Un caso de violación tumultuaria sacudió a la opinión pública nacional entre julio de 2006 y febrero de 2007, un momento en el que el militarismo mexicano empezaba a cobrar relevancia por su involucramiento en tareas de seguridad pública y de proximidad a la población civil.
NOTA RELACIONADA:
Dos de los soldados visitaron esa noche la zona de tolerancia del conurbado municipio de Castaños, y protagonizaron una riña con policías municipales, así que fueron con sus compañeros de pelotón. Abordaron sus humvees y se dirigieron al lugar donde los dos primeros soldados se dijeron agredidos.
Ya en el sitio, golpearon a clientes, cantineros y padrotes; se introdujeron en los bares El Pérsico y Las Playas, donde a punta de fusil, violaron a 14 trabajadoras sexuales y bailarinas, de manera tumultuaria, para usar la jerga legal, con miembro viril y con instrumento distinto al miembro viril.
Los llamados de auxilio fueron insuficientes, pues las policías municipal y estatal no quisieron intervenir por el número de soldados y su armamento. Esperaron a que abandonaran el sitio. El gobierno del estado pidió que los responsables fueran procesados en tribunales civiles, no obstante la oposición de los mandos castrenses que, cuando finalmente aceptaron, dieron cuenta de al menos cuatro deserciones, entregaron a ocho soldados y, a la postre, tres recibieron condenas, uno de ellos, sólo por lesiones leves. De la veintena de soldados, los únicos tres sentenciados ya están libres.
Los hechos de Castaños, ocurrieron cuando era comandante de la XI Región Militar, el general Roberto Miranda Sánchez, hombre conocido por su mal carácter, cuya trayectoria en el Estado Mayor Presidencial (EMP) no le quitó el lenguaje cuartelero con el que maltrataba en público, inclusive a subordinados de alta graduación, como sucedía con el general Rubén Venzor Arellano, militar de formas mas cuidadosas que debió soportar la prepotencia de Miranda, por ejemplo, durante el despliegue de control sobre las familias de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos.
Se fue de la XI Región –cuya sede está en Torreón– cuando la violencia se empezaba a desatar, semanas después de lo ocurrido en Castaños. Lo mandaron unos meses como jefe de la zona militar 26-A, con sede en Veracruz-Jalapa (a la que pertenecían los soldados que meses más tarde se verían implicados en la muerte de Ernestina Asencio, en febrero de 2007), una degradada que superó rápido pues en noviembre de 2006 fue al frente de la III Zona Militar, que abarca los estados de Sinaloa y Durango. Ahí estuvo hasta 2009, tres años en los que la violencia se desbordó, con ataques a población civil como ocurrió con el caso de Santiago de los Caballeros, Sinaloa, con el que se estrenó, siempre perseguido por escándalos detonados bajo su mando.
Miranda llegó en 2009 a ser inspector y contralor general de la Secretaría de la Defensa, e inclusive, se promovió para alcanzar la titularidad de la dependencia en abierta competencia con Salvador Cienfuegos en 2012. No lo logró y entonces pasó a retiro.
Se trata del mismo Roberto Miranda Sánchez, apodado por su generación –su “antigüedad” dicen entre militares—como “El Pirrín”, que fue jefe del EMP en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Su nombre fue mencionado en el juicio que se sigue en Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, por Vicente Zambada Niebla, quien dijo lo visitó en la residencia oficial de Los Pinos en 1997, por encargo de su padre, El Mayo.
Y aunque hasta ahora no hay una imputación directa de corrupción en su contra, se trata de uno de esos militares clave en la génesis del proceso de descomposición que vino con la militarización, empezando por la aclaración de las razones por las que una familia presuntamente del hampa, pudo llegar hasta él, cuando era uno de los militares más poderosos de México.
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