El gobierno de Tamaulipas que encabeza Francisco Javier Garcia Cabeza de vaca,por medio de su Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud, firmó un contrato con la empresa Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V., propietaria del medio de comunicación online Latinus.
El contrato que obra en poder de Polemón comenzó a surtir efecto a partir del 1 de enero de 2021 y según los términos acordados, se adjudicó de forma directa por un monto que asciende los 6 millones de pesos.
El documento está suscrito por Christian González Guadarrama, actual director de la plataforma digital, y algunos funcionarios del sector salud de Tamaulipas, entre los que se encuentran Víctor José Girón Dimas, apoderado legal del OPD Servicios de Salud, y Enrique Jorge Nader Nemer, subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y pariente del alcalde panista de Tampico, Jesús Nader.
Por igual y de acuerdo informacion publicada por CONTRALINEA ,el gobierno de Michoacan de Silvano Aureoles Cornejo,ex-aliado de la Alianza Federalista de Cabeza de Vaca, destinó más de 4 mil 500 millones de pesos a contratos con nueve empresas que financian la plataforma de desinformación Latinus, ligadas al clan del político priísta Roberto Madrazo.
Las firmas –dedicadas a la venta de medicinas y equipos de salud– facturaron también unos 500 millones de pesos con otros 10 estados; con ello se confirma que el erario es la principal fuente de ingresos del portal dedicado a difundir propaganda de la alianza Sí Por México. Documentos administrativos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revelan que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del Insabi para contratar a esas compañías
Primera parte. Dedicadas a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario, nueve empresas ligadas al clan del político priísta Roberto Madrazo Pintado obtuvieron sus principales ingresos del erario nacional, vía contrataciones millonarias con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en Michoacán. Éste nutrió sus finanzas con más de 4 mil 500 millones de pesos. Adicionalmente, las compañías obtuvieron entre 2018 y lo que va de 2022 contrataciones por otros 500 millones de pesos con 10 gobiernos estatales más.
Los recursos con los que el perredista sufragó la adquisición de productos y servicios incluyeron dinero federal, proveniente del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y los fideicomisos federales para el tema sanitario. Luego de concluir su mandato en septiembre de 2021, Aureoles Conejo huyó del país por las investigaciones que abrieron las autoridades judiciales en su contra, por los presuntos fraudes que habría cometido en su sexenio; uno de ellos, por más de 400 millones de pesos, relacionado con el programa Convoy de Mastografías, precisamente contratado con una de esas nueve empresas.
Entre 2018 y lo que va de 2022, las nueve compañías del clan Madrazo han capitalizado la plataforma de desinformación Latinus, cuyas controladoras –Latinus Media Group, LLC; BCG Limited Consulting, SA de CV; y/o Digital Beacon Programatic Services, SA de CV– radican tanto en México como en Estados Unidos, específicamente en el paraíso fiscal de Delaware [8 The Green, Dover, Delaware, 19901]. Los flujos millonarios de esas nueve empresas al proyecto que se hace pasar como portal de corte periodístico iniciaron en 2018, previo a su lanzamiento formal a principios de enero de 2020.
Desde su inauguración, Latinus ha difundido todas las campañas de propaganda relacionada con grupos de interés, especialmente los encabezados por el empresario Claudio X González Guajardo, entre ellos la alianza Sí por México.
Fue el periodista Álvaro Delgado quien reveló que los financiadores de esa página –que encabezan Carlos Loret de Mola y Brozo– son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado. Los recursos provienen de sus principales negocios, entre ellos las empresas BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Health, SA de CV, y Samedic, SA de CV [“Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus”, Sin Embargo, 29 de marzo de 2021].
A éstas se suman Movimedical, SA de CV; Medckin, SA de CV; EPG Digital, SA de CV; Comercializadora Antel, SA de CV; y Medalfa, SA de CV [de acuerdo con información revelada por Milenio: Patricia Monreal y América Juárez, “Aureoles pagó 400 MDP en mastografías… pero empresa incumplió contratos”, 19 de octubre de 2021–; Daniel Blancas, reportero de La Crónica; así como la revista Proceso: Arturo Cano, “Salud, seguridad, medicinas, finanzas… los negocios detrás de Latinus”, 19 de febrero de 2022].
En conjunto, las nueve empresas recibieron contratos del gobierno de Aureoles Conejo por más de 4 mil 500 millones de pesos. Además, concursaron en licitaciones públicas o fueron contratadas mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa por dependencias de salud de los gobiernos de Jalisco (Enrique Alfaro), Estado de México (Alfredo del Mazo), Sinaloa (Quirino Ordaz), Nuevo León (Jaime Rodríguez, el Bronco), Ciudad de México (Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum), Puebla (José Antonio Gali), Tlaxcala (Antonio Mena), Hidalgo (Omar Fayad), Oaxaca (Alejandro Murat) y Sonora (Claudia Pavlovich), revelan portales de transparencia.
Estos otros contratos les reportaron ingresos adicionales por poco más de 500 millones de pesos, con lo que se confirma la hipótesis de que el origen de una parte importante del financiamiento a Latinus es recurso público.
Los contratos de Aureoles
En el entramado de fondeadoras de la página –dedicada entre otras cosas a difundir campañas de desprestigio contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador–, Medalfa es una de las más relevantes. Su vínculo se ha identificado a través de Alexis Nickin Gaxiola, esposo de Ximena Madrazo Rojas (hija del político Roberto Madrazo).
Medalfa se constituyó en febrero de 2014 ante el notario 112 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), José Higinio Nuñez y Bandera. Su domicilio se ubica en Emiliano Zapata sin número, bodega B2,B3,B4, en el Parque Industrial Lerma,Mexico, y tiene por objeto social: “comprar, vender, fabricar, importar, exportar, distribuir, suministrar y comercializar toda clase de productos, mercancías y servicios por cuenta propia o ajena incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, medicamentos, material de curación, reactivos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, cosméticos, estudios, mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio así como toda clase de productos relacionados con y para la salud”.
Su representante legal es Ana Lilia Báez Guzmán, mientras que su auxiliar de asuntos regulatorios es Abraham Nickin Goldberg, primo de Alexis Nickin Gaxiola. Y tan sólo en el periodo de 2018 a 2021, obtuvo contratos con el gobierno de Michoacán –la mayoría por vía de la adjudicación directa– por 4 mil 233 millones 241 mil pesos, de los poco más de 4 mil 500 millones que facturaron las nueve empresas con la administración de Aureoles Conejo.
Además, de acuerdo con sus portales de transparencia, en 2020, el Instituto de Salud del Estado de México –entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza– dio dos contratos a Medalfa: el ISEM-SEV-LPRE10/013-20, por 239 millones 991 pesos, y el ISEM-ADQ-ADPURE/052-20, por 2 millones 900 mil. Y en ese mismo año, el organismo Servicios de Salud de Sonora (Claudia Artemiza Pavlovich Arellano) le otorgó por adjudicación directa el contrato SSS-CGSPES-CAAS/29/2020-099, por 2 millones 254 mil pesos.
Dinero federal acabó en manos de financiadores de Latinus
Aunque en el periodo de 2018 a 2022 el gobierno federal no le ha otorgado contrato alguno a las nueve empresas que financian Latinus, parte importante de los recursos que les pagó el gobierno de Aureoles Conejo sí provenía de la Federación, vía el Insabi, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física.
Documentos emitidos por el gobierno michoacano revelan que los recursos con los que pagaba el perredista por la adquisición de productos o servicios a dichas empresas provenía, en muchas ocasiones, del gobierno federal. Ejemplo de ello es el oficio 5009/2020/09612, emitido el 28 de febrero de 2020 por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud estatal, en el que se informa que el pago relativo al contrato SSM-LPN-009/2020-01/MOD-02 tiene como fuente de financiamiento dos vías: el Insabi y el FASSA.
El total que debía pagar el gobierno de Aureoles Conejo superaba los 364 millones de pesos y todo se sufragó con dinero federal, revelan las documentaciones oficiales.
Los recursos federales que manejó el exgobernador perredista de esta manera fueron multimillonarios. Ejemplo de ello es lo que consignó la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría de cumplimiento 2019-5-12U00-19-0173-2020: en el ejercicio de 2019, el gobierno de Michoacán ejerció 3 mil 705 millones 446 mil pesos del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física que opera el Insabi. De éstos, la ASF sólo revisó la aplicación de 1 mil 221 millones 946 mil pesos en dos proyectos de equipamiento médico.
De ese informe se desprende que parte de esos recursos fueron a dar a otra de las nueve empresas fondeadoras de Latinus. Se trata del contrato 137-18-13 EXTTRAORD-1SA-CADPE-01, por adjudicación directa, para la adquisición del equipamiento para el Hospital Civil a favor de Samedic, SA de CV. El monto ascendió a 160 millones 70 mil pesos.
Además de ése, dicha empresa obtuvo contratos con el gobierno michoacano por 498 millones 742 mil 809.9 pesos en total, entre 2017 y 2019: SSM-LPN-004-2017, por 109 millones 851 mil pesos; SSM-LPN-011-2018, por 109 millones 865 mil 316; SSM-LPN-027-2018, por 5 millones 735 mil 161; y SSM-LPN-012-2019, por 113 millones 220 mil 872 pesos.
Anomalías en su historial
Las financiadoras de Latinus cuentan con un historial de irregularidades en la prestación de servicios y venta de productos. Ejemplo de ello es el caso de Movimedical, que ya enfrenta problemas por un presunto fraude por más de 400 millones de peos en el que habría incurrido por no dar el servicio de mastografías a las mujeres michoacanas.
La conexión con el financiamiento a Latinus se desprende de que Federico Madrazo Rojas se desempeña como asesor en administración de proyectos de esa empresa Movimedical, a cambio de una remuneración anual neta de 1.5 millones de pesos, según consignó en su declaración de intereses presentada cuando fue diputado por el Partido Verde Ecologista de México.
No brindar todos los servicios contratado podría ser un modus operandi de esa empresa, pues la ASF descubrió exactamente el mismo comportamiento de no prestar todas las mastografías que se le contrataron pero con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca (REPSSEO). En ese sentido, determinó un probable perjuicio a la hacienda pública superior a los 16 millones de pesos.
En su revisión a la cuenta pública 2019, el máximo órgano de fiscalización señala que de la revisión de las pólizas de egresos y del contrato REPSSEO-CAAS-187-2019, con Movimedical, se constata que el REPSSEO realizó la contratación con ese proveedor de 42 mil 686 servicios integrales de detección y diagnóstico de cáncer de mama por un importe de 57 millones 28 mil pesos.
Agrega que por ello la institución le entregó a Movimedical un anticipo de 28 millones 514 mil pesos correspondiente al 50 por ciento del contrato. “Sin embargo, el REPSSEO notificó al proveedor el incumplimiento del contrato derivado de que el proveedor solamente realizó 12 mil 340 servicios que importan 16 millones 486.2 mil pesos, quedando pendiente de amortizar 12 millones 28 mil pesos. En aquel momento en el que se presentó la auditoría (2020), el organismo oaxaqueño no había hecho efectivas las fianzas de cumplimiento y de anticipo por un importe de 4 millones 53 mil pesos.
Por ello, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca o su equivalente realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron los trámites ante la afianzadora para hacer efectivas las fianzas de cumplimiento y de anticipo que le fue otorgado al proveedor.
Asimismo, en el pliego de observaciones, presumía “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16 millones 81 mil 699 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”.
De 2017 a la fecha, Movimedical ha facturado 928 millones de pesos con los estados de Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México. Asimismo, con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es una institución federal.
Las otras empresas
Las otras seis empresas que figuran en el entramado de financiadores de Latinus y que están ligadas al clan de Roberto Madrazo también han sido fructíferas en los negocios con gobiernos, pero también sobresalen dos contrataciones del Partido Verde Ecologista con una de ellas, pues en éste milita Federico Madrazo Rojas.
De acuerdo con el portal Polemón (“El Partido Verde y su misterioso patrocinio a Latinus”, Jorge Covarrubias, 10 de enero de 2022), es la empresa Digital Beacon Programatic Services la que obtuvo dos contratos con ese instituto político en 2020 y 2021.
Esa empresa también fue contratada por la Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa (Quirino Ordaz) en 2021. En total, facturó 20 millones 7 mil pesos, de los cuales poco más de 3 millones correspondieron a los contratos con el partido político.
Asimismo, otra de las empresas obtuvo contratos abiertos con el gobierno de Nuevo León (Jaime Rodríguez Calderón) en 2020 y 2021, por parte de la Secretaría de Administración. Se trata de BCG Limited Consulting.
Por su parte, Comercializadora Antel se ha embolsado 624 millones 765 mil 236 pesos entre 2012 y 2018; EPG Digital ha obtenido contrataciones con el sector público por 2 millones 564 mil pesos entre 2020 y 2022; Hova Health, por 376 millones 521 mil pesos, entre 2012 y 2018; y Medckin, por 297 millones 364 mil, entre 2013 y 2019.
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