La crisis interna del Tribunal Electoral, con la ruptura que hoy tiene paralizada a la máxima instancia de justicia comicial, en medio de la calificación de varias elecciones del 6 de junio que sigue pendiente, terminó por sacudir al Poder Judicial de la Federación. La intervención del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que dialogó el jueves con los cinco magistrados rebeldes, terminó mezclándose con el tema de la polémica reelección de dos años de la Reforma Judicial, y provocó que el presidente López Obrador estallara en reclamos, descalificaciones y comentarios desproporcionados y que generalizan sobre un “Poder Judicial que está podrido”.
La ruptura del Tribunal Electoral, al que también calificó de “echado a perder” y pidió la renuncia de sus 7 magistrados “por dignidad”, le sirvió a López Obrador para volver a la carga en contra de dos de las instituciones del Estado Mexicano a las que no ha podido someter y controlar, por más que lo ha intentado. Por un lado, aprovechó la crisis de los magistrados electorales para repetir su discurso de que “se debe hacer una limpia en el INE y el Tribunal Electoral porque no sirven”, y por el otro, el Presidente arremetió con todo en contra del Poder Judicial en su conjunto y descalificó a jueces, magistrados y ministros con acusaciones de corrupción, de que carecen de representatividad popular y de responder a intereses más que administrar justicia:
“Jueces, magistrados y ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido; o sea muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo y la verdad, la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso del derecho, pero no de la Justicia… Sigue habiendo muchos intereses, no quieren que se acabe con la corrupción, con el nepotismo. Y el Consejo de la Judicatura está actuando con mucha lentitud”, dijo el presidente en una crítica que no sólo generaliza sino que confirma la actitud injerencista e intervencionista del presidente hacia otro Poder del Estado.
Porque si bien es innegable que hay un proceso de corrupción grave en el Poder Judicial, la forma en la que el Presidente descalifica a toda la estructura de un poder autónomo constitucionalmente, lejos de abonar a la idea de que López Obrador quiera “limpiar” a la justicia, parece apuntar a la molestia del titular del Poder Ejecutivo porque los juzgadores, magistrados y ministros se niegan a someterse y a acatar sin cuestionar los designios presidenciales.
La reacción del Presidente claramente muestra la molestia y el enojo que le causó el aviso que le dio el jueves pasado el ministro Arturo Zaldívar, al que tanto pondera y elogia públicamente. Porque, según sus cercanos, Zaldívar no fue a consultarle o a pedirle permiso al Presidente, sino que en ese encuentro en Palacio Nacional la mañana del jueves, el ministro sólo le comunicó “por cortesía republicana” la decisión que ya había tomado. Y aunque el Presidente lo escuchó serio y le dijo que respetaba su decisión de no aceptar el alargamiento por dos años más de su presidencia, claramente ésta no le gustó y terminó molesto y enojado. El argumento que le dio Zaldívar, de que ninguno de los 10 ministros restantes de la Corte querían que él permaneciera dos años más y se iban a oponer votando en contra de la constitucionalidad de esta medida, es lo que está detrás de los duros y agresivos comentarios de López Obrador sobre la Corte y los “ministros que no quieren al ministro Zaldívar por que él es honesto”.
El presidente de la Corte, nos dicen, no sólo le dio aviso al jefe del Ejecutivo de su decisión de deslindarse y desmarcarse del polémico artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial; al Senado y a la Cámara de Diputados, como representantes de Poder Legislativo, también les comunicó su decisión, tanto a Ricardo Monreal, líder del Senado, como a Ignacio Mier, de la Cámara de Diputados, les dijo en comunicación directa que no aceptar esa reforma “es un tema de congruencia, pero también de respeto a la ley y a la Constitución”.
LA CORTE, EL INE Y EL TRIBUNAL EN LA MIRA DE AMLO
El mensaje de descalificación abierta al Poder Judicial que ayer mandó el Presidente, refleja su molestia por la resistencia que encontró su reforma de ampliación de mandato en prácticamente todos los ministros, incluidos los que él ha propuesto para ocupar el cargo y que se suponían afines a su 4T. La defensa y elogios constantes del mandatario nacional hacia Arturo Zaldívar confirman no sólo la confianza y cercanía que el ministro presidente ganó con López Obrador, sino también que al final Zaldívar se convirtió en el único ministro a quien el Presidente veía “capaz y honrado” para encabezar la Reforma al Poder Judicial.
En la percepción negativa y hasta de cierto desprecio que el Presidente tiene hacia los jueces y magistrados, Zaldívar se convirtió en una especie de “dique de contención” para evitar que López Obrador embistiera al Poder Judicial con una Reforma profunda en la que, en los inicios del sexenio, incluso se planteaba desaparecer a la actual Suprema Corte con todo y sus ministros, para crear el Tribunal Constitucional. La relación con el ministro presidente ayudó a que en Palacio Nacional desecharan ese tipo de propuestas y optaran por buscar mecanismos de conciliación con las instancias del Poder Judicial. Una muestra de ello es que al único poder al que le respetó sus sueldos y prestaciones, y les permitió no adaptarse a su ley de Austeridad Republicana, fue al Judicial. Los jueces, magistrados y ministros pudieron conservar sus ingresos como una “concesión” que les dieron desde Palacio.
Por eso el mensaje de ayer, con toda su carga de ira y molestia contra los juzgadores de este país, es para tomarse en cuenta. Con Zaldívar al frente de la Corte y de la Judicatura por año y medio más y con la ampliación de mandato ya muerta y condenada al voto en contra de todos los ministros, es un hecho que el Presidente irá con todo contra el Poder Judicial a partir de diciembre del 2022 cuando se vaya Zaldívar de la Presidencia.
Porque el inquilino de Palacio está convencido y tiene información documentada, de que hay dos tipos de corrupción grave en estos momentos en el Poder Judicial: por un lado está la corrupción en los Tribunales de Circuito, en donde se hace negocio con la administración de justicia, con jueces que forman parte de una red de corrupción en la que hay al menos dos ministros de la Corte involucrados con operaciones que tienen que ver con sobornos y pagos a cambio de sentencias y amparos. En este tipo de corrupción se basa la fuerte declaración que el pasado 21 de mayo lanzó el secretario de Marina, Rafael Ojeda, con toda la complacencia del Presidente: “Parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.
La otra forma de corrupción judicial que acusan en Palacio, se da a través de grupos que intentan hacer de la Corte y del Poder Judicial una especie de dique o contrapeso político contra la 4T y las decisiones del Presidente. Empresarios, grupos políticos de antaño y otros grupos de interés, con el apoyo de algunos ministros, maniobran y presionan para que la Corte actúe como contrapeso al gobierno federal, sostienen los informes que tiene el mandatario nacional.
SE LE REBELAN MINISTROS AFINES A LA 4T
La influencia que la Presidencia había logrado en la Corte y sus decisiones, no sólo a través de la cercanía de Zaldívar, sino por los cuatro ministros que propuso este gobierno, se ha visto afectada. Hoy, de cuatro votos que creían tener de su lado en la Consejería Jurídica de la Presidencia, contando al del ministro presidente, se han quedado sólo con dos ministros que los apoyan incondicionalmente: Yasmín Esquivel Mossa y Zaldívar.
La ministra Margarita Ríos Farjat ha tomado cierta distancia de la 4T, a partir de que no está de acuerdo con las descalificaciones constantes del Presidente a los jueces y a los propios ministros y también de que, en la última reunión que convocaron en Palacio —justo el 20 de mayo, un día antes de aquella fuerte declaración del secretario de Marina— ella no fue convocada y sólo invitaron a aquel encuentro en Palacio a la ministra Esquivel y al ministro Juan Luis González Alcantara, acompañados de Zaldívar.
El propio ministro González Alcántara se ha desmarcado de la 4T a partir de que se descalificó y atacó su decisión de rechazar la Controversia Constitucional del Congreso de Tamaulipas y de su explicación y argumentos de esa decisión, en la que le daba la razón a los diputados tamaulipecos y sostenía que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sí mantenía su fuero constitucional, a pesar del desafuero de la Cámara de Diputados federal, y no podía ser detenido ni procesado penalmente por la FGR hasta que termine su mandato en el 2022.
Así es que ya no hay mucho que contenga al Presidente en el momento que decida solicitar una Reforma Judicial de fondo que modifique la actual integración de la Corte. Es muy probable que no lo haga hasta finales de 2022 cuando termine la presidencia de Arturo Zaldívar, quien el año y medio que le queda podría continuar siendo el único que funcione como contención para los apetitos del Presidente y para evitar su choque abierto con el Poder Judicial. Zaldívar intentó maniobrar, a partir de esa cercanía que logró con el Presidente, para proteger al Poder Judicial y a la Corte de un embate fuerte de la 4T y para tratar de combatir la corrupción interna. Pero claramente, con su deslinde de ayer y su decisión de rechazar el “regalazo” de dos años más que le había hecho el Presidente, el ministro presidente también termina desgastado y afectado en su imagen.
Pero es muy probable que cuando se vaya Zaldívar, la 4T y el Presidente ya no tengan miramientos y, conforme se radicalice también este gobierno, que intentan después de 2022 disolver la actual integración de la Corte y de la Judicatura para buscar, con reformas constitucionales, un Poder Judicial que el Presidente considere “limpio y sin corrupción”, lo que en los hechos equivaldría a que desde Palacio Nacional tuvieran el control de una nueva Corte o Tribunal Constitucional. Eso es lo que empezó a configurarse con la ruptura que ayer declara, con sus acusaciones, el Presidente hacia los jueces, magistrados y ministros “echados a perder”.