La empresa Unmanned Systems Technology International (USTI), que armó y vendió en el 2019 un dron hechizo millonario a la pasada Administración del Gobernador independiente Jaime Rodríguez, está "desaparecida".
La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado inició desde junio pasado un intento de auditoría fiscal a la proveedora del llamado "broncodron", pero no ha podido localizarla.
De acuerdo con un aviso público, la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) estatal realizó múltiples visitas al domicilio fiscal de la compañía con la intención de requerir información sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, en la propiedad ubicada en la Colonia Los Altos, en Monterrey, opera otra empresa.
"Cuando llegamos aquí ya estaba solo, y no supimos quién ocupaba el domicilio anteriormente", dijo a la SAT una de las personas que estaba en el inmueble, según las actas circunstanciadas del proceso de auditoría, conocida como revisión de gabinete.
Por medio de este procedimiento, la Subsecretaría solicita a USTI un listado de 14 comprobaciones de cumplimiento fiscal.
Entre los documentos que se solicitan están declaraciones anuales, cálculos de la determinación mensual del IVA, pagos de ISR, estados financieros, facturas, comprobantes de ingresos y reportes del valor neto de sus actividades.
Luego de tres intentos por notificar del proceso de auditoría y otros tres de apercibimiento, la SAT resolvió aplicar una multa de 19 mil 350 pesos y hacer la notificación de la misma vía estrados y en el portal del Gobierno estatal.
EL NORTE publicó el 20 de marzo del 2019 que USTI vendió el dron hechizo al Gobierno de Rodríguez por 29.8 millones de pesos, aunque pretendía incrementar sus cobros a 57 millones con mayor equipamiento.
La Administración de "El Bronco" alegó que era un aparato especializado en labores de inteligencia contra bandas delictivas, lo que fue rechazado por especialistas, y afirmó inicialmente que era un diseño de la UANL.
No obstante, cuando EL NORTE evidenció que fue hecho por USTI, el Estado frenó el equipamiento, luego intentó vender el dron y, finalmente, acordó su devolución en enero del 2020.
La empresa era encabezada por Mauricio Ramos Pons, ex funcionario en seguridad en los sexenios de los Gobernadores panista Fernando Canales y priista Natividad González Parás.
También participaba Jorge Llamas, un aficionado al aeromodelismo, que aseguró que diseñó el dron.
USTI habría devuelto los 29.8 millones de pesos que recibió, con lo que se frenó una averiguación penal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Como parte de las diligencias de este caso, elementos de la Fiscalía realizaron una inspección física del dron, justo en el domicilio donde ahora la SAT ha intentado localizar fallidamente a la empresa.
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