Genaro García Luna quiere sentarse una vez más en el banquillo de los acusados. La defensa del antiguo zar antidrogas presentó una moción este viernes para solicitar un nuevo juicio contra su cliente en Nueva York. Sus abogados aseguran que han tenido acceso a nuevas evidencias que exoneran al secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el exfuncionario mexicano de más alto rango que ha sido juzgado en una corte estadounidense.
El antiguo jefe de la Policía Federal fue declarado culpable en febrero pasado de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. El juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, debe decidir si concede la solicitud de los abogados de García Luna o procede a dictarle sentencia el próximo año.
“Desde el veredicto de culpabilidad, nueva evidencia ha salido a la luz estableciendo que el caso contra Genaro García Luna fue estropeado por múltiples violaciones Brady y falsos testimonios de testigos clave”, se lee en un documento presentado por la defensa. Las nuevas pruebas en posesión de los abogados incluyen testimonios de sus allegados; agendas oficiales para establecer dónde se encontraba en momentos clave del caso; pruebas de control de confianza a las que se sometió cuando fue funcionario y colaboró con sus contrapartes estadounidenses; correspondencia personal del exsecretario; informes detallados sobre el programa de espionaje Pegasus, y otros documentos, que según sus representantes legales, comprueban que hubo una supuesta trama para inculparlo dirigida por la Fiscalía General de la República.
La defensa también reclama que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York no entregó evidencia que podía ser utilizada por su cliente para defenderse, a eso se refieren con las violaciones Brady.
También acusan que al menos dos testigos que declararon en contra de García Luna cometieron perjurio: Héctor Villarreal Hernández, tesorero del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, y Francisco Cañedo, un antiguo agente ministerial. Villarreal Hernández aseguró durante el juicio que el exfuncionario pagaba sobornos de 25 millones de pesos al mes en sobornos al periódico El Universal a cambio de cobertura favorable. Cañedo afirmó que fue testigo de un encuentro entre García Luna y dos notorios narcotraficantes: Édgar Villarreal La Barbie y Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas. El antiguo agente señaló que el exfuncionario fue secuestrado por el Cartel de los Beltrán Leyva en octubre de 2008.
Testimonios en la mira
Villarreal Hernández dijo en el estrado que García Luna le pidió al gobernador Moreira que lo presentara al dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, para crear un esquema de sobornos. También corroboró que el exfuncionario estuvo brevemente secuestrado por miembros del Cartel de los Beltrán Leyva. La defensa argumenta que García Luna y Ealy Ortiz se conocían mucho antes de 2009, cuando el testigo señaló que ayudó a crear la red de sobornos, y presentaron fotografías para demostrar que tenían “una relación cercana”. También presentaron una tabla con casi una veintena de encuentros entre el funcionario, el dueño del periódico y varios editores, y notas “negativas” publicadas por el diario para refutar la idea de que recibía cobertura favorable.
La defensa asegura que el extesorero de Coahuila también mintió sobre reuniones que sostuvo con García Luna, pero que no aparecen en su calendario como funcionario y sobre una supuesta visita a principios de 2009 al Búnker creado durante la gestión de García Luna, que fue inaugurado hasta finales de ese año. En esa visita, Villarreal Hernández dijo que el exsecretario le mostró cómo funcionaba el software espía Pegasus. Los representantes legales de García Luna dicen que NSO Group, la empresa israelí que vendía el programa de espionaje, no fue establecida hasta un año después de la supuesta demostración y la oferta para que el Gobierno de Coahuila lo adquiriera.
Los abogados de García Luna también acusan al agente Cañedo de mentir sobre el secuestro de García Luna en 2008 y dicen que su testimonio fue parte de una “estrategia política” para desacreditar a su cliente. Aseguran que el exfuncionario estaba en el Hospital Ángeles de Ciudad de México acompañando a su esposa en una cirugía y presentan una factura de la cuenta hospitalaria. También citan el testimonio de José Jorge Rincón, uno de sus guardaespaldas, de que el protocolo de seguridad hacía que tomaran siempre la autopista de cuota cuando iba a su casa de fin de semana en Jiutepec (Morelos) y no la carretera libre, donde Cañedo dice que fue el encuentro con los capos. Y el de su secretaria particular, en el que asegura que nunca vio a Cañedo en las oficinas de la dependencia, donde dijo que trabajaba.
La solicitud de un nuevo juicio también reclama que otros testigos clave como el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia El Diablo y Óscar Nava Valencia El Lobo se comunicaron con teléfonos de contrabando antes del juicio, contradiciendo la tesis de la Fiscalía de que los testigos daban declaraciones en el mismo sentido a pesar de que no se habían visto en años o, incluso, conocido. Esta afirmación se desprende del testimonio de un reo del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, que coincidió en 2019 con Carlos Nava Valencia, alias El Tigre y hermano de El Lobo, y que lo vio comunicarse con él y con Veytia, según una declaración jurada. También se hizo cercano a Veytia desde 2022, un año antes del juicio.
“[Los fiscales] son estúpidos y van a creer cualquier cosa que les diga”, dijo supuestamente Veytia, según el nuevo testimonio, entregado a la defensa tres meses después del veredicto de culpabilidad, en mayo pasado. “A la chingada con García Luna, me lo voy a chingar”, le dijo supuestamente Veytia al otro preso, cuyo nombre no se revela. También dicen que El Lobo y El Diablo se coordinaron para hacer coincidir sus testimonios, como un plan para volver al narcotráfico tras ser liberados por cooperar. “Su plan era hacer lo que fuera necesario para salir libres lo antes posible”, escribió el reo.
La supuesta trama para inculpar a García Luna
En el escrito también se asegura que miembros de la Procuraduría General de la República (PGR), interceptaron llamadas de Víctor Hugo Martínez Rocha, un capo que estaba encarcelado, y que fueron enviadas a García Luna como amenaza de que estaba en la mira desde finales de 2009. El preso le dijo a su madre que “estas personas se querían chingar a García Luna” y que lo estaban presionando con amenazas de muerte para que declarara contra él. Los fiscales supuestamente querían que dijera que él y el exfuncionario se conocieron en un yate, donde le entregó un soborno por tres millones de dólares de parte de El Chapo.
“Quieren que yo señale a García Luna”, dice Martínez Rocha en la transcripción de la llamada con su madre presentada por la defensa. “Si yo no declaro contra García Luna, los van a matar a ustedes”, agrega. En una carta escrita desde la cárcel en diciembre de 2009, el capo denuncia tortura y un “complot” contra el exsecretario por parte de servidores públicos de la PGR. “En la declaración que fabricaron hacen creer que este secretario de Estado y yo nos reuníamos y en estas reuniones yo le entregaba dinero (dólares) para la protección que ofrecía”, afirma en la misiva. “Es evidencia directa del plan de los carteles para dar testimonios falsos contra García Luna para vengarse del hombre que los combatió durante tantos años”, reclama César de Castro, el abogado principal de la defensa.
Desde hace meses, los abogados de García Luna anticiparon que habían tenido acceso a nuevos materiales que no habían podido revisar mientras se desarrollaba el juicio o que no habían recibido mientras se llevaba a cabo el proceso judicial. Estas pruebas llegaron de altos funcionarios esatdounidenses y mexicanos, así como de personas que tenían acceso a documentos exculpatorios, según explicaron ellos mismos. Se trata de miles de páginas que intentan introducir en caso de obtener un nuevo juicio, pero que no han sido validadas por el juez.
La defensa solicitó un par de aplazamientos para construir su estrategia legal y tratar de tumbar el veredicto de culpabilidad, después de que su cliente fuera acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios durante más de dos décadas. La Fiscalía debe responder a la moción presentada por los abogados del exfuncionario, la defensa tendrá una nueva oportunidad de responder y finalmente, el juez Cogan tendrá la última palabra. Consultados al respecto, los abogados de García Luna esperan que pasen “semanas o incluso meses” antes de recibir una respuesta definitiva. No hay un plazo para que el juez comunique su decisión.
La solicitud de la defensa se da en el límite del plazo otorgado por el juez y un día después de que Gloria García Luna, hermana del exfuncionario, fuera detenida en Cuernavaca por el caso que abrieron las autoridades mexicanas contra el exsecretario y su círculo más cercano. En la causa están acusados su esposa, Linda Cristina Pereyra, y al menos cuatro hermanos de García Luna por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Oswaldo N, tío del antiguo jefe de la Policía Federal, también fue detenido en Puebla por los mismos cargos. Los procesos abiertos en México no tienen relación y son independientes a las causas interpuestas en las cortes estadounidenses.
Fuente.-Diario Español/Elias Camhaji/
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