En otro episodio mas de la lucha de facciones en el Congreso local de Tamaulipas,paralela a la otra lucha de otros criminales en calles, caminos,brechas y carreteras de la entidad,la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) consideró improcedentes los reclamos que la bancada panista que aun rinde al CDV,incrustados en la Sexagésima Quinta Legislatura,que se habia presentado en contra de las reformas a la Ley Interna del Congreso, aprobadas por la mayoría morenista,sacandose de la bolsa una argucia igual de poco pulcra que las concebidas en la tatema del lider amoral de los panistas.
Por enésima ocasión, una instancia jurisdiccional, en este caso la superior, emitió un fallo en contra de las impugnaciones panistas, que atacaron las formas y estructuras de la actual Legislatura Local.
“Los efectos de las reformas no son susceptibles de paralizarse, no hay un daño irreparable de transgresión a un derecho humano y no hay una afectación irreversible a sus derechos”, expresó en su ponencia la ministra Margarita Ríos Farjat, al declarar, “no ha lugar su solicitud”, con el aval del voto de los integrantes del máximo Pleno Judicial.
Según explicó Ríos Farjat,quien inicialmente fue recomendada para el cargo por el Presidente Lopez Obrador, “solo se trata de que los diputados de minoría se dicen discriminados en el proceso de negociación para reformar la ley interna”, precisó la ministra, respecto del juicio de amparo asociado al expediente de la acción de inconstitucionalidad 217/2023, promovida por los diputados panistas, contra la validez del Decreto 65-652 que reforma disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.
De acuerdo con los legisladores albiazules, los morenistas abusaron de tener la mayoría en el Congreso tamaulipeco para modificar, a su conveniencia, la ley Interna del Poder Legislativo y crear la Junta de Gobierno, lo que “viciaría actuaciones legislativas y nombramientos como el del auditor superior”.
Los panistas sostuvieron en sus alegatos que “no debe abusarse de la acotada autonomía de los Congresos para darse su propia regulación interna”, pues insistieron, “las modificaciones a la integración y sistema de votación de diversos órganos como la Diputación Permanente, la Junta de Gobierno y la Junta de Coordinación Política, viciaría actuaciones legislativas”.
En ese sentido, se manifestaron “violentados” en sus derechos humanos y “discriminados” en el proceso de negociación para reformar la ley interna, solicitando la suspensión de las reformas, lo cual les fue rechazada, sin detrimento de lo que resulte del análisis de fondo de la controversia constitucional presentada.
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