El mas reciente arresto en Culiacan del «PIYI», una figura «generadora de violencia», como pomposamente les llama el gobierno, viene a confirmarle a los ciudadanos que cuando las Fuerzas Armadas quieren, su gobierno puede someter a los rijosos para acortar la guerra interna o no hacer nada para perpetuarla en su agravio bajo consideraciónes tarugas y complices.
Como ya se sabe, fue durante la tarde de ayer jueves 19 de septiembre, que fuerzas militares y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en el sector Jardines de Santa Fe, Culiacán, resultando en la detención de «El Piyi», un importante miembro del Cártel de Sinaloa, cercano al grupo conocido como Los Chapitos.
Tras su arresto, mero resultado de abandonar los pretextos, dejaron ver una imagen que recorrió las redes sociales, atribuida al momento de la captura, pues se aprecia lo que podria ser otros gatilleros sometidos, sin haber disparado un solo tiro, pues otra vez,nadie se quiso morir.
¿Quién es El Piyi?
El Piyi se formo con el «Nini», unex jefe de escoltas de Los Chapitos ya detenido con quien aparece en una imagen a su costado derecho.
El sujeto ya era considerado una figura central dentro de la estructura criminal, responsable de coordinar operaciones de alto impacto en la región.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la detención, pero se espera que en las próximas horas se ofrezca una conferencia de prensa para confirmar más información sobre las implicaciones de este operativo.
A tan solo unas horas de la captura del "Piyi",jefe de gatilleros de los "Chapitos" sin disparar un solo tiro en Culiacan,que dejo ver lo que tanto hemos insistido, que el gobierno si puede, pero rara vez quiere,un comandante de la policía municipal de Mazatlán fue ejecutado en plena avenida, luego de un ataque armado en medio de la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa, que arreció desde el pasado 9 de septiembre.
El tiroteo se reportó en la Avenida Delfín, a la altura del Fraccionamiento Los Mangos, donde la víctima fue interceptada por hombres armados cuando circulaba a bordo de una camioneta.
El portal Ríodoce identificó a la víctima como el comandante Jesús Eduardo Galindo.
Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado de manera oficial sobre esta agresión armada.
Tanto "Mayos" como "Chapitos" han advertido "limpias" en el estado, lo que ha multiplicado en número de homicidios en el estado Gobernado por el morenistaRubén Rocha Moya.
La Guardia Nacional implementó un operativo en el sitio para supuestamente dar con los presuntos agresores, con datos aportados por testigos.
Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, desfilará en la Fashion Week de Milán, el próximo 22 de septiembre, anunció la diseñadora April Black Diamond.
"Emma no sólo nos honrará con su presencia, sino que también ha sido elegida para abrir y cerrar la muy esperada Colección April Black Diamonds, una impresionante colección de alta gama que combina a la perfección lujo, elegancia y audacia", posteó en sus redes.
Añadió que "su caminar poderoso, pero elegante dará vida a la colección, y estamos ansiosos por verla desfilar con el aplomo y la confianza que la caracterizan. Emma siempre ha encarnado la esencia de la alta costura y este es otro testimonio más de su increíble influencia en el mundo del estilo y el glamour".
Nacida y criada en Los Ángeles, April Black Diamondconstruyó una marca de lujo que es sinónimo de sofisticación. Su estilo único ha cautivado tanto a la crítica especializada como a las estrellas más importantes de la moda.
Su trabajo ha sido destacado en revistas de renombre comoVogue y Forbes Los Angeles, y ha vestido a personalidades del entretenimiento, desde concursantes de Miss Estados Unidos hasta estrellas de cine.
En agosto, Coronel debutó como modelo en un video musical protagonizado por quien fuera abogada de su marido, Mariel Colón. Coronel dijo entonces tener negocios en mente que todavía no podía desvelar por "no estar hecho", pero descartó por completo la posibilidad de participar en un programa de telerrealidad.
La Cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, convirtió la ceremonia del Grito de Independencia en un informe de actividades y despedida, lo que provocó abucheos de asistentes y que la diplomática amagara con suspender el festejo.
"Fui otra persona estos años, la periodista dejó de escribir largas crónicas del poder, severas críticas políticas, libros íntimos, para firmar cartas oficiales que no suelen tener respuesta", dijo ante los invitados.
"Redacté actas de nacimiento y testimonios de muerte como si fuesen recetas de cocina, entrevisté a miles de esperanzados viajeros y negué, negué, negué, visas a mi país, con un desasosiego...".
Inmediatamente, se escucharon silbidos, lo que provocó su enojo.
"Si le molesta, me hace favor de salir, o termina aquí la ceremonia, ustedes deciden, terminamos aquí la ceremonia o se callan, ustedes deciden, si no hay respeto, se acaba el Grito, se acaba la fiesta y nos vamos", reprochó.
En 2010, México enfrentó una guerra en las entrañas de los cárteles de la droga, que comenzaron un reacomodo. Donde fue aplicada la famosa "ley del más fuerte"; sólo los más fuertes salieron adelante o sobrevivieron.
Elpidio Mojarro Ramírez, el contador y eventual líder del Cártel del Milenio, quedó en el medio de esa batalla. Siempre leal a la organización criminal de los Nava Valencia, como un capitán, se quedó en el barco hasta que se hundió, pero sobrevivió y después huyó a los brazos de Washington.
El Cártel del Milenio se especializaba en traficar cocaína, mariguana y metanfetamina a todo México, Estados Unidos y Europa.
Asimismo, había logrado cierta estabilidad al colaborar con la Federación de Sinaloa, conformada por capos como Ismael Zambada García, El Mayo; Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva.
Sin embargo, en 2006 comenzaron algunos problemas con dos organizaciones criminales que comenzaban a pelear rutas estratégicas para el trasiego de drogas.
Reuniones de emergencia en el Cártel del Milenio.
“Se habló de los problemas de la guerra, el problema que había con la familia Michoacana y con Los Zetas, problemas de la droga que se vendía en la plaza”, comentó Mojarro Ramírez, en su testimonio durante el juicio en Estados Unidos en contra de Rubén Oseguera González, El Menchito.
Además, Mojarro recordó que los rivales querían apoderarse de Jalisco, el corazón de la operación de la organización.
En esas reuniones se encontraban Óscar Nava Valencia, El Lobo, líder del cártel; su hermano y mano derecha, Juan Carlos Nava Valencia, El Tigre; Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, jefe de plaza en Puerto Vallarta; y Abigael González Valencia, líder de la célula asociada de Los Cuinis.
En 2008 la situación empeoró.
El Lobo fue secuestrado por Arturo Beltrán Leyva, al pensar que colaboraba con él y el Chapo al mismo tiempo, pues habían roto la alianza de la Federación.
Elpidio Mojarro tuvo que pagar 4 millones de dólares para su liberación.
Por otro lado, Los Zetas habían endurecido su lucha por las plazas, entre lo que se incluye el robo de cocaína perteneciente a Los Cuinis.
Un año después, a finales de 2009, El Lobo fue detenido y en mayo de 2010 El Tigre, su hermano, fue arrestado, por lo que El Pilo quedó al frente de la organización.
Pero sin los Nava, nada fue lo mismo y los más inteligentes vieron en la fractura una oportunidad.
"Se desbarató, hubo un problema, Mencho formó el Cártel Jalisco Nueva Generación y yo me quedé en Milenio”, afirmó Mojarro.
"La guerra se desató no fue una guerra por las rutas, fue una guerra por el nombre, pero no era solo las rutas, o el nombre, eran los contactos, el poder", detalló.
Buscaron alianzas estratégicas
El Cártel de Sinaloa apoyó al Mencho y la Familia Michoacana al Cártel del Milenio.
“Yo siempre fui Milenio, nunca cambié de cártel (quien después vendió su alma al diablo) yo no me alié con los Zetas ellos me buscaron a mí”, aseguró Mojarro,
El brazo armado del Cártel del Golfo tenía motivos para buscar la caída del Cártel Jalisco Nueva Generación.
A final de cuentas, habían nacido como los Matazetas, y entre sus crímenes estuvo el asesinato del hermano de José María Guízar, El Z43, por parte de Los Cuinis, en un ajuste de cuenta por el robo de una tonelada de cocaína.
La violencia se desató.
Como parte de esa guerra, según se reveló en la corte donde se enjuicia a El Menchito, ocurrió la masacre de 26 personas que fueron asfixiadas y sus cuerpos abandonados en Guadalajara, Jalisco.
“Hubo daños colaterales”, recuerda El Pilo.
Las dos facciones vencedoras fueron el CJNG y el Cártel de Sinaloa, las dos organizaciones dominantes que hoy se pelean el control del territorio y las rutas mexicanas.
Elpidio Mojarro Ramírez se entregó al gobierno estadunidense años después, buscando una oportunidad para saldar su deuda por haber traficado toneladas de drogas por años, pero también para buscar protección para él y su familia.
Hoy es testigo colaborador de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Militares detuvieron en Sinaloa a un presunto jefe de sicarios al servicio de los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, conocidos como«Los Chapitos», informaron fuentes de seguridad.
Se trata de un sujeto identificado como «El Piyi», señalado como supuesto generador de violencia en Culiacán en contra de los gatilleros de Ismael Zambada Sicairos, «El Mayito Flaco», de acuerdo con versiones preliminares.
También es vinculado con las recientes emboscadas en contra de las fuerzas armadas que operan en la capital del Estado, derivado de la pugna entre esos grupos de la delincuencia organizada.
«El Piyi» fue detenido junto con seis de sus secuaces durante un operativo implementado por el Ejército y la Guardia Nacional el sector Santa Fe, en la zona norte de Culiacán.
El jefe de sicarios inició su carrera delictiva de la mano de Néstor Isidro Pérez Salas, «El Nini», jefe de la seguridad de «Los Chapitos», localizado por las Fuerzas Armadas en noviembre de 2023 en Culiacán.
«El Piyi» es «famoso» por ser mencionado en varios corridos, incluido en un tema interpretado por Peso Pluma,pero también es mencionado en la interpretación de Luis R. Conriquez.
Ninguna autoridad se ha pronunciado hasta ahora sobre la captura de este presunto sicario.
El riesgo de morir o desaparecer siendo joven en México escaló en los últimos años. Las tasas de homicidios y desaparición de jóvenes se dispararon a nivel nacional entre 2006 y 2022. Por cada cien mil personas asesinadas o desaparecidas, la tasa de jóvenes siempre es superior a la tasa nacional que incluye a todas las edades.
De acuerdo con un análisis hecho por el equipo de Investigación y Datos de El Universal, en 2006 había 10 asesinatos por cada cien mil personas de 12 a 29 años en todo el país. Para 2022, la tasa creció a 28 por cada cien mil. En el caso de las desapariciones, el aumento es aún mayor: en 2006 se encontraba en una por cada cien mil jóvenes, y en 2022 se situó en 29.
La mayor parte de los registros de desapariciones de jóvenes corresponde a mujeres. En 2013, la tasa de desapariciones de mujeres de 12 a 29 años superó significativamente a la de los hombres de esta misma edad, al llegar a 32 por cada cien mil mujeres jóvenes, y 22 por cada cien mil hombres jóvenes.
En números absolutos, más de 400 mil personas de todas las edades fueron asesinadas de 2006 a 2022 en México, y se registró la desaparición de más de 200 mil. Cuatro de cada diez víctimas de asesinato o desaparición eran jóvenes de 12 a 29 años. Es decir, todos los días asesinaron, en promedio, a 26 jóvenes y 20 desaparecieron.
Los datos presentados a lo largo de este trabajo surgen de un análisis de las bases de datos de homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), proyecciones de la población de México y de las entidades federativas del Consejo Nacional de Población (Conapo), así como una descarga del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), realizada por MORLAN, una consultora de análisis de datos.
En el Registro, el gobierno mexicano asegura que el 65% de las personas registradas originalmente como desaparecidas, eventualmente fueron halladas con o sin vida. Sin embargo, en este trabajo periodístico se contabiliza a toda persona que haya entrado al registro debido a las recientes publicaciones periodísticas que documentan inconsistencias en el registro gubernamental de personas encontradas. El registro no considera si las personas desaparecidas fueron localizadas. La descarga de los datos se realizó en diciembre de 2023.
Registros diarios de homicidios y desapariciones de jóvenes en cada sexenio
Se muestra la evolución del promedio diario de crímenes contra los jóvenes a lo largo de 16 años. Coloca el cursor sobre los puntos para obtener más detalles.
El número de registros mostrado en el tooltip está redondeado.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI y del RNPDNO.
“Había hasta un niño de 14 años”
El cuerpo de Francisco Javier Mosqueda Rosas, de 27 años, fue encontrado por su madre Juana Rosas en una fosa clandestina junto con otros casi 90 cadáveres de jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, en noviembre de 2020. La inhumación ilegal más grande reconocida oficialmente en la historia del estado, donde se han registrado algunas de las más altas tasas de homicidios y desapariciones en la última década.
Paco, como le decían, soñaba con tener su propio negocio, recuerda Juana, quien abre las puertas de su casa para esta entrevista en Salvatierra, una ciudad con historia independentista, hoy capturada por la violencia.
“Desde chico era muy traviesito y empezó a trabajar. Lo que él tenía ganas de comprar y no podíamos dárselo, lo adquiría embolsando (en el supermercado). Nos hacía reír a todos. ¡Nos hacía unas bromas! Cuando eran fiestas de la familia, a él le gustaba cantar”, comparte Juana.
Pero un día, la alegría se apagó. Paco desarrolló una depresión severa tras su divorcio. “Después, con la separación de mi esposo y yo, peor. Pues empecé a notar que empezó a consumir (drogas); más triste cada día”.
Con los medios que tenían a su alcance, ella y el padre de Paco intentaron que se recuperara, por lo que hicieron que ingresara a un “anexo”, como se le conoce a los lugares donde se interna a personas con adicciones, no siempre en las mejores condiciones.
Un día, Paco llegó preocupado y se comunicó con su padre, a quien le pidió que le prestara cinco mil pesos. “Es que debo una lana y si no, pues tú sabes”, dijo el joven.
Tras una discusión con su padre, quien le pidió volver a “anexarse”, Paco salió de su casa. Era el 29 de febrero de 2020. “Lo vi que se fue caminando con su cabeza agachada”, recuerda su madre. Cuando su hijo no volvió en días, preguntó a familia y amigos, pero nadie tenía pistas, por lo que levantó una denuncia de desaparición. “Ahí es donde empieza mi agonía”, dice la señora que trabaja de enfermera en un hospital.
Sin avances en la investigación durante meses, Juana decidió buscar a su hijo ella misma. Primero, con temor, contactó a Angélica Almanza, del colectivo de mujeres buscadoras “Ángeles de pie por ti”. Personas de la comunidad les refirieron que escuchaban gritos y lamentos en un predio cerca del histórico Puente de Batanes, famoso por ser el sitio donde Agustín de Iturbide ganó una batalla independentista en 1813.
Recuerda los olores, los escalofríos y la tristeza que sentía en el sitio de la búsqueda, el día en que comenzaron a hallar los cuerpos. “Había hasta un niño de 14 años”, rememora mientras describe artefactos de tortura que fueron encontrados en el predio.
Aunque el colectivo iba acompañado por diversas autoridades, faltaban muchas manos y recursos. Palas, picos, varillas, cubetas para la tierra, armeros para colar la arena y “buscar huesitos” fueron algunas de las herramientas que las buscadoras compraron con su propio dinero.
El Ministerio Público y una prueba de ADN confirmaron que uno de los cuerpos hallados correspondía a las características de su hijo. Juana aún sufre imaginando sus últimas horas de vida. Tiempo después del hallazgo, el padre de Paco fue asesinado, presuntamente a consecuencia de un intento de extorsión. “Mi vida se apagó”, comparte.
Actualmente, ella sostiene dos luchas: una contra el cáncer de tiroides y otra junto a las integrantes del colectivo para convertir el predio del hallazgo en un sitio de memoria, lo cual dignificaría el espacio, daría tranquilidad a las familias y visibilizaría la dimensión de la violencia contra las y los jóvenes en Salvatierra. Además, denuncian que el terreno sigue siendo utilizado para fines delictivos.
Buscan que el gobierno compre este predio, que tiene un valor de 700 mil pesos, lo cual es referido por las autoridades como una limitante. El colectivo argumenta que es viable adquirirlo a través de una permuta. Lo que realmente falta es “voluntad política, que el gobierno de Diego Sinhué acepte que hay fosas en el estado”, dice la activista Angélica Almanza sobre el gobernador.
En tiempos recientes, Salvatierra fue noticia internacional debido a la masacre de 12 jóvenes que celebraban una posada en una hacienda a orillas de la ciudad, construida en el siglo XVII. “Era de esperarse que esto sucediera”, reflexiona Almanza, pues es el resultado de años de violencia contra la juventud.
Tanto Juana, como Angélica, tenían sobrinos que fueron asesinados en la hacienda ese diciembre de 2023. En la comunidad de Salvatierra, es usual conocer a personas jóvenes que han sido víctimas de homicidio o desaparición.
Tras la última masacre, la violencia se ha recrudecido en la ciudad. “Es como si se hubiera dado un permiso para matar”, reclama Almanza.
La investigación está detenida, y las y los sobrevivientes y sus familias viven afectaciones a su salud mental y miedo a que quienes sobrevivieron sean acechados por los perpetradores del crimen.
En esta ciudad rica en historia hace falta memoria.
En Salvatierra, donde una vez caminó la independencia de México, las mujeres están salvando la tierra, y la memoria de sus muertos y desaparecidos.
“A su hija le quedó grande el paquete”
Dos veces ha pensado Fabiola Barrios que está a punto de encontrar a su hija Susana Vanessa Cruz Barrios, quien desapareció a unas cuadras de su casa en Jojutla, Morelos, mientras se celebraba un carnaval el primer día del 2022. A los 21 años, Susana era madre de un bebé de cuatro meses.
“Si me pega, me descuartiza o me mata, lo que me haga, tú intenta ser feliz. Sigue tu vida siempre con una sonrisa”, le dijo Susana a su madre unas horas antes de su desaparición. Por varios años, la joven había sido víctima de violencia por parte de su pareja, papá de su hijo.
“Yo como madre, que nunca le había pegado, ver que me llegara en la madrugada golpeada”, su voz se quiebra durante la entrevista. “Decía: no, cómo que alguien me la va a maltratar. Llegaba de ‘mamá, ahora me arrastró mi suegro, ahora fue su hermano’. Todo el tiempo alguien la golpeaba ya”.
A causa de una precaria y tardía investigación oficial, la sospecha de que su yerno sea el responsable no es la única hipótesis sobre la desaparición de su hija. Fabiola piensa que también pudo haber sido víctima de trata de personas a raíz de una investigación realizada por ella misma, como lo hacen miles de madres en este país.
Esta historia es un compendio de omisiones en la investigación y procuración de justicia, de autoridades machistas y de criminalización en el estado con la tercera tasa más alta de desaparición de mujeres jóvenes, con 89 por cada cien mil en 2022. De 2015 a 2022, Morelos se situó entre las cinco entidades con las tasas más altas de feminicidios.
Aún se encontraban celebrando el año nuevo en casa de Fabiola, cuando Susana y su pareja discutieron. Él salió con el bebé y no volvió hasta la noche. En el intermedio ocurrió la desaparición de Susana, quien en algún momento del carnaval salió a ver a los “chinelos”, bailarines tradicionales de Morelos.
“La vi que estaba con un vecino que yo considero peligroso”, dice Fabiola sobre la última vez que vio a su hija. Fue a buscarla a casa de este hombre, quien sólo le refirió que “se fue caminando sola”. Las autoridades le dijeron que tenía que esperar 72 horas para el reporte de desaparición, pero ella adelantó la búsqueda por su parte.
Un vecino le informó que había visto a su hija en un punto de la salida a Tlahuapan, con dos hombres. Fabiola recordó que ahí hay una fábrica de concreto que tiene cámaras, por lo que confiada en que podría tener pista de su hija, llevó los avances de su investigación a la Fiscalía. Pero ésta tardó siete meses en solicitar las grabaciones, por lo que el archivo del día de la desaparición ya se había borrado.
“Yo confié ciegamente en las autoridades, estaba desde un principio segura de que iba a encontrar a mi hija rápido y que me iban a ayudar. Yo decía, cuándo van a salir a buscarla”, reclama.
La Fiscalía no sólo tardó siete meses en investigar porque “había gente que había llegado antes”, sino que criminalizó a Susana cuando su madre compartió que en algún momento de su adolescencia había consumido marihuana.
“Posiblemente a su hija le quedó grande el paquete” de tener un hijo, le dijo el Ministerio Público. “Yo creo que ya se fue de traficante y anda en malos pasos. Por eso es que dejó a su hijo”, cuenta Fabiola. “En vez de que digan: no aparece una mamá, una hija, están cuestionando qué tan buena o mala madre es”.
Por el contrario, su bebé Adolfo Emiliano lo era todo para Susana. “Ella en verdad deseaba a su hijo. Era un amor desvivido. Apenas lloraba y ya estaba su mamá ahí, jugando con él. Era como una niña con un niñito. ‘Ve cómo huele, mamá’, me decía”, recuerda.
Inicialmente, Fabiola dijo al Ministerio Público que el principal sospechoso para ella era la pareja de su hija, por el antecedente de violencia. Entonces las autoridades dijeron que lo iban a llamar, “pero sólo le preguntaron si él había tenido algo qué ver con su desaparición, y dijo que no”. No investigaron más. También normalizaron que la fábrica de concreto donde presuntamente fue vista Susana por última vez, Cobasa, no entregara los videos. “Si tienen las grabaciones y pasó algo no quieren dar la grabación para no verse involucrados”, le dijeron a Fabiola.
A los nueve meses de la desaparición, sin ningún avance en la investigación, una amiga de su hija llamó a Fabiola. Le dijo que estaba viendo a Susana en ese momento afuera de una unidad habitacional en el municipio de Xochitepec, en Morelos, acompañada de dos hombres, luego la subieron a un carro blanco.
De inmediato, Fabiola pidió apoyo a la Fiscalía. Le dijeron que no podían asistir con ella a buscarla porque ese lugar era un “foco rojo” de trata de mujeres.
“Le recomiendo que no se meta ahí porque le puede pasar algo. ¿Cómo es posible, si ustedes son la autoridad?”, respondió la madre.
Fabiola fue al complejo habitacional a hacer “búsquedas en vida”, a pegar la ficha de desaparición de su hija y a hablar con los vecinos. Pidió a la Fiscalía revisar cámaras del centro de vigilancia C5 que estaban en ese sitio, pero no servían. A los 11 meses de la desaparición, una llamada anónima reportó que a Susana se la llevaban todos los días en un carro blanco, hombres con las mismas características que anteriormente le habían referido. Fue hasta entonces que la Fiscalía realizó un cateo.
Susana no apareció, pero sí hallaron a una joven que tenía un año desaparecida. “Me dijeron que gracias a mi investigación la habían encontrado y sólo me dieron la foto de la chica de recuerdo”, a Fabiola se le quiebra la voz. No investigaron más al respecto.
Este año, la Comisión de Búsqueda de Morelos recibió una llamada anónima con información de que Susana había sido vista en Tijuana en situación de calle. Pero no se trataba de ella, sino de una joven que se parecía. “Ahí es cuando me vine abajo. Se siente como que la vida está jugando contigo. Que ya la voy a encontrar, y no”.
Fabiola ha intentado cambiar la carpeta de investigación al delito de trata, “pero me citan leyes de que se tiene que cumplir tal y tal característica”, reclama.
Los colectivos Unión de Familias Resilientes de Morelos y Regresando a Casa Morelos solicitan investigaciones con perspectivas de género, apoyo y seguridad en el rastreo de fosas clandestinas, exhumaciones e identificación humana, y que se haga caso a sus denuncias sobre la participación de redes de trata de personas vinculadas a la desaparición de mujeres.
“Era mi niña con la que más platicaba”, dice la madre de Susana. “En algún momento no fui nada más su mamá, sino su amiga. Me contaba cada cosa que le pasaba. A veces al recordar esas últimas palabras que tuve de mi hija, intento ser feliz”, Fabiola termina esta conversación para regresar a cuidar a su nieto Emiliano.
Sin lugar seguro
Del total de jóvenes asesinados en el país del 2006 al 2022, el rango en mayor riesgo comprende de los 18 a los 29 años, aunque los casos se acumulan notablemente a partir de los 15 años. Las desapariciones se concentran en un rango aún menor: adolescentes de 13 a 18 años.
En este trabajo se realizó un análisis nacional que toma en cuenta las diferencias estadísticas en todo el territorio, por lo que el país se dividió en cinco regiones: Centro, Noreste, Noroeste, Occidente y Sur-Sureste, de acuerdo con la clasificación establecida por el gobierno federal en 2013 para la implementación de la estrategia de seguridad. Los datos fueron contrastados con la visión de especialistas de cada región.
De 2006 a 2022, en todas las regiones del país el riesgo de ser víctima de desaparición fue más alto para los jóvenes de entre 12 y 29 años que para la población de todas las edades. Por su parte, la violencia homicida presentó variaciones en el periodo de análisis, como se observa en el gráfico.
Años en que los jóvenes estuvieron en mayor riesgo de ser asesinados en cada región
La gráfica muestra los años en los que la tasa de homicidios para los jóvenes de cada región supera o se coloca por debajo de la tasa calculada para toda la población de la misma región. Las regiones se colorean cuando las cifras para la juventud son superiores. Así, por ejemplo, del 2015 al 2019 las cifras para la juventud fueron superiores en todo el país.
REGIONES
Noroeste / Noreste / Occidente / Centro / Sur-sureste
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI.
Violencia estructural
Un total de 17 personas especialistas en violencia y juventudes de cada región del país, entrevistadas para este trabajo, coinciden en que el detonante del incremento de las violencias contra la juventud fue la llamada “Guerra contra el narco”, cuyo origen está en una política prohibicionista.
Sin embargo, concuerdan en que el crimen organizado no es el principal enemigo a vencer, sino la violencia estructural que precariza a la juventud.
Si bien, cada entidad federativa tiene dinámicas particulares, los principales factores que vuelven a la juventud mexicana más vulnerable ante la violencia o a ser cooptada por el crimen son la falta de trabajo digno, educación y la falta de proyectos de vida a causa del estancamiento económico y la desigualdad, la desatención de la salud mental, otros problemas de salud como las adicciones y la incapacidad del Estado para tratarlas, la violencia familiar, la criminalización social y de las autoridades, la corrupción y la impunidad.
A nivel nacional, el promedio de escolaridad en el censo 2020 del INEGI fue de 9.7. “Eso quiere decir que prácticamente todos los jóvenes en México terminan la secundaria, llegan a la preparatoria y se salen”, comenta el sociólogo Raúl Zepeda Gil, quien a través de una investigación con jóvenes privados de la libertad por delitos violentos, encontró que los jóvenes reclutados por el crimen organizado son aquellos que escapan de la precariedad laboral.
“En México no tenemos una discusión de trabajo precario, apenas si avanzamos el tema de horas de trabajo y salario mínimo, que yo creo que vamos a una buena dirección, pero no es lo único, falta movilidad social, acceso a vivienda, a todos los derechos sociales”, reflexiona Zepeda, estudioso del nexo entre las desigualdades socioeconómicas y conflictos en Latinoamérica, y actualmente profesor de la Universidad de Oxford.
El porcentaje nacional de personas jóvenes en situación de pobreza fue de 40% en 2022, de acuerdo con el Coneval. Esta condición implica el rezago educativo, el acceso a la salud y a la alimentación, entre otras variables, frecuentemente señaladas por las y los especialistas consultados como factores de precarización.
Zepeda señala que el programa federal “Jóvenes construyendo el futuro”, la gran apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los jóvenes no tomen el camino criminal, está orientado al primer empleo, y no es la política necesaria contra la violencia, sino la formalización del trabajo y mayores salarios.
Comenta la necesidad de modificar el mercado laboral vinculándolo con incentivos para terminar la preparatoria, pues actualmente “tres años más de escolaridad después de la secundaria sirven para nada el mercado laboral”.
Para las juventudes también es difícil acceder a la salud mental. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, la tasa de suicidio nacional aumentó de 5.3 por cada cien mil personas en 2017, a 6.3 en 2022, y en este último año la mayor incidencia fue entre los 25 y 29 años.
El problema no sólo contempla la depresión, sino el sufrimiento social: “los estragos de la guerra contra el narcotráfico a nivel psicológico no han sido atendidos porque no hay capacidad institucional, no es prioridad. Son poblaciones que no están siendo atendidas, no hay infraestructura suficiente para la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que hay en este país”, explica Séverine Durin, quien ha trabajado con jóvenes en Nuevo León.
Otra problemática de salud que se agrava en contextos precarizados es la casi inexistencia de clínicas públicas para atender adicciones, lo cual puede ocasionar que jóvenes ingresen a “anexos” en los cuales no son tratados adecuadamente. Los especialistas en juventud y violencia también describen un sistema de acoso por parte del crimen y “enganche” para ser reclutados o para acumular deudas.
Este fenómeno está relacionado con dinámicas de violencia a nivel micro: desde ser asesinados o desaparecidos por pequeñas deudas, o ser víctimas secundarias por estar cerca de un espacio de consumo, a comprarle droga a una banda que no es del territorio, hasta ser violentados al dedicarse al microtráfico.
El asedio contra la juventud también lo cometen las autoridades y policías que criminalizan y propician la falta de investigación e impunidad. “Existe una violencia institucional que niega su condición de víctimas, les estigmatiza y convierte en el ‘algo andaban'”, acusa la antropóloga Rossana Reguillo.
Sobre las altas tasas de desaparición de mujeres jóvenes, especialistas a lo largo del país coinciden con que, principalmente, estás relacionadas con la violencia de género, feminicida, familiar y la trata de personas.
Alejandro "N",alias el "Metro-82", un "jefecillo" de sector de la populosa colonia Juarez de Reynosa,afiliado a la marabunta de criminales que jefatura un ex-militar del 77BI de Ciudad Victoria,fue arrestado esta madrugada en Reynosa por elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía Especializado en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Aunque la Vocería de la FGR no confirmó la información por ser operativo directo de la FEMDO, en medios policiacos y redes sociales trascendió con imagenes la detención del "M-82" quien habria sido detenido con cuatro sujetos más.
De acuerdo con informes preliminares, el arresto se concreto en sigilo,sin disparos y fue sorprendido en una casa de seguridad junto con otras personas y "ninguno se quiso morir".
En la acción los soldados aseguraron armas, municiones, chalecos y drogas.
La captura del sujeto,si bien es cierto no debe ser escamoteada,es un mero abono ,si consideramos que en Reynosa la violencia no césa,ni las persecuciones de malandros y policías que le sacan la vuelta al "Comandante Mono y su lugarteniente" Mario Guitian Rosas,alias "LA CHISPA".
A finales de Agosto,otro operativo dio con la guarida del "Ricky Sierra,mando del mismo Cartel del Golfo en Miguel Aleman que estaba radicando en Reynosa en barrio de gente pudiente porque también podía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió hoy cadena perpetua para el ex Secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, ya declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El Fiscal Breon Peace pidió al Juez federal Brian Cogan dejar a García Luna en prisión el resto de su vida por la gravedad de los delitos, de los que ya lo declaró responsable un jurado, además de imponerle una multa de al menos cinco millones de dólares. El juez notificará su sentencia el 9 de octubre.
«A cambio de millones de dólares, el acusado facilitó una conspiración responsable de las muertes de miles de ciudadanos mexicanos y estadounidenses. Es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y adicciones que facilitaron, y su traición a los pueblos de México y los Estados Unidos», afirmó la Fiscalía.
Recordó que la Policía Federal, bajo mando de García Luna, no sólo dejó trabajar al Cártel de Sinaloa, sino que lo proveyó con armas y uniformes, protegiendo a sus sicarios cuando ejecutaban a algún rival.
Agregó que la prisión vitalicia es una pena proporcional a la importancia de los cargos que ocupó García Luna en México, durante los gobiernos de Vicente Fox y, sobre todo, de Felipe Calderón, cuando fue titular de la SSP.
Como parámetro, se recordó al juez el caso del ex Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien también fue procesado por narcotráfico en Nueva York, con una condena de 45 años de cárcel y multa de ocho millones de dólares.
La Fiscalía destacó que García Luna no proviene del origen de pobreza o familias fracturadas de muchos narcotraficantes, sino que fue parte de una familia con ingresos estables, recibió una educación universitaria, y llegó a ser miembro de un Gabinete presidencial.
«El acusado no ha mostrado remordimiento por su conducta criminal, sino que ha seguido cometiendo delitos mientras ha estado bajo custodia, tratando de obstruir a la justicia mediante ofertas de soborno a otros delincuentes en la prisión donde esta recluido», afirmó.
Cabe recordar que uno solo de los delitos por los que un jurado declaró culpable a García Luna, el de empresa criminal continua, tiene prevista una pena mínima de veinte años de cárcel.
El ex funcionario de 56 años, que esta semana difundió una carta reiterando su inocencia y acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de ser cómplice del narcotráfico, fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración están esperando a que los líderes del Cártel de Sinaloa y las élites políticas locales lleguen a un acuerdo para pacificar Culiacán y el estado, porque su papel es meramente testimonial, ya que desde hace tiempo ahí existe “una gobernanza criminal”, dijo David Saucedo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en seguridad pública explicó que el Ejército y la GN sólo han hecho presencia disuasiva, para evitar que las facciones de Ismael El Mayo Zambada se enfrenten con las de Los Chapitos, que están en “una guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa”, después de la detención de El Mayo, el pasado 25 de julio en Estados Unidos.
“Ahorita hay una fractura entre la élite del narco en el Cártel de Sinaloa, y la élite política está expectante y a la zaga, quienes están a la vanguardia, tomando las decisiones importantes con relación a lo que pueda ocurrir, en efecto, son los grupos del narcotráfico”, refirió.
Advirtió que el gobierno federal no combate al crimen organizado ni busca cumplir con su obligación de garantizar la seguridad, porque “no ha hecho capturas, detenciones, decomisos, desarticulación de células criminales, no ha hecho nada”.
“Lo que está esperando el gobierno federal es que haya un entendimiento, un acuerdo. Incluso, no dudo de que estén tratando de mover sus hilos para que ellos mismos se sienten en la mesa a dialogar; lo veo complicado, ya es una afrenta de tipo personal, después de la captura del Mayo”, dijo.
Una lucha que puede expandirse
Saucedo aseveró que la violencia en Culiacán podría incrementarse y expandirse. “Los brotes de violencia que tenemos en distintas regiones, en algunos casos, corresponden ya al rompimiento de la tregua entre la facción de El Mayo y la facción de Los Chapitos.
“Sí hay una guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa, sí va a haber muchas zonas del país que van a estar en llamas, eso dalo por hecho; la preocupación de los ciudadanos es legítima”, expresó.
