El 21 de diciembre pasado fue asesinado en Acapulco el candidato de Morena, Ricardo Taja Ramírez.
El 4 de enero, en Cuautla, Morelos, fue asesinado Alfredo Giovanni Lezama, precandidato del PAN a una diputación local.
#cdmx,#reynosafollow,#matamoros,#nuevolaredo,#cdvictoria "HABRASE VISTO y ABRAZO VISTO": GENERAL "ILUSO SIN TATEMA" PIDE CONCIENCIA a CRIMINALES en PROXIMA ELECCION MIENTRAS AMERICO le ENTREGARA CANDIDATURAS al CARTEL del GOLFO...ganar al costo que sea. https://t.co/kACEUsDpyi pic.twitter.com/sKxqeLCm6M
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) January 16, 2024
Y el 5 de enero fueron asesinados en Armería, Colima, Sergio Hueso, candidato de Movimiento Ciudadano y David Rey González, aspirante de la coalición PRI, PAN y PRD en Suchiate, Chiapas.
Estos son apenas los albores de lo que se presagia como una contienda electoral 2024 en la que la violencia será un factor que jugará decisivamente de la mano del crimen organizado.
Para los que piensen que esto es una exageración, que volteen a ver las cifras de la organización "Votar entre Balas", que reporta que en los cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación en Mexico se tienen registrados 1,546 ataques de violencia criminal dirigidos contra candidatos o personas relacionadas con sus aspiraciones políticas. Eso incluye amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros de candidatos o dirigentes de partidos, buscando influir en las decisiones que, por el voto popular, le pertenecen exclusivamente a la ciudadanía.
Por desgracia, los pronósticos de los analistas no son nada alentadores, de cara a los comicios del próximo 2 de junio. La estimación es que podríamos transmutar de lo que debería ser una jornada democrática a una de violencia en la que no solo las acciones intimidatorias, sino el abundante dinero del narcotráfico, acaben por jugar un papel clave para definir cargos estratégicos de elección popular, especialmente diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y, sobre todo, la Presidencia de México.
Lo que se observa en el arranque de esta contienda es que los grandes capos de los cárteles -como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación- tienen ya compromisos para apoyar a algunos candidatos que les son clave para controlar los territorios en los que operan sus cultivos, sus laboratorios y sus trasiegos de droga hacia los Estados Unidos.
Y esos compromisos también incluyen pactos para inhibir candidaturas y mediante amenazas, secuestro o simple “persuasión” para forzar a algunos aspirantes a abandonar sus aspiraciones.
Se habla ya con insistencia de que, en el caso de Claudia Sheinbaum, alguno de los cárteles ya envió las suficientes señales para imponer un veto sobre Omar García Harfuch, porque sienten que el ex jefe de Seguridad de la Ciudad de México favoreció durante su gestión a sus rivales. La prueba de esta tesis descansa en el grave atentado que García Harfuch sufrió en junio del 2020 y en el que fueron disparadas 414 balas, en un intento por acabar con su vida. Dicen que la afrenta no está saldada.
También del lado del Frente Amplio existen grandes bloques del crimen organizado que sienten que la Oposición no tiene en sus filas a algún personaje con el que puedan dialogar para, al menos, mantener el actual status quo de lo que hoy se vive con los territorios que cada cártel domina. Y que no existe sobre la mesa de Xóchitl Gálvez ninguna estrategia que pueda reemplazar a la de “Abrazos, No Balazos” y que les garantice impunidad y complicidad, no sólo de la Guardia Nacional, sino del Ejército mismo.
Ya en comicios pasados se asomó la sombra del narcotráfico, como en los de 1994, cuando se dio el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Pero de lo que se habla hoy no es de una sombra, sino de una abierta intervención de un poder que, en este sexenio, creció -por incapacidad o por complicidad- de la mano del inquilino de Palacio Nacional, hasta entregarles el control sobre más de la mitad del territorio nacional.
Además de las cuatro muertes de candidatos en este violentísimo arranque del 2024, están las atentados y secuestros múltiples en Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Querétaro -por citar algunos estados- en los que la violencia se asoma sin que exista otra explicación que disputas territoriales entre el crimen organizado.
¿Cuál será la garantía que el Estado mexicano les otorgue a los candidatos que buscan un México mejor?
¿Acabaremos por aceptar candidatos que estén dispuestos a pactar a cambio de que se les respete la vida?
¿O será que la siembra del terror acabará por consumar la instalación de un Narco-Estado en el que, aunque lo niegue el presidente López Obrador, ya estamos inmersos?
Que las elecciones del 2024 nos agarren confesados. El inicio del año no deja lugar a dudas del rumbo violento que están tomando.
Fuente.-
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