El Congreso de Tamaulipas entró en una crisis tras el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) que declaró ilegal la actual Diputación permanente e invalidó 5 decretos aprobados en la sesión del 30 de junio, la última del segundo periodo del primer año legislativo.
Las resoluciones judiciales acrecentaron la confrontación partidista, debido a que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano exigen la entrega de la Diputación permanente al Partido Acción Nacional (PAN), como ordenó el órgano jurisdiccional estatal.
Ayer por la noche, Félix García Aguiar, coordinador azul y presidente del Poder Legislativo, anunció que no acatarán ninguna de las determinaciones del Trieltam y presentarán impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Pareciera que hubiera la consigna desde alguna oficina en Ciudad Victoria o quizá en la Ciudad de México, de generar precedentes negativos para un sano equilibrio en la división de poderes, en Tamaulipas y en país”, dijo García Aguiar respecto al trabajo de las y los magistrados electorales.
Los temas aprobados el 30 de junio y 1 de julio de 2022 son considerados parte de la guerra legal lanzada por el grupo político del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante la victoria de Morena en la elección a la gubernatura.
La raíz del conflicto
La raíz del conflicto es la integración de la Diputación permanente, órgano encargado de llevar las labores durante los recesos legislativos. En la sesión ordinaria del 30 de junio se votaron 2 veces las propuestas y en ambas hubo empate. Ante ello, Morena señaló que el artículo 115 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso establece “cuando en la segunda votación el resultado sea empate, se retirará el asunto del orden del día, a fin de tratarse en la sesión inmediata posterior.” Como se trataba de la última sesión ordinaria, la bancada guinda pidió que la Mesa Directiva del Congreso fungiera como diputación permanente, como lo determina el artículo 53 de la citada norma. Los panistas y priistas decidieron no atender el apunte legal de Morena porque en la Mesa Directiva estaban Marco Antonio Gallegos Galván y la diputada Gabriela Regalado Fuentes, 2 morenistas.
Para evitar la aprobación de iniciativas que beneficiaran a Cabeza de Vaca, Morena presentó iniciativas durante más de 4 horas continuas, con el objetivo de que terminara el segundo periodo de sesiones, fijado al 30 de junio, a las 24 horas, por la Constitución Política de Tamaulipas.
En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Félix García Aguiar, convocó a una reunión al coordinador de la bancada tricolor, Edgar Melhem Salinas. El legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez; y la coordinadora morenista, Úrsula Salazar Mojica, no fueron llamados. El acuerdo de la reunión, firmado por el PAN y PRI, fue detener el reloj legislativo hasta no resolver el orden del día.
Morena y Movimiento Ciudadano reclamaron que la acción era ilegal, alegato que no frenó a la presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez. Ya en la madrugada del 1 de julio se aprobaron las iniciativas para otorgar poderes del gobernador al titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica; la reforma a la Ley de Aguas que protege a los gerentes generales relacionados con el PAN de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas).
Además, la alianza del PRIAN validó la creación de la carta de no antecedentes de corrupción para proveedores del gobierno, la designación de José Ángel Walle García como consejero de la Judicatura, y la aprobación de 179 cuentas públicas de ayuntamientos y órganos estatales impulsada por el diputado morenista, Jesús Suárez Mata.
Casi al terminar la sesión, Imelda Sanmiguel propuso una nueva conformación para la Diputación permanente, situación que enfrentó a las bancadas. La votación se desarrolló hasta que la diputada guinda, Magaly Deandar, depositó su voto, forcejeó con la presidenta de la Mesa Directiva y se rompió la urna de cristal. La diputada panista, Leticia Vargas, se encontraba detrás se arrojó al suelo y pidió asistencia médica porque sentía un vidrio en el ojo; el incidente interrumpió la elección por un momento.
Al volver al Pleno, se contaron los votos y quedó avalada la Diputación con los siguientes integrantes: Félix Fernando García Aguiar, Carlos Fernández Altamirano, Humberto Armando Prieto Herrera, Casandra Prisilla de los Santos Flores, Leticia Vargas Álvarez, Juan Vital Román Martínez, Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, Lidia Martínez López, Isidro Jesús Vargas Fernández, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.
El PAN mantuvo el control del poder legislativo. Por lo que Morena presentó 2 recursos de defensa de derechos político-electorales a nivel estatal ante el Tribunal Electoral Estatal y 2 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las sanciones por incumplimiento
El pasado lunes 29 de agosto, el Tribunal Electoral resolvió los casos a favor de la bancada de Morena y el legislador de Movimiento Ciudadano. El Tribunal determinó que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que abrió la posibilidad de aprobar iniciativas y la permanente fue ilegal.
Las sentencias fueron notificadas al Congreso el martes por la tarde. Morena acusó al presidente García Aguiar y al secretario general, Raúl Cárdenas Thomae, de no acatar los documentos judiciales.
En reacción a la postura panista, los diputados guindas promovieron un incidente de incumplimiento de sentencia en contra del Félix García, el secretario Cárdenas y de funcionarios de Servicios Parlamentarios por obstaculizar la justicia.
El reglamento interno del Trieltam marca que la presidenta Blanca Hernández Rojas turne los autos al magistrado ponente del caso, en este caso Edgar Iván Arroyo Villarreal, para que requiera la rendición de un informe al Congreso estatal. Posteriormente, se informará a la bancada morenista con el objetivo de avanzar en el trámite que contempla la solicitud oficiosa de documentación o constancias.
En la etapa final, Arroyo Villarreal propondrá al Pleno el proyecto de resolución, “la que podrá dictarse incluso si no se rindió el informe dentro del plazo concedido, tomando como base las constancias que obren en autos y las que oficiosamente hubiera obtenido”. En caso de que la propuesta sea validar el reclamo, el Pleno determinará un plazo para que cumpla con la sentencia.
De acuerdo con la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, las personas señaladas de desacato pueden tener sanciones máximas de multa de 50 hasta 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. “En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada”.
Las medidas más drásticas son el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas.
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