Cuatro de los 54 tomos del proceso en el que en abril fue absuelto el narcotraficante Héctor Palma Salazar alias el Güero Palma por delincuencia organizada, fueron extraviados en Guadalajara cuando el expediente era trasladado de un tribunal al juzgado responsable de la causa.
Aunque ocurrió antes de que lo exoneraran, la pérdida no impidió que dictaran la sentencia absolutoria a uno de los hombres más sanguinarios del narco en México, cercano a Joaquín “el Chapo” Guzmán, y quien se atrevió a desafiar a Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, cabecilla del Cártel de Guadalajara, porque el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco tenía los documentos originales.
El extravío de los tomos I, XV, XXXIII y XXXV de la causa 6/2018, sin embargo, se ha convertido en un pleito entre autoridades ministeriales y judiciales, porque el juzgado acusó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la Fiscalía General de la República (FGR) de “intimidaciones”.
Los tomos fueron extraviados el 22 de marzo pasado, cuando fueron enviados por el Tercer Tribunal Unitario de Jalisco al juzgado referido. La empresa Estafeta trasladó los documentos desde la Administración Regional en Zapopan a la Administración Regional Puente Grande.
Todo empezó porque Juan Gabriel Domínguez Espinosa, Fiscal de la SEIDO, envió un oficio al juzgado de Jalisco para advertir que “la omisión de dar vista al Fiscal General de la República pudiera derivar en una responsabilidad penal o administrativa”.
Con “dar vista” se refería a que los funcionarios judiciales tenían la obligación legal de denunciar ante el Ministerio Público Federal la pérdida de los 4 tomos y que, de no hacerlo, podrían ser sancionados.
Al recibir este oficio, Víctor Francisco Chávez Romero, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco, denunció a la FGR ante el CJF por expresiones que consideró como amenazas.
“Manifestaciones que implican actos de intimidación en la labor jurisdiccional encomendada a este juzgado federal, porque el extravío de los expedientes aludidos no es atribuible a este órgano jurisdiccional, ya que no se advierte que la autoridad remitente haya llevado a cabo previamente el aseguramiento de dichos expedientes ante la Dirección de Control Vehicular y Seguros Patrimoniales del CJF, para deslindar las acciones correspondientes”, dice el acuerdo del secretario.
“Además, dicho extravío de expedientes no ha generado perjuicio a ninguna de las partes, puesto que se cuenta con los originales, los cuales no han sido extraídos del recinto que ocupa este juzgado, tampoco se trata de un acto de imposible reparación, puesto que obran los autos originales de los tomos extraviados”.
De acuerdo con el documento, esta es la segunda vez que se extravían expedientes de Palma Salazar, pues recientemente pidieron prestada la causa penal 220/1996 al Centro Archivístico Judicial en Toluca, Estado de México; sin embargo, se reportó como extraviado.
Las investigaciones internas de los órganos jurisdiccionales involucrados apuntan a la empresa de mensajería Estafeta.
El 23 de marzo, María del Rosario García, secretaria del juzgado, levantó una certificación en la que precisa que el día anterior Estafeta entregó 5 cajas con expedientes y un tomo al área de Administración Regional Puente Grande.
“Cuatro (cajas) se encontraban debidamente embaladas y la quinta tenía roto el embalaje”, dice el documento.
Al contar los tomos, descubrieron que faltaban 4; enseguida, verificaron un correo enviado por el tribunal unitario y advirtieron que consignaba el envío de 6 cajas y no de 5.
Cuando llamaron al tribunal, el personal les respondió verbalmente que habían enviado los 54 tomos, una respuesta que ratificaron por escrito el 14 de abril.
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