En 2006, el inmueble ubicado en Antonio Caso 104 y 108, esquina con Miguel Schultz 129, colonia San Rafael, en alcaldía Cuauhtémoc, era un edificio de rentas que tenía algunos departamentos vacíos, ya sea porque se hacían trabajos de pintura o aún no tenían arrendatarios.
Un día, con violencia, llegó un grupo que sería identificado como Asamblea de Barrios. Rompió las puertas de los departamentos vacíos y se apoderó de ellos. Un trabajador del edificio alertó a los dueños, que presentaron la primera de una serie de denuncias infructíferas a más de 15 años.
Este caso, sin embargo, no es único.
En un lustro, de 2016 a 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició 17 mil 866 carpetas de investigación por el delito de despojo, con base en información obtenida a través de transparencia. Las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc lideran la estadística con 3 mil 132 y 2 mil 398 procedimientos abiertos. Sin embargo, Benito Juárez y Coyoacán no proporcionaron datos.
En muchos hechos, el móvil es el mismo: invasores, identificados como Asamblea de Barrios, que opera como grupos de choque, violentos, y en posible colusión con autoridades del gobierno capitalino, se apoderan de propiedades, ante la impunidad o permisividad de los encargados de hacer justicia. Como ejemplo, del total de casos, mil 902 carpetas han sido enviadas al archivo temporal, pero la mayoría se caracteriza por la nula respuesta.
En 2013, las autoridades de la Ciudad de México intentaron expropiar el edificio en Antonio Caso; sin embargo, en 2014 los dueños presentaron un amparo con el que lograron que el juez “precluyera” la expropiación, aunque ahí no terminaría la historia.
El acumulado de casos de invasión entre 2016 y 2021.
EN RIESGO DE COLAPSO
En 2017, el sismo de magnitud 7.1 dañó estructuralmente esta propiedad, de acuerdo con dictámenes de seguridad del gobierno capitalino. No obstante, los invasores, a cinco años, no han sido desalojados, aún con el riesgo que implica que sigan habitándolo, y pese a que, por ley, deberían salir, al menos para salvaguardar su vida.
Se trata, según un informe del ministerio público, de entre 18 y 20 familias invasoras en ese inmueble. Sin embargo, el dueño del edificio acotó que no conoce cómo la representación de la fiscalía llegó a ese dato, porque en la carpeta “nunca ha habido detalles de la policía de investigación, como quiénes son estas personas”.
“En el caso de la preclusión de la expropiación, ellos habían dado como justificante que el edificio estaba en riesgo de colapso (2014), lo cual entonces no era cierto. Pero hoy el edificio sí está en riesgo de colapso (tras el sismo de 2017), aunque en ese momento no.
“Ellos lo que debieron hacer en aquel momento, si en verdad había riesgo de colapso, era evacuar a la gente, porque se podía morir; sin embargo, se negaron a hacerlo, y la razón para ello es porque iban a perder lo que ya habían ganado, que era quitarme de facto mi edificio. Me expropiaron de la manera más cruel de todas, porque me lo quitaron y ni siquiera me lo pagaron. Ya no es que me lo hayan pagado caro o barato, ni siquiera me lo pagaron”, criticó uno de los dueños del edificio en entrevista con EMEEQUIS. Su nombre se resguarda debido a que ha recibido amenazas por un grupo de la delincuencia organizada que presuntamente actúa en colusión con la “Asamblea de Barrios” y autoridades de gobierno.
En 2019 el Congreso local de CDMX pedía el desalojo pero no se procedió.
LAS DOS VÍAS DEL DELITO
En el caso de este inmueble, la hebra de posible corrupción tiene dos vertientes:
“Por un lado, hablamos del despojo: hay invasores; es gente de Asamblea de Barrios que me invade. Entonces, yo solicito que la fiscalía actúe”, mencionó el dueño.
Con base en la carpeta de investigación, citó, se reconoció a la organización “Vanguardia Ciudadana” como responsable, pero las investigaciones determinaron que se trata de “Asamblea de Barrios”. De manera directa, señaló como uno de los probables responsables al dirigente Rodolfo Pichardo Mendoza.
El problema con este delito, dijo, es que durante todos estos años las autoridades les han comentado que no han podido hacer nada y que sigue en investigación. “Ese camino está totalmente bloqueado porque dependo de la autoridad”, sostuvo.
En el caso de la evacuación, el otro hilo de probable corrupción, mencionó que la nueva Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil, es sus artículos 222 y 223, dice que si alguna autoridad conoce de un inmueble que se encuentra en alto riesgo de colapso, está obligada a evacuarlo.
El inmueble acumula años con dicho riesgo, que conocen, por dictámenes y oficios intercambiados en torno al caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Congreso capitalino, la Comisión para la Reconstrucción, la alcaldía Cuauhtémoc y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
De no evacuar, como no ha ocurrido en cinco años, el dueño agregó que las autoridades incurren en omisiones y, posiblemente, en un delito que está tipificado en el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, en el artículo 259: ejercicio indebido del servicio público.
“Entonces, tienen un problema de vidas humanas que se pueden perder, porque el edificio se puede caer y matarlos, pero tampoco quieren reaccionar, porque dicen que no están obligados.
“Yo ya tengo dictaminado el edificio como de alto riesgo, pero peor aún: la autoridad cuando me iba a expropiar dijo que los que estaban adentro estaban de acuerdo en salirse en el momento que se les dijeran, para proteger su vida; sin embargo, la autoridad no les dijo que se salieran”, insistió.
Por este caso, el Congreso de la Ciudad de México se pronunció en el oficio MDS POPA/CSP/0494/2019 del 12 de febrero de 2019, que es parte de un punto de acuerdo, para que en tanto no se obtenga un dictamen positivo, el inmueble debe ser evacuado. El oficio fue firmado por el entonces presidente de la mesa directiva, José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
La propuesta, que presentó el diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional (PRI) exhortaba a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; a Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Protección Civil, y a Héctor Villegas Sandoval, titular de la Consejería Jurídica, para que en el ámbito de sus atribuciones realizaran las acciones necesarias para verificar la denominación de alto riesgo del inmueble ubicado en las calles de Maestro Antonio Caso No. 104 y 108 y Miguel E. Schultz No. 129, Col. San Rafael, C.P. 06470, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Sin embargo, “ante todas estas cosas, no pasa nada”, recriminó el dueño.
Acusó también: “Es ‘Asamblea de Barrios’, quien controla esa asamblea de barrios y la Unión Tepito, que tienen cooptada la Ciudad de México, con más de diez invasiones al día. Si se dividen 19 mil casos, entre cinco años, lleva casi a diez despojos al día.
“Es un negocio de un alto impacto social y genera muchísimo dinero, porque me quitan mi edificio, me lo invaden, y tienen gente que les sirve para las votaciones, para controlar, y que también les paga una cuota por estar ahí, porque no hay manera de que se lleve un juicio civil, porque entonces te lo atoran, o los jueces no quieren fallar en su contra”.
El dueño expone, desde su perspectiva, los réditos millonarios que puede tener este negocio.
“Voy a hacer una cuenta muy sencilla: si hay 19 mil invasiones en cinco años, quiere decir que estamos hablando casi de 4 mil invasiones al año, si valen cinco millones de pesos cada invasión, que lo pongo muy barato porque mi edificio era de 34 departamentos y difícilmente valía 5 millones de pesos, pero a valor presente 5 millones de pesos por cuatro mil inmuebles son 20 mil millones de pesos anuales. Esto deja más dinero que el robo de celulares, que el robo de vehículos y en muchos casos que la prostitución, por como está concentrado”.
Son cinco alcaldías en las que se concentra el mayor número de casos: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.
Es un negocio bruto y todos están metidos en ese negocio, acusó: “el Instituto de Seguridad de la Construcciones, la Secretaría de Protección Civil, en fin, todos”.
Refirió que este último organismo colocó sellos de clausura en su edificio, pero nadie actuó.
Para este afectado, “nadie (del gobierno) se quiere meter, porque (los invasores) son las huestes que han usado para ganar la ciudad en 20 años”, a través de operaciones político-electorales.
En su caso, la primera carpeta por despojo inició en 2006 (FCH/CUH-5/T2/1539/10-06), pero fue enviada a no ejercicio de la acción penal. Posteriormente, iniciaron otras en 2007 (FCH/CUH-5/T1/1700/11-07), 2010 (FCH/CUH-5/T3/2685/11-10) y 2016. Todas fueron al no ejercicio de la acción penal.
No obstante, un juez de control lo revisó, por un amparo interpuesto, y activó la carpeta de 2016, al reconocer que se habían violado los derechos de los propietarios.
En el proceso en busca del actuar de las autoridades, los dueños del edificio acumulan miles de fojas que corresponden a decenas de documentos, entre estos: oficio SGIRPC/DGART/1155/2019 del 26 de julio de 2019 elaborado por la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en el que corresponde al Dictamen del inmueble, de alto riesgo inminente, y el ISCDF/DG/1539/2019, que el Instituto de Seguridad para las Construcciones creó el 5 de agosto de aquel año: Dictamen de Alto riesgo de Colapso, mismo que fue enviado a la Comisión de Reconstrucción, para solicitar el proceso de demolición.
El 8 de junio del año pasado, mediante oficio DGSCyPC/DPC/257/2021, la Dirección de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc reconoció que todas las autoridades están enteradas del estado del inmueble. Expuso que la Dirección General de Regularización Territorial no tiene facultades, aunque en sus atribuciones artículo 233 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Dirección General de Regularización Territorial le corresponde: inciso III. También, mencionó las ordenes de los jueces de control y que la FGJCDMX estaba enterada y en espera de sus acciones. Las acciones no han llegado.
Las carpetas por despojo en investigación territorial muestran un número ascendente de 2016 a 2019, año a partir del cual hay ligera disminución, aunque la media se mantiene: 2016, mil 974 casos; 2017, subió a dos mil 347; 2018, a dos mil 447, y 2019 a dos mil 927. En 2020, se redujo dos casos: dos mil 925, y 2021 cerró el conteo de la autoridad con dos mil 892.
El 5 de febrero pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que actuarán contra el despojo. Pidió a los afectados presentar sus denuncias para que se pueda abrir un procedimiento penal y, si se acredita el delito, intervendrá la fiscalía. Los dueños de Antonio Caso 104 y 108 reclaman que llevan 15 años de espera.
Fuente.-@axelchl /
