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martes, 16 de diciembre de 2025

«SOBORNO y CAGOTIZA ?»: «CAPE SUBORDINA el OPERATIVO FRONTERA de la GUARDIA ESTATAL de AMERICO y el GENERAL PANCARDO con 100 MIL DOLARES del CONTADOR»…los mismos que traian de gatos las Fuerzas Especiales del Mayor Portillo.



Las redes sociales, ese medio por demas democrático donde transita la información silenciada por el estado con dinero de los mismos contribuyentes, esta exhibiendo otra vez porque en Tamaulipas,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,no le ganamos al guerra al narco.

El trascendido de un “aguinaldo” de 100 mil dólares para el jefe del operativo frontera de la Guardia Estatal, huele menos a rumor que a la vieja costumbre del soborno navideño en Tamaulipas,enviado por el capo del Cartel del Golfo de filiación Morena «Don Alfredo»Cardenas Martinez,alias el Contador y entregado personalmente en persona por su mano derecha,Luis Gabriel Lopez Saldaña,alias El Cape y que dicen fue acompañado de una «cagotiza».

Guardia “Estatal”, bolsillo privado

Mientras el gobierno de Morena de Américo Villarreal,aun no nos dice como fue que su grupo de Fuerzas Especiales (antes GOPES) comandados por el Mayor Edgar portillo terminaron en brazos de la facción de Escorpiones del Cartel del Golfo en 2023,aun asi insisten en vender el cuento de la transformación.

Pero la corporación que cambio de manos tampoco sin de$irnos por qué, ahora la comanda otro general (…hay muchos,mas que el ejercito chino) Arturo Pancardo desfila otra vez en «X» como beneficiaria del maletín del Cártel del Golfo, una entrega a decir de la misma fuente el pasado jueves,entre Valle Hermoso y Matamoros, como si la frontera fuera caja chica y no línea de seguridad.

El gobierno que juró sanar esta bien pinche enfermo

El mismo Americo Villarreal que prometió desaparecer a los GOPES y terminó reciclando los vicios: mandos militares en retiro, fuerzas especiales rebautizadas y una Guardia Estatal que presumia equipo nuevo con viejas mañas, acumula señalamientos de abusos, extorsiones y arreglos con la maña a tono de la moral del mandatario.

Una y otra vez,las crónica retrata un aparato de seguridad la usando inteligencia oficial para servir a facciones del Cartel del Golfo, con acusaciones directas de colusión a funcionarios del primer círculo del gobernador,recibiendo plata por temor al plomo e incidiendo en los pelitos narcos tomando partido.

Cartel del Golfo, el socio cómodo

El presunto beneficiario político y criminal de todo este entramado sigue siendo un viejo conocido y colaborador de campaña en 2022 y 2024: el Cártel del Golfo, en cuya cúpula esta al frente de Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, que dicho sea de paso, lleva años litigando su permanencia y extradición, intentando burlarse de ella mientras mantiene presencia en Matamoros y la frontera tamaulipeca con ayuda MORENA.

La narrativa oficial nos habla de combate al crimen, pero los señalamientos de reuniones, pactos rotos y “protección selectiva” pintan otra escena: el Estado siempre jugando a lado de todos los bandos y de todas las organizaciones a cambio de raja política,votos y mas votos.

Frente a una prensa domesticada con convenios y una Fiscalía con sordera que ademas es socia, son justamente las redes las que van filtrando la mugre para descartar otras redes: fotos, narcomensajes, hilos anónimos que describen con pelos y señales quién reparte los sobres y quién pone la patrulla de escolta.

El Cape no es malandro de sector

El “Cape” del que se hablan, no es el típico gatillero de brecha aunque le gustan mucho las de Valle Hermoso, es el cliente premium de una maquinaria política y criminalmente organizada que lo mismo consigue licencias de armas con registro del ejercito con legitimidad de corbata.

El Cape en Diario Español 

El reportaje de El País coloca a este jefe del Cártel del Golfo apodado “Cape” como destinatario de armas y permisos gestionados desde un club de empresas de seguridad ligadas a Raul Rocha,el copropietario de Miss Universo en México, con acceso aceitado a la Sedena para destrabar licencias.

En las transcripciones citadas por EL PAIS,se escucha cómo los traficantes de armamento discuten preocupados por un decomiso que podría afectar precisamente a “los que andan con el Cape”, lo que confirma que no se trata de un improvisado de colonia, sino de un cliente estratégico de estas redes empresariales–criminales con apoyo militar.

Huachicol televisado y cuota política

El mismo alias aparece en los chats de WhatsApp que consigna reportaje de Televisa y que desnuda cómo un “cártel terrorista del Golfo” asociado a Cape, mueve huachicol “a lo bestia” por el puente Los Indios con la complicidad de militares corruptos y funcionarios de la aduana militarizada.

Ahí se describe un esquema en el que cada pipa paga mil dólares por cruzar, mientras operadores del gobernador Américo Villarreal y la facción de Alfredo Cárdenas cobran cuotas políticas y criminales, mostrando que el negocio incluye combustible, aduanas, Ejército y Palacio de Gobierno en la misma cadena de mando.

Del barrio a la élite armada

Con estos elementos, la narrativa oficial de que “Cape” es solo un delincuente más se derrumba: el personaje está conectado a empresas que proveen seguridad incluso a gobiernos, lavan dinero con contratos y usan la fachada legal para rematricular armas destinadas a su grupo.

Hablar de él como “malandro de barrio” es un insulto al barrio;lo que describen las investigaciones es de un criminal organizado que tiene de socios los cuellos blancos de la élite de la seguridad privada y los cuellos guindas de los huachicoleros de traje, exactamente el tipo de criminal que el discurso de la 4T jura combatir mientras les abre la puerta por la aduana. 

Si el régimen quiere descalificar este trascendido como chisme, que abra las cuentas, las bitácoras de operativo, las geolocalízaciones de sus elementos y sus jefes el pasado fin de semana como cita el trascendido ,asi como las declaraciones patrimoniales de la cúpula de la Guardia Estatal incluido el General; mientras no lo haga, cada peso que se “regenere” en la frontera seguirá oliendo más a dólar de cartel que a sueldo de servidor público.

Con informacion: @Redes/ELPAIS

SE «VA VICTORIO$O con MALETAS CHONCHA$ de DOLARES SATISFECHO de HABER DOBLADO al GOBERNADOR que IBA METER al BOTE por BANDIDO,UNICO CASO que NO ERA MONTAJE»…el pazguato que hablo mal de su desempeño en 2022, se trago sus palabras 3 años.


En la imagen se ve al gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, posando sonriente junto al ahora ex-fiscal de Justicia, Irving Barrios Mojica, ambos plantados frente a la mampara de la “Mesa de Paz” como si el simple fondo blanco alcanzara para blanquearle el expediente a cualquiera de los dos.

Barrios luce saco guinda, el color emblemático de Morena, como uniforme de último día de clases para despedirse de la Fiscalía después de casi nueve años al mando, mientras el gobernador lo abraza para consumo de redes sociales y boletines oficiales amañados.

Detrás de esta postal cursi hay una historia de componendas: el fiscal que llegó con Francisco García Cabeza de Vaca en los primeros minutos de Octubre de 2016 terminó hoy su ciclo que se prolongo por 9 años, 6 en la peligrosa era del CDV y 3 bajo un gobierno morenista que primero lo quiso fuera y luego lo recicló como su aliado encargado del departamento de la podredumbre institucional que parla con el narco.

Pero si al publico recurrentemente engañado por estos entes del gobierno, les quedara alguna duda, fue el mismo Americo Villarreal quien descalificó al fiscal saliente ,calificado como «El Genaro García Luna de Cabeza de Vaca».

Aunque sería el mismo gobernador el que en una entrevista de manera contundente hablo de su pésimo desempeño en Octubre de 2022:

«…es decision del Congreso local, pero a la forma en que hemos visto que se ha desempeñado,NO».

Fueron nueve años de aliado del Cártel del Golfo y Zetas, narrados por la prensa local como una gestión fallida, marcada por la impunidad y por miles de personas desaparecidas que nunca volvieron a casa, mientras el aparato oficial presumia “fiscalía digital” y discursos de transformación ética y moral. 

Barrios Mojica se va acumulando la escandalosa cifra de casi 14 mil desaparecidos registrados en el estado, al menos 6 mil corresponden al periodo de Barrios, una cifra que dibuja mejor que cualquier eslogan el tamaño del desastre forense y de investigación que deja tras de sí.

Acusado por víctima a antes de morir

Aun así, Villarreal lo despide dándole las gracias en la Mesa de Paz, como si no estuvieran hablando del funcionario que sobrevivió al cambio de régimen, a las protestas de colectivos y a una crisis de desapariciones que sigue convirtiendo al estado en laboratorio del crimen a gran escala.

El cuadro es doblemente irónico si se recuerda cuando la esposa del gobernador levantaba en sus manos la foto del Juez,al que el hoy gobernador ,antes de huir a su curul de Senador en la CDMX, denunció en 2022 y junto con el fiscal formaba parte del intento de Cabeza de Vaca por “atorarlo” y descarrilar su llegada al poder, acusándolo públicamente de prestarse al juego político. 

Tres años después, el mismo personaje al que señalaba como brazo jurídico del viejo mandatario recibe palmadita, reconocimiento y sesión de fotos, confirmando que en Tamaulipas la justicia no es un sistema, sino una mesa donde los que mandan se sientan, se perdonan y se reparten el botín cuando ambos son aliados del mismo aliado, el crimen organizado.

Quien llega ?…un ex-presidiario que sirvió al Cartel del Golfo y que los últimos 3 años ha fracasado acumulando chambas.

Con informacion: @Redes/

LAS «GEOGRAFIAS de CRUELDAD»: LA «ESTADISTICA de VIOLENCIA DESMAÑANADA es OPTIMISTA porque REALIDAD esta SIENDO ENTERRADA»…hay mucho cadaver sin contar o sin contar bien,porque no quieren verse mal.


El Gobierno vende un México donde los homicidios caen como si hubieran firmado un acuerdo de paz con la realidad. En los powerpoints oficiales todo baja: homicidios, delitos de alto impacto, violencia letal; en la calle lo que sube es la sensación de que alguien está maquillando el acta de defunción del país. 

Mientras el relato celebra “menos homicidios”, el mapa se llena de fosas, morgues saturadas y cadáveres que se vuelven problema administrativo antes que evidencia de un crimen. Es un país que presume estadísticas, pero que ni siquiera puede llevar la cuenta de sus muertos sin armar pleito entre estados por ver quién se queda o se deshace de los cuerpos. 

El otro México

En las Jornadas por la Reducción de la Violencia Homicida lo que apareció no fue un país pacificado, sino una geografía de la crueldad donde la violencia dejó de ser excepción para convertirse en rutina, advierte Ernesto Lopez Portillo. Treinta y cinco especialistas dibujaron un mapa que no cabe en la conferencia de prensa: territorios donde la violencia crónica no se reduce, se ramifica. 

¿Menos homicidios y más desapariciones y fosas clandestinas?

¿Menos homicidios y más personas buscadoras asesinadas, más ataques contra integrantes de órdenes religiosas, más periodistas ultimados y más mujeres muertas por arma de fuego desde la infancia hasta la vida adulta?

¿Menos homicidios y mayor reclutamiento de jóvenes para el sicariato?

¿Menos homicidios y expansión urbana y no urbana de la violencia letal?

¿Menos homicidios y más armas de fuego de fácil acceso, aligeradas para ser manipulables por niñas y niños?

¿Menos homicidios y más desplazamiento forzado precedido precisamente por la amenaza letal?

¿Menos homicidios y más cuerpos acumulados en servicios forenses y fosas comunes?

La ecuación es tan absurda como brutal ,el Estado celebra que bajó el plomo en las estadísticas mientras sube el terror en la vida cotidiana. 

Trucos con los muertos

Detrás del optimismo oficial hay trucos viejos con nombres nuevos: manipulación de registros, desapariciones que nunca llegan a la base de datos, cadáveres que se pierden en el limbo burocrático o muertos que no se cuentan porque son abatidos, aunque esten muertos. 

Hay disputas entre entidades para ver quién reconoce a los muertos y quién los barre bajo la alfombra numérica, lo mismo en N.L que Tamaulipas.

La impunidad es el pegamento que mantiene todo este teatro en pie: se investiga a los gatilleros, se protege a los cerebros, se administra el escándalo, se normaliza la masacre. Las instituciones oscilan entre la torpeza, la negligencia y la franca captura criminal, pero eso sí, cada mes producen un nuevo gráfico triunfal. 

Niños armados y jóvenes reciclables

La narrativa oficial no sabe dónde meter a los niños que ya pueden manipular armas de fuego “aligeradas” para sus manos. Tampoco sabe qué hacer con el reclutamiento de jóvenes al sicariato, convertidos en insumo desechable de una industria de matar o morir que el Estado observa a prudente distancia.

La violencia se expande en ciudades y zonas rurales como si fuera un negocio en franquicia: más desplazados, más rutas controladas por el crimen, más gente que huye para no morir y termina secuestrada, explotada y obligada a matar antes de ser asesinada. El homicidio ya no es solo un delito, es el eje que ordena una cadena de violencias que administra territorios completos.

Dos países, una mentira

Hoy coexisten dos Méxicos: el que se cuenta en la conferencia matutina y el que se excava con palas en fosas improvisadas. En uno, las muertes violentas van en descenso; en el otro, la impunidad convirtió al asesinato en lenguaje de gobierno de facto.

Cuando un país necesita esconder a sus muertos para sostener su relato, lo que se desplomó no fue la tasa de homicidios, sino la poca credibilidad que le quedaba al Estado. Ese es el México de las geografías de la crueldad: donde la estadística es optimista porque la realidad está siendo enterrada.

Con informacion: NOROESTE/ERNESTO LOPEZ PORTILLO

LAS «PIEZAS para ARMAR del ROMPECABEZAS de CORRUPCION y NARCO APUNTAN a la CHOMPA del MONARCO de MACUSPANA»…se necesita muy poco para meterlo al bote y ya hay mucho.


“En Washington, ya se tomó la decisión de ir contra Andrés Manuel López Obrador”. La aseveración tiene su origen en un operador político profundamente conectado con el aparto de inteligencia de Estados Unidos. Su pronóstico podría parecer inverosímil. Sus palabras, sin embargo, están respaldadas con hechos.

La semana pasada, la administración de Donald Trump lanzó dos dardos que trastocan al ex presidente de México.

El primero: la detención que ejecutaron agentes de ICE contra el empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla, socio de Transportes Unidos Mexicanos. Se trata de una persona clave en el contexto de la Operación Polanco, la investigación que realizó la DEA para comprobar que el Cártel de los Beltrán Leyva realizó aportaciones financieras a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. De acuerdo a testimonios de funcionarios de alto nivel y documentos revisados por el medio ProPublica, el dinero fue entregado a Mauricio Soto Caballero, un político que en 2002 se asoció con Manfred Mauricio Quintanilla en la empresa Arte y Creatividad Digital SA de CV. 

El intermediario directo de la campaña de López Obrador con los Beltrán Leyva fue Nicolás Mollinedo, quien durante décadas fue chofer y confidente del fundador del movimiento de la Cuarta Transformación. Mollinedo es, además, primo de Rafael Marín Mollinedo, actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas en el gobierno de Claudia Sheinbaum y quien mantuvo esa posición durante un breve periodo del sexenio anterior. De acuerdo a una recapitulación realizada por el periódico El País, en el 2002, siendo director de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México en el gobierno capitalino de López Obrador, Rafael Marín Mollinedo asignó un contrato a la empresa en la que estuvieron asociados Manfred Mauricio Quintanilla y Mauricio Soto Caballero. El círculo se cierra con la detención de la semana pasada en Estados Unidos.

El segundo dardo de la administración de Donald Trump en contra de López Obrador llegó a través una filtración: el medio Pie de Nota publicó un oficio que la agencia Homeland Security Investigations presuntamente envió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de México advirtiendo sobre el presunto papel del empresario Jack Landsmanas Stern para asistir a un grupo de la delincuencia organizada catalogado como grupo terrorista. El oficio utiliza palabras como “cleptocracia”, “lavado de dinero”, “evasión fiscal” y “apoyo logístico y financiero” para referirse a la presunta actividad de Landsmanas. El documento agrega que el empresario de origen lituano ha “mantenido y nutrido una cadena de corrupción” en el IMSS, el Instituto Nacional de Migración, Pemex, CFE y las secretarías de Finanzas de distintos gobiernos estatales.

Jack Landsmanas representa a uno de los empresarios mejor conectados de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Su compañía, Corporativo Kosmos y sus subsidiarias Productos Serel y La Cosmopolitana, han sido referidas en investigaciones periodísticas como “el cártel de la comida” debido a su amplia red de contratos como proveedores de alimentos en hospitales públicos, cárceles y centros migratorios. De hecho, Landsmanas fue de los pocos hombres de negocios que lograron transitar exitosamente desde el círculo íntimo de la administración de Enrique Peña Nieto a la de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. En el último año del gobierno priista, las empresas de Landsmanas obtuvieron contratos públicos federales por 5 mil millones de pesos. En los primeros tres años de la administración de López Obrador, el monto de las asignaciones fue de 18 mil millones de pesos. En el 2021, la revista Contralínea, un medio afín al gobierno, publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Secretaría de la Función Pública iniciaron una investigación por “evasión fiscal, lavado de dinero y pago de sobornos” contra las compañías de Landsmanas. A pesar de ello, el llamado “cártel de las comidas” continuó operando al más alto nivel de la 4T.

Ante la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela, el apellido Landsmanas se ha vuelto objeto de interés para el gobierno de Donald Trump. Adicionalmente, esto ha despertado inquietud sobre la red de poder del entorno de López Obrador que ha facilitado la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro. En octubre de 2018, pocos meses antes de la llegada de Morena al poder, la Procuraduría General de la República publicó un oficio sobre un  “esquema fraudulento” de “operaciones inusuales” para abastecer el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de la dictadura chavista.

En realidad, esto era la fachada de una estructura de desvío masivo de recursos públicos a la élite militar y política de Venezuela. El esquema fue operado por el polémico empresario colombiano Alex Saab, quien fue sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Florida por lavado de activos en relación a este programa. Posteriormente, Saab fue liberado en una negociación extrajudicial entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, quedó en evidencia el desfalco de los CLAP. Israel Lira,  titular de la SEIDO en la PGR del gobierno de Peña Nieto, alertó que había empresas mexicanas involucradas en este fraude, pero se abstuvo de nombrarlas. En noviembre de 2018, el medio de investigación periodística venezolano Armando Info documentó que  la trama de importaciones abarcaba a las compañías de Landsmanas y del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien a su vez estaba conectado con la cúpula del régimen castrista en Cuba.

Cuando López Obrador asumió el poder, lejos de continuar la investigación iniciada por Israel Lira, creó su propia estructura para aportar recursos al régimen de Maduro: Libre Abordo, empresa operada por el mexicano Joaquín Leal, fue asistida por Segalmex y por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, para ayudar al gobierno de Venezuela a evadir las sanciones impuestas por Washington. A través de este vehículo, México recibió petróleo a cambio de víveres.

El fin de semana pasado, The New York Times publicó que el buque petrolero venezolano que fue decomisado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenía como objetivo entregar petróleo a Cuba. La administración de Trump explicó esta misión como un operativo para frenar el financiamiento a grupos terroristas. El buque Skipper era operado en su mayoría por personal ruso y anteriormente había sido utilizado para ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. El decomiso fue una demostración de fuerza del gran despliegue militar del Comando Sur del Ejército y la Marina norteamericanas: una operación que cuesta 200 millones de dólares diarios y que concentra el 10 por ciento del poder de fuego de la primera potencia militar a nivel global. Esto fue, también, la manifestación de que la Estrategia de Seguridad nacional de Estados Unidos ahora toma como primera prioridad al Hemisferio Occidental.

Para Nicolás Maduro, el programa de entrega de petróleo venezolano a Cuba implica que, a cambio, recibe la protección y contrainteligencia de los servicios de seguridad del régimen cubano. ¿El ex presidente Andrés Manuel López Obrador recibe el mismo trato? A través de una subsidiaria privada de Pemex, Gasolinas del Bienestar SA de CV, México transfiere en promedio alrededor de 20 mil barriles de petróleo diario a Cuba, de acuerdo a reportes financieros de la paraestatal. La asistencia está tasada en 600 millones de dólares al año. En noviembre de 2024, ya en el gobierno de Sheinbaum, durante la última crisis energética de Cuba, México aportó 400 mil barriles de crudo y 65 mil barriles de diésel.

La administración de Sheinbaum no ha suspendido los envíos de crudo ni el programa de médicos cubanos, otro esquema de entrega de recursos monetarios al régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Carlos Giménez, congresista republicano por Florida, advirtió esta semana que “en el Congreso de Estados Unidos, sabemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum, en México, apoya tanto al narcotirano Nicolás Maduro de Venezuela porque sabe que en cuanto caiga él, caerá ella también por su complicidad con los narcos que han destruido al país”.

Ya sea por el expediente de Manfred Mauricio Quintanilla, por la operación de Landsmanas en Venezuela o por el programa de petróleo enviado a Cuba, Washington está emitiendo señales peligrosas para la coalición de la Cuarta Transformación, particularmente para su fundador, Andrés Manuel López Obrador.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«SITIADOS por las DEUDAS»: EL «59% de la TROPA del EJERCITO NO solo ENFRENTA al ESTRES TAMBIEN se DA un TOPON con las DEUDAS»…la que patrulla, la que despliega ,es la que más se endeuda y es sostén silencioso del negocio financiero de las Fuerzas Armadas.


Además del estrés que enfrentan los militares en sus patrullajes anticrimen, se suma otro: el de las deudas.

Periodo de crisis

El programa admite que entre 2020 y 2024 cayó el índice de cobertura de crédito justamente porque muchos elementos ya no cumplen los requisitos mínimos, pues no alcanzan la antigüedad o jerarquía exigida, arrastran deudas con otros bancos o con pensiones alimenticias, o rebasan los topes de endeudamiento fijados por Banjército para no comprometer indicadores como el Índice de Capitalización y la morosidad total, que se ubicó en 1.55 por ciento.

Al cierre de 2024, Banjército reporta 750 mil 959 créditos vigentes, de los cuales 719 mil 084 son de consumo y apenas 31 mil 875 hipotecarios.

La prioridad del crédito militar ha sido financiar compras inmediatas o liquidez, no vivienda. Y cuando se trata de hipotecas, son nuevamente los rangos altos los que concentran los montos más robustos: conforme avanza la jerarquía, aumenta el peso relativo de los préstamos para casa y disminuye el de los créditos de nómina o personales.

En el caso de la tropa, el programa reconoce que prácticamente el 100 por ciento de los créditos son de consumo y que, aun así, es el escalafón con más atraso en pagos.

El propio diagnóstico convierte esa realidad en «área de oportunidad» para reforzar campañas de educación financiera entre soldados, cabos y sargentos, con el objetivo de que aprendan a administrar sus deudas y, eventualmente, puedan migrar a productos de mayor plazo como las hipotecas.

El programa también desnuda la concentración territorial del negocio: la mayor parte del saldo de la cartera está en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, entidades donde se registra la mayor presencia de unidades militares y navales.

En paralelo, el banco presume una expansión de infraestructura, entre 2020 y 2024 el número de cajeros automáticos pasó de 532 a 840, un incremento de casi 58 por ciento, además de 93 sucursales distribuidas en seis regiones del País.

Sin embargo, el propio diagnóstico reconoce que, a pesar del crecimiento de cajeros, la cobertura financiera en el País sigue siendo desigual, los municipios con mayor rezago social son los que menos cajeros tienen.

Para sortear esa brecha, Banjército se apoya en convenios con otros bancos para que el personal militar pueda disponer de efectivo en más de 32 mil cajeros sin comisión.

Y, sobre todo, en la banca electrónica: al cierre de 2024, 43.79 por ciento de los créditos de consumo -328 mil 838 préstamos- se habían colocado por medios digitales.

Apuestan a banca electrónica

El Programa Institucional fija como objetivo incrementar año con año el número de transacciones realizadas por banca electrónica y por cajeros multifuncionales, de modo que más operaciones se hagan a distancia y se descongestionen ventanillas.

En 2024, Banjército registró 135 millones 436 mil transacciones electrónicas y se propone alcanzar 152 millones para 2030, además de crear una nueva base de datos para medir el uso de cajeros multifuncionales, con una meta de 12 mil 762 operaciones anuales a ese año.

En paralelo, el banco se compromete a crecer el saldo de las cuentas de nómina y ahorro de militares y público en general: de 8 mil 888 millones de pesos reportados en 2024 a 11 mil 261 millones en 2030.

Para lograrlo, anuncia campañas de ahorro, módulos itinerantes en zonas militares, promociones ligadas al calendario de pago de la tropa y esquemas de inversión automática en productos referenciados a CETES, todo con el discurso de fortalecer la «cultura del ahorro» en un sector que el propio diagnóstico califica como vulnerable frente al retiro o la invalidez.

En materia de inclusión financiera con perspectiva de género, el documento reconoce de manera explícita que las mujeres de las Fuerzas Armadas tienen menor participación en el sistema financiero, a pesar de que su cobertura crediticia ya rebasa el 70 por ciento.

El banco promete campañas dirigidas exclusivamente a ellas, eliminación de comisiones en ciertos productos, pláticas específicas en instalaciones militares y un sistema de notificaciones digitales segmentado, con el fin de aumentar la presencia femenina tanto en créditos como en cuentas de ahorro e inversión.

Banjército se compromete a renovar cajeros y terminales punto de venta, migrar trámites que aún se hacen en papel hacia ventanillas digitales, fortalecer Banjenet y Banjecel, e incluso usar la plataforma para disparar mensajes comerciales personalizados cada vez que un cliente se conecte o acuda a sucursal.

La meta es que los préstamos quirografarios -la espina dorsal del crédito de consumo- se puedan contratar cada vez más en línea, con menos fricción, lo que abarata costos operativos para el banco y acelera el ciclo de endeudamiento.

Un negocio amplio

El plan no se limita al interior del País. Como banca operadora de servicios fronterizos desde 1992, Banjército también administra permisos de importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones, así como el cobro de derechos migratorios.

El Programa Institucional propone digitalizar buena parte de estos trámites, hoy todavía en papel, para reducir tiempos de espera y, de paso, robustecer la base de datos que alimenta al Gobierno sobre el tránsito de personas y bienes entre México y Estados Unidos.

Con todo, el núcleo del documento deja en claro que la prioridad de Banjército sigue siendo el crédito al personal castrense.

El banco se define a sí mismo como una institución al servicio del bienestar de las Fuerzas Armadas, pero su principal herramienta para lograrlo son los préstamos, no las transferencias directas ni los apoyos no recuperables.

En esa lógica, el soldado sobreendeudado es a la vez un problema de riesgo y una oportunidad de negocio, un cliente que necesita más educación financiera para no caer en mora, pero también un usuario cautivo que seguirá circulando dentro del circuito de créditos de consumo, reestructuras y, en el mejor de los casos, un crédito hipotecario que lo ate por dos décadas o más a la banca militar.

Al final el Programa Institucional 2025-2030 intenta poner orden a esa tensión, pues promete más cobertura, mejores productos y mayor uso de tecnología, pero reconoce que, sin cambios de fondo en la cultura financiera de la tropa y sin un control real del sobreendeudamiento, el estrés de la guerra contra el crimen seguirá yendo de la mano del estrés por las deudas.

Y en el centro de esa doble presión, la tropa -la que patrulla, la que despliega y la que más se endeuda- seguirá siendo el sostén silencioso del negocio financiero de las Fuerzas Armadas, revelaron fuentes armadas.

Sitiado por las deudas

Esteban es cabo de Infantería en el Ejército mexicano, adscrito al Campo Militar 1. Como varios de sus compañeros de tropa, enfrenta una crisis económica, principalmente por pensiones alimenticias, renta de un cuarto en El Molinito y sus gastos personales.

Estos problemas lo orillaron a solicitar un préstamo quirografario de 38 mil pesos al Banjército, en un intento por aliviar su situación.

Ese préstamo es parte de una cadena de deuda que agobia a Esteban.

Su ingreso es modesto frente a las obligaciones. El salario neto mensual de un cabo del Ejército ronda los 18 mil 800 pesos. 

El ingreso del soldado ronda los 18 mil y, el de un sargento, los 20 mil pesos mensuales.

Estas cifras indican que los elementos de tropa (cabos, sargentos, soldados) viven con ingresos que, hoy en día, se pueden considerar bajos para sostener cargas familiares, pagar renta, pensión alimenticia, transporte, alimentación, etcétera, especialmente si tienen esposa e hijos.

El préstamo y su costo es una solución que en ocasiones agrava la situación, y, en ocasiones, es impagable.

Banjército ofrece créditos a personal militar denominados «préstamos quirografarios» como una opción de liquidez ante emergencias o necesidades. 

De acuerdo con una tabla pública, las tasas de interés para «tropa» en los préstamos ordinarios están, al menos en la referencia consultada, en un rango marcado como 8% S/I, 9% S/I, 16% S/I, en ciertos conceptos. 

Un cabo en activo puede ser elegible para un préstamo quirografario de Banjército por un monto aproximado de hasta $40,600.00 pesos o incluso más, dependiendo de su capacidad de pago y el tipo de crédito específico. El monto exacto se determina con base en el tabulador vigente y la capacidad de endeudamiento del solicitante.

Si Esteban tomó 40 mil, habría que ver las condiciones exactas, por ejemplo, el plazo, si es tasa fija o variable, descuento vía nómina, recargos, etc.

Pero incluso con una tasa moderada, el costo del crédito, sumado al resto de sus cargas económicas, puede consumir una parte considerable de su ingreso mensual, reduciendo su margen de maniobra para gastos esenciales.

Un reporte reciente señala que, al cierre de 2024, la cartera de crédito de Banjército alcanzaba unos 49 mil 098 millones de pesos, de los cuales el personal de tropa concentró 59.79 por ciento. 

Ese mismo personal registra el mayor índice de morosidad. 

Es decir, la mayoría de los créditos se otorgan a cabos, sargentos y soldados, precisamente quienes tienen los ingresos más bajos, y muchos de esos préstamos no se pagan en tiempo, lo que agrava la deuda.

Para Esteban y varios de sus compañeros, la decisión de endeudarse no fue opcional, sino una manera de llegar a fin de mes, de cumplir con obligaciones como pagar la alimentación de tres hijos con distintas parejas.

También transporte, medicamentos y apoyo a su familia. 

«Tengo ahorita ese problema, no hay litigios ni abogados en el tema de dar dinero a mis parejas para alimentar a mis hijos, son tratos entre nosotros, pero eso me presiona demasiado», dijo este elemento a REFORMA.

Se queja de la presión de los descuentos vía nómina, el temor de atrasarse, la angustia ante la posibilidad de perder estabilidad financiera.

Esto se suma a su labor diaria, que podría incluir misiones peligrosas, operaciones contra el crimen organizado, turnos largos, traslados, y el desgaste físico y emocional que conlleva servir en las filas militares.

Cuando los créditos se multiplican, la tropa termina con pocas posibilidades de recuperación y se suma a ellos una carga emocional que se intensifica, porque además la posibilidad de ascenso puede ser limitada, y la esperanza de mejorar condiciones de vida disminuye.

Esteban agradece a las Fuerzas Armadas las políticas de apoyo social como vivienda, subsidios, comedores, transporte, despensa y la atención a salud para reducir la necesidad de endeudarse.

«Pero se vive bajo un estrés permanente, esta combinación entre operaciones peligrosas, inseguridad, incertidumbre económica, y qué se hace, pues darle pa’ delante, ya estamos enrolados, ya qué», sonríe el cabo.

Con informacion: ELNORTE/