Brian Cogan, el juez federal de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, a cargo del caso de Genaro García Luna, aceptó la moción presentada por el Departamento de Justicia de mantener bajo protección materiales de evidencia que pudieran derivar en la identificación de eventuales testigos si se llega a un juicio.
“Permitiré diferir la develación de material (evidencias) que se descubra con el cual se pueda dar a conocer la identidad de posibles testigos o interfiera con la investigación en curso”, determinó Cogan.
El fallo del juez a la petición que la habían presentado en marzo pasado los fiscales federales del caso, prohíbe que la defensa de García Luna a cargo del abogado de oficio César de Castro, pueda identificar a los posibles testigos al revisar nuevas evidencias del proceso.
García Luna secretario de Seguridad Pública en la presidencia de Felipe Calderón, está acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico y contubernio con una fracción del Cártel de Sinaloa, cuando ejerció puestos gubernamentales en México.
El otrora amigo, mano derecha, confidente y asesor de Calderón negocia con el Departamento de Justicia la posibilidad de convertirse en testigo cooperante para evitar ser procesado en juicio ante el juez Cogan y como premio recibir una sentencia benévola.
Por los cargos que le imputa Estados Unidos y de llevarse a cabo un juicio, de ser declarado culpable García Luna recibiría una sentencia mínima de 20 años de cárcel y una condena máxima de cadena perpetua; como testigo cooperante podría ser castigado a unos cinco años de prisión.
Hasta este momento y con la anuencia de que el próximo 23 de junio se lleve a cabo otra audiencia virtual de trámite para la preparación de juicio, los fiscales han presentado a la Corte más de un millón de páginas con evidencias para culpar a García Luna de narcotráfico.
Además de los documentos, el Departamento de Justicia ha entregado a Cogan y a la defensa de García Luna, múltiples grabaciones de comunicaciones del acusado, videos y documentos financieros que presuntamente sustentan la certificación de los delitos que le achacan.
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