Las consecuencias perversas de la criminalidad organizada son conocidas: más de un cuarto de millón de mexicanos asesinados durante los últimos 15 años, la parasitación de las instituciones políticas, la militarización del país y la victimización permanente de amplios sectores de la población, por nombrar las más obvias. Sin embargo, es menos conocido su impacto sobre la economía.
Próximamente verá la luz un trabajo de investigación en el que analizamos la conexión entre violencia criminal y recaudación de impuestos en los municipios y entidades federativas de México para el periodo 2000-2018. En principio, uno esperaría una relación negativa; es decir, que la atomización del mercado criminal y el incremento adjunto de la violencia aumenten el costo de hacer negocios (hay que pagar mordidas, contratar protección), trajera consigo un clima menos propicio para invertir y generar recaudación pública. Al mismo tiempo, podría suponerse que en un contexto de alta desigualdad, en el que las clases altas recurren a los mercados para abastecerse de bienes y servicios, resultaría poco probable que las amenazas criminales les empujen a coordinarse para reforzar las instituciones públicas de seguridad.
Sorpresivamente, nuestros resultados indican que la violencia criminal está ligada a una mayor recaudación fiscal, al menos en las entidades federativas. Los estados con más violencia criminal recaudaron más durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y este resultado es robusto a la inclusión de numerosos controles y al empleo de variables instrumentales para modelar la endogeneidad entre violencia e ingresos.
En segundo lugar, los estados gobernados por el priismo recaudaron en promedio más que los estados gobernados por el PAN durante el sexenio de Calderón cuando enfrentaban una escalada de violencia criminal. En tercer lugar, la recaudación fiscal es mayor cuando la riqueza estatal se concentra en el sector industrial (como manufacturas o agroindustria). Esto sugiere que la coordinación entre las élites económicas en presencia de violencia criminal parece ser más fácil en el sector industrial.
Finalmente, los resultados son más inestables para los municipios, lo que indica que el argumento de la coordinación de las élites para mejorar las condiciones de seguridad pública funciona mejor a nivel estatal que en la esfera municipal. Estos resultados son muy interesantes, porque apuntan a que los problemas crónicos de financiamiento de las entidades federativas son hasta cierto punto subsanables cuando sus élites encuentran motivos para aceptar incrementos fiscales.
¿Bajo qué condiciones la violencia interna puede fortalecer a los gobiernos? La literatura sobre guerras civiles encuentra que éstas son más comunes en países con bajos recursos e instituciones más débiles, y esos patrones suelen ser retroalimentados por el propio conflicto. Si bien son intuitivos, estos resultados van contra la llamada escuela belicista del Estado, la cual defiende que, bajo determinadas condiciones, los conflictos pueden contribuir a fortalecer las capacidades institucionales del Estado. Para Charles Tilly, si las élites económicas perciben que sus enemigos pueden expropiar sus fuentes de riqueza, preferirán reducir ese riesgo contribuyendo al reforzamiento de las instituciones de seguridad del Estado. Su principal evidencia se apoya en la consolidación de los Estados europeos durante el periodo final del medievo. A pesar de que se discute hasta qué punto esta teoría puede explicar la fortaleza de los Estados en otras regiones como América Latina, estudios recientes apuntan a un argumento explicativo semejante en la consolidación de varias naciones del sudeste asiático, de la Colombia de Uribe, o del México prerrevolucionario. En todos estos casos, la amenaza que coadyuvó al fortalecimiento estatal provino de rivalidades políticas internas. Así, nuestro trabajo investiga si un argumento similar es aplicable a las amenazas internas que enfrentan las élites económicas cuando las mismas provienen de grupos criminales.
En general, las élites económicas tienen pocos incentivos para incrementar su contribución fiscal y muchos para buscar soluciones individuales —pagar extorsión o reforzar su seguridad privada (o simplemente migrar). Pero este equilibrio puede alterarse cuando la posibilidad de expropiación económica o daño a la integridad física se vuelve creíble. En ausencia de apoyos federales, las élites industriales afectadas por amenazas extractivas de los grupos criminales buscarán coordinarse, mientras que las élites rurales buscarán instrumentos descentralizados para contener la expansión criminal (como la creación de autodefensas).
En nuestra investigación empleamos varios métodos, pero aquí nos gustaría centrarnos en el análisis más sencillo. La Gráfica 1 muestra que el incremento de la violencia criminal a partir de 2007 no parece tener relación con la recaudación fiscal anterior de las entidades federativas. Si no hubiera relación entre violencia e impuestos, deberíamos observar que las tendencias en la recaudación de los estados con más violencia y de aquellos menos afectados no se alejan después de la escalada criminal (o si acaso, los estados más afectados recaudan menos). Si nuestra conjetura es correcta, por el contrario, deberíamos observar que los estados más castigados por la creciente violencia fueron capaces de incrementar la recaudación fiscal para defenderse de la rapacidad criminal.
Distinguimos entre los estados con alta incidencia delictiva entre 2007 y 2010 (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, México, Nayarit, Sinaloa y Sonora, grupo de tratamiento) y el resto de estados (grupo de control). Los ingresos estatales per cápita en los dos grupos eran muy parecidos durante los 90 y sólo se despegan un poco en la primera década del Siglo XXI. Curiosamente, la brecha se amplía a partir del inicio de la llamada guerra contra el narco, de acuerdo con lo que el argumento belicista esperaría, y crece aún más durante el sexenio de Peña Nieto. En respuesta, las cifras de homicidios subieron más en los estados del grupo de control (127 % durante el gobierno de Peña), frente a una subida de 2 % en los estados con más violencia inicial.
Gráfica 1. Variación anual de ingresos estatales per cápita para estados con alta y baja tasa de homicidios
¿Qué hay detrás de estos números? Podemos ilustrar esta historia de éxito fiscal con Nuevo León, uno de los estados con mayor producción industrial en el país y en el que la violencia estalló en 2010. La escalada criminal, con secuestros y asesinatos en los centros urbanos, indignó a los empresarios, quienes aprovecharon la llegada en 2011 del nuevo gobernador priista, Rodrigo Medina, para exigir la instauración de una mesa de coordinación (la “Alianza por la Seguridad”) de la que salieron ideas como la creación de un nuevo cuerpo policial estatal llamado Fuerza Civil.
Los grandes empresarios neoleoneses se comprometieron a, entre otras cosas, financiar esta nueva policía, bien pagada para evitar la penetración de los grupos criminales. La recaudación fiscal de la entidad mejoró significativamente, pues los ingresos estatales per cápita subieron un 7.4 % anual entre 2007 y 2010, y 17 % anual entre 2011 y 2013, los años de la construcción de la Fuerza Civil. Ni mayores transferencias federales, ni un mayor crecimiento económico explican ese crecimiento fiscal por sí solos.
En resumen, nuestros hallazgos refuerzan el argumento de la escuela belicista: ante una amenaza de expropiación, las élites económicas buscan reducir ese riesgo al contribuir al reforzamiento de las instituciones de seguridad del Estado. Está por verse si la actual ambigua combinación de más militarización (Guardia Nacional) con la aplicación discrecional de la ley (mediante la estrategia conocida como “abrazos, no balazos” del gobierno federal) animará a las élites a seguir reforzando a las instituciones políticas, o si buscarán soluciones privadas que desgasten la provisión pública de seguridad.
Fuente.-Luz Marina Arias
Profesora-investigadora de la División de Economía del CIDE
Luis de la Calle
Profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE
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