“Te roban tu vida, tu familia, tus hijos, pierdes todo”, son las palabras de Ana Georgina Domínguez Macías, quien estuvo recluida por 13 años derivado de la fabricación de un delito relacionado con el narcotráfico. La “confundieron” con la contadora de un cártel del narcotráfico. Ocurrió en septiembre de 2009, cuando fue detenida dentro de su domicilio de manera arbitraria. Militares la torturaron a ella y a su familia. Fue abusada sexualmente por cuatro soldados y estuvo más de una década en la cárcel por un delito del que aún no encuentran pruebas en su contra.
“Errores que hacen que se alarguen los procesos o que se violenten las garantías procesales. Dice la Ley que son dos años de proceso y que si no encuentras las pruebas, lo debes dejar ir. Eso es lo que hace falta que realmente se investigue”, cuenta a EMEEQUIS la mujer, quien logró salir de prisión el 4 de noviembre, tras una modificación en la medida cautelar.
El exceso de prisión preventiva hizo que pasara 13 años sin sentencia por un delito que no cometió. Una forma de actuar constante desde el gobierno de Felipe Calderón: detenciones arbitrarias y personas en prisión sin ser declaradas culpables. “Hizo que muchas cárceles se llenaran de personas inocentes”, afirma Ana.
Bajo la figura de prisión preventiva en México se encuentran privadas de la libertad en promedio 93 mil 227 personas sin haber recibido una condena, de las 225 mil 628 contabilizadas dentro de las cárceles hasta este año, de acuerdo con la organización civil Intersecta.
Esta falta de justicia para determinar la liberación o sentencia de personas detenidas, se enmarca en un contexto de detenciones arbitrarias alentadas desde el periodo de la Guerra contra el narcotráfico a partir del año 2006.
De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo, han identificado, de 2006 hasta 2019, que 3 mil 967 personas han sufrido de detenciones arbitrarias. De estas, cerca del 75% fueron documentadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es duro ver que no sólo en mi caso no hubo una investigación. Nadie investigó, solamente estuvieron deteniendo por detener. Era como para decir ‘estamos trabajando en la lucha contra el narcotráfico y estamos dando resultados’. Pero la realidad es que no, sólo detuvieron personas injustamente”, relata Ana sobre su experiencia como falsa culpable.
La población de mujeres en prisión creció durante 2021 un 7.1% respecto al año anterior, de acuerdo con información oficial de penitenciarías del país. Ese año 10 mil personas entraron a reclusión, según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Un estudio de la organización Intersecta, el 52% de las 12 mil 683 mujeres presas en cárceles aún se encuentran bajo proceso, sin que se les haya probado culpabilidad en la comisión de delitos.
La historia de Ana Georgina no es casualidad, y se cuenta desde un país que se opone a la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa, pese a que se han recibido exhortos de organismos internacionales por anularla, como del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
Con su familia.
DETENCIÓN FABRICADA DESDE SU DOMICILIO
Pasadas las tres de la madrugada, destrozos en la casa interrumpieron el sueño de la familia Almada Domínguez. Era 9 de septiembre de 2009, cuando a Ana Georgina la detuvieron elementos militares de manera arbitraria.
Entraron a su domicilio con violencia, la retuvieron y acusaron de ser la contadora del narcotráfico, quien presuntamente pagaba las cuotas a líderes criminales y sobornaba policías.
“Había alrededor de 15 o 16 militares, todos encapuchados y con armas blancas. Otros dos vestidos de civil con unas maletas en sus espaldas. Gritaron que cuántas personas vivían ahí en la casa”, relata en entrevista Ana Georgina, quien al momento de su detención tenía 25 años, era casada y tenía dos hijos menores de 6 y 11 años. Todos presentes durante la redada.
Con violencia, los uniformados les preguntaban para quién trabajaban y dónde estaba el dinero. Ana, para disuadirlos, mostró sus documentos que la acreditaban como trabajadora en activo de Pemex, pero los militares seguían insistiendo sobre su supuesta participación en un grupo criminal.
“Con groserías ellos decían que podían hacer y deshacer, que tenían el control. Me sacaron de la habitación, yo estaba en ropa interior. Me empezaron a golpear en la cabeza, en las costillas con sus armas”, cuenta Ana, quien sufrió de tortura y violencia sexual.
Robaron la casa, los interrogaron y golpearon a Eduardo Almada, su pareja. Los movieron por diferentes domicilios, hasta que sólo retuvieron a Georgina para llevarla a una base militar en Coatzacoalcos, Veracruz.
“Me desnudan toda y me hacen caminar como en pasarela, me toman fotos”. Después la resguardaron en una camioneta, donde cuatro elementos del Ejército abusaron sexualmente de ella, con la amenaza de hacerlo también a su madre y hermanas. “Ahora sí vas a saber lo que es ser mujer. Me decían muchas cosas feas”, relata Ana Georgina en entrevista con EMEEQUIS.
En septiembre de 2009 Ana Georgina fue acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dos meses después se sumó el cargo de delincuencia organizada.
Diferente a la manera en que la detuvieron en su domicilio, los militares relataron que había sido detenida al ir circulando en un carro rojo donde le retuvieron un dinero de dudosa procedencia, del cual se derivaban por pagos y sobornos en favor de un grupo delictivo.
Ha sido un proceso lento por malas prácticas de las primeras defensas, y porque el caso se sustentaba también en dos coacusados, desconocidos para Ana Georgina, y el testimonio de supuestos testigos protegidos, que era inaccesible volver a consultar para el proceso.
Esto ocasionó que la detención se alargara 13 años por exceso de prisión preventiva oficiosa. Ella no ha sido declarada culpable, ni inocente, pero tampoco se presentaron las suficientes pruebas para demostrar que era responsable.
“Nos dimos cuenta que todo era una fabricación. Entregamos pruebas de que yo en ningún momento me dediqué a algún acto delictivo como ellos lo mencionaron. Se demostró mediante el Protocolo de Estambul que fui torturada psicológica, física y sexualmente por los elementos militares”, cuenta Ana Georgina.
Por su caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en septiembre la recomendación 67 VG/2022 hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Coatzacoalcos, Veracruz. En la cual se le reconoce como víctima de violaciones graves a derechos humanos por detención arbitraria y violencia sexual.
El pasado 4 de noviembre, Ana Georgina logró salir del penal de Santiaguito en el Estado de México. Apoyada por el Instituto Federal de Defensoría Pública se logró modificar la medida cautelar de prisión preventiva, para permitir que continúe su proceso en libertad.
Su vida se detuvo en 2009.
Por la detención y el lapso en la cárcel, Ana asegura que perdió su trabajo, seguridad, a su familia y el contacto con sus hijos, que ahora tienen 18 y 23 años. De haber sido sentenciada hubiera tenido una pena máxima de 8 años, sin embargo estuvo 13 parada dentro de un sistema de justicia inerte.
LOS PENDIENTES DEL PROCESO; EN ESPERA DE ABSOLUCIÓN
Un análisis de todas las pruebas presentadas durante el proceso de más de 13 años, fueron determinadas nuevamente por un juez que estableció en febrero de 2022, dar sentencia absolutoria para Ana Georgina por el delito de recursos de procedencia ilícita.
Se demostró que diferente a las versiones de militares y supuestos testigos protegidos que la acusaban, Ana no fue detenida por portar dinero en un vehículo, sino por ser retenida en su propia casa.
“Las narrativas dadas en ese momento por elementos del Ejército eran erróneas y que no se había realizado la detención como lo habían dicho… Se demostró que no fue así, que habían entrado a su casa y que se la llevaron dentro del inmueble con su esposo e hijos presentes”, explica a EMEEQUIS Alma Delia Gómez, abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública, parte de la defensa de Dominguez.
Pese a ello, el proceso aún no concluye, ya que aún pesa la acusación por delincuencia organizada. Será hasta el plazo del 18 al 19 de diciembre, que su defensa haga llegar los alegatos de conclusión para solicitar que Ana Georgina no sea declarada culpable.
La defensa se encuentra en el análisis de 47 tomos del expediente para determinar las violaciones procesales que se le presentarán al juez respecto al caso de Ana.
Algunas de las irregularidades detectadas hasta el momento vienen desde la detención efectuada de manera arbitraria, y las contradicciones entre las declaratorias de los testigos y policías que estuvieron en el arresto.
“Existen diversas contradicciones, son parte de lo que nosotros vamos a emitir en las conclusiones. Sustentar con testigos protegidos que no comparecen con posterioridad, que no existen señalamientos directos respecto a la detención. Ya no se sabía ni quién había detenido, porque ya no había una certeza en la información”, adelantó la abogada defensora.
Se espera que a corto plazo se realice la sentencia de conclusiones y se determine la sentencia. Sin embargo, la defensa percibe como una decisión arbitraria que Ana pueda volver a prisión, pues existen argumentos para sustentar que no participó en los hechos delictivos que se le acusan.
Hace falta liberar a muchas otras.
LA EXCESIVA UTILIZACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
De acuerdo con la organización Intersecta, se calcula que 1 de cada 4 personas privadas de la libertad se encuentran aún bajo la figura de prisión preventiva, sin recibir una sentencia.
Esta situación fue detectada también por Ana en los penales donde vivió durante 13 años, escuchando historias de compañeras reclusas, también encarceladas por delitos que no cometieron.
“Es muy cruel ver señoras de 60 o 70 años acusadas de delincuencia, robo o delitos grandes. Las ves que no se pueden mover, no pueden caminar. Platicamos entre todas. La mayoría era porque: ‘estábamos en una fiesta o en un convivio, hubo una redada y nos trajeron a todos’. Algunas en procesos de 9 o 10 años sin una sentencia”, relata Ana, quien refiere que es necesario un cambio en el Sistema Judicial y en la aplicación de la prisión preventiva.
Acusa que, al salir de prisión, no existen programas suficientes para que las personas puedan retomar su libertad y autonomía; como desde lo económico, emocional y de trabajo. Circunstancia que ahora padece en el entorno familiar y los miedos que llegaron tras el encierro.
“Me estoy acoplando a su vida, a su entorno. Me siento mareada, veo mucha gente y me da miedo, me asustan los carros. Tengo sensación de náusea. Me dice una psicóloga que fueron tantos años de encierro sin ver luz, carros y personas, que me va a costar adaptarme”, cuenta.
Ana asegura que aspira en seguir estudiando y convertirse en defensora de derechos humanos, para que ayude como lo hicieron con ella, a personas que están en cárceles de manera injustificada.
“No tendría la pena salir y olvidar todo. Tiene que valer la pena alzar la voz por las demás que no tienen el apoyo, la familia o la posibilidad de tocar una puerta”, afirma.
Fuente.-@GloriaPE_/
