Los hechos de violencia recientes ocurridos en México como las desapariciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y desplazamiento forzado de personas, nos confirma que estamos en el peor momento de la guerra informal que vive el país, y a su vez, esta evidencia nos confirma también del fracaso de la estrategia de seguridad de los sucesivos gobiernos que apostaron por la militarización de la seguridad pública.
De tal modo que ahora tenemos en el país el peor de los escenarios contra la violencia: el crimen organizado en lugar de ser derrotado tiene más recursos financieros y humanos y sus redes de producción y distribución se han diversificado y extendido por México y el mundo. Junto con ello, también se extendió y creció el poder de las Fuerzas Armadas en México a costa del poder civil.
Es tal la influencia de poder que tienen los militares en el país que incluso no necesitan dar un golpe militar para hacer valer su poderío, se sostiene en un análisis reciente de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) en un reporte redactado por Stephanie Brewer, jefa de la oficina de esta organización en México.
“El peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Con la seguridad en manos militares, y con las fuerzas armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar”, se señala en el informe “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega” (se puede consultar aquí).
Y en efecto, los sucesivos gobiernos de tres distintos partidos ofrecieron detener la violencia provocada supuestamente por el crimen organizado sacando a los militares de los cuarteles y asignándoles la tarea de proveer la seguridad pública que las policías municipales y estatales no eran capaces de lograr. Pero la estrategia ha sido un fracaso en función de los objetivos mencionados, y sin embargo ha sido útil a otros propósitos como la reorganización del territorio nacional provocando miedo y terror en la población en ciertas regiones con alto valor para dinámicas de valorización y acumulación de capital.
En el contexto de denuncias por fraude electoral en la elección presidencial de 2006, el panista Felipe Calderón Hinojosa ordenó al Ejército a emprender la supuesta guerra contra las drogas para retomar los territorios en manos de las organizaciones criminales y con la promesa de pacificar el país. Prácticamente sin cambios, el priista Enrique Peña Nieto mantuvo la estrategia de seguridad recargada en los militares.
Y pese a prometer otra cosa en su campaña electoral, el morenista Andrés Manuel López Obrador no sólo mantuvo al Ejército en las calles y tarea de seguridad pública, sino que ha aumentado significativamente las tareas de los militares en ámbitos que tradicionalmente se asignan al poder civil.
Tan es así, que expertos han identificado al menos 27 proyectos civiles en los que participan los militares, entre otros la construcción de megaproyectos como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía, la construcción y administración del Tren Maya en la Península de Yucatán, o la construcción del Corredor Interoceánico, asignado a la Marina (El Universal, 21 marzo 2021).
En el informe referido de WOLA, se enlistan algunas de las tareas asignadas actualmente a las Fuerzas Armadas en México:
– Despliegue en operaciones de seguridad pública (directo y a través de la Guardia Nacional).
– Resguardo de instalaciones estratégicas.
– Control y vigilancia en puertos y aduanas.
– Participación en control migratorio.
– Erradicación/fumigación de plantíos de cannabis y amapola.
– Producción/adquisición y otorgamiento de licencias de las armas de fuego portadas por fuerzas públicas, empresas privadas de seguridad y particulares.
– Transporte y/o servicio de escolta para recursos entregados por el Gobierno a la población.
– Construcción de sucursales del Banco del Bienestar, aeropuertos y megaproyectos turísticos y de transporte.
– Administración de megaproyectos.
– Distribución de vacunas y equipo médico contra COVID-19.
– Atención a desastres naturales (Fuente: WOLA)
Con más tareas asignadas también llegan más recursos a los militares, quienes han visto abultar sus presupuestos en tiempos de la Cuarta Transformación. En este momento Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene un efectivo real de 165 mil 454 militares, la Secretaría de Marina 51 mil 333 y la Guardia Nacional 104 mil 695 elementos, para un total de 321 mil 482 efectivos.
Pese al tamaño de esa fuerza, y de los recursos asignados, la violencia no solo no se ha reducido sino que ha aumentado.
Desde que la clase gobernante sacó al Ejército a las calles, se han cometido cerca de 350 mil homicidios dolosos y 85 mil desapariciones, además de que las propias Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y graves masacres.
Coincidiendo con el reporte de WOLA, lo que estos hechos nos indican es que la militarización del país no ha traído la paz en el país, sino por el contrario, más aumento de la violencia organizada en México metiendo a la sociedad mexicana en esta guerra informal que ahora padecemos.
fuente.-Ruben Martin/
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