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lunes, 16 de agosto de 2021

"AHORA CHAMBITA MUSICAL al EJERCITO": DISEÑARA,PRODUCIRA y EDITARA la FIESTA del BICENTENARIO...los expertos en colado y resanado de los bancos del bienestar.


Por si algo faltara: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un nuevo encargo para la celebración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia.

El “diseño, producción audiovisual multiformato, edición musical, pirotecnia, ejecución y difusión pública” de ese evento, programado para el 27 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Ya construyen obras prioritarias para la Cuarta Transformación. Son expertos en “colado” y “resanado” en la edificación de Bancos del Bienestar.

Sin olvidar que son pieza clave en el combate a grupos de la delincuencia organizada, vigías en aduanas, puertos y carreteras. Los soldados del Ejército Mexicano ahora entrarán a la organización de eventos masivos.

Con una nueva responsabilidad sobre sus espaldas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ahora tiene un nuevo encargo para la celebración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia:

El “diseño, producción audiovisual multiformato, edición musical, pirotecnia, ejecución y difusión pública” de ese evento, programado para el 27 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Y sí, en esta ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó al Ejército Mexicano esa tarea, aparte de las múltiples responsabilidades que les ha conferido en los tres años de su administración.

ENCARGADOS DE MEGAOBRAS

No conforme con asignarle la construcción de algunos de los llamados megaproyectos de infraestructura del actual gobierno, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucía, y próximamente absorber la totalidad de las tareas de la Guardia Nacional, el jefe del Ejecutivo federal ya terminó de encontrarle el lado multifacético a las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con una copia de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-007000999-E821-2021 que tiene EMEEQUIS, la Dirección General de Administración y Subdirección de Adquisiciones de la Sedena dará un fallo sobre el ganador de esta licitación –que está abierta desde el 16 de agosto a empresas nacionales y extranjeras– el próximo 20 de agosto a las 11:00 horas.

En el punto F de la Licitación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional puntualiza que “el licitante adjudicado deberá realizar las acciones necesarias para que el día 27 de septiembre de 2021 se interprete el tema ‘Desde la raíz’, por el cantautor Jaime Flores, en el concepto que el servicio deberá incluir todos los aspectos de derechos de autor para la conservación de los derechos morales de los autores y para la cesión de los derechos patrimoniales a favor de la Sedena, por tratarse de obras por encargo”.


Canción “Desde la raíz”, por Jaime Flores, una de las peticiones en el contrato. 


REQUISITOS PARA PROVEEDORES

Uno de los requisitos que pide la Defensa Nacional a las empresas interesadas en la licitación de este evento es garantizar la prestación del servicio en los plazos y condiciones que se especifican en el documento, que está disponible en la plataforma Compranet del gobierno federal.

En ese sentido, el órgano castrense pide la realización de tres “prácticas generales” en la Explanada Damián Carmona, Campo Militar No. 1-A, “General de División Álvaro Obregón”, los días 20, 22 y 25 de septiembre, a las 19:30 horas.

Además, una cuarta práctica general a realizarse el 26 de septiembre en la Plaza de la Constitución, también a las 19:00 horas, y la “entrega final”, que se realizará en la plancha del Zócalo capitalino, a las 19:00 horas, que contará con la “intervención de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea”.



Carátulas de los documentos de la licitación.


En total son siete los servicios que requiere la Secretaría de la Defensa Nacional para la realización de la ceremonia de conmemoración de los “200 años de la Consumación de la Independencia de México”.

La descripción de la contratación es por: “producción de obras audiovisuales”; “ilustraciones, modelado y animación”; “edición y producción musical”, y “producción de espectáculo de juegos pirotécnicos y efectos especiales”.

Además, el “montaje, producción, dirección, organización y ejecución pública de la representación histórica y su espectáculo conmemorativo”; “ejecución y transmisión pública”, así como “video promocional”.

fuente.-@emeequis/


"CUAL REGRESO a CLASES ?": ELLOS se ENTRENAN en las ARMAS para CUIDAR al "PUEBLO" en la SIERRA ABANDONADA de GUERRERO...el ganso no se cansa porque no hace nada.


Adolescentes de Ayahualtempa, en la zona de la Montaña baja de Guerrero, están listos para regresar a clases.

Sin embargo, los maestros no quieren ir al Municipio de José de Joaquín Herrera por la inseguridad y porque en esas comunidades no quieren vacunarse contra Covid-19 debido a sus usos y costumbres.


"Los niños quieren clases formales y ya le habíamos dicho al Gobernador, pero ya tiene dos años que no manda a maestros", dijo Antonino Toribio, poblador .


Son 78 adolescentes que esperan cursar la secundaria y la preparatoria.

Mientras las clases están suspendidas, los jóvenes apoyan a sus padres en la vigilancia del pueblo y del ganado.

Fuente.-

"PLAGIADO para CURAR MAÑOSOS en TREGUA ?": MEDICO TEXANO DESAPARECIDO por "MAÑOSOS o POLICIAS o MAÑOSOS" LLEVA 1 SEMANA PLAGIADO en TAMAULIPAS...CDV va rumbo a triplicar cifra de desapariciones.



Autoridades están buscando a un médico originario de Texas que trabajaba en México y ha sido reportado como desaparecido durante más de una semana. Se cree que el médico fue secuestrado mientras conducía hacia un hospital en la zona fronteriza de Tamaulipas para realizar una cirugía.

Según información revelada por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Rodolfo Isaac Mendoza Jr., de 33 años, de Laredo, Texas, se encuentra desaparecido desde el 8 de agosto en Reynosa, Tamaulipas. El es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y venía realizando sus trabajos de residencia en Tamaulipas. Mendoza conducía un Ford Fusion con placas de Texas de Reynosa a Río Bravo luego de que sus supervisores directos le ordenaran realizar una cirugía allí, sin embargo, nunca llegó al hospital.

Y PODRIA TRIPLICARLAS:


Dado que Mendoza es de Texas, el Consulado de los Estados Unidos ha estado en comunicación con las autoridades del estado de Tamaulipas en relación con el caso.


Luego de ser notificados de su desaparición, los investigadores del estado de Tamaulipas acudieron a su casa en Reynosa donde encontraron que faltaba su equipo médico y la casa había sido saqueada. Además, los investigadores le dijeron a Breitbart Texas que los secuestradores habían intentado incendiar la casa en el lavadero, pero el fuego no se extendió.

Una de las teorías que están analizando los investigadores de Tamaulipas es que hombres armados del Cartel del Golfo secuestraron a Mendoza para que cure de sicarios heridos. 

Esto se produce incluso después de que el Cartel del Golfo anunciara públicamente que sus facciones beligerantes habían entrado en una tregua para traer la paz a la región. Como informó Breitbart Texas, las facciones rivales del Cartel del Golfo habían estado en guerra durante casi cuatro años por el control del lucrativo tráfico de drogas y las rutas de tráfico de personas.

"ASI VA la CARRERA (...en lo que corre) por la SUCESION 2022": FRACASARIA ALIANZA "PAN-PRI" y TODO INDICA "BOTARAN" a los CABEZA de VACA y su PAN_DILLA ENRIQUECIDA con DINERO del PUBLICO...ni como sacar al buey de la barranca.



La carrera por la sucesión en Tamaulipas se libra en carriles guindas. Ni los azules ni los tricolores y mucho menos los naranjas tienen oportunidad de suceder al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero que será confirmado tarde o temprano, a la vez que tiene que operar su defensa política y jurídica sin recursos, luego de que la UIF de Santiago Nieto ordenara congelarle sus cuentas bancarias.

Los señalamientos por haberse enriquecido a través de su relación con poderosos narcotraficantes parecen bastante sólidos, tanto que nadie apostaría por seguir viendo en libertad al controvertido Cabeza de Vaca. 

NI COMO SACAR AL BUEY DE LA BARRANCA:


Esta situación ha encendido la grilla entre los morenistas tamaulipecos, quienes hacen sus cálculos para ver con quién tienen que cuadrarse. Algunos revolotean alrededor del senador Américo Villarreal, quien ha expresado su intención de buscar la silla grande. Otros se arremolinan en torno a la expanista Maki Ortiz y unos más se están aproximando cada vez con mayor interés a los alrededores de Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).


Aunque con menos posibilidades, también abrigan esperanza el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán y José Ramón Gómez Leal, delegado del gobierno federal en la entidad.

Entre los nuevos y viejos legisladores locales se dice que la competencia real sólo está entre Rodolfo González Valderrama y Américo Villarreal, quienes ya recorren el estado los fines de semana. Habrá que estar atentos a las señales que salgan de Palacio Nacional y el Senado de la República, donde están dos factores reales de poder: el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

También habrá que observar los pronunciamientos de la diputada local electa Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de AMLO, quien comenzará a jugar un papel relevante en las redes de influencia de la entidad.

Rodolfo González Valderrama, Américo Villarreal y Maki Oritz. Aspirantes a Tamaulipas. Fotos: Especial.

FRACASARÍA LA ALIANZA PRI-PAN

Las encuestas que circulan en el congreso local colocan a Morena con una intención de voto de 53%, mientras que el PAN tiene sólo 30% de las simpatías ciudadanas. El PRI apenas alcanza el 7%. 

Los números son aún más holgados para el partido del presidente López Obrador cuando se mide la percepción de triunfo: Morena 65% y PAN 24%. Aun así, el dato más relevante surge cuando los sondeos preguntan sobre los partidos con mayor índice de rechazo: PAN 36%, Morena 34% y PRI 20%. 

La suma de repudio a PAN y PRI (56%) hace pensar que una alianza entre embos partidos terminaría por matar las posibilides de competirle la gubernatura a Morena, el instituto político que, además, cuenta con precandidatos bien posicionados de cara a la elección de 2022.

Los legisladores locales explican que la percepción de que PAN y PRI están ligados a grupos criminales está beneficiando a los aspirantes de Morena, especialmente a Rodolfo González Valderrama, quien está ajeno a las élites de poder locales pero cuenta con la simpatía de López Obrador, Monreal y su jefa en la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Américo Villarreal, Alejandro Rojas Díaz Durán y José Ramón Gómez Leal tampoco parecen tener cola que les pisen, al menos en cuanto a su relación con el crimen organizado. La expanista Maki Ortiz, en cambio, genera sospechas entre la clase política tamaulipeca porque en el pasado fue cercana a Cabeza de Vaca. Muchos no le creen que se haya “convertido” al morenismo.

Aún es temprano para saber quién ganará la contienda interna. Por lo pronto, los aspirantes están en una competencia por concitar el apoyo de los militantes del partido, de los ciudadanos y, sobre todo, el de las personas que toman las decisiones en Morena.

En la esquina contraria, los cálculos apuntan que en esta ocasión al PAN y al PRI les conviene jugar separados para no terminar de acentuar la desconfianza ciudadana. Algunos comentan que los tricolores podrían terminar apoyando a Morena, ya sea de manera abierta o por debajo del agua.

EL DESPRESTIGIO DE CABEZA DE VACA

Si la mala situación en la que se encuentra Cabeza de Vaca está impactando ya en las preferencias ciudadanas, en los desayunaderos políticos de Ciudad Victoria, Tampico y Reynosa se asegura que esta situación se profundizará cuando el panista caiga en la cárcel. La 4T dará toda la sonoridad posible a este episodio que ya está instalado en el imaginario de los tamaulipecos.

En el propio PAN hay divisiones. Algunos apuestan por seguir defendiendo al gobernador saliente, mientras que otros aseguran que es momento de pintarle su raya.

PURO MALANDRO PURO:


Entre los aspirantes panistas a la gubernatura están Jesús Nader, presidente municipal de Tampico, quien tiene en su contra la cercanía con Cabeza de Vaca. Otros mencionan tímidamente a Gerardo Peña Flores y César Verástegui.

HAY TRUCO CON EL TRUCO:


Y si la caballada del PAN luce flaca, en el PRI están peor. Édgar Melhem es el mejor posicionado, seguido de Enrique Cárdenas del Avellano y Emilio Grimaldo. De acuerdo con los sondeos, ninguno cuenta con buena reputación entre los tamaulipecos.

Así que la carrera por la sucesión en Tamaulipas paree disputarse exclusivamente en los carriles guindas, donde habrá que seguir con atención el trote de Rodolfo González y Américo Villarreal, principalmente, pero sin perder de vista a los demás contendientes. 

Aún no hay nada para nadie, nos dicen desde tierras tamaulipecas.

fuente.-@emeequis/(imagenes/web)


"HIPOCRESIA CUATRITRANSFORMADA ?": DESDE su CREACION MORENA USO "64 EMPRESAS FANTASMA" que GENERARON 2,445 FACTURAS y JUSTIFICARON 32 MILLONES de PESOS...el resto y PRI o PAN lo hubiesen transado con 1 sola factura.


Un total de 64 empresas fantasma generaron 2 mil 445 facturas a nombre de Morena. La primera de ellas fue sellada el 1 de septiembre de 2014, apenas un mes después de haberse constituido oficialmente como partido político nacional.

La empresa fue Transmex Refacciones, S.A. de C.V., que facturó apenas 490 pesos en dos comprobantes digitales. El 12 de septiembre lo hizo la compañía Gladetec, S.C., con una factura de 18 mil 103 pesos. En total, de 2014 a 2019 Morena recibió facturas de empresas fantasma por 31 millones 737 mil 444 pesos, de acuerdo con una base de datos entregada por el Sistema de Administración Tributaria, SAT, a través de la ley de transparencia.

El nombre oficial de una compañía conocida como fantasma es empresa facturadora de operaciones simuladas (EFOS), y se le considera así después de un proceso legal en el que el SAT demuestra, en sentencia definitiva, que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, según el Código Fiscal Federal.

Regularmente los partidos politicos y gobiernos, de todo tamaño, contratan a las empresas fantasma antes de que el SAT las catalogue como EFOS, es decir, que descubra que no tienen capacidades para prestar servicios.

Patrones en pagos

El análisis de los datos refleja algunos patrones, por ejemplo, que la mayoría de los pagos son menores a los 5 mil pesos, o la emisión de decenas de facturas por cantidades exactas repetidas un mismo día, algunas de mil pesos, otras de 2 mil o 5 mil pesos.

La empresa que más facturas emitió a Morena fue Slogisticos HMC Negrete, S. de R.L. de C.V., con mil 765 comprobantes fiscales, por un monto de 21 millones 783 mil 198 pesos.

Slogisticos HMC Negrete (identificada también como Servicios Logísticos HMC Negrete, con RFC: SLH1507241C1) fue declarada EFOS definitiva el 8 de octubre de 2019 por el SAT.

En 2017 esta compañía le facturó al menos un millón 600 mil 800 pesos a la precampaña de Delfina Gómez Álvarez, cuando la maestra buscaba ser candidata a gobernadora del Estado de México. Hoy es secretaria de Educación Pública (SEP) a nivel federal. La empresa que con el tiempo fue calificada como EFOS presuntamente proveyó el servicio de escenario con dimensiones de 18x10 metros con altura de dos metros, lona panorámica de 18x8 metros, equipo de audio de 70 bocinas con sistema lineal, micrófonos, sillas de jardín de color blanco.

“Este servicio fue brindado por Slogisticos HMC Negrete, S. de R.L. de C.V., para la producción del evento del día 5 de febrero del año 2017”, se puede leer en un recurso de apelación interpuesto por Morena ante el Tribunal Electoral.

El reporte coincide con un evento realizado en el Estadio Neza 86, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, en conjunto con Delfina Gómez, llamado “Segundo Acuerdo Político por el Renacimiento de México”.

“Adiós PRI, adiós PRIAN, adiós corrupción que tanto daño les has hecho a nuestro país y a nuestra gente”, dijo Delfina Gómez frente a miles de personas.

En la lista aparecen compañías que le han facturado a otros partidos, como al Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, PAN y PRI. También al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al del PAN de Guanajuato, al del priista Javier Duarte de Veracruz, o al aliancista de Mario López Valdez, de Sinaloa. Las compañías factureras surtieron de certificados fiscales sin importar el color político ni orden de gobierno.

La admnistración federal actual tiene identificadas a las empresas fantasma como uno de los más grandes paradigmas de desvío de recursos y evasión fiscal. Son utilizadas para extraer recursos del erario, para no pagar impuestos de particulares, para justificar gastos inexistentes, para comprobar viáticos nunca realizados, para triangular recursos, entre muchos otros usos.

En diversas solicitudes de información que están disponibles de manera pública, Morena ha asegurado que no tiene relación con varias de las empresas fantasma aquí señaladas, pero los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) y el Instituto Nacional Electoral (INE) demuestran lo contrario.

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Pagos a Empresas Fantasma

Entre mayo y junio de 2015, Morena usó cinco facturas de la empresa Ballen Sander, S.A. de C.V., por 11 mil 637 pesos. La compañía fue señalada por el Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato como parte de un conjunto de empresas que vendieron al gobierno del estado de extracción panista y a las alcaldías 192 millones de pesos entre de 2014 y 2019. La empresa fue liquidada el 31 de mayo de 2019.

Entre 2016 y 2017, el partido actualmente en el poder recibió 160 facturas de la EFOS Comercializadora Gomermex, S.A. de C.V., por un total de 383 mil 159 pesos. Un par de gastos con esta empresa fue detectado por el Instituto Electoral de Puebla, que le observó fallas en la presentación de dos facturas, una por 51 mil 243 pesos por equipo de cómputo, y otra de 44 mil 757 por papelería.

A Morena se le acusó de no presentar los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de los meses de enero a diciembre de dos cuentas monetarias.

Sin embargo, la compañía creada en marzo de 2013 en Cholula, Puebla, también le ha facturado a otras instancias oficiales, como al ayuntamiento de Puebla en 2017, o la Universidad Tecnológica de Puebla, según contratos públicos revisados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En 2015 la sociedad Agregados Facere, S.A. de C.V., facturó a Morena 20 mil 45 pesos en 17 comprobantes distintos, la cantidad no es mayor, pero la empresa es la misma que utilizó Javier Duarte, exgobernador priista de Veracruz, y ahora preso por actos de corrupción, para en conjunto con otras cinco compañías desviar 215 millones de pesos del erario, según dio a conocer en 2017 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado.

“Seis empresas se configuran de acuerdo al artículos 69-B del Código Fiscal de la Federación, señaladas como empresas con operaciones presuntamente inexistentes además, carece de evidencia de haber realizado los trámites administrativos y financieros referentes al pago, así como de documentación justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de procedencia, contratos, facturas y testigos.

Lee también Jueces sólo sirven a grupos conservadores: AMLO

Asimismo, no existen registros contables”, se lee en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 en Veracruz.

Varias de las 64 empresas fantasma que le facturaron a Morena, el partido que tiene como su principal bandera el combate a la corrupción, aparecen también en la base de datos de EFOS que desfalcaron al sector Salud y que dieron a conocer las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa en el informe Facturas falsas: la epidemia en el sector salud.

Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, menciona que en el estudio detectaron que, aunque había gobiernos o instituciones que sí tenían a empresas fantasma favoritas, había muchas otras que colocaban sus comprobantes fiscales en diversas dependencias y gobiernos sin importar el color partidista.

“Esto no importa si cambia de administración o no, se siguen dando porque la hipótesis que tenemos es que es muy fácil en México generar una empresa fantasma, y todavía no hay los mecanismos para combatir la impunidad en estos actos de corrupción”, advierte la activista. Incluso hallaron que en el Estado de México, en 2016, creció la facturación falsa. “Parecía que cuando venían elecciones el gobierno en turno utilizaba empresas fantasma para desviar recursos”.

Y aunque se han endurecido las penas y el gobierno federal se ha lanzado en su combate, la directora de Impunidad Cero está convencida de que la práctica ilegal se mantiene, y en ello tienen mucho que ver algunos abogados y notarios que se involucran en estas redes de corrupción.

En el padrón también aparecen Benafak, S.A. de C.V., Enec Estrategia de Negocios y Comercio, S.A. de C.V., y Ligieri de México, S.A. de C.V., tres empresas fantasma que ya habían sido vinculadas a Morena por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La asociación civil publicó que Benefak facturó la impresión del periódico Regeneración, medio fundado y dirigido entonces por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; sobre Enec publicó que el partido la contrató en enero de 2018 para que le diera servicios de anuncios publicitarios en Puebla, y respecto a Ligieri de México informó que fue utilizada para la campaña electoral en 2018.

A través de la vocería de comunicación, Morena contestó que cuando el partido político celebró contratos con dichas empresas éstas no estaban catalogadas como EFOS: “Si bien años después el SAT las pone en la lista definitiva, el partido no volvió a contratarlas”, explican.

Además, señalaron que actualmente no tienen contratos con empresas que el SAT cataloga como EFOS. “El periodo referido de 2014 a 2019 ya ha sido revisado y auditado por el INE”.

fuente.-



"NO ME ESTOY CHUPANDO el DEDO,PODER JUDICIAL esta PODRIDO",DIJO AMLO,lo DIJO BIEN y AUNQUE "HAY HONROSAS EXCEPCIONES NO son la REGLA son la EXCEPCION"...una bola de corruptos con hampa_ros al mejor postor.



Al condicionar seguir con el programa “Agua Saludable para La Laguna” -que busca garantizar el suministro de agua limpia a la región- sólo si se retira antes del 3 de octubre el amparo que se ha interpuesto y que evita que el proyecto siga, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que desconfía del Poder Judicial, pues lo acusó de estar podrido, y que los jueces, ministros y magistrados están al servicio de grupos de intereses creados.

PERO DE CORRUPCION CON UNIFORME MILITAR NO HABLAN:


El titular del Ejecutivo federal emplazó a que el próximo domingo 3 de octubre se defina entre productores, habitantes y ambientalistas si se inicia el proyecto para que se retiren los amparos.

Con informacion de:

"NADIE les DICE NADA,ESTAN ARMADOS": AUDITORIAS en el EJERCITO EXHIBEN la TRANSA y la OCULTAN en NOMBRE de la (In) SEGURIDAD NACIONAL...debian ser ciudadanos excepcionales no de excepción.



El velo de la opacidad que cubre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha permitido que algunos de sus miembros hagan un manejo deficiente y poco escrupuloso de los recursos públicos. 

UNA Y OTRA VEZ:

Una serie de auditorías hechas por la Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea revelan un patrón repetitivo: estas instituciones carecen de procesos rigurosos de contratación y escudándose en la seguridad nacional ha comprado insumos a sobreprecio. 

SE RESISTEN AL ESCRUTINIO:


Además en una serie de denuncias que llegaron a su órgano interno de control entre enero de 2013 y mediados de 2020 —a las que ha tenido acceso EL PAÍS— se acusa que diversos generales han participado o solapado estas irregularidades que apuntan a actos de corrupción. Pese al daño al erario que estas deficiencias administrativas han causado, solo 27 miembros de las Fuerzas Armadas fueron sancionados en ese periodo. Entre los castigados apenas figuran tres generales y cinco coroneles con los castigos más blandos que permite la ley: amonestaciones y suspensiones de un mes.


El Ejército mexicano, una de las instituciones con más poder en México y a quien el presidente López Obrador le ha encomendado sus obras más importantes de infraestructura, tiene un historial de negligencia administrativa en la contratación de bienes y servicios. Una revisión a los expedientes de sanción administrativa abiertos tras indicios de irregularidades ponen al descubierto que al menos entre 2013 y 2020 miembros en activo del Ejército emitieron licitaciones a modo que restringieron la competencia de los participantes, incurrieron en desaseo contable al pagar facturas duplicadas y alteraron la bases de licitación para favorecer a algún contratista en particular. No solo eso: los informes permiten esbozar cómo se abusa de la asignación directa, no se verifica que las compañías estén al corriente en sus obligaciones fiscales y no se penaliza a las empresas que incumplen con lo establecido en los contratos.

Además el órgano interno de control (OIC) de la Sedena ha apostado por mantener en secreto los nombres de los militares sancionados por deficiencias en los procedimientos de contratación. La Secretaría de la Función Pública —de quien depende el OIC castrense— asegura que al revelar la identidad de esos militares se compromete su seguridad justo en un momento donde participan en una diversidad de tareas, como la construcción del Tren Maya, el plan de migración en las fronteras del país y los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras actividades prioritarias. “Proporcionar la información podría presentar un estado de riesgo por haber tenido contacto con la sociedad civil de manera activa”, justificó la SFP. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia consideró que los funcionarios sancionados fueron hallados responsables de mal ejercicio en procesos de contratación, es decir, en actividades administrativas. “La información solicitada tiene que ver con el manejo y ejercicio de recursos públicos y no así de actividades operativas de la Sedena”, afirmó el instituto y pidió brindar la información, parte de la cual aquí se presenta.
Sobornos y sobreprecios

La lupa de los inspectores del órgano interno de control viró al Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite —ahora extinto— que durante décadas cuidó del Ejecutivo mexicano y su familia. En 2012, las revisiones a cientos de documentos de adquisiciones arrojaron que se había comprado un equipo de cirugía con un sobreprecio del 119%. En estos procedimientos intervinieron dos altos mandos del EMP que tres años después terminarían siendo ligeramente sancionados. Uno de ellos era el general Humberto Augusto Delgado Brambila, entonces director del Centro Hospitalario del EMP y señalado por “no fundar ni motivar” el dictamen técnico que justificaba la adjudicación directa del contrato y de no incluir los plazos de entrega de los bienes. El segundo sancionado fue el coronel de artillería Ramiro Gómez Contreras, quien fungía como coordinador administrativo del EMP. Él fue acusado de no verificar que se hubiese hecho correctamente la investigación de mercado. “Como responsable del procedimiento de contratación celebró el contrato sin sujetarse a las normas toda vez que no se contó con las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio para la adquisición del equipo médico”, se lee en el dictamen.

Aunque se detectó que la compra ocasionó un daño al erario de 19,2 millones de pesos que nunca fueron recuperados, en octubre de 2015 ambos militares solo recibieron una amonestación pública. La investigación a cargo del OIC se originó por una petición que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) después de revisar la partida destinada a equipo médico y de laboratorio. En su reporte, la ASF encontró que dos de los supuestos participantes en la investigación de mercado dijeron no haber recibido solicitud de cotización por parte de la Sedena y otro de ellos ni siquiera fue localizado en la dirección que proporcionó en su propuesta. A este caso le seguiría otro más que cimbraría nuevamente a la cúpula militar y pondría en entredicho la implacable honorabilidad del Ejército.

Una denuncia presentada ante el OIC a principios de 2013 llamó la atención a la Dirección General de Administración, donde despachaba, en ese entonces, el general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga. En un escrito, un grupo de empresarios señalaban que había una red de militares corruptos que pedían moches (comisiones) a cambio de la asignación de contratos millonarios para adquirir bienes y servicios. Dos de los militares denunciados eran el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos y el coronel intendente José Luis Lua Tatuado, pertenecientes a la Dirección de Administración. El órgano interno de la Sedena inició una auditoría sobre las contrataciones hechas y el 18 de agosto de 2015 se encontraron irregularidades en la asignación de un contrato para suministrar alimentos que se aplican por vía intravenosa a pacientes del Hospital Central Militar y la Clínica de Especialidades de la Mujer.

Los auditores encontraron que la contratación hecha en 2013 no aseguraba a la Defensa Nacional las mejores condiciones de costos, ya que el valor de los bienes ofertados por la empresa era un 10% más caro que el precio medio establecido en la investigación de mercado realizada por la Dirección General de Sanidad. En el dictamen se concluyó que se había cometido un daño patrimonial a la Secretaría por un monto cercano al millón de pesos. Los auditores reprocharon que los responsables de hacer la evaluación económica en la Dirección General de Administración hubiesen autorizado un precio inaceptable. Además, encontraron que la empresa contratada ni siquiera producía los alimentos nutricionales que vendía a la Sedena y esta los adquiría con otra firma, por lo que simplemente fungía como intermediaria y encarecía el precio final. Al revisar los documentos de las propuestas presentadas por algunas de las compañías invitadas al proceso de adquisición encontraron que compartían apoderados o socios.

El único sancionado fue Carrillo Ríos, que había sido el encargado de adjudicar el contrato como jefe de la sección de adquisiciones de suministros médicos de la Dirección General de Administración. Pese a que en la auditoría se señalaba que había probables responsabilidades económicas y legales a cargo de las direcciones generales de Administración y de Sanidad, los generales titulares de las instancias implicadas en las contrataciones y quieres firmaron los contratos no fueron tocados. En el fallo de la sanción se declaró “inexistencia de la responsabilidad administrativa” para ellos, mientras que al teniente coronel Carrillo simplemente se le castigó con una amonestación privada. Las investigaciones internas no terminaron ahí. También se revisaron los servicios contratados entre 2009 y 2013 en el Hospital Central Militar.

El área auditora encontró que había empresas que no habían presentado el oficio del SAT para certificar que no tuvieran incumplimientos fiscales, había propuestas de diversos proveedores que carecían de firmas y se localizaron tres facturas por un total de 20,5 millones de pesos que fueron pagadas de forma duplicada. Además, una vez que se entregaban los contratos, las empresas incumplían las condiciones y no eran sancionadas. Por ejemplo, una firma no proporcionó enfermeras quirúrgicas ni técnicos instrumentistas en 635 cirugías, pero no se le sancionó por el incumplimiento. Esto ocasionó que la Sedena dejara de percibir 7,8 millones de pesos. En otro contrato tampoco se penalizó a un proveedor que no proporcionó mantenimiento y reparación a los equipos médicos de neurocirugía. También se detectaron 5.441 insumos médicos de alta especialidad que no fueron utilizados en las cirugías de oftalmología, pese a que se había pagado por ellos 6,2 millones de pesos. Al emitir su fallo de sanción, la Contraloría destacó que la mayor parte de las irregularidades encontradas se habían detectado tardíamente y por ello ya no se podían sancionar.
Laxos controles

Los auditores rastrearon durante meses las contrataciones hechas con cargo al presupuesto del Fideicomiso para pago de equipo militar durante 2012. En su informe elaborado para la ASF anotaron que a solicitud de la Dirección General de Administración —entonces a cargo del general Moisés García Ochoa— se habían utilizado recursos del fideicomiso en la ampliación de un estacionamiento de la Secretaría sin que este fuera un proyecto “urgente” o estuviera relacionado con el objetivo del fondo. La ASF pidió al OIC de la Sedena investigar y en su caso sancionar a quienes autorizaron la obra con cargo a esa bolsa, pese a que esos recursos estaban destinados a proyectos de equipo militar. La Dirección de Administración informó a la ASF que había instruido a sus subalternos para que en el futuro se evitara utilizar recursos de ese fideicomiso para fines distintos a los estipulados.

La lista de deficiencias administrativas no concluyeron ahí. También encontraron que durante los trabajos de modernización de la Base Aérea Militar Número Uno en 2012 las áreas contratantes de la Dirección General de Administración otorgaron un contrato para la supervisión externa de la obra a una empresa constructora sin que hubiese una licitación de por medio. “Se presume un conflicto de intereses”, concluyó la ASF al señalar que la adjudicación no se hizo de manera independiente. La Dirección de Administración hizo llegar al órgano fiscalizador un oficio donde aseguraba que había ordenado a las áreas competentes que en el futuro se apegaran a los lineamientos establecidos para contrataciones. Sin embargo, la ASF consideró este argumento insuficiente porque no se acompañó de los documentos que justificaran la asignación directa y pidió investigar a los involucrados en la contratación. Aunque el OIC inició investigaciones, el único sancionado fue David Sandoval Mota, jefe de la sección administradora de contratos de la Subdirección de Adquisiciones en la Dirección de Administración. En octubre de 2014 se le suspendió un mes de su cargo, según información obtenida vía Ley de Transparencia. El general García Ochoa ni siquiera fue amonestado.

El mismo año en que el órgano de control sancionaba a Sandoval Mota, otra denuncia llegaba a las instancias de la contraloría. La acusación esta vez era en contra del general de brigada Ángel Sergio Olivares Morales. El entonces director de Sanidad fue acusado de alterar las conclusiones de un dictamen técnico en un procedimiento de adquisiciones de medicamentos para favorecer a una empresa. El contrato por más de 1.000 millones de pesos se adjudicó en febrero de 2013 y tres meses después la Contraloría General del Ejército suspendió los pagos al proveedor. El caso —según publicó el diario Reforma en 2015—llegó también hasta la Procuraduría Militar, que inició una averiguación previa por los delitos de fraude y falsificación de documentos. Ahora se sabe que el expediente no avanzó por la vía judicial, mientras que por la vía administrativa tampoco fue sancionado, según los registros obtenidos vía transparencia.

En 2015, la comisión interventora de obras militares de la Contraloría castrense realizó una auditoría a una obra realizada en la Base Aérea Militar 14, localizada en Escobedo, Nuevo León, donde se amplió un sistema de iluminación. En su dictamen, la autoridad determinó 42 observaciones económicas y administrativas. Uno de los señalamientos más recurrentes es que se asignaron y firmaron contratos después de que concluyeron los trabajos. Los auditores pidieron explicaciones al general José Manuel Cabral Caldera y al capitán primero ingeniero constructor José Luis Albarrán Rodríguez, ambos responsables de la obra. El general justificó que había decidido continuar con la segunda etapa del proyecto y por eso había hecho nuevos contratos. Sin embargo, el órgano sancionador le reprochó que tomara esa decisión sin contar con la autorización del área competente y sin la aprobación de recursos para ello. Finalmente en enero de 2018 se le sancionó con una amonestación. En enero de 2018 el general se jubiló y actualmente cuenta con un haber de retiro por 72.000 pesos. En junio de 2019, ya en el Gobierno de López Obrador, el OIC de la Sedena amonestó a un militar de bajo rango por “negligencia administrativa” en un procedimiento de adquisiciones. EL PAÍS consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre estos casos y hasta la publicación de esta investigación no ofrecieron una respuesta.

Fuente.-Zorayda Gallegos/Diario Español/

"80 MILLONES de PESOS en EQUIPO de INTELLIGEN$IA": HAMPA_RO SALVA de la CARCEL "CONTRATISTA TRANSA que HIZO TRANSA con JEFE de AYUDANTES TRANSA del SECRETARIO de MARINA" de FCH...asi se gana en la guerra perdiendo una guerra.


Un tribunal federal suspendió la condena de tres años de prisión y la reaprehensión de Marco Antonio Martínez Tirado, contratista de equipos de espionaje de la Secretaría de Marina, en un caso de defraudación fiscal de más de 80 millones de pesos.

El Sexto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, a cargo del Magistrado Luis Pérez de la Fuente, acordó la suspensión de plano, luego de que el empresario presentara un amparo directo contra la sentencia condenatoria, según constancias judiciales a las que se tuvo acceso.

OTRA BOLA DE TRANSAS EN UNIFORMES DE DECENTES:


La Secretaría de Hacienda puso en la mira a Martínez Tirado por su relación con el hermano del Contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, quien fuera jefe de ayudantes de Francisco Saynez, titular de la Marina con Felipe Calderón.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló en su denuncia que entre 2010 y 2014 Jesús Marcial Martínez Pastelín recibió más de 222 millones de pesos de Martínez Tirado y Humberto Cervantes Pacheco, ambos proveedores de telas militares, equipos de radiocomunicación y de entrenamiento para la Marina.

LOS DOS EJERCITOS DE TIERRA Y MAR ENLODADOS:


Con base en esa información, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) formuló una querella contra Martínez Tirado por una presunta defraudación fiscal de 80 millones 242 mil 724 pesos, correspondiente al año 2010.

La PFF estableció que el empresario registró depósitos bancarios por 402 millones 173 mil 924 pesos y declaró ingresos al fisco por sólo 936 mil 181 pesos. Esta acusación lo llevó a estar preso en el Reclusorio Norte en 2016, pero pronto obtuvo la libertad provisional.

Sin embargo, la defensa de Martínez Tirado, que encabeza Antonio López Ramírez, dijo a Grupo REFORMA que la autoridad imputó a su cliente el delito en forma incorrecta e ilegal.

El litigante señaló que los depósitos en realidad rebasaron apenas los 10 millones de pesos, pero la PFF sumó depósitos y retiros en forma indiscriminada, considerándolos ingresos acumulables que debían pagar una contribución y sin atender que algunos capitales podrían ser préstamos, deuda o inversión.

Indicó que la acusación carece de un dictamen técnico contable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), un requisito que la misma Suprema Corte de Justicia ha establecido como obligatorio en una jurisprudencia.

López Ramírez aseguró que la PFF sólo presentó una opinión contable y además la elaboró sin tener a la vista las declaraciones fiscales del sentenciado.

Pero lo que el litigante considera como más grave es la inexistencia de un procedimiento de comprobación fiscal del SAT, previo a que el empresario fuera denunciado ante la PGR, un requisito esencial que impone la norma para proceder contra este tipo de delitos.

El Magistrado condenó en segunda instancia a Martínez Tirado pasando por alto este requisito y justificando la validez de la acusación, con base en un procedimiento fiscal previsto en una norma que la Corte ya declaró inconstitucional desde hace varios años.

Este apartado es el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación, que en el pasado permitía a la autoridad hacendaria solicitar a terceros los documentos fiscales de los contribuyentes, sin que fuera considerado un procedimiento de comprobación.

Cuando Martínez Tirado fue condenado en segunda instancia, el juez de la causa le dio un plazo de cinco días para internarse voluntariamente al Reclusorio Norte o, de lo contrario, ordenaría su reaprehensión.

El empresario presentó un amparo que al final le fue negado por Cuarto Tribunal Colegiado Penal. Ahora se sabe que presentó un amparo contra la condena y consiguió una suspensión que evita su recaptura.

Fuente.-(imagen/twitter)