Políticos y policías de Texas manejan en los últimos tiempos un discurso altamente productivo: esgrimen estrechos vínculos de las bandas y pandillas fronterizas con los poderosos cárteles de la droga que actúan en Tamaulipas. Así, obtienen abultados presupuestos y apoyo de tecnología anticrimen de punta. Pero mientras ellos atizan ese alarmismo que se traduce en un aumento de la xenofobia y el antimexicanismo, académicos y especialistas advierten: pandillas texanas sin vínculos con el narcotráfico mexicano luchan entre sí por el control de la droga y por los negocios asociados al crimen organizado.
MCALLEN, Texas 28/Jun/2015 .- En marzo pasado, un grupo de pescadores encontró flotando en la Isla del Padre el cuerpo de un hombre desnudo y decapitado. La cabeza no fue localizada. Gracias a las huellas dactilares pudo establecerse su identidad: Franklin Rodríguez Palacios Paz, inmigrante ilegal originario de Honduras, de 30 años.
“Tengo mucho tiempo tratando de hacer cumplir la ley y esta es la primera vez que veo un asesinato como este. La cabeza de la víctima fue limpiamente cortada, y al parecer utilizaron un instrumento muy afilado. También, el cadáver tiene una serie de laceraciones en el pecho que pudieron deberse a un intento de cortar el cuerpo”, comenta el sheriff que investiga el crimen. “A primera vista esto podría muy bien ser una ejecución de un cártel”, enfatiza el jefe policiaco.
Anteriormente, el 23 de julio del 2014, un miembro de una pandilla acusado de ejecutar a un joven de 19 años hirió con disparos de fusil de asalto a dos uniformados que pretendían detenerlo, en una balacera que duró alrededor de tres horas.
Los agentes policiacos recibieron el reporte de que el pandillero, identificado como Joaquín Cibrián, se hallaba refugiado en un domicilio de La Joya, Texas, y solicitaron apoyo para capturarlo. “Una vez que llegaron las autoridades a la casa, su objetivo comenzó a dispararles con un rifle semiautomático”, contó el jefe de la policía, Giovanni Hernández, al diario local Breitbart Texas.
“Los policías volvieron a su formación y buscaron ponerse a cubierto detrás de sus unidades. A medida que la situación empeoraba, terminaron siendo inmovilizados durante tres horas”, refirió Hernández. Cibrián no pudo ser sometido hasta que llegaron cuerpos especiales que utilizaron gases para obligarlo a abandonar su refugio.
Más recientemente, en mayo del 2015, un comando integrado por unos 15 hombres armados derribó la puerta de una casa en Harlingen y abrió fuego contra los miembros de una familia. Un menor de nueve años y su madre de 33 fueron impactados por los disparos, pero los demás familiares no resultaron heridos.
El parte precisó que los pistoleros arribaron en al menos tres vehículos. Tras tumbar la puerta, gritaron: “¡policías!”, y dispararon a diestra y siniestra. Las fuerzas oficiales consideraron que el ataque pudo deberse a un error, ya que las víctimas no estaban ligadas al crimen organizado. Sin embargo, se mencionó que a lo largo de la frontera ya son comunes las invasiones de casas por sujetos armados que, ligados a las mafias, las asaltan para robar cargamentos de drogas o secuestrar a personas relacionadas con grupos rivales.
Los tres eventos referidos no tendrían nada de extraordinario si ocurrieran en el contexto de la violencia que sufre México. No obstante, en los últimos meses se están repitiendo en la región de Texas conocida como Valle del Río Grande, comunidad que comienza a sorprenderse con estos crímenes, como sucedió en la frontera tamaulipeca en los primeros días del 2004. Ante tales sucesos, algunos funcionarios esgrimieron los mismos argumentos que sus homólogos mexicanos: “son hechos aislados”.
Un discurso productivo
Últimamente, los políticos texanos han venido utilizando como pretexto la violencia e inseguridad que registran las ciudades del vecino Tamaulipas para exigir a las autoridades federales más presupuesto con el propósito de evitar que el fuego que atizan los poderosos cárteles mexicanos cruce la frontera.
“Los presupuestos para seguridad fronteriza se han incrementado en todo Texas y en el Valle del Río Grande en los últimos años. Se han destinado importantes recursos locales, estatales y federales para proteger la frontera”, explica la directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, Guadalupe Correa Contreras.
La investigadora advierte que en los últimos tiempos ese “discurso no ha cambiado”. Incluso el nuevo gobernador y el vicegobernador de Texas, Greg Abbott y Dan Patrick, lo han mantenido y fortalecido. Abbott hizo de ese discurso su pieza central durante la campaña electoral, agrega Correa.
El pasado 9 de junio, Greg Abbott promulgó cuatro nuevas leyes orientadas a reforzar la seguridad fronteriza. La nueva “Iniciativa HB11” autorizó la contratación de 250 nuevos agentes para el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). Serán desplegados en la frontera. Además, ordenó aumentar a 50 horas la jornada laboral semanal de todo el personal fronterizo, y contempla recursos financieros para el pago de horas extra. Incluso se duplicó la inversión para reforzar la seguridad en la zona, que será de 800 millones de dólares. Ahora al menos medio millar de agentes la vigilarán con drones y cámaras de alta definición.
“No podemos ser ingenuos ante la amenaza que representan los cárteles de la droga y las pandillas trasnacionales”, argumentó el gobernador Abbott al promulgar la iniciativa. “Texas no se quedará de brazos cruzados mientras el gobierno federal no puede hacer su trabajo y asegurar la frontera”.
Acciones de alto impacto
Investigadores y oficiales policiacos coinciden en señalar que los crímenes en el Valle de Río Grande no han aumentado, y que incluso se han reducido en algunas zonas. Lo que sí empieza ocurrir, dice, son eventos de alto impacto. El más reciente fue un ataque a un helicóptero de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en el noroeste de Laredo, Texas.
La nave colaboraba con agentes que intentaban irrumpir en una operación de narcotráfico en un rancho llamado La Bota, asentado en las márgenes del río Grande, desde donde dispararon al helicóptero con armas de grueso calibre. Las balas impactaron las alas del rotor y la cabina. El piloto se salvó debido a que estaba sentado sobre su chaleco antibalas. Las autoridades atribuyeron la agresión a Los Zetas que operan en Nuevo Laredo. En respuesta a ese atentado, el gobierno federal enviará dos helicópteros UH-60 Blackhawk blindados, similares a los utilizados en guerra, para que vigilen la frontera con Tamaulipas.
Además, el pasado 17 de mayo se desató un tiroteo en Waco, Texas, que provocó nueve muertos y varios heridos. Fue protagonizado por dos pandillas rivales de motociclistas. “Estas son pandillas hostiles y muy peligrosas”, aseguró el sargento Patrick Swanton.
Cuando la droga cruza la línea fronteriza, llega a muchas pandillas. Una de las bandas que participaron en el tiroteo de Waco fue asociada por las autoridades al crimen organizado, ya que es distribuidora de drogas que compra a los cárteles mexicanos.
Para Guadalupe Correa, la dinámica de la violencia en Texas es distinta a la mexicana. Los crímenes son perpetrados por individuos o grupos que actúan en el lado estadunidense, e inclusive algunos de ellos no tienen relación directa con los cárteles mexicanos.
“No estoy de acuerdo en que el incremento de los niveles de violencia en el río Grande pueda atribuirse a la delincuencia organizada mexicana”, dice la investigadora.
Comenta que ahora los reportes del Departamento de Seguridad Pública de Texas achacan todo tipo de crímenes –hasta los delitos por pasarse un semáforo o manejar en estado de ebriedad– a vínculos con la delincuencia organizada mexicana. “Es muy curioso leer los reportes de la agencia estatal que dirige Steve McCraw. Esos reportes y los de algunos medios están contribuyendo a alimentar la xenofobia y el sentimiento antiinmigrante y antimexicano”.
“Las cifras confiables a nivel federal, del FBI y del mismo Departamento de Seguridad Pública muestran que la violencia en la frontera se ha reducido y que las ciudades fronterizas son de las más seguras en el país, incluido el Valle de Texas”, concluye Correa.
La evasión estadunidense
Para el investigador sinaloense Luis Astorga, las autoridades de Estados Unidos evadieron combatir internamente el problema de las drogas desde que inició en los años treinta del siglo XX.
En aquella época resolvieron trasladar ese problema a los países productores de narcóticos; por eso crearon agencias que desplegaran a agentes en otras naciones. El 14 de junio de 1930 fue formada la Oficina Federal de Narcóticos (FBN, por sus siglas en inglés, antecedente de la DEA), y desde el principio fue dirigida por Harry J. Anslinger hasta 1962.
El enfoque de trabajo de dicho organismo fue destruir la oferta para que no hubiera demanda de drogas. “Los estadunidenses pensaban resolver el consumo en su territorio impidiendo el cultivo de las plantas ilícitas o destruyéndolas en los países productores y ayudando a decomisar los fármacos prohibidos en esos lugares”, destaca Luis Astorga en su libro Drogas sin fronteras.
También promovieron la propuesta de que varias naciones homologaran las leyes contra las drogas con las de Estados Unidos. Inclusive al director de la FBN le preocupaban las laxas leyes mexicanas sobre los narcóticos y presionó para que México las cambiara.
Sheriffs vs. narcos
“He estado diciendo esto durante los últimos cuatro años. Que las cosas están empeorando, que continuarán empeorando a lo largo de la frontera, y tenemos que prepararnos para ello”, pues ya arribó “la narcocultura”, la glorificación de los cárteles y de la actividad criminal, aseguró Giovanni Hernández, jefe de la Policía de La Joya, en entrevista con un diario local.
En los últimos años, las pandillas de Texas se han aliado a los cárteles mexicanos de la droga realizando ejecuciones y otras actividades en calidad de sicarios, aseveró Hernández.
En el condado de Hidalgo, donde se encuentran las zonas rurales a las que llega la droga desde poblados fronterizos de Tamaulipas, en diciembre pasado se conformó una unidad especial de acción integrada por oficiales investigadores antipandillas y agentes que combaten a los narcotraficantes y el tráfico humano. Un cuerpo similar fue formado en el pequeño poblado de San Juan, que tiene frontera con la región de Reynosa y río Bravo.
“Como sabes, esos diferentes delitos en muchos casos están conectados. Hemos sorprendido a los que roban casas vendiendo los aparatos para comprar drogas. El tráfico de migrantes está estrechamente conectado con el tráfico de drogas”, comenta a Proceso el oficial José Rodríguez, portavoz de la oficina del sheriff de Hidalgo.
Subraya que en general los crímenes no han aumentado y que incluso en algunos casos han bajado. Sin embargo, ahora se dan asesinatos más violentos, con cuerpos quemados o decapitados que antes no se veían.
Para combatir esos crímenes que están relacionados con las luchas de pandillas, la oficina del sheriff busca la confianza de la gente para que le reporte cualquier actividad sospechosa. “Sin la gente no podemos hacer nada”, dice Rodríguez.
“Estamos trabajando en estrechar más la relación con las diversas agencias de Texas, y la coordinación con agencias como la DEA, para que la acción sea más fuerte, ya que en algunos casos ambos estamos buscando al mismo sospechoso.”
El oficial informa que el sheriff impulsó una nueva iniciativa de ley para que se forme una oficina de inteligencia donde todas las agencias concentren información sobre las operaciones del narcotráfico y los crímenes de pandillas. “De esa manera podemos trabajar más coordinadamente y bajar los delitos.
“A nosotros nos corresponde el condado de Hidalgo, donde operan los narcotraficantes, sobre todo en las zonas rurales. Sabemos que las pandillas locales trabajan estrechamente con los cárteles; en algunos casos los surten de autos robados, como trocas.
“Algunas pandillas en Texas son la extensión de los cárteles mexicanos. De Alguna manera siempre están conectados”, concluye José Rodríguez.
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