“Vamos a hacerte una revisión de rutina”. Con esas palabras se abrió un capítulo en su vida que, hoy a los 44 años, aún no cierra: era el verano del 2001, y él salía del despacho contable en el que trabajaba después de asistir a clases en la Facultad de Contaduría de la UNAM, cuando dos policías lo rodearon y detuvieron por tener “una actitud sospechosa”.
Pero Karlo, originario de Miahuatlán, Oaxaca, sabía las verdaderas intenciones de los uniformados: había participado en la huelga de 1999 en la UNAM y sus compañeros le habían advertido días antes que, por su liderazgo, era un objetivo de las autoridades.
Apenas lo detuvieron, el joven de 24 años fue golpeado en la patrulla, pateado sin descanso y, sólo por diversión, le apretaban los testículos. Cuando fue presentado ante el ministerio público, lo torturaron hasta que quedó tan débil que no pudo forcejear con sus victimarios para impedir tocar un arma que le habían plantado en su mochila.
Nunca antes había tenido contacto con una pistola, pero Karlo fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y enviado lejos de la capital mexicana, al centro penitenciario de Santa María Ixcotel, Oaxaca, donde un juez lo sentenció a dos años de cárcel.
“Desde entonces, esa evidencia que me sembraron me ha perseguido. Por tener antecedentes penales, no he podido titularme, no puedo ejercer mi carrera y jamás pude trabajar en un banco. Me puse a tatuar y ahora ese es mi negocio”, cuenta Karlo o @SkarloRojo en Twitter.
Karlo ahora se dedica a los tatuajes. Foto: Twitter.
Todo el tiempo, Karlo debe moverse con cuidado. Sus tatuajes lo hacen presa fácil de policías que buscan extorsionarlo por su aspecto. Y una simple “revisión de rutina” es peligrosísima, pues si una autoridad descubre que tiene antecedentes penales, es posible que quieran incriminarlo por un delito que no cometió para resolver rápido un caso pendiente.
“Para mí esas son las palabras más atemorizantes ‘revisión de rutina’, ¿supiste lo que le pasó al chavo ese de Yucatán? Seguro empezó igual… A mí unos policías me destruyeron la vida, pero a él se la quitaron porque así sea 2001, 2011 o 2021, esto siempre pasa en México”.
SE APAGÓ LA MÚSICA ALEGRE
La peor noche en la vida de Adelina Ramírez empezó con un cambio de luces. La vendedora de maquillaje había salido de su trabajo en la plaza comercial Mundo E y caminaba hacia su casa en Atizapán, Edomex, por el mismo camino oscuro y desolado que recorría a diario desde hace dos años. Para lidiar con el miedo de caminar a medianoche, Adelina solía ponerse audífonos para escuchar música alegre que la animaban a caminar más rápido.
De pronto, vio en una ventana el reflejo de las luces de un vehículo que, detrás de ella, llamaba su atención. Al voltear, un policía ya estaba a centímetros de ella y con un manotazo le tiró los audífonos. “¿Estás pendeja o qué? ¿No escuchas que te andamos pitando?”, le gritó el uniformado.
Adelina, de 22 años, quiso explicarle que no lo escuchó por la música tan alta, pero no hubo tiempo. Otro policía la empujó hacia unas hierbas crecidas y le exigió que pegara la nariz a un muro de concreto. Entre ambos la obligaron a abrir las piernas y a darles la contraseña de su teléfono para revisar sus conversaciones privadas.
“¡Vas a respetar la ley sí o sí!”, dijo uno que le aseguró que buscaban a una vendedora de drogas con las características físicas de Adelina: veinteañera, morena, cabello largo y negro, con audífonos. El perfil del 90% de las mujeres jóvenes que viven en la colonia Ciudad López Mateos, pensó Adelina. Era obvio que se trataba de una detención arbitraria, pero eso ya no importaba, sino ¿cómo evitar que terminara en un feminicidio?
Sintió la rabia expandirse en su vientre, pero debía ser más lista. No pelear, no elevar la voz, hablarles con respeto, aunque no lo merecieran y quisiera escupirles en la cara. Mantenerse en calma fue aún más difícil cuando uno de ellos metió su mano bajo la blusa y otro más apretó sus muslos y soltó una carcajada.
“Sentí que iba a desmayarme cuando me dijeron que tenía que subir a la patrulla para que me llevaran con un juez”, cuenta Adelina, quien de inmediato imaginó a su madre reconociendo su cuerpo en algún servicio médico forense. “Ahí no pude más. Tenía que luchar por mi vida”.
Adelina gritó, mordió, pataleó. Los policías se asustaron al ver su transformación, así que la empujaron con tanta fuerza contra el muro de concreto que para cuando la joven recuperó la conciencia sus victimarios ya habían huido con su celular, sus audífonos y su bolsa. Sólo dejaron un tenis que ella perdió en el forcejeo.
“Quisiera denunciarlos, pero no los vi bien y se llevaron mi INE. Ellos saben donde vivo”, dice a dos años de aquel 26 de junio de 2019, el último día en que Adelina escuchó música alegre para volver a casa.
LA COTIDIANEIDAD DE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS
La noche del 21 de julio, al menos cuatro policías municipales en Mérida, Yucatán, detuvieron y presuntamente torturaron y abusaron sexualmente de José Eduardo Ravelo, de 23 años, quien murió a causa de las lesiones que le provocaron en la patrulla y en los separos de la cárcel municipal.
La violencia que ejercieron contra él, y la tenacidad de su madre María Ravelo para exigir justicia por su hijo, han hecho que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se involucre y haya exigido a la Secretaría de Gobernación presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y revisar el caso y por qué un juez liberó a los uniformados detenidos por el presunto homicidio.
La vida y muerte del “Güero” –como lo conocían sus amigos– ha puesto en el debate público un tema viejo y sin resolver: las detenciones arbitrarias y brutalidad policiaca.
En 2017, Amnistía Internacional lanzó un mensaje de alarma por la ola de torturas y arrestos ilegales que ocurren en México. Así lo estableció el informe “Falsas Sospechas” que acusó este abuso de poder es un acto tan generalizado y sistemático en el país que no arroja cifras confiables, pero sí la inferencia de que es más frecuente de lo que se cree.
Videocapturas del video que circuló de la detención de José Eduardo Ravelo.
Tres razones suelen poner a una mexicana o mexicano en peligro de privación ilegal de la libertad, tortura, abuso sexual, violaciones o muerte por parte de policías: ser joven, pobre e indígena o racializado.
“La mayoría de estos jóvenes no son detenidos en un vacío contextual, sino que suelen ser detenidos por parecer ‘sospechosos’ a la policía cuando además de ser hombres jóvenes pertenecen a otros grupos que históricamente han estado en vulnerabilidad y han sufrido discriminación en México, como son los indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza, entre otros”, asegura la organización internacional.
A esa alerta hay que sumar una que emitió la ONU este 11 de agosto: en plena pandemia, el mundo sufre un alarmante crecimiento de casos de brutalidad policiaca, especialmente en países en vía de desarrollo como México.
Karlo, Adelina y la madre de José Eduardo Ravelo lo condenan en una oración que usaron por separado y sin conocerse: “esto le hubiera pasado a cualquiera… y me tocó a mí, pero te puede pasar a ti”.
Arriba: detención arbitraria en Guadalajara durante una protesta por el asesinato de Giovanni López. Abajo: policías de CDMX golpean a una joven de 16 años que se manifestaba contra las muertes de George Floyd y Giovanni López. Fotos: Fernando Carranza y Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.
LA (FALSA) CAPITAL MÁS SEGURA DE MÉXICO
El homicidio del “Güero” ocurrió en la capital del país que suele promocionarse en folletos turísticos y sitios de internet como la ciudad más segura de México: Mérida, Yucatán. Pero el joven escritor mexicano Mateo Peraza tiene otros datos. Este es un relato que escribió en su cuenta de Twitter, @Mateo7PV, y que se reproduce con su autorización:
“Tres amigos salimos de una lectura en la Colonia México, de clase media-alta, en Mérida. Se detienen tres patrullas. Las luces sobre nuestros rostros. Nos amenazan sin parar. Dialogamos y uno de los policías abofetea sin razón a uno de mis amigos.
“‘¿Qué te me quedas viendo hijo de la verga?’, le dice mientras lo azota contra la patrulla. Grito que lo suelten, me resisto al arresto. Pongo una pierna contra la pared. Uno llega por detrás, me lanza al piso, contra el filo de la escarpa y, con las rodillas sobre mi abdomen, me golpea en la cara mientras dice: ‘Pinche pendejo drogadicto’ Nadie portaba drogas. El policía tenía las pupilas dilatadas, los ojos rojos. Era 2017.
“Año 2021. Un amigo y yo volvemos a casa. La policía nos detiene. Le preguntan: ‘¿Tú a qué te dedicas?’ Mi amigo: ‘Hago estudios en lengua maya’. El policía responde: ‘¿Estudios? Di la verdad, cabrón. ¿Vendes droga?’ Y a mí me dice: ‘No das confianza, te voy a volver a revisar’.
“‘Mejor no digas que te golpearon, si haces eso te irá peor’, recomienda un policía mientras me mete a los separos. Cuando nos revisaron, ese policía me apretó los genitales.
“(Los policías) Asaltan a un chico en Kanasín. Es epiléptico. Llega a una caseta de policía. Convulsiona. Los policías piensan que está drogado y lo patean en el piso. Le tiembla la quijada cuando me cuenta la historia. Tiene heridas en la cara (...) Su madre llega a los separos, doce horas después, con un justificante médico. Cuando le abren la celda, un policía dice: ‘Ni modo chavo, estas cosas pasan’. Le robaron los zapatos y el celular.
“Los separos. Dos policías sacan de la celda a un tabasqueño bañado en sangre que no deja de gritar. Lo encadenan a un tubo por más de ocho horas. Se orina, se defeca encima. Los policías y los detenidos se burlan de él.
“‘Necesito llamar a mi familia’, le digo a un policía que aparece frente a la celda. ‘¿Cuál llamada?’, dice. ‘Por derecho puedo hacer una llamada’, digo. ‘Que la llamada’, le dice a su compañero, riendo. ‘No se van a preocupar, chavo, al rato sales’. Faltaban 18 horas.
“Salgo con un amigo. Al día siguiente no se reporta. Angustiado, asumo que la policía lo detuvo. Venía en bici, lo golpearon, le quitaron sus cosas. Intentaron hacer movimientos con su tarjeta”.
EL “DELITO” DE SER AFRODESCENDIENTE
Ernesto Cobas –cubano y afrodescendiente… salía de la casa que comparte con su esposa en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, cuando fue detenido junto con otros amigos cubanos por un grupo de policías que frenaron intempestivamente cuando vieron a los músicos meter sus instrumentos musicales a un auto para ir a trabajar.
Eran las 2 de la tarde de un día de 2018, y ante la vista de los vecinos, los policías exigieron a Ernesto y sus amigos que soltaran los instrumentos en la calle, levantaran las manos y se pegaran a la pared para revisarlos. Todos preguntaban cuál era el problema, pero los oficiales no daban respuesta alguna. Sólo órdenes de callar y obedecer.
“Mi esposo les dijo que todos eran músicos y se dirigían a laborar. Pidió permiso para mostrar su documento de residencia legal permanente y les aseguró que podía probar que ése era su domicilio.
“Mi mamá y yo escuchamos el escándalo y salimos a reclamar y exigir una explicación. Ellos sólo respondían que era ‘una revisión de rutina’. Revisión de rutina en la que estaban participando alrededor de ocho policías, sin motivo alguno”, recuerda su esposa, la editora Ollin Islas.
Frente a familiares, amigos, vecinos y conocidos, los músicos permanecieron largos minutos contra la pared. Los revisaron de cabeza a pies y cuando no encontraron nada ilegal en su ropa, siguieron con el auto. Quitaron tapetes, abrieron cajuelas, exploraron las llantas.
“Mi madre y yo no nos despegábamos de los oficiales que se encontraban en nuestro vehículo. ‘¿Qué buscan’, les preguntamos. Nunca nos respondieron. Estábamos aterradas. Temíamos que ‘plantaran’ algo dentro del coche y, con ese pretexto, intentaran extorsionarnos”, recuerda.
Para los paseantes era claro que la detención no estaba justificada. Los músicos no habían sido sorprendidos cometiendo un delito ni había una denuncia que los acusara de criminales. Era un abuso a la vista de los vecinos, que comenzaron a arremeter contra los policías, quienes tuvieron que retirarse sin ofrecer disculpas y sin dar una explicación.
“Siempre pensamos que los policías los detuvieron por su apariencia: al notar que eran afrodescendientes y, casi con seguridad, extranjeros, estos sujetos probablemente pretendían agredirlos, abusar de su poder para obtener dinero o nomás ver si podían sacar algo.
“Pienso que todo lo frenó la presencia de mi madre, la mía y la de los vecinos que exigieron que se les dejara en paz”, cuenta Ollin Islas, quien aún recuerda esa sensación de vulnerabilidad y temblor de manos. “Si no… quién sabe qué habría sido de ellos”.
¿Cuánto tiempo dura una detención arbitraria? A veces un miedo que dura toda la vida.
fuente.-@oscarbalmen /
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