La reciente solicitud del Consejo Intercamaral de Culiacán al Gobierno de Sinaloa para que atienda la crisis de homicidios, robos de autos y asaltos a comercios, es casi como “pedir peras al olmo”, no solo es una demanda legítima sino también una radiografía del fracaso institucional frente a una ola de violencia inédita en la entidad.
El balance mas reciente como “parte de guerra”—1,509 homicidios dolosos, 1,576 personas privadas de la libertad, 5,587 vehículos robados, 1,134 detenidos y 95 abatidos en apenas nueve meses— pinta un panorama desastroso y deja en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades.
Balance de la violencia: cifras que hablan por sí solas
- Homicidios dolosos: 1,509 (5.4 diarios)
- Personas privadas de la libertad: 1,576 (5.6 diarios)
- Vehículos robados: 5,587 (19.8 diarios)
- Personas detenidas: 1,134 (4 diarios)
- Personas abatidas: 95
Estas cifras, que corresponden al periodo del 9 de septiembre de 2024 al 17 de junio de 2025, reflejan una crisis de seguridad que no solo no cede, sino que se agrava mes con mes. El promedio diario de homicidios y privaciones de la libertad es equiparable al de zonas de conflicto armado, mientras que el robo de vehículos alcanza niveles históricos, afectando tanto a familias como a la economía local.
Autoridades rebasadas y exigencias empresariales
El Consejo Intercamaral exige “acciones transparentes y con resultados” para rescatar el bienestar comunitario y el desarrollo económico, advirtiendo que la sensación de vulnerabilidad ya permea en toda la sociedad y el sector productivo.
Los empresarios demandan estrategias claras, medibles y transparentes, así como reforzar la seguridad en zonas comerciales y judicializar los delitos, pero la respuesta oficial ha sido insuficiente y, en muchos casos, evasiva.
Contexto: Guerra interna y desconfianza ciudadana
La raíz de esta crisis está en la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa —Los Chapitos y La Mayiza— que desde septiembre de 2024 ha desatado asesinatos, desapariciones, robos y bloqueos, con el gobierno estatal y federal minimizando o negando la gravedad de los hechos. La percepción de inseguridad es tan alta que la ciudadanía y actores políticos consideran que los canales de escucha y participación están cerrados, y que las acciones de las autoridades no han dado resultados tangibles.
Un balance desastroso y la ironía de las exigencias
Pedir a las autoridades que resuelvan lo que no han podido —o querido— contener es, en efecto, como pedirle peras al olmo. El propio balance de detenciones (apenas 4 diarias frente a casi 6 personas privadas de la libertad y más de 19 vehículos robados cada día) evidencia la inoperancia del aparato de seguridad y justicia. Mientras tanto, las organizaciones civiles advierten que, de no frenarse la crisis, 2025 podría cerrar con máximos históricos de homicidios y robos, sobre todo en Culiacán, que ya figura entre las ciudades más violentas del mundo.
“Solicitamos a usted y a las instancias correspondientes, implementar acciones contundentes y coordinadas que permitan reducir estos índices delictivos y devolver la paz a nuestras calles”.
La frase del pliego petitorio suena, a la luz de los hechos, más a un grito de desesperación que a una expectativa realista. El balance, por donde se le vea, es calamitoso, y deja claro que la actuación de las autoridades está, cuando menos, severamente cuestionada y, en los hechos, reprobada.
Con informacion de NOROESTE/
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