le venden futuro, pero al municipio le tocan despojo, crimen y un mapa marcado por ejecuciones desde hace años.
Desde 2018 han asesinado ahí a exalcaldes, regidores y funcionarios; la política local se maneja a golpe de bala y duelo, mientras el discurso oficial habla de progreso y desarrollo regional.
