En medio de la ola de violencia, las autoridades en Nuevo León,bajo el gobierno de Samuel Garcia,que se la pasa de "viajero frecuente por el mundo con cargo al contribuyente", no consiguen frenar,ni resolver los crímenes o al menos paliar la violencia, mientras que la percepción de inseguridad sube en el Estado.
Luego de que el año pasado cerró con mil 430 homicidios, la tendencia en este indicador se mantuvo al alza y hasta septiembre sumaban mil 032 casos en el 2023, poniendo en entredicho la efectividad de las promesas de reforzar la seguridad y bajar los delitos.
A la par, en los últimos meses se han acumulado los homicidios de alto impacto sin resolver o que reportan poco avance, exhibiendo la impunidad.
Y es que, pese a que fueron con extrema violencia y muchos de ellos a plena luz del día y frente a decenas de cámaras y testigos, avanzan a cuentagotas los informes de las autoridades sobre las ejecuciones de civiles y mandos policiales, descuartizados, fusilamientos, masacres y persecuciones.
Entre los casos están crímenes como el de un funcionario del Congreso local y, el más reciente, el del jueves pasado, del director de Seguridad del Municipio de Hidalgo.
Mientras la Fiscalía General de Nuevo León acumula expedientes sin resolver, la Secretaría de Seguridad sigue prometiendo helicópteros, armas de alto poder y patrullajes.
En lo que sí coinciden las autoridades es en la pugna que mantienen el Ejecutivo, el PRIAN y sus bancadas en el Congreso por el control de la Fiscalía estatal, cuyo encargado de despacho es Pedro Arce luego de asumir el 5 deoctubre del año pasado tras la salida anticipada de Gustavo Adolfo Guerrero.
Desde entonces, el Gobierno del Estado y los Alcaldes y Diputados del PRIAN se disputan la asignación de un Fiscal General,sin que se frenen los índices delictivos.
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