En el quinto año de gobierno de López Obrador las detenciones de personas migrantes en México batieron el récord absoluto desde que se comenzó a llevar registro de la estadística en 2001, hace más de dos décadas: el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo este año a 413 mil 563 migrantes que no contaban con documentación, de los cuales ya deportó a 175 mil a sus países de origen, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria.
La estadística oficial de 2023, que aún no está completa, pues falta recabar los datos de noviembre y diciembre, ya es la más alta nunca antes registrada en México y un 31% superior a la de 2022, año que con 314 mil casos tenía el récord de capturas.
Asimismo, aunque faltan aún de dos meses, el dato de este año es 123% superior a los 185 mil 319 migrantes detenidos por las autoridades mexicanas en 2021; 402% más que en 2020 (aunque hay que matizar que fue año de pandemia y que el flujo migratorio cayó en picado); 126% más que en 2019; y 214% más que en 2018, el último año de la administración de Peña Nieto.
Para encontrar una cifra similar de detenciones hay que remontarse a 2015, cuando durante el gobierno priista se puso en marcha el llamado Plan Frontera Sur; una iniciativa que, básicamente, fue la precursora del uso del Ejército, la Marina, y de todas las corporaciones policiacas para detener migrantes, además de los agentes del INM. Ese año fueron detenidas casi 200 mil personas; un boom. Aun así, el dato se encuentra lejos de los más de 400 mil detenidos en este 2023.
Este nuevo récord histórico puede explicarse por varios factores.
Uno de los más llamativos es el aumento sobresaliente de la migración venezolana, que está abandonando por miles el país sudamericano dirigido por el régimen de Nicolás Maduro. Las imágenes de miles de personas cruzando por la selva de El Darién, entre Panamá y Colombia, donde la mayoría son de nacionalidad venezolana, corrobora el éxodo venezolano hacia Estados Unidos, así como también lo corrobora las cifras en México: el INM detuvo en 10 meses de este 2023 a un total de 168 mil 639 personas venezolanas.
Para dimensionar este dato: en menos de un año, fueron detenidos más venezolanos en México que todos los migrantes de todas las nacionalidades juntas en 2018.
Este aumento de la migración venezolana puede apreciarse claramente en los últimos dos años. Por ejemplo, en 2019 sólo 452 migrantes de esa nacionalidad fueron detenidos. En 2020, 183; en 2021 se produce el primer pico, con 4 mil 360 casos; y ya en 2022 se dispara a casi 100 mil, hasta llegar a los 168 mil 639 de este 2023.
Crisis en Haití lleva a miles a migrar a países como México
Otro factor que explica el récord histórico es el aumento de la migración haitiana que huye de las malas condiciones económicas y de la inestabilidad política del país, luego de que en julio de 2021 el presidente haitiano Jovenel Moïse fuera asesinado y el país caribeño quedara sumido en una profunda crisis de inestabilidad. A lo anterior, hay que sumar además un nuevo desastre natural, como lo fue el terremoto de 2021 que dejó más de 2 mil haitianos muertos, 12 mil heridos, y millonarias pérdidas económicas.
En ese 2021 se aprecia claramente el aumento de la migración haitiana pasando por México para solicitar asilo, o para llegar a Estados Unidos: si en 2019 fueron detenidos 3 mil 891 haitianos, en 2021 fueron 13 mil 591 (un 246% más), mientras que en este 2023 suman casi 23 mil. Es decir, en solo cuatro años, la migración de Haití se ha multiplicado por cinco.
México aumentó control migratorio
Y otro factor del ‘boom’ tiene que ver con el aumento del control migratorio en México. Si bien el gobierno de López Obrador inició con la promesa de que habría un cambio en la política migratoria, tradicionalmente plegada más a los intereses del gobierno de turno en Estados Unidos que al cumplimiento del respeto a los derechos humanos, y de que gracias a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida se atacaría las raíces del fenómeno de la migración indocumentada en países de origen como Honduras, Guatemala y El Salvador, lo cierto es que muy pronto esa promesa se quedó en el olvido.
En concreto, desde que el entonces gobierno de Donald Trump amenazó en mayo de 2019 con imponer aranceles a los productos mexicanos si el Ejecutivo federal con López Obrador no detenía a la migración indocumentada en su frontera sur. Como resultado, el gobierno obradorista anunció el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo policiaco-militar, a la frontera sur entre Tapachula y Guatemala para detener migrantes. Y esos solo fueron los primeros elementos policiacos destinados a tal fin.
En septiembre de 2022, Animal Político publicó que en el cuarto año de gobierno de López Obrador la cifra de soldados del Ejército mexicano, marinos y elementos de la Guardia Nacional ascendió a 46 mil 916, y que éstos participaron en operativos de “contención” que derivaron en la captura de 345 mil 584 personas migrantes indocumentadas; otra cifra récord.
De acuerdo con las estadísticas publicadas durante el Cuarto Informe de Gobierno presidencial, el Ejército mexicano es el más activo en tareas de detención de migrantes: 256 mil 325 migrantes fueron interceptados por elementos castrenses, aún y cuando migrar no es un delito.
Guardia Nacional aumenta su participación en control de migrantes
En cuanto a la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad participó en la detención de 60 mil 861 migrantes sin documentos, 9 mil 216 más que el año previo. Y la Marina detuvo a 28 mil 668 migrantes, 160% más que en el tercer año de López Obrador.
Asimismo, el número de elementos de la Guardia Nacional destinados a tareas de control migratorio casi se cuadruplicó en el cuarto año de gobierno obradorista: de 2 mil 386 elementos desplegados por el país, la cifra escaló a 9 mil 445 elementos, casi un 300% al alza.
El número de soldados del Ejército también aumentó, auque ligeramente: 2.5%; de 13 mil 663 militares, pasó a 14 mil 013.
En cuanto a la Marina, se pasó de 16 mil 049 elementos a 23 mil 458, un 46% más.
Esta militarización de las detenciones de migrantes también se ve reflejada en el perfil de los altos funcionarios del INM. En diciembre de 2021, este medio publicó que al corte de noviembre de ese año, un total de 43 funcionarios del Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, eran militares, exmilitares, tienen carrera militar, o tenían un perfil policiaco.
De hecho, hasta 19 comisionados estatales de migración -los jefes del INM en los estados- fueron sustituidos entre 2019 y 2021 por militares, expolicías federales, o exfuncionarios de seguridad. Incluso, cabe recordar que el perfil del mismo comisionado del INM, Francisco Garduño, también es policiaco, pues llegó al cargo en junio de 2019 tras ser el responsable de las prisiones del país. Sustituyó en el cargo a Tonatiuh Guillén, cuyo perfil es claramente académico tras su paso por el Colegio de la Frontera Norte.
Solicitudes de refugio en México también baten récords
Por otra parte, al margen de las detenciones, otras estadísticas que están batiendo todos los récords son las de solicitudes de refugio y asilo en el país.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) proporcionados a este medio, al corte de noviembre de este 2023 suman 136 mil 934 personas solicitantes de asilo; estadística que ya supera los 119 mil del año pasado, y los 129 mil de 2021, que ostentaba el récord. La COMAR espera cerrar este año con más de 150 mil solicitudes.
Para también dimensionar este dato: en 2015, se registraron 3 mil 423 solicitantes de asilo. Hoy, esa cifra es 40 veces más grande.
De hecho, fue a partir de la llegada del gobierno de López Obrador, en 2019, cuando se produjo un ‘boom’ en las solicitudes de asilo: de 29 mil 741 en 2018, se pasó a 70 mil 300 en 2019. Esto, en parte, también se debe al aumento de las oficinas que la COMAR, que dirige Andrés Ramírez Silva, ha abierto en diferentes partes del país. Ello, a pesar de que la Comisión ha mantenido prácticamente congelado su presupuesto en este sexenio, lo que ha llevado a sus dirigentes a buscar alternativas a través de convenios con la Agencia para los Refugiados de la ONU, la ACNUR, que ha aportado dinero y personal para apoyar la atención a las solicitudes de asilo.
Presupuesto a migración
Otra dependencia con problemas de presupuesto es el propio Instituto Nacional de Migración. El pasado 5 de diciembre, un cable de la agencia estadounidense AP daba a conocer que el titular del Instituto, Francisco Garduño, ordenó suspender temporalmente las deportaciones y traslados de migrantes por la falta de recursos económicos en medio de un año que está batiendo todos los récords.
Para este 2023, el INM tiene un presupuesto aprobado de más de 1 mil 700 millones de pesos. La COMAR, unos 50 millones.
Todas las cifras anteriores se están traduciendo en imágenes que hacía años que no se daban en México. Por ejemplo, el regreso del uso del tren conocido como ‘La Bestia’ por parte de los migrantes, especialmente los de nacionalidad venezolana. En octubre de este año, Animal Político fue testigo en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, de cómo miles de personas con niños, niñas y adolescentes, trataban de abordar el tren, pese al asedio de las autoridades de migración que buscaban impedirlo.
Mientras que en este diciembre, este medio publicó que, ante la falta de espacios y de albergues de la sociedad civil y de las autoridades capitalinas, cientos de migrantes se están organizando con algunos vecinos para instalar sus propios albergues improvisados, algo también insólito y que no se había visto antes, especialmente en la capital del país, no tan habituada a la presencia de migrantes como en el sur o en el norte de México.
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