El equipo de investigadores de la antigua Procuraduría General del Estado (actual Fiscalía General de la República) que investigaban las desapariciones de 47 personas a manos de elementos de la secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sufrieron dos atentados cuando realizaban diligencias en el municipio fronterizo a mediados de 2018.
CABEZA de VACA INVOLUCRADO:
En concreto, fueron atacados por sujetos armados en los meses de junio y julio, justo cuando comenzaban las pesquisas sobre las desapariciones y poco después de que se anunciase la retirada de 267 marinos por las crecientes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por el personal naval. En el segundo de los ataques murió un soldado que formaba parte de la comitiva, mientras que en el primero no hubo que lamentar heridos. Ambos atentados aparecen en sendos registros incluidos en varias de las carpetas de investigación sobre las desapariciones a las que Animal Político tuvo acceso a través de solicitud de transparencia. En los informes no se indica ninguna hipótesis sobre los posibles responsables.
El primero de los atentados tuvo lugar pasadas las 14:00 horas del 12 de junio de 2018. Según el registro de los hechos, la comitiva, formada por coches de la PGR custodiados por jeeps militares, se encontraba realizando diligencias sobre la desaparición del joven Brandon Eduardo Nevárez García, de 18 años, visto por última vez tres meses antes y cuya familia señaló a la Marina como responsable.
Tras salir de un Oxxo, los agentes observaron movimientos sospechosos de una persona que portaba “una radio o un arma”. Al subir en los vehículos se dieron cuenta de que les seguía una camioneta de color rojo, a la que se unen otros dos autos: un Ford color dorado y un jeep blanco. Luego de constatar que estaban siendo perseguidos y que les apuntaban con un arma, los investigadores aceleraron su marcha. Sin embargo, fueron interceptados por personas que lanzaron las denominadas “poncha llantas” al piso, lo que provocó que una de las camionetas terminase en un lote de camiones, mientras que el resto logró ponerse a salvo.
Los agentes trataron de huir a través de un camino de terracería, pero fueron interceptados por al menos 12 civiles armados que les interrogaron por el motivo de su presencia en el lugar. Los atacantes sustrajeron las armas reglamentarias que portaban tres policías ministeriales y, al escuchar las sirenas de policía que se acercaban, abandonaron el lugar.
Encerrados en un centro comercial
El segundo ataque se registró apenas un mes después, el 9 de julio. Aquel día la comitiva se dirigió desde las instalaciones del 16 Regimiento de Caballería Motorizado, ubicado en Nuevo Laredo, hacia la base de operaciones Nueva Colombia, ubicada en Anáhuac, Nuevo León. Este se ubicaba en el kilómetro 27 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras y es uno de los tres centros de operaciones con los que contaba la Armada de México en las inmediaciones de la zona.
Pasadas las 15.00 horas y tras realizar diversas diligencias en la base de Marina, el grupo, formado por tres vehículos del Ejército custodiando a los agentes de la extinta PGR, vio cómo el conductor de una pick up color negro apuntaba con su arma al segundo carro militar. De ahí el convoy se dirigió a la base Nuevo Laredo Sur tras recoger a varios peritos por las instalaciones de la PGR. Allí, nuevamente, realizaron inspecciones de las armas, vehículos y equipos de radio.
Tras abandonar el lugar se registró un nuevo ataque. “Al encontrarnos circulando en el carril central a la mitad de una curva pronunciada, en el carril izquierdo (alta velocidad) se detuvo un vehículo stratus color blanco, cuatro puertas, sin poder ver las placas, escuchando detonaciones de arma de fuego, procediendo a detener la marcha tratando de protegernos con el ángulo trasero de una de las unidades de Sedena, y al mismo tiempo una camioneta pick up doble cabina, línea Lobo, color negra, se incorpora al boulevard Constituyentes y continúan las detonaciones de arma de fuego, procediendo a resguardarnos al piso del vehículo”, relata el documento.
Según el informe, el convoy logró escapar del lugar, pero al circular sobre la carretera Monterrey Nuevo Laredo fueron alcanzados nuevamente por la camioneta negra y otros vehículos (un jeep rojo y una pick up blanca) que continuaron con la agresión armada. “Una de las unidades de Sedena toma la punta y coloca su unidad atravesándola en los carriles de circulación para proteger el convoy, al encontranos en fuego expuestos decidimos realizar maniobra de protección y nos incorporamos al estacionamiento del centro comercial Paseo Reforma, donde detuvimos el vehículo e ingresamos a la plaza (…) puesto que las detonaciones se escuchaban cada vez más cerca”, prosigue el relato.
Los oficiales se encerraron en el Walmart que bajó sus puertas de seguridad hasta que media hora después la zona fue acordonada por la policía. En registro señala que uno de los soldados resultó herido, pero dos fuentes diferentes que hablaron extraoficialmente confirmaron a Animal Político que no pudo recuperarse y que falleció.
Sin datos sobre detenidos
Animal Político pidió un comentario a la FGR pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. El informe no hace referencia a quién podría ser el responsable. Nuevo Laredo es un municipio con fuerte presencia del crimen organizado y donde opera especialmente el cartel del Noreste, una escisión de Los Zetas, antiguo brazo armado del cartel del Golfo y que operó de forma independiente desde principios de este siglo. No hay datos sobre detenciones o señalamientos por estos ataques.
La Fiscalía tiene abiertas 34 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 47 personas en Nuevo Laredo entre los meses de febrero y mayo de 2018. En abril de este año 30 marinos fueron vinculados a proceso por las desapariciones de tres víctimas: Julio César Viramontes Arredondo, José Luis Bautista Carrillo, Jorge Antonio Hernández Domínguez y Juan Carlos Zaragoza González.
El 13 de julio, la Semar ofreció un acto de disculpa en Nuevo Laredo y se comprometió a compensar a las familias, aunque hasta el momento sus elementos no han ofrecido información sobre el paradero de las personas que faltan. Seis meses después de las detenciones de los elementos navales, un juez de Tamaulipas aceptó un amparo presentado por 12 de ellos y los puso en libertad, dando orden de que se repita el proceso y se dicte un nuevo auto. Entre los excarcelados se encuentra Alfredo Reyes Mondragón, considerado el principal mando de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina en Nuevo Laredo. Tanto las familias como la FGR anunciaron su intención de recurrir la sentencia.
Los atentados sufridos por los investigadores, desconocidos hasta ahora, son un nuevo capítulo de uno de los casos más importantes de violaciones a los derechos humanos en México en los últimos años y que todavía mantiene las principales interrogantes: dónde están los desaparecidos, quiénes fueron los responsables y quién dio las órdenes.
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